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El gobierno puede fortalecerse en 2021 gracias a la estrategia obstruccionista de la oposición

 

El gobierno nacional parece haber acentuado el volumen de sus respuestas a la crisis económica y social y estar dispuesto a disputar el centro de la escena política a una oposición a la que le cuesta mostrar algún tipo de faceta democrática.

El honroso cierre de las tratativas con los acreedores privados externos, el lanzamiento de importantes planes de apoyo a la construcción, la industria y el agro, el impulso a la reforma de fuero federal, el envío de la contribución de las grandes fortunas, la declaración de Internet, la televisión por cable paga y la telefonía celular y fija como servicios públicos esenciales, la conformación de una empresa estatal para la gestión de la importante hidrovía del Paraná, muestran un mayor vigor en las políticas públicas y dan una señal clara, al menos para las mayorías, sobre adónde apuntan los esfuerzos de la actual administración.

Es el comienzo de un largo camino. Se abre ahora una etapa de dura negociación con el FMI, mientras que no está puesto bajo control el grave problema de la pandemia en el corto plazo. Luego de la aparición de la vacuna, veremos aflorar una creciente conflictividad social, que ya se está preanunciando.

Ninguna de estos problemas es en sí mismo irresoluble, si se contara con un arco político en el que primara la responsabilidad ciudadana y un criterio básico de convivencia republicana.

Pero el problema político central del momento reside en la existencia de un tipo de oposición comunicacional y partidaria dedicada al boicot y la esterilización política del gobierno democráticamente electo, lo que dificulta abordar con mayor celeridad la resolución de las cuestiones más gravosas para la sociedad.

 

 

¿Es previsible el resultado de la negociación con el FMI?

La salida de Christine Lagarde y la posterior irrupción de la pandemia han producido una serie de cambios en el FMI. Lo importante es entender el sentido y la relevancia de esos movimientos.

La nueva titular del organismo, Kristalina Georgieva, ha señalado tres ámbitos de acción estratégica del organismo que representa:

  1. crecimiento inclusivo: ayudar a los países a promover una cultura de solidaridad;
  2. integración: fomentar una globalización de esperanza; y
  3. acción por el clima: cuidar de nuestra casa común.

No es el lenguaje tecnocrático habitual del FMI, que hoy parece preocupado por articular un discurso atractivo, hegemónico, que los centros de poder globales han dejado de ofrecer. En el terreno concreto de las recomendaciones económicas, ha permitido –e incluso auspiciado— desde que la pandemia impactó en la macroeconomía mundial, que se violaran las reglas sagradas con las cuales ha atormentado durante las últimas décadas a todos los países que cayeron bajo sus condicionalidades: austeridad fiscal, disciplina monetaria, salarios bajos para sostener la “competitividad”, liberalizaciones cambiarias, reformas estructurales a favor de las corporaciones, etc.

Es en este contexto que la Argentina necesita negociar en el corto plazo con el organismo para despejar el horizonte cercano de fuertes vencimientos de capital e intereses que restrinjan nuestra posibilidad de crecer. Recordemos que los 44.100 millones de dólares otorgados por el FMI al macrismo para que ganara las elecciones y/o solventara la fuga de capitales, vencen en casi su totalidad entre 2021 y 2023, y resultan impagables para nuestro país.

Dentro del menú de opciones tradicionales que ofrece el FMI, los más compatibles con las necesidades actuales del país son los Programas de Facilidades Extendidas, que son de más largo plazo, pero que incluyen habitualmente mayores condicionalidades, tanto para el manejo de la política de corto plazo, como por las “reformas estructurales” a favor del capital global que imponen a los países.

La particular del momento es que el FMI parece haber comprendido la urgencia, aceptando medidas propicias para la contención del desastre económico, evitar el derrumbe del sector productivo, estabilizar los sistemas financieros y avanzar hacia la recuperación promoviendo la expansión de la demanda, y es en este preciso momento que la Argentina tiene que negociar un acuerdo de largo plazo, que conlleva todas las taras de las metas tradicionales del organismo.

