1º de Mayo y presente de la clase trabajadora

Reducir la jornada laboral sin tocar los salarios se impone como necesidad de esta etapa

 

 

“¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros crecen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar”.

George Engel, frente al tribunal que lo condenó a muerte.

 

Desde mediados del siglo XIX, los trabajadores luchan por la reducción de la jornada de trabajo. Desde un punto de vista económico y defensivo, la reducción horaria respondía a la necesidad de reducir el impacto negativo sobre el empleo que producía el incremento de la productividad por la incorporación de las máquinas, ya que si las nuevas técnicas de trabajo eran capaces de crear más producto en menos tiempo disminuía la cantidad de mano de obra ocupada. Por otra parte, las ocho horas dedicadas a la formación crearían una clase obrera consciente de sus derechos y capacitada para liberarse de la explotación capitalista.

Carlos Marx –al ocuparse de la lucha por la reducción de la jornada de trabajo– afirma: “La historia de la regulación de la jornada laboral en algunas ramas de la producción, y en otras la lucha que aún dura en pro de esa reglamentación, demuestran de manera tangible que el trabajador aislado, el trabajador como vendedor ‘libre’ de su fuerza de trabajo, sucumbe necesariamente y sin posibilidad de resistencia una vez que la producción capitalista ha alcanzado cierto grado de madurez. La fijación de una jornada laboral normal es, por consiguiente, el producto de una guerra civil prolongada y más o menos encubierta entre la clase capitalista y la clase obrera”.[1]

El congreso de la Primera Internacional reunido en Ginebra en setiembre de 1866 propone la lucha por las ocho horas. Es así como se alza internacionalmente la consigna de los “tres ocho”: ocho horas de trabajo, ocho de descanso (o de regeneración del esfuerzo) y ocho para el ocio, la cultura, la formación personal.

El 1º de mayo de 1886, organizada por la American Federation of Labour, se realiza una jornada de lucha por las ocho horas de trabajo. Alrededor de 20.000 obreros se concentran en la plaza Haymarket de Chicago. La explosión de una bomba provoca la muerte de un policía e hiere a otros, y se desata la represión contra los manifestantes, con numerosos heridos y detenidos. Los trabajadores August Spies, Samuel Fielden, Michael Schwab, Albert Parsons, Adolph Fischer, George Engel, Louis Lingg y Oscar Neebe son acusados de la comisión del hecho. Los cinco primeros son condenados a muerte y ahorcados el 11 de noviembre de 1887. Fielden y Schwab son condenados a prisión perpetua y Neebe a quince años de prisión.

 

 

Años después quedarían probadas las irregularidades del juicio, la ausencia de pruebas para condenar a los trabajadores y la parcialidad del jurado.

En homenaje a los mártires de Chicago, el Congreso de la Segunda Internacional reunido en París en 1889 declara el 1º de Mayo como Día internacional de los Trabajadores y propone tres objetivos fundamentales: 1) Lograr la jornada de ocho horas. 2) Ampliar la legislación del trabajo. 3) Afirmar la voluntad de los trabajadores de mantener la paz entre las naciones.

Los trabajadores organizados adhirieron en la Argentina al homenaje y el 1º de Mayo de 1890 se realizaron multitudinarios actos en Buenos Aires y Rosario.

Las celebraciones posteriores debieron enfrentar la feroz represión policial. El 1º de Mayo de 1909, el jefe de policía Ramón Falcón ordena atacar el acto anarquista de Plaza Lorea, provocando catorce muertos y ochenta heridos. Como consecuencia de este crimen, se unen las diversas tendencias (socialistas y anarquistas) y durante más de una semana se paralizan todas las actividades en la ciudad de Buenos Aires. Meses después, Falcón muere por una bomba arrojada por Simón Radowitzky.

Un político radical nacido en Rosario, Manuel Carlés, organiza la Liga Patriótica, que se ocupaba de contratar rompehuelgas y premiar a quienes no se incorporaban a los sindicatos, y que participó de la represión de los trabajadores durante la Semana Trágica de 1919.

La continuidad de la lucha de los trabajadores y sus organizaciones políticas y sindicales hizo posible que los objetivos planteados por los mártires de Chicago se cumplieran parcialmente durante el siglo XX.

