Repudian los organismos el brindis de la impunidad

Para los organismos de derechos humanos  Macri le envió un mensaje a la justicia en favor del envìo de un centenar de genocidas a sus casas.

Los organismos defensores de los derechos humanos repudiaron el intento de beneficiar a los genocidas  con la prisión domiciliaria, con el pretexto de la superpoblación carcelaria y denunciaron que esa situación estructural de colapso del Sistema Penitenciario Federal (SPF), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, obedece a una política criminal que encarcela masivamente a las personas con menos recursos.

Al mismo tiempo, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación difundió un informe según el cual no cuenta con elementos que permitan identificar los criterios con los que se realizó la selección del SPF, cuya  lista comprende tanto personas condenadas como procesadas.Según el registro de esta Procuraduría, del total de personas condenadas o procesadas por crímenes contra la humanidad que se encuentran detenidas en nuestro país:

  1. el 68 % tiene 70 años o más,
  2. el 58% cuenta con, al menos, una condena* y
  3. el 30% se encuentra alojado en dependencias del Servicio Penitenciario Federal**.
  4. De este universo en particular: el 48% tiene 70 años o más y el 61% tiene, al menos, una condena.

El listado confeccionado por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal con los internos “para acceder al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica u otras modalidades de egreso anticipado” incluye al 62% de las 156 personas de 70 años o más que se encuentran alojadas en las dependencias de esa agencia gubernamental. La lista la integran personas condenadas y procesadas, y no se cuenta con elementos que permitan identificar los criterios con los que se realizó esa selección.

*El porcentaje restante representa la situación de personas procesadas.
** El total de detenidos los completan aquellas personas que cumplen prisión domiciliaria o se encuentran alojadas en servicios penitenciarios provinciales.

Ni el 1%

En una declaración firmada entre otros por  Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS, los organismos recordaron que el SPF envió al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias-que funciona en el ámbito de la Casación Federal- un listado de 1.111 personas detenidas que por el tiempo transcurrido en prisión cumplen los requisitos para obtener la libertad condicional o la prisión domiciliaria mediante monitoreo electrónico. En esas listas entre los casos considerados prioritarios, el SPF incluyó a 96 condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta, el “Turco” Julián o el ex capellán Christian Von Wernich, por tratarse de internos “mayores de 70 años”.

Esta es la declaración: «Los organismos de derechos humanos abajo firmantes repudiamos esta maniobra que encubre otro intento por beneficiar a los genocidas, más allá del caso a caso. Los 96 represores no representan ni el uno por ciento de los internos del Servicio Penitenciario Federal y muchos de ellos están alojados en un lugar de privilegio, la Unidad Penitenciaria de Campo de Mayo, por lo que difícilmente el dictado de domiciliarias reduzca la sobrepoblación carcelaria.

Por primera vez el Sistema Penitenciario Federal se encuentra con una sobrepoblación estructural, con todas sus unidades por encima del cupo. El hacinamiento en las cárceles no es consecuencia del encarcelamiento de quienes cometieron los peores crímenes sino de una política criminal que encarcela masivamente a las personas con menos recursos. La situación carcelaria actual es producto de la orientación de las políticas que el mismo Poder Ejecutivo impulsó con reformas que endurecieron la ley de ejecución y la persecución penal. La llamada “mano dura” conduce a un aumento sostenido del encarcelamiento: las propias proyecciones oficiales sostienen que es esperable un crecimiento del 40% de los detenidos para 2020.

Lejos de diseñar una solución eficaz para este problema, el Ministerio de Justicia dispuso que el SPF envíe estos listados al Sistema de Coordinación, sabiendo que esa instancia no puede tomar decisiones porque éstas dependen de los jueces de cada causa. Es decir que la medida no representa una solución de fondo al problema de la sobrepoblación y, al mismo tiempo, esconde un mensaje claro al Poder Judicial sobre que los condenados por delitos de lesa humanidad deberían obtener salidas. Se trata de torturadores, desaparecedores, homicidas y apropiadores de niños/as que al día de hoy continúan sellando sus pactos de silencio. Como paradoja, se aconseja liberar a los peores criminales de nuestro país para generar espacio en las cárceles y continuar con una política que encarcela pobres».