Dada la fluidez del escenario internacional, la renovada competencia entre grandes bloques regionales, la incertidumbre sobre el mundo post-pandémico, puede ser que se abra una posibilidad de negociar –al menos en el corto plazo— condiciones que no aten severamente al país a acuerdos que refuercen las características de una economía subdesarrollada sin perspectivas de progreso. El antecedente de la inteligente y digna negociación llevada a cargo por el gobierno nacional y su ministro Martín Guzmán con los bonistas, nos da garantías de que los negociadores locales no serán una escribanía del FMI.

Hará falta, necesariamente, una amplia acción diplomática internacional para incidir sobre los niveles políticos de decisión en el Fondo. Argumentos no faltarán, ya que los 44.100 millones adeudados fueron otorgados acumulando un conjunto enorme de irregularidades, observadas y constatadas por órganos internos del FMI, que fueron utilizadas para otros objetivos distintos a los establecidos, y que debido a las declaraciones del ex representante norteamericano en el organismo, Mauricio Claver-Carone, se ha sabido con precisión que tuvieron un claro objetivo de incidir en la política argentina favoreciendo al candidato favorito de Trump, lo que diverge absolutamente de la misión específica del organismo.

 

 

Hechos y no palabras

En las dos últimas semanas se ha presenciado el lanzamiento de paquetes de ayuda productiva muy importantes, y muy bien direccionados, tanto para la industria como para el agro. Lo que parece distinguir los actuales paquetes, en relación a otras experiencias del pasado, es que trascienden la idea de ser “salvavidas de emergencia”, exclusivamente diseñados para atender los incendios de la coyuntura. Las medidas que se empiezan a ver revelan un diagnóstico subyacente en el sentido de atacar problemas productivos concretos, atender también a problemas de desempleo estructural, incluyendo incentivos orientados a determinados actores para que se vaya reforzando un mejor perfil macroeconómico y productivo. Aparecen políticas públicas que apuntan a incidir sobre la estructura productiva, modelando un país con más producción y mejor perfil comercial externo.

Pero mientras tanto, siguen los problemas del pasado, vinculados a la vieja estructura y a las prácticas sociales que se le asocian. Sigue la danza cambiaria, poniendo presión sobre el dólar marginal, a pesar de que el gobierno está desmontando las causas objetivas que podrían determinar una explosión cambiaria. El acuerdo alcanzado con los bonistas es un dato objetivo. Quedaron sin acordar con acreedores externos sólo 637 millones de dólares. Cabe recordar que cuando el macrismo realizó el gigantesco pago a los Fondos Buitre a comienzos de 2016, ni siquiera resolvió todos los conflictos pendientes con acreedores externos, quedando en situación conflictiva nada menos que 1.200 millones de dólares. Dicho sea de paso, el actual gobierno nacional pagó por todo el trámite de renegociación de la deuda con bonistas sólo un quinto de las comisiones que pagó en su momento el gobierno macrista para reendeudar al país.

Lo que todavía no se han roto son las expectativas construidas en torno a una eventual devaluación, con su consiguiente beneficio para quienes tienen dólares o los consiguen vía comercio exterior. Concretamente, hoy faltan liquidar unos 13.000 millones de dólares del campo, cuyos actores parecieran estar a la expectativa de un salto cambiario. Si parte de ese dinero ingresara al circuito económico, se eliminaría la tensión cambiaria y podríamos empezar a discutir temas relevantes para el desarrollo nacional. Siempre es malo para la economía que un sector muy reducido concentre un importante grado de influencia sobre una palanca económica clave, utilizándola exclusivamente en su propio beneficio, desacompasado de una estrategia de conjunto.

El gobierno, prudentemente, no ha dejado al dólar oficial estático, lo que hubiera acumulado presiones cambiarias aún mayores, y viene trabajando con un esquema de crawling peg, de pequeñas devaluaciones que acompañan en cierto grado el movimiento de los precios. Hoy una devaluación no se justificaría por una supuesta necesidad de volver más competitiva la producción nacional, sino que respondería una demanda de una fracción que quisiera aumentar su rentabilidad a costa del bienestar del resto de la sociedad.

