El Chocobar cordobés, condenado

Un fallo que es un tiro por elevación a la ‘doctrina Bullrich’

 

Julio César Suárez fue el último jefe de Policía del tercer gobierno de José Manuel de la Sota. El 8 de marzo, la Cámara 4° del Crimen de la Justicia provincial lo condenó por unanimidad a dos años y dos meses de prisión en suspenso, inhabilitación y costas al hallarlo culpable del delito de coacción contra un periodista que estaba cubriendo y valorando un operativo policial violento en una barriada de Córdoba, donde tres semanas antes habían matado a un pibe de 18 años en un caso de gatillo fácil.

El periodista es Dante Leguizamón, quien trabaja en los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Suárez no va a ir preso, pero el fallo unánime del tribunal que preside la jueza María Antonia de la Rúa (que es la hija de Jorge, no de Fernando) significa una bocanada de aire para la libertad de expresión en general y la libertad de la tarea periodística en particular, en momentos de alta vulnerabilidad para los trabajadores de prensa. Además, la condena puede leerse como un límite a la neodoctrina de seguridad de Patricia Bullrich que aplica el beneficio de la duda a los agentes de seguridad. En el caso concreto de la Policía de Córdoba, que fue activísimo brazo represivo de la dictadura y conserva más que resabios, se trata de una orden de respeto a las garantías constitucionales y al juego de la democracia. “Un límite al poder”, dijo el abogado querellante Claudio Orosz, referente de los derechos humanos en los juicios por delitos de lesa humanidad. “Histórico”, calificó Leguizamón. El 3 de abril se conocerán los fundamentos.

La Cámara condenó pese a que el fiscal Raúl Gualda pidió la absolución por considerar que no hubo “daño”. Gualda no negó los hechos, pero consideró que no configuraron delito. El representante del Ministerio Público Fiscal renunció a su misión acusatoria tras un análisis de los acontecimientos y de la frase que sintetizó la amenaza de Suárez al periodista. “Yo me voy a encargar de vos”, le espetó el comisario general retirado en una llamada telefónica donde le exigió encontrarse “cara a cara”, en plena noche de invierno. El miedo no es zonzo y Leguizamón tampoco, por eso se negó al pedido.

Los acontecimientos ocurrieron el 15 de agosto de 2014. Esa tarde el periodista fue a cubrir el operativo en los cortadores de barrio Los Bulevares. Antes y después de llegar al terreno, escribió tres tuits informando la situación y alertando que en ese lugar podría haber testigos del asesinato de Fernando “Güere” Pellico. Al chico lo habían matado el 26 de julio dos policías hoy condenados a perpetua, Lucas Chávez y Rubén Leiva. Iba en moto con su primo a comprar una gaseosa. Dos pibes pobres en una moto tienen que demostrar que no llevan armas ni tienen antecedentes ni están por robar.

A Suárez le molestaron los tuits y para reclamarle llamó a Leguizamón a su celular.  Más tarde, cerca de las 22 horas, fue en persona a Canal 10, donde trabaja el denunciante, y exigió verlo y hablar con él. Como ya se había ido y no respondía al teléfono, desde el medio llamaron a otro periodista y lo pusieron al teléfono con Suárez. Este segundo periodista es Miguel Planells, entonces co-conductor junto a Leguizamón del programa de TV Justicia legítima. El comisario le exigió a Planells que “controle” a su compañero y que borre los últimos tuits, todo en términos marciales.

Esa noche Suárez no aceptaba un no. Quería ver en persona a Leguizamón. Lo acusaba de “garantista” y de criticar a la Policía. Ya había quedado (en la primera llamada) de asistir a la próxima emisión de Justicia legitima, pero no estaba conforme. Entonces escribió él mismo un tuit donde lo trató de “mentiroso” al periodista. “Deje de mentir Leguizamón”, puso, y firmó Julio César Suárez. A los minutos volvió a llamar a Leguizamón, tres, cuatro veces, hasta que dio con él, que manejaba hacia su casa. Ahí se produjo la discusión en la que Suárez exigió encontrarse “ya mismo” con su interlocutor. “No lo voy a dejar pasar”, insistió. Quiso ir a la casa del denunciante. Y finalmente: “Si no venís, yo me voy a encargar de vos”. Y repitió la amenaza por segunda vez.

Hasta ahí los hechos según la instrucción y los testimonios del debate.

Sin acusación, Orosz acudió a la jurisprudencia del caso Tarifeño de la Corte Superior de Justicia, que habilita a la querella a actuar como acusadora cuando no lo hace la Fiscalía. La posición de Gualda no causó sorpresa: en varias intervenciones había enfocado el tema en la cuestión de la “ira” momentánea del imputado.

