Memorias selectivas (y manchadas)

Una secuencia que busca legitimar encubrimientos y omisiones en torno al tema AMIA

 

El lunes 29 se realizó en la ciudad de Resistencia, Chaco, una conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto judío. Dos días después se llevó a cabo una nueva y escandalosa sesión de alegatos en el Tribunal Oral Federal No. 2, donde se juzga el auténtico encubrimiento del atentado a la AMIA. Ambos acontecimientos están entrelazados por una secuencia que busca legitimar encubrimientos y omisiones.

El 27 de enero se rememora el día en que las tropas del Ejército Rojo llegaron al complejo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, generado por la maquinaria nazi durante la Segunda Guerra. En esos lager fueron asesinados más de un millón de seres humanos, catalogados de inferiores para los protocolos conocidos como las Leyes de Nuremberg. Judíos, gitanos, testigos de Jehová, comunistas, homosexuales y opositores políticos al régimen nazi fueron exterminados industrialmente en los territorios ocupados por la Wehrmacht, dejándole la tarea de la consumación de la masacre a los cuerpos especiales de las SS.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner, Argentina se constituyó en uno de los países signatarios de la Alianza Internacional para la Rememoración de la Shoá, organismo que realiza actividades educativas y de recordación de las víctimas. Desde ese año se llevan a cabo actividades todos los 27 de enero, con presencia de diferentes referentes del Estado, acompañados por organismos no gubernamentales. Cada país miembro, además, nomina a un embajador ante la Alianza Internacional, que en la actualidad es el ministro de educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, cuyo compromiso con el tema es ignorado incluso entre quienes lo conocen.

La actividad de recordación consistió en la implantación de una placa alusiva en la plaza 9 de Julio de la capital chaqueña y un acto que se desarrolló durante la tarde del lunes en la Casa de las Culturas, del que participaron Jorge Faurie, ministro de relaciones exteriores; Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos, Ariel Cohen Sabban, presidente de la DAIA, y el gobernador chaqueño Domingo Peppo. La actividad ligada a la memoria de las víctimas se desarrolló en un contexto —según un cercano amanuense del funcionario— de gran preocupación para Avruj, que se enteró entonces del decreto que prohíbe a los ministros el nombramiento de parientes de primer grado como funcionarios. Si bien es secretario de Estado y no está alcanzado por el DNU, teme que al interior del gobierno empiecen a observarlo con malevolencia, dado que tiene varios parientes conchabados en diferentes ministerios. Uno de ellos, su hermana, funge como directora jurídica del INADI. Frente a tal posibilidad, afirman sus allegados, el secretario de DDHH tendría preparada una elegante salida laboral para sus familiares directos, quienes continuarían siendo subsidiados por el erario público. Claudio Avruj, junto con Guillermo Yanco —consorte de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón—, son socios de un emprendimiento periodístico denominado Vis-a-vis, Cadena de Noticias, que cuenta con el financiamiento de la Municipio de Lanús, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco Ciudad, entre otros auspiciantes ubicados en la franja derecha de la grieta social. Dicha retroalimentación publicitaria, sin embargo, no ha generado —hasta el día de hoy— la investigación de ninguna fiscalía o juzgado.

 

Negocios y memoria

La actividad realizada en el Chaco fue parte de las variadas obligaciones institucionales del Estado con la Alianza Internacional de Rememoración de la Shoá, cuyo estatuto incluye la problemática de la prevención sobre diferentes formas de crímenes contra la humanidad, como el sucedido en nuestro país en los años ´70 y ´80, en Ruanda y en Guatemala. Con ese objetivo, desde 2005 el capítulo argentino de la Alianza fue coordinado, en forma transversal, por áreas de la propia Secretaria de Derechos Humanos de la Nación en conjunto con el espacio de educación y memoria del Ministerio de Educación y la dirección de DDHH ubicada dentro de la cancillería.