 

 

Los efectos políticos del conflicto distributivo

Se abre una etapa de conflicto distributivo, que exigirá enormes capacidades de negociación por parte del Estado, y por supuesto una básica predisposición reparadora. Por supuesto que no estamos frente a una problemática sencilla, dadas las tensiones sociales que convergerán sobre el presupuesto público en todos los niveles. Vale la pena observar algunos ejemplos de lo que ya está ocurriendo.

Luego del exitoso lanzamiento del satélite SAOCOM 1B, luego de los logros en cuanto a investigaciones y producción local de insumos por la pandemia, todavía parece que en la sociedad, o en sus sectores dirigentes, no se termina de comprender la importancia estratégica de la investigación y el desarrollo nacional de ciencia y tecnología. Por ejemplo: los ingresos del personal del CONICET han sufrido una caída, desde la finalización de la gestión de Cristina Kirchner hasta la actualidad, de casi el 50% en términos reales. La contracción salarial refleja las dos desgracias recientes, el gobierno de Cambiemos y el impacto contractivo del Covid-19. Si bien se han dado señales positivas desde el gobierno, es necesario establecer un sendero claro de recomposición salarial para garantizar que las capacidades humanas que se vienen construyendo laboriosamente no se pierdan en los infortunios de la coyuntura.

Dicho sea de paso, el satélite recientemente lanzado tendrá una serie de funciones utilísimas, varias de ellas relacionadas con la mejora de la producción agropecuaria. El costo del satélite fue completamente sufragado por el conjunto del pueblo a través del sistema impositivo regresivo con el que contamos. Los beneficios de la utilización del satélite al servicio de la producción, serán en parte apropiados por el sector agropecuario privado. Sería bueno un reconocimiento del sector sobre esta realidad que no es nueva, ya que desde los comienzos del INTA, en 1956, el sector público ha volcado ingentes esfuerzos para modernizar y tecnificar la estructura agropecuaria nacional. Y es más importante este reconocimiento hoy, cuando es necesario que se reduzcan las resistencias de los sectores propietarios a contribuir impositivamente a la viabilidad económica y social de la Argentina.

Lo mismo ocurre con la situación de todo el personal sanitario, que está sosteniendo un esfuerzo heroico contra la banalidad de parte de la sociedad. Esfuerzo que debería ser valorado no sólo con aplausos en los barrios a las 21 horas, sino con remuneraciones adecuadas a los invalorables servicios que le prestan a la sociedad y con la provisión de equipamientos imprescindibles para protegerlos en la mayor medida posible.

El problema distributivo ya se está presentando tanto en el sector público como en el privado. Hay, por ejemplo, un severo conflicto en la fábrica de tubos sin costura de Tenaris, empresa perteneciente al grupo Rocca. Ante los despidos de personal de una empresa tercerizada, se constituyó un bloqueo en la puerta de la planta, que tiene el respaldo de la Unión Obrera Metalúrgica. La empresa muestra una actitud agresiva e intransigente incluso frente al sindicato y los delegados. Por supuesto que conflictos de esta índole surgirán, y deberán ser resueltos protegiendo los derechos de los trabajadores, y asistiendo a las empresas cuando corresponda.

La inteligencia con la que se manejen estos y otros conflictos es sustancial, dado el tipo de oposición destructiva que estamos presenciando. Evitar conflictos prolongados y desgastantes es fundamental para fortalecer las tendencias democráticas en nuestro país. La gobernabilidad, que la derecha local quiere socavar, no se puede desvincular del disputado escenario regional en el cual Estados Unidos y la Unión Europea parecen decididos a apoyar a cualquier gobierno –sin importar sus credenciales democráticas— a condición de que actúe en provecho de sus propias corporaciones.

 

 

Boicotear para ganar

El comportamiento de la derecha local muestra con transparencia sus intenciones. Originalmente pensamos que su objetivo era frenar específicamente toda reforma progresista que pudiera surgir desde el gobierno del Frente de Todos, atendiendo al mandato del capital concentrado local y externo.