Para el abogado de Leguizamón, la coacción es el corolario de una “cadena de impunidad” tejida con participación de la Policía y del Ministerio Público Fiscal para encubrir la responsabilidad policial en la muerte de Güere. Por eso pidió evaluar contexto, relaciones y calidad de los actores para comprender la motivación del delito.

La secuencia de 22 días entre el gatillo fácil y las amenazas a Leguizamón sería la siguiente: tras el  homicidio, Suárez sostuvo la tesis del “enfrentamiento con delincuentes armados” todo lo que pudo. De hecho hubo un intento de plantar un arma en la escena del crimen para justificar los disparos.

Una semana después, el programa Justicia legítima invitó a los padres de la víctima. Allí se comenzó a hablar de “gatillo fácil” y ocultamiento. Cuando a los pocos días el fiscal Pablo Molina, instructor de la causa, imputó por homicidio calificado a Leiva y a Chávez y los detuvo, el jefe policial fue a verlo al despacho. Allí tuvieron una conversación en duros términos. Esto fue relatado por Molina en el juicio que finalizó ayer, donde contó que el uniformado se había despedido con la orden/amenaza: “Cuídese”.

Unos días más tarde, Suárez también hizo una “aproximación” al periodista Claudio Gleser, de la sección Policiales del diario La Voz del Interior. Paranoico, estaba convencido de que la prensa quería bajarlo de su cargo. “¿Querés que te haga investigar a vos?”, comentó Gleser que le tiró Suárez cuando le habló.

Un punto importante en la argumentación de Orosz fue el relativo a la motivación por la que el jefe de la Policía se presentó en persona al Canal 10 a buscar a Leguizamón.  Según los testigos aportados por la defensa, creía que estaba invitado esa misma noche a Justicia legítima (que a la sazón iba a ser emitido grabado y no en directo) y no el viernes siguiente, como realmente era. Pero por la hora en que salió de la Jefatura, la distancia con los SRT y el tráfico vehicular de un viernes a la noche, a Suárez no le daban los tiempos, por lo que cabría suponer que su verdadera intención era apretar a Leguizamón y hacerle “bajar los tuits”, y no ser el talento de una emisión televisiva.

Por otro lado, el querellante citó jurisprudencia sobre defensa de la libertad de expresión, concretamente el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Herrera Ulloa vs Costa Rica, que toma la causa Castells vs España de la Corte Europea de Derechos Humanos, y la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las amenazas a comunicadores, que violan derechos fundamentales y coartan la libertad de expresión.

El Cispren (Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba) también ofició de querellante. En su alegato, el abogado del gremio, Juan Ignacio Ferrer, solicitó a los jueces que defiendan el derecho a la libre expresión contemplado en la Constitución nacional, provincial y en tratados internacionales. El letrado consideró que Suárez intentó limitar la voz de Leguizamón y en él a toda la  sociedad civil. “Estamos hablando de un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de pensar y expresar. Esto es lo que se discute en esta causa”, señaló. “Se está afectando un discurso protegido. Hubo una censura de hecho. Esta Cámara tiene la obligación de fallar por esta causa y por la trascendencia pública de los hechos”, finalizó.

Esta es la primera vez que un ex jefe de la Policía tiene que responder por un delito penal vinculado a una garantía constitucional, cometido mientras estaba en funciones. Pero lo novedoso del caso no es sólo ese dato, sino también que un grupo de tuits emitidos por la víctima hayan quedado en el centro de la escena y en la mira del denunciado. Y del mismo modo, que parte de la coacción de Suárez se haya manifestado mediante otro tuit firmado por él y dirigido a Leguizamón.

 

Quién es Suárez

Cuando Leiva y Chávez mataron a Güere de un tiro por la espalda en una pinza policial, y cuando Suárez, que intentó por todos los medios desviar la pista policial, amenazó a Leguizamón con “encargarse de él”, el comisario general era ya famoso en las tierras mediterráneas por su mano dura con los pobres.

Designado por De la Sota luego de la huelga policial del 3 y 4 de diciembre de 2013 (que lo halló al gobernador comprando perfumes en el free shop de Panamá), Suárez asumió con fama de “tropero duro” para reordenar la fuerza. Lo  hizo con la política de darle más poder. Ideó los “corralitos humanos” en los que la policía exhibía, al aire libre y durante horas, a los detenidos en los operativos de saturación realizados en barrios pobres.

El propio Dante Leguizamón, en una nota publicada el 4 de mayo de 2014 en el sitio Cosecha Roja, cronicó uno de estos megaoperativos encabezados por Suárez: 1500 efectivos afectados en doce barrios de la periferia y 350 detenidos, la gran mayoría por infracciones al Código de Faltas y no por delitos.

Bastante similitud con los operativos de “detenciones arbitrarias”, propias de la Policía del segundo gobierno de De la Sota, cuando la CAP (Comando de Acción Preventiva) salía a la calle con un cupo mínimo de detenidos diarios, para “hacer número” y mostrar eficiencia en el control del delito, como comprobó el desaparecido diario La Mañana de Córdoba en una investigación de 2005.