En la lista figuran represores que ya tuvieron ese beneficio y lo violaron, por lo que les fue revocado, como Carlos del Señor Hidalgo Garzón, y otros que al eludir la acción de la justicia desataron el alzamiento carapintada de 1987, como El Nabo Ernesto Barreiro, quien se fugó a Estados Unidos, de donde fue extraditado por una infracción migratoria menor. Los jueces hicieron saber su malestar por esta inadmisible intromisión política del Poder Ejecutivo y los organismos de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS prepararon un pronunciamiento en el mismo sentido*. El pretexto de que hace falta más espacio en las cárceles es inadmisible y no responde a la realidad, ya que la población penal condenada por crímenes de lesa humanidad es ínfima.

El Cohete a la Luna accedió al listado enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara Nacional de Casación Penal, donde funciona el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelaria, creado cuando el camarista Gustavo Hornos presidió el tribunal. Esto coincide con la designación al frente del Ejército del general  Claudio Pasqualini, yerno de uno de los militares condenados a prisión perpetua por su participación en la masacre de Margarita Belén, Athos Renés. La esposa de Pasqualini, María Laura Renés, milita en el grupo de reivindicadores de la dictadura que encabeza Cecilia Pando. El blog Letra P publicó el facsímil del Facebook de María Laura Renés, puesto bajo la advocación del integrismo católico con la frase “Para que Él Reine”. En un post de octubre de 2017 en el que se ve una pierna encadenada, bajo el título “Lucharon contra el terrorismo para que su pueblo les dé la espalda y terminen presos y humillados”.

Durante la ceremonia de asunción de Pasqualini una de las invitadas fue la esposa del Nabo Barreiro. Sin margen político para una amnistía y frustrada por la movilización popular la liberación masiva por el 2×1 de la Corte Suprema, que el gobierno impulsó y luego retractó, esta es una vía lateral para el mismo objetivo. El gobierno está perdiendo aliados en el camino. La Comisión Ejecutiva del Episcopado Católico se refirió por primera vez con todas las letras al Terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad y afirmó la necesidad del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, al enviar al juez Sergio Torres y el fiscal Paul Parenti las actas de bautismo halladas en la ex ESMA.

* continúa la lista a pié de página

 

«Lo primero que hay que decir es que la cantidad que de condenados e imputados de lesa humanidad que incluye la lista, representa menos del 1 por ciento del total de la población detenida en cárceles federales: por lo tanto es una falacia muy grande presentar esto como argumento para reducir la sobrepoblación carcelaria que es como esta siendo planteada desde el gobierno», dice a El Cohete a la Luna el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud. Una buena cantidad de los 95 candidatos a las domiciliarias incluidos en la lista del Servicio Penitenciario Federal están además detenidos en la cárcel de Campo de Mayo que el gobierno justamente reabrió para destinar a estas personas, agrega. Y, entonces, dice lo lógico: en consecuencia la incidencia de los presos de lesa humanidad sobre el problema de la sobrepoblación es nula. «Y eso refleja que la vocación de otorgarles la prisión domiciliaria que no tiene nada que ver con mejorar las condiciones en las cárceles para todo el colectivo de personas detenidas».

La presentación del listado tiene una historia oficial y técnica, y una historia subterránea. La historia oficial es que se trata de un listado de nombres de mayores de 70 años confeccionado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), área dependiente del ministro de Justicia Germán Garavano. El listado fue enviado al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias presidido por el juez de Casación Federal Gustavo Hornos. La lista representa casi un tercio de los 242 detenidos de lesa humanidad en cárceles del sistema federal. En la nómina hay otros nombres simbólicos para las víctimas de los crímenes. El capellán Christian Federico Von Wernich y varios integrantes emblemáticos de la patota de la ESMA, entre ellos su dios de la vida y de la muerte, Jorge «El Tigre» Acosta acusado entre otros crímenes por el asesinato de las monjas francesas y de Rodolfo Walsh y de la desaparición de cuentos inéditos que aún siguen perdidos como botín de guerra de la Armada, como recuerda en este caso la abogada y diputada Myriam Bregman.