Pero el perfil que está adquiriendo el gobierno encabezado por Alberto Fernández ha generado una profunda inquietud en la oposición de derecha, que la está llevando a una actitud más radicalizada.

Mientras desde la gestión el gobierno empieza a poner en marcha acciones concretas que apuntan a mejorar considerablemente las condiciones de vida de las mayorías, desde la comunicación y el vínculo político, Alberto Fernández frustra todas las fantasías y delirios sembrados entre la población en cuanto a “ser Venezuela”, a las expropiaciones generalizadas, a los ataques a la libertad y demás supercherías que se lanzan constantemente desde la maquinaria mediática neoliberal.

Proyectando positivamente ambas líneas de acción, es decir, una gestión económica-social que logre resultados palpables y una ostensible actitud respetuosa y dialoguista con todos los sectores, no es difícil imaginar un escenario en 2021 en el cual una fracción –menor— del público que votó a Macri debido el miedo que le generó la eficiente publicidad aterrorizadora de Juntos por el Cambio, pueda migrar en las urnas hacia el gobierno.

¿Qué pasaría si sólo un 5% del electorado, que votó bajo el chantaje psicológico de que “se viene el chavismo expropiador”, abandonara la neblina ideológica y valorara positivamente los esfuerzos y logros del gobierno de Alberto Fernández, y volcara su voto hacia el Frente de Todos?

La cuenta electoral es sencilla: 48% de los votos obtenidos en 2019 + 5% de ciudadanos que votan sin miedo= 53% de los votos. Macrismo: 40% de los votos menos 5%= 35%. Con esos resultados, el gobierno podría mejorar el año próximo su representación parlamentaria y agilizar más el despacho de medidas que consoliden un país más inclusivo y pujante. Además, esos resultados reflejarían con menor grado de distorsión la representatividad de intereses de los espacios políticos en disputa. Alguien, con razón, podría decir que seguramente habrá gente desilusionada con el gobierno. Pero debería considerar al mismo tiempo que, en la medida que se conozcan públicamente los delitos cometidos por el gobierno macrista, también habrá ciertos desgranamientos en ese espacio.

Es probable que este mismo cálculo haya sido hecho por las expresiones más retrógradas de la derecha local, que ante esa perspectiva buscan directamente que el gobierno no pueda gobernar, que todo esté trabado, que le vaya mal. Es lo que muestran con sus acciones en estas semanas. No pueden tolerar la consolidación de un gobierno que refleje los intereses de las mayorías.

Mirado desde una perspectiva internacional, los logros de un gobierno popular en la Argentina serán sin duda un fuerte estímulo para quienes luchan en toda la región para sacarse de encima la asfixiante realidad que promueve el neoliberalismo latinoamericano.

No a otra cosa se refería la Directora Gerente del FMI, Georgieva, cuando en febrero de este año, señaló: “No resultan sorprendentes los resultados de una reciente encuesta global, en la que más de la mitad de los participantes afirman que el capitalismo causa más perjuicios que beneficios”. Seguramente, en América Latina, los resultados de esa encuesta son aún más contundentes.

 

 

 

 

