Seguridad, Defensa e insustancialidad

La única política es acurrucarse dócilmente bajo el ala de EE.UU.

 

Desde el comienzo mismo de 2018 se produjo una inusitada cantidad  de hechos vinculados a la defensa nacional, a la seguridad interior y/o a la articulación de una con la otra. Se trató de decisiones oficiales, de información proporcionada de modo oficioso por periodistas y medios afines al gobierno, de reuniones de altísimo nivel mantenidas tanto en la Argentina como en Estados Unidos y de declaraciones públicas de importantes funcionarios, entre otros formatos y canales.

El 30 de diciembre de 2017 se dio a conocer una resolución del Ministerio de Defensa destinada a poner en marcha una reforma a la Ley de Personal Militar; incluía una referencia al interés gubernamental de operar una “reconversión del Sistema de Defensa Nacional”. Curiosamente, no había ninguna orientación sobre cómo se vinculaba una cosa con la otra; se lo dejaba correr como si fuera evidente per se. A partir de aquí se sucedieron con cierta rapidez acontecimientos y noticias cuyos rasgos —predominantemente— fueron la imprecisión y la inconsistencia.

* El periodista Daniel Santoro informó que estaba en preparación una profunda reforma militar que incluía la creación de una fuerza de ciberdefensa autónoma, es decir, diferenciada del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; la recuperación de la formación de efectivos de reserva; el redespliegue del Ejército; y el reequipamiento de las fuerzas. Sin dar detalles agregaba: “Las Fuerzas Armadas combatirían al terrorismo internacional y al crimen organizado afuera del territorio nacional tal como establece la Ley de Defensa”. (Clarín, 27/01/18). Cabe como mínimo puntualizar que esa ley no dice tal cosa.

* El 7 de febrero se informó que el Ministerio de Defensa crearía una unidad militar de apoyo a las fuerzas de seguridad. Según el periodista Martín Dinatale, formaría parte de la Fuerza de Despliegue Rápido ya existente en el Ejército, a la que incorporaría aquella unidad de apoyo —también con características de fuerza de despliegue rápido— con inclusión de elementos de la Armada y de la Fuerza Aérea, pero destinada en este caso a la asistencia logística a las fuerzas de seguridad en materia de lucha contra el narcotráfico, cuidado de recursos naturales y control de “grupos violentos mapuches extremistas”. (Infobae, 7/02/18). A decir verdad, todo lo que se menciona bascula entre lo desatinado y lo peligrosamente ridículo.

* La agencia Telam informó que la ministra Bullrich, en visita a Washington, había acordado con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, el armado de una fuerza de tareas para intervenir de manera conjunta en el noreste argentino sobre el tráfico de drogas, que tendría sede en Posadas. (Telam 9/02/18: “Bullrich acordó con la DEA”.) Sin mención de objetivos precisos y sin detalles esto parece poco mesurado, a lo que debe agregarse que los intereses de la DEA no necesariamente coinciden con los de nuestro país.

* El 11 de febrero una delegación argentina encabezada por los ministros Bullrich y Oscar Aguad acordó en Estados Unidos una larga lista de ítems de ayuda y cooperación, destinada a proteger la próxima reunión del G20 en Buenos Aires.

Por otra parte y por otro andarivel, a comienzos de febrero se realizó una reunión en Buenos Aires entre Rex Tillerson (Secretario de Estado de Estados Unidos) y el canciller Jorge Faurie. Lo conversado tuvo una parte dedicada a temas de narcotráfico y terrorismo. Un despacho de la Secretaría de Estado informa lo siguiente con respecto a ese encuentro: “…Profundizamos también la relación en otras áreas y Jorge [por Faurie] mencionó algunas de estas, en particular el fortalecimiento de nuestra asociación para combatir a las organizaciones del crimen transnacional, la acción contra-narcóticos, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, como el ministro mencionó”. (4/02/18, Departamento de Estado, “Press Availability with Argentine Foreign Minister Jorge Faurie”, https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/02/277886.htm). Nótese que, conforme a lo indicado por el Departamento de Estado, fue Faurie el que introdujo esos temas.