Uno de los capítulos heroicos de la lucha de la clase trabajadora fue la huelga de los peones rurales de la Patagonia en 1921, que reclamaban salarios dignos, jornada limitada de trabajo, el derecho a la organización sindical, higiene y seguridad en el trabajo. La huelga concluye con la masacre de miles de peones y la mayor parte de sus dirigentes, realizada por el Ejército Argentino a las órdenes del teniente coronel Héctor Varela, enviado por el Presidente Hipólito Yrigoyen.

Durante varias décadas, la ley 11.544 de 1929 (8 horas diarias y 48 semanales) sólo tuvo aplicación en la actividad industrial, comercial y financiera. Los trabajadores rurales fueron excluidos de ella. El trabajo “de sol a sol”, sujeto a la voluntad del patrón –como en los siglos XIX y XX– sigue siendo la regla en el trabajo agrario del siglo XXI. Y en este sentido, no hay diferencia sustancial entre los que están registrados y los que están “en negro”.

Aun cuando todos fueren registrados (hay un 70% que no lo está), están sometidos al poder omnímodo del patrón, sin posibilidad de discutir sus condiciones de trabajo y su salario, sin poder gozar de los derechos sindicales más elementales.

La primera ley dictada en beneficio de los trabajadores rurales, el Estatuto del Peón de Campo, fue sancionado por decreto 28.169/44 un 8 de octubre de 1944 y ratificado por ley 12.921. Fue obra del jurista Tomás Jofré y la impulsó el entonces coronel Juan Domingo Perón cuando ocupaba el cargo de Secretario de Trabajo y Previsión de la Nación. En setiembre de 1947 se sanciona la ley 13.020, destinada a regular el trabajo de los trabajadores rurales temporarios.

Por primera vez se les garantizó el derecho al salario y a condiciones dignas de trabajo, los descansos obligatorios, alojamiento, vivienda y alimentación en condiciones de higiene adecuadas, provisión de ropa de trabajo, asistencia médica, vacaciones pagas e indemnización por despido. El Régimen del Trabajo Agrario de la dictadura significó un claro retroceso a épocas pretéritas.

Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la ley 26.727 de 2011 estableció un nuevo régimen del trabajo agrario, que implica un cambio fundamental a favor de los trabajadores, debiendo destacarse que la jornada laboral se establece en 8 horas diarias y 44 semanales.

 

El aumento del salario mínimo

El derecho a un salario justo es otra de las banderas que los trabajadores y trabajadoras defenderán este 1º de Mayo.

El 27 de abril se reunió el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, a los fines de determinar el nuevo salario mínimo. Desde el 1º de marzo de 2021, su monto alcanza la suma de 21.600 pesos. En la reunión anterior de este organismo tripartito, los representantes de las centrales sindicales habían reclamado un salario mínimo superior a los 45.000 pesos, acorde con el costo de la canasta básica de entonces, pedido que fue rechazado por los representantes del empresariado.

En la reunión del 27 de abril, la propuesta de la CGT propuso un aumento no menor a un 40% en no más de dos tramos. Ambas CTA plantearon que el nuevo monto debe acercarse al valor de la canasta básica alimentaria, que actualmente asciende a 60.800 pesos para una familia con dos hijos.

En este contexto tan desfavorable para los trabajadores es necesario reafirmar que el salario mínimo es un derecho constitucional (artículo 14 bis de la Constitución Nacional) y que debe cubrir las necesidades básicas previstas en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

Según un informe del Centro de Investigaciones y Formación de la República Argentina (CIFRA), para que el salario mínimo recupere lo perdido desde fines del 2015 –último año en el que no fue superado por la inflación– debería aumentar casi un 70% por ciento.

Cabe destacar que el salario mínimo es tomado como referencia para la jubilación mínima, el programa social Potenciar Trabajo –subsidio equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil– y las becas Progresar.

Por otra parte, el Salario Mínimo Vital y Móvil implica una garantía para los trabajadores de las actividades en que existe una débil sindicalización; debilidad que se expresa en los salarios básicos de convenio, que lo superan ligeramente y en ocasiones son inferiores. Es en estos casos en los que adquiere mayor valor protectorio la determinación de un salario que se establezca al margen de la negociación colectiva. El salario mínimo vital es un instrumento de igualdad social entre los trabajadores, ya que implica la elevación de aquellos que se encuentran en la escala más baja de la estratificación social.

El Consejo resolvió finalmente –por acuerdo de las partes– un aumento del 35% en siete tramos no acumulativos desde abril de 2021 a febrero de 2022. Es decir que recién en esta última fecha, el salario mínimo alcanzará a poco más de 29.000 pesos.