Como era de esperar, desde la asunción de Cambiemos se desarticuló la vinculación interministerial y se desplazó a todas las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la vinculación de la Shoá con otros genocidios. Se vació de contenido al denominado capítulo local de la Alianza y se expulsó a las entidades que hacen de la memoria del Holocausto una actividad de educación sobre todos los genocidios, pasados y presentes. El Icuf (la federación de entidades judías de la República Argentina) y el Centro de Estudios sobre el Holocausto de la Facultad de Derecho de la UBA fueron algunas de las organizaciones excluidas, por expresar un espíritu comprometido con la prevención de nuevas masacres. Esa perspectiva, sostenida por quienes consideran que la Shoá es un crimen contra toda la humanidad y no solo contra los judíos, ha sido excluida de la Alianza local desde 2016, por considerar que menosprecia la masacre de los nazis.  La DAIA y la AMIA —que hoy forman parte del gobierno macrista— han sido parte del engranaje orientado a promover la excepcionalidad e incomparabilidad del holocausto judío, con la clara intencionalidad de que no sea asociado a otros crímenes colectivos, sobre todo a aquellos producidos en América Latina

Claudio Avruj y Marcelo Mindlin: Shoá y negocios

 

El uso político del Holocausto por parte de quienes utilizan la memoria como un dispositivo de expurgación no deslegitima su relevancia entre los hechos más trágicos de la historia humana. Pero sin dudas explica su manoseo por parte de quienes buscan purificar sus actividades, protegiéndolas por el paraguas impoluto de una memoria desmemoriada: Claudio Avruj fue presidente del denominado Museo del Holocausto de Buenos Aires, cuyo edificio fue concedido por el gobierno de Carlos Menem en tiempo de Rubén Beraja. El vicepresidente de dicha institución, durante los cinco años que duró su mandato, fue su socio en Vis-a-Vis, Guillermo Yanco. El encargado de asumir la titularidad desde marco de 2017 es Marcelo Mindlin, casualmente el comprador de la empresa IECSA, propiedad de la familia Macri a través de su primo y testaferro Ángelo Calcaterra.

La pureza provista por el homenaje a los seis millones de víctimas también se hace visible cuando se indaga quiénes son los encargados de redactar los discursos de homenaje de la DAIA: uno de los responsables de darle contenido a las palabras de Ariel Cohen Sabban en el acto en Resistencia fue el responsable del área política de la DAIA, Alfredo Neuburger. Especialista en coaching, Neuburguer aparece en los Wikileaks como responsable de articular a la DAIA con la embajada de Estados Unidos. Berajista de la primera hora, también fue asesor de Enrique Mathov, secretario de Seguridad del gobierno de la primera alianza, juzgado y condenado por las represiones de diciembre de 2001.

Otro de los amigos de Neuburger, habitual contertulio de los actos de conmemoración de las víctimas de la Shoá, es el comisario Rubén Santos, que fue condecorado por la DAIA junto a Jorge "Fino" Palacios, "por su compromiso con la comunidad judía argentina". Santos fue juzgado junto a Mathov en 2016 y condenado a cuatro años de prisión por sus responsabilidades en la muerte de manifestantes del 21 de diciembre de 2001. Por su parte, Avruj fue uno de los encargados de vincular a Macri con Palacios. Y su designación como jefe de la policía metropolitana —antes que fuese separado por el escándalo de las escuchas ilegales a Sergio Burstein, familiar de una de las  víctimas del atentado a la AMIA—  se produce a instancias (según el propio Macri) de los informes y sugerencias brindadas por las agencias de inteligencia estadounidenses e israelíes que intervinieron en las investigaciones del atentado.