Hecho este incompleto racconto, conviene ahora examinarlo con más detalle, de menor a mayor. A ras del suelo hay de todo como en botica: narcotráfico, recursos naturales, mapuches extremistas, ley de personal, reequipamiento y redespliegue militar, ciberdefensa, protección al G20, etc. Todo sin una sola línea que oriente, encuadre y/o contextualice cada ítem; cunden la imprecisión, la falta de coherencia y la asistematicidad. Puesto todo junto parece una borgeana descripción caótica, recorrida por un barullo de fondo que enturbia la discusión y malversa la comprensión. Es Faurie el que propone y Tillerson el que acepta condescendiente. ¡Vaya quid pro quo! ¿Redespliegue por un lado y Fuerza de Despliegue Rápido para la asistencia lógistica a las fuerzas de seguridad por otro?  Pero, ¿de qué se está hablando? La masa del ejército era de apenas 17.319 soldados en 2014 (según el Libro Blanco de la Defensa 2015, el último publicado) y sigue más o menos igual; era ya notoriamente escasa vis a vis la estructura organigramática de aquel. Los suboficiales eran 22.768, es decir había 1,3 por cada soldado. Y los oficiales sumaban 6.188, lo que da una relación de uno por cada ¡2,77 soldados! Nada ha cambiado desde entonces. ¿Qué se va a desplegar rápido o redesplegar en el territorio, la escasez de efectivos, la penuria de equipamiento, lo vetusto de los sistemas de armas? Valgan estas apreciaciones como ejemplo de todo lo concerniente a este nivel.

Pasando ahora al plano intermedio. Se pide ayuda a la inteligencia norteamericana en materia de narcotráfico o de control del terrorismo internacional. Se da prácticamente por descontado que nuestra vernácula Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es un cero a la izquierda en esos terrenos. Y probablemente lo sea, pero ¿no sería mejor tratar de recuperarla en lugar de pedir prestada esa inteligencia afuera? Por otra parte se carece de una caracterización del narcotráfico y de un planeamiento adecuado para enfrentarlo. Lo mismo ocurre con el terrorismo internacional: se bate el parche sobre la Triple Frontera desde hace años sin que haya aparecido aún nada significativo o se fantasea con los “mapuches extremistas”. Nada serio, en síntesis, en términos de comprensión y planificación. Aun así se insiste desde diversas esferas gubernamentales en comprometer a las Fuerzas Armadas en el combate a ambos. Ahora bien —y dejando, a los efectos analíticos, sólo por un momento de lado las normas jurídicas que la prohiben—: ¿qué podría aportar esa participación militar directa? En el caso del narcotráfico, por ejemplo, ¿se ignora que hay disponibles 23 policías provinciales más la Metropolitana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a lo que debe agregarse también la Gendarmería y la Prefectura Naval, y que el fenómeno no tiene la envergadura que ha adquirido en Colombia, Perú o Brasil? Y todavía más: ¿se desconoce que hay información suficiente como para sospechar que las policías —fragmentos de algunas por lo menos— son parte del problema y no de la solución? ¿Y la Aduana, y los segmentos del poder judicial y el lavado de activos en los clubes de futbol? Todo esto —y más, que queda irremediablemente en el tintero por razones de espacio— de lo cual de tanto en tanto parece entreverse la punta del iceberg, ¿va a desaparecer mágicamente cuando nuestros magros militares se incorporen a la lucha en el plano de la seguridad interior, convertidos por arte de magia en “bala de plata”?

En este registro es evidente que campea una notoria insustancialidad.

Finalmente, en el nivel más alto, el gobierno no explicita políticas generales de defensa y de seguridad —que deberían interrelacionarse por lo menos con la política exterior y con la económica— que fundamenten y orienten sus acciones en esos ámbitos. No porque no las tenga, sino porque no las quiere mostrar. Es decir, hay un escamoteo intencional. Pues en el fondo de los fondos prefiere, antes que desarrollar el país privilegiando el esfuerzo y los criterios propios, acurrucarse dócilmente bajo el ala de la República Imperial —impar metáfora con la que Raymond Aron tituló un interesantísimo libro— para tratar de construir aquí una sucursal de los Estados Unidos y del FMI. Lo que es muy difícil de sostener públicamente en la arena política.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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