Suárez es también el jefe al que le desaparecieron del edifico central unas 70 pistolas Bersa Thunder 9 mm, nuevas y embaladas, según publicó el periodista Gustavo Molina, que entonces se desempeñaba como corresponsal del diario Clarín en octubre de 2015. Muy pocas de esas armas fueron recuperadas. Una de ellas estaba en manos de uno de los delincuentes que actuó en el sangriento atraco del edificio de Nueva Córdoba, en febrero de este año, en el que resultaron muertos un agente y dos asaltantes.

Si bien el último jefe del tercer De la Sota no será detenido, comparte situación con otros altos caciques policiales como el comisario mayor Rafael Sosa, ex jefe de Drogas Peligrosas, condenado (estuvo preso pero está excarcelado) en el marco del narcoescándalo revelado por el periodista y concejal Tomás Méndez, y el comisario mayor retirado Ariel Avila, ex jefe de Delitos Complejos y Antisecuestro, condenado y detenido por confeccionar oficios judiciales de manera ilegal.

 

Alegato por De la Sota

Los abogados Ernesto Gavier padre e hijo oficiaron la defensa de Suárez con criterios diferentes pero complementarios, tal vez apuntando a los distintos perfiles de los jueces del Tribunal de la Cámara 4°. Mientras el hijo hizo una exposición técnica y pidió la absolución “porque el hecho no ocurrió”, el padre abandonó la cuestión de las figuras penales y su tipificación para pasar a una argumentación ideológica.

El abogado apuntó al razonamiento de la querella por “setentista y arcaico”, porque ve en cada policía “a la dictadura, como (supuestamente lo hace el ex juez de la Corte Eugenio) Zaffaroni”. “Hay que mirar adelante”, propuso. Opinó que la denuncia contra Suárez encubre un ataque del kirchnerismo nucleado en Justicia legítima contra  De la Sota. “El nombre del programa de televisión es el mismo que el de la agrupación de la Justicia del gobierno anterior”, enlazó el defensor.  Esto probaría que “hay una modalidad política de utilizar la posverdad en un discurso setentista”, abundó.

Nada de eso expresaron los testigos aportados por las partes. Lo que sí dijo en el debate Francisco Tamarit, ex rector de la UNC a la que pertenece el medio donde trabaja Leguizamón, fue que el entonces ministro de Comunicación de De la Sota, Jorge Lawson, actual director del Banco Nación y frustrado ministro de Trabajo en reemplazo del empleador en negro Jorge Triaca, le pidió “disculpas” por el hecho.

 

Leguizamón: Es un fallo histórico

El periodista Dante Leguizamón calificó de “histórico” el fallo, “porque se condena a un jefe de la Policía de Córdoba, y ya sabemos cuál es la historia de la Policía de Córdoba. Creo que en el alegato del defensor (Ernesto Gavier padre), ha quedado claro que la línea de continuidad de la lógica represiva de la Policía no ha sido replanteada en los años de la democracia”, sostuvo. “También es histórico porque apunta a nuestra profesión en general. De pronto hay un periodista al que le pasó algo y decide que no va a quedarse callado. Sentí que hubo un avasallamiento de nuestra profesión, y no dudé que había que denunciarlo ni dudé que tenía que seguirla”, agregó.

Para el querellante y víctima, la sentencia también es importante porque, al contraponer el planteo del fiscal Raúl Gualda, que se abstuvo de acusar, con la decisión del Tribunal, “se nota claramente que en un sistema judicial tan oscuro y con una mecánica tan perversa, hay funcionarios de dos tipos: de los valientes y de los cobardes. Cada uno sabe a qué grupo pertenece”. “Hay que pensar en la valentía del fiscal de Instrucción (Pablo Molina), que llevó adelante una investigación impecable, al punto que la defensa no tenía argumento para hacerla caer. O el juez de control, que aportó datos jurisprudenciales que nos sirvieron en los alegatos. O los tres jueces que condenaron a los asesinos de Güere Pellico. Uno es Juan Manuel Ugarte, el juez que atrapó al violador serial, otro es Eugenio Pérez Moreno, quien mientras fue fiscal se animó a investigar la Policía,  y el otro es Marcelo Jaime, de familia policial, que ve en los asesinos de Güere una actitud que ofende al sistema democrático”, puntualizó el periodista. “Ahora hay que esperar los fundamentos del fallo, porque ahí veremos hasta donde se estira la historicidad que estamos reclamando. Y es muy importante poner sobre la mesa que esto no se trata de un periodista, de Dante Leguizamón, sino de una profesión, un oficio y una práctica que si no trabaja en libertad, pone en riesgo a toda la democracia”, cerró.

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