 

 

Estas habilitaciones o propuestas del SPF comenzaron por un sistema de goteo el año pasado. En paralelo a las habilitaciones discursivas del secretario de derechos humanos Claudio Avruj, cuando dijo aquello de que los mayores de 70 años deberían cumplir con las detenciones en sus casas, el SPF comenzó a operar en las cárceles con autonomía del poder judicial. Primero aparecieron los traslados de detenidos desde las cárceles comunes como Marcos Paz a Ezeiza y de Ezeiza a Campo de Mayo, esa prisión militar reabierta en diciembre de 2016 con aires de casa de campo, clases de lírica y yoga. En ese caso, el SPF hace los movimientos sin consultar a los jueces que suelen enterarse cuando todo ya está consumado. Luego, comenzó la conformación de listados de candidatos a las domiciliarias. A mediados del año pasado, enviaron un primer listado con una recomendación para una veintena de detenidos al Sistema interjurisdiccional de control de Cárceles a cargo de Hornos y también a la Defensoría General de la Nación, entre otros organismos. Hubo varios envíos del mismo tipo. Y finalmente, el último día de enero entró este listado de 95 nombres.

¿Cuál es la autonomía del SPF? El área depende de Garavano. Sin embargo, cuando se conoció la existencia de esta lista, el ministerio de Justicia le pasó la pelota al SPF. El SPF sacó un comunicado el martes al mediodía donde no aparece ningún otro responsable más que el mismo SPF. En el comunicado, intentaron bajarle el tono a las sugerencias y dijeron que la enumeración de nombres sólo implica acercarle al poder judicial «información» de aquellos que «estarían» en condiciones de ser evaluados para acceder a los beneficios. Y dicen en la última línea del primero de los dos escuetos párrafos que esto no sería «vinculante».

 

 

La explicación que viene dando el gobierno para habilitar esas salidas es la sobrepoblación de las cárceles. Pero por esa supuesta razón, habilitaron Campo de Mayo. Y ahora, por esa misma razón, avanzan un casillero más adelante. Desde el Sistema de Coordinación y seguimiento de cárceles explican que ellos no tienen nada que hacer ni que decir ante estos pedidos. El sistema procura la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, explicaron a El Cohete a la Luna. Con ese objeto se efectúan monitoréos y recomendaciones pero «no resolvemos libertades ni domiciliarias», subrayan.

Para los organismos de derechos humanos y defensores de las víctimas, todo esto es algo más parecido a la nueva emergencia de un 2×1. «Nosotros sostenemos que esto es un acuerdo que hizo el gobierno», dice la abogada Guadalupe Godoy, querellante en las causas de Circuito Camps desde donde monitorea la prisión de Etchecolatz, leído como una suerte de experimento en esta apuesta. «Fracasado el 2 x1 y sabiendo que en esta sociedad no hay espacio ni para indulto ni para amnistía, nosotros decimos que ellos tienen un acuerdo para que los juicios sigan pero con los genocidas en sus casas. Una cosa es una domiciliarias que corresponde, pero acá eso no existe: esto es una estrategia de impunidad porque hablamos de un acuerdo que el gobierno hizo con los genocidas: que los juicios continúen pero con los tipos en sus casas. Y, claro, que no se toquen la responsabilidad civil».