 

 

El acuerdo salarial está muy lejos de significar una recuperación del valor del salario mínimo teniendo en cuenta las desmesuradas alzas de precios de los productos de la canasta familiar, lo que refleja el poder de los grupos económicos formadores de precios y la incapacidad del gobierno para hacer cumplir los acuerdos y las medidas de control dispuestas para evitar su escalada.

Como consecuencia de la devaluación y demás medidas económicas del macrismo, los salarios se redujeron más de un 26%. A ello debe sumarse la reducción provocada por el alza inusitada de precios durante 2020 y los meses de enero y febrero de 2021.

Durante esta etapa signada por la pandemia, la gran burguesía y los grupos económicos no han dejado de aumentar sus ganancias, tanto en nuestro país como en el resto del mundo.

La lucha por el aumento salarial siempre es la reacción de los trabajadores ante la acción anterior del capital, y en nuestro caso fueron la devaluación, el alza permanente de los precios de los productos de consumo, de las tarifas de servicios públicos en manos privadas, los que determinaron y determinan la cada vez mayor reducción de los salarios.

No podemos tomar en cuenta sólo los cambios que hubo respecto al valor nominal de los mismos a través de las sucesivas paritarias, sino la pérdida de su valor real como consecuencia de la acción del gran capital financiero e industrial.

Tanto en el marco de las discusiones paritarias como en la actualización del salario mínimo no parece razonable que las organizaciones sindicales reclamen un aumento equivalente a unos puntos más por encima del 29 % de inflación prevista en el Presupuesto aprobado por el Congreso.

Si excediera este límite –sostienen muchos economistas de la ortodoxia neoliberal– la inflación sería mucho mayor. Pero la realidad demuestra que la inflación crece fundamentalmente por los aumentos de los precios. En síntesis, las ganancias de las empresas nunca pueden disminuir sino mantenerse constantes o aumentar, en tanto que los salarios no pueden recuperar los niveles del 2015, y los trabajadores deberían conformarse con que no sean pulverizados por la inflación.

 

La reducción de la jornada

Habiendo transcurrido 131 años desde la primera celebración del 1º de Mayo, la lucha por la reducción de la jornada de trabajo se impone como una necesidad fundamental para la clase trabajadora en esta etapa de pérdida enorme de empleos en nuestro país y en el mundo.

La posibilidad de creación de empleos depende de la inversión productiva pública y privada. La financierización de la economía conspira contra estos objetivos; se ha verificado que –aun durante la pandemia– la especulación financiera no ha dejado de crecer.

Crear nuevos empleos no depende sólo de la voluntad del empresariado y la ayuda estatal. La clase trabajadora deberá luchar por la reducción de la jornada a 35 o 32 horas semanales sin reducción salarial, a los fines de que sea posible el reparto del trabajo y la creación de nuevos empleos, protegiendo la integridad psicofísica y el derecho al descanso.

Las ocho horas, las 40 y luego las 35 semanales no surgieron en ningún caso de la iniciativa de los gobiernos sino que los instrumentos fundamentales fueron las huelgas y movilizaciones del movimiento obrero y sindical. Hoy aparecen iniciativas de gobiernos socialdemócratas como el de Finlandia y el de Nueva Zelanda, que plantean la necesidad de una semana laboral de cuatro días de ocho horas, lo que de ningún modo es equivalente a la reducción de la jornada diaria o semanal.

La jornada de 40 horas fue un logro de los trabajadores franceses luego de una sucesión de numerosas huelgas con ocupaciones de fábricas; también las vacaciones pagas, aumentos salariales y el derecho a los convenios colectivos de trabajo (Acuerdos del Hotel Matignon). Las acciones colectivas y la decisión de los dirigentes de obtener las máximas concesiones de inmediato, obligaron a las patronales a firmar dichos acuerdos. Lo mismo ocurrió con la lucha por las 35 horas semanales.

En esta etapa de enormes dificultades para todos los pueblos del mundo, este 1º de Mayo nos convoca a la lucha por mejores condiciones de vida y de trabajo, la creación de nuevos empleos; la protección de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias de prevención frente a la propagación de la pandemia del Covid-19, contra el boicot y las provocaciones de la derecha bolsonarista.

 

[1] Carlos Marx, El Capital, Tomo I Volumen 1, Libro Primero, Siglo Veintiuno Editores, p. 361.

 

 

 

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