 

Encubrir a los encubridores

La sesión de alegatos del día jueves 1 de febrero en el Tribunal Oral Penal Federal número 2, que juzga el encubrimiento del atentado a la AMIA / DAIA, implicó un paso más en la consabida decisión del poder ejecutivo —en connivencia con actores judiciales y mediáticos—, de ocultar, disimular y lograr la impunidad de los verdaderos encubridores. La obvia estrategia de pinzas incluye una cortina de humo atizada por el juez Claudio Bonadío, que reorienta el encubrimiento a través de la criminalización del memorándum de entendimiento y dictamina la prisión preventiva de Carlos Zannini, Luis D´Elia, Fernando Esteche y Jorge Khalil. Paralelamente, con sugestiva coherencia temporal, el ministro Garavano —según denuncia de la agrupación de familiares de las víctimas del atentado, Memoria Activa— presiona, con la anuencia de la DAIA, para torcer el alegato que inicialmente acusaba a los fiscales Mullen y Barbaccia, antecesores de Natalio Alberto Nisman. Este último capítulo de la maniobra, orientado a proteger a los indudables encubridores, es liderado operativamente por el abogado de la querella, José Console, quien llamativamente es el secretario general del tribunal disciplinario de Boca Juniors, cuyo presidente no es otro que el operador judicial todoterreno de Mauricio Macri, Daniel Angelici.

El documento de la AMIA difundido el viernes 2 de febrero, cuestionando el pedido de condena a Rubén Beraja, muestra a las claras la desesperada ofensiva de los sectores más reaccionarios de la comunidad judía argentina, que buscan quedar ajenos a las relaciones carnales urdidas entre el berajismo y el menemismo en los años ´90. Además, curiosamente, el salvataje del ex presidente de la DAIA está siendo motorizado por el actual titular de la AMIA, quien fuera denunciado por amenazas por Natalio Alberto Nisman un lustro antes de su muerte. La AMIA/DAIA quiere salvar a Beraja. Macri protege a Jorge "Fino" Palacios, Garavano a Mullen y Barbaccia, Y Bonadío a Menem y Anzorregui. Las contradicciones que devienen de estas operaciones han generado un "sálvese quien pueda" que continúa empastando los alegatos y repitiendo el naufragio que llevó a la anulación de primer juicio por parte de la Corte Suprema.

 

Jorge "Fino" Palacios, el comisario Rubén Santos, el presidente de la DAIA, José Hercman y su sucesor Aldo Donzis. Foto de tapa del libro de Horacio Lutzky, Brindando sobre los escombros, que grafica el momento de entrega de premios de la entidad de la calle Pasteur a los miembros de la Federal.

 

La malversación que se pretende hacer del juicio de encubrimiento, para proteger a los acusados, y la utilización de la Shoá como instrumento de acumulación de poder simbólico, son parte de un mismo movimiento político-cultural. Uno operativizado por las derechas de distintos países del mundo y sus fracciones judías del mismo signo conservador-reaccionario. El manejo utilitario y espurio de las víctimas —tanto en el caso del atentado a la AMIA /DAIA como la legitmación mediante la Shoá— ha sido estudiado por muchos investigadores. El más reconocido es Norman Finkelstein, hijo de sobrevivientes de Auschwitz, e investigador graduado en la Universidad de Princeton. En la introducción al libro La industria del Holocausto afirma: "Hace ya mucho tiempo que deberíamos haber abierto nuestros corazones a los sufrimientos del resto de la humanidad. Ésta fue la principal lección que me impartió mi madre. Ni una sola vez le escuché decir: 'No compares'. Mi madre siempre comparaba. Sin duda es preciso hacer diferenciaciones históricas. Pero hacer diferenciaciones morales entre 'nuestros' sufrimientos y los de 'ellos' sería, en sí mismo, una parodia moral. Muy humanamente Platón observó: 'No puedes comparar a dos personas miserables y decir que la una es más feliz que la otra'. A la vista de los sufrimientos de afroamericanos, vietnamitas y palestinos, el credo de mi madre era: 'Todos somos víctimas de holocaustos'".

 

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