La voluntad del gobierno en este juego de estar sin que se note se reflejó en el caso Etchecolatz. El secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj dijo lo que dijo de Etchecolatz, que no le gustaría ser su vecino, pero no intervino en una causa en la que debía haber apelado o recurrir para impedir la domiciliaria. Esa causa estaba ante el Tribunal Oral Federal 6 y es por la que Etchecolatz obtuvo la domiciliaria. La secretaría adhirió a la presentación de La Plata para pedir la caída de la prisión por el posible caso violación de la domiciliaria, pero donde tendría que recurrido porque era querellante con un plazo específico, no lo hizo, como recuerda Godoy.

Adriana Taboada de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte es una de las personas que comenzó a pensar el uso que hace el gobierno de la idea de la vejez (mayores de 70 años) emparentada a la «enfermedad». Ella habla de ancianidad como enfermedad, y un argumento que intenta colarse una y otra vez para justificar en realidad impunidad. En diálogo con El Cohete a la Luna recuerda que la tipificación de la figura de la desaparición forzada de personas señala que los autores de estos crímenes no pueden ser beneficiarios con ninguna ley de amnistía ni con otra medida que los exonere de acción penal.

 

En esa misma línea se pronuncia Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo, verdaderamente preocupada por la escalada de decisiones.

 

Carlos Muñoz conoció al Tigre Acosta de primera mano en el siniestro campo de exterminio de la Escuela Mecánica de la Armada. Carlos estuvo detenido desaparecido del 21 de noviembre de 1978 al 1 de febrero de 1980. «Quienes conocimos en carne propia a este desalmado y cínico criminal que se vanagloriaba de hablar con Jesusito para decidir quién se iba para arriba, según su propio lenguaje, su arresto domiciliario es una cachetada en lo mas profundo de nuestra dignidad«, dice. «Un avasallamiento a la memoria de quienes fueron víctimas de sus brutales abusos y la confirmación de la identidad ideológica de un gobierno que se identifica con la dictadura».

*Continúa la Lista:

* Firmado por

Abuelas de Plaza de Mayo
Centro de Estudios Legales y Sociales
H.I.J.O.S Capital
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte
Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Asociación Buena Memoria
Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora

5 Comentarios
  1. […] con los nombres de 96 represores de la última dictadura argentina que, según informa el portal Cohete a la Luna, habría sido enviado por el Poder Ejecutivo a la Justicia local para solicitar que quiten a los […]

  2. […] con los nombres de 96 represores de la última dictadura argentina que, según informa el portal Cohete a la Luna, habría sido enviado por el Poder Ejecutivo a la Justicia local para solicitar que quiten a los […]

  3. Diego Manuel Vidal dice

    El intento de liberar genocidas por parte del gobierno de Macri es una señal a las fuerzas represivas, de que ellos cumplen la promesa de dejarles impunes sus crimenes y entonces repriman sin consecuencias.
    En Brasil el General a cargo de la seguridad en Río pidió que si quieren que los militares combatan la delincuencia, después no exista una Comisión de la Verdad como la que investigó las violaciones a los derechos humanos por la dictadura.
    Espejos.

  4. […] El gobierno del presidente Mauricio Macri envió al máximo tribunal penal de la Nación una lista de un centenar de condenados por crímenes de lesa humanidad, muchos de ellos a prisión perpetua, con la sugerencia de que los jueces les concedan la prisión domiciliaria, con mecanismos de control electrónico. En la lista figuran represores que ya tuvieron ese beneficio y lo violaron, por lo que les fue revocado, como Carlos del Señor Hidalgo Garzón, y otros que al eludir la acción de la justicia desataron el alzamiento carapintada de 1987, como El Nabo Ernesto Barreiro, quien se fugó a Estados Unidos, de donde fue extraditado por una infracción migratoria menor. Los jueces hicieron saber su malestar por esta inadmisible intromisión política del Poder Ejecutivo y los organismos de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS preparan un pronunciamiento en el mismo sentido>> Fuente: El Cohete a la Luna http://www.elcohetealaluna.com/macri-ordena-la-impunidad/ […]

  5. Laura dice

    ¿No sabíamos que la impunidadad a los genocidas es la política del macrismo y sus socios? Lo supimos siempre, que nadie se haga el distraído.

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