8 Comentarios
  1. Luis Juan dice

    Estimado Ricardo.
    Excelente análisis.
    Una humilde digresión, si me permite:
    En esta oportunidad, no lo haré desde el punto de vista económico, ya que demasiados comentarios a distintos columnistas especializados de este prestigioso medio he tenido la oportunidad de realizar y, en términos generales, coincidimos en las cuestiones de fondo.
    Sólo agregaría, en ese sentido, que los negociadores ante el FMI, para una mayor contundencia argumentativa lean el libro de Martín Caparrós “El Hambre” (referenciado por Alberto Fernández), donde el autor, además, refiere al mayor tratado sobre el hambre y sus efectos titulado “El hambre como un factor en los asuntos humanos” que escribiera Pitirim Alexandrovich Sorokin, en 1922. Pero, si la lógica del FMI y los poderes fácticos continúan con la línea interpretativa malthusiana, no habrá caso.
    Dicho esto, dejaría el planteo de tan solo algunas preguntontas, de una lista inagotable de ellas.
    ¿Cómo es posible que los diarios hegemónicos y varios de sus satélites controlados, a lo largo y ancho del país, puedan ser partícipes necesarios del Lawfare, resultar autores o partícipes necesarios de las fake news, de mentir de manera flagrante y que, específicamente, uno de ellos, además, tenga el monopolio absoluto de las comunicaciones, cuando su historia lo acredita con diario golpista, extorsionador y destituyente?.
    Los jueces Bruglia e Irurzun ¿acaso no pueden resultar acusados de prevaricato por acción, prevaricato por omisión ó cohecho?.
    En igual sentido, nos hacemos la misma pregunta respecto de los integrantes de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en virtud del fallo a favor de Clarín (Telecom-Cablevisión) para no ser controlado por la CNV (el Estado).
    ¿Podría resolver sobre el particular, Carlos Rozenkranzt, hombre de Clarín, como presidente de la Corte Suprema de Justicia?.
    ¿Cómo puede ser que un fiscal procesado, que incumplió en ocho oportunidades su llamado a indagatoria y, estando sospechado de tener intervención en una asociación ilícita, todavía pueda estar ejerciendo su cargo?.
    ¿Por qué razón, al día de la fecha, un Procurador General interino, que avaló la conducta ominosa de un fiscal procesado, todavía puede estar en su puesto. Por qué razón, todavía, el Congreso no puede aprobar los pliegos del Procurador General que aspira al puesto?.
    ¿Puede un decreto que transfiere fondos en exceso a la Ciudad de Buenos Aires resultar constitucional y, cuando otro decreto restituye el exabrupto sobre la medida, resultar inconstitucional?.
    ¿Puede una fuerza política, por más importante que fuera, bloquear sesiones en el Congreso o exigir debates presenciales en medio de una pandemia?, ¿en serio es un acto de republicanismo?.
    ¿Puede una fracción política de oposición, alentar actos destituyentes o ellos mismos convocarlos, arrogándose la representación de la república a través de los medios de comunicación hegemónicos y no resultar inmersos en el delito de sedición?.
    ¿No es pasible de interpretarse como delito de sedición, el hecho de que una fuerza de seguridad, portando armas y móviles provistos por el Estado, de fin al cumplimiento de sus obligaciones hasta tanto se den respuestas a sus reclamos?, Y, si ello -inexplicablemente- se considerase que no, ¿lo es acaso, que un grupo de ellos se dirija a la residencia del Presidente de la Nación -portando armas y patrulleros que provee el Estado- a exigirle que el presidente baje a atenderlos?.
    ¿Puede un Presidente (Macrí) vender a precio vil dos centrales térmicas, beneficiando a su primo Ángelo Calcaterra y a su amigo del alama Nicolás Caputo (entre tantas otras tropelías) y la justicia hacer de cuenta que aquí no pasó nada?.
    ¿Puede haber una Asociación Ilícita como nunca antes se había visto con tanta claridad y pruebas, conducida y regenteada por quienes asumieron responsabilidad y juramentos constitucionales para cumplir sus funciones en los distintos poderes del Estado y, la justicia no profundizar las investigaciones hasta las últimas consecuencias e imponer penas ejemplificadoras para evitar su reiteración?.
    ¿En qué lugar de la Constitución Nacional dice que la Embajada de Estados Unidos está totalmente autorizada a interferir en los asuntos internos del país e, inclusive, desestabilizarlo?.
    ¿Dónde, en qué articulado, de la Carta Magna, se hace referencia a que representantes del pueblo tengan el derecho de atentar contra el sistema democrático o colaborar con los intereses geopolíticos de una potencia extranjera?.
    ¿Dónde consta en esa Ley Suprema, que el poder judicial tenga que seguir las normativas de un embajador imperial?
    ¿Cómo se logra inferir que, la propia Constitución Nacional, impone la condición de Colonia al país?, para que demasiados grandes empresarios, legisladores, jueces, diarios hegemónicos y ciudadanos así lo hayan interpretado.
    ¿Dónde se encuentra establecido en el Acta constitutiva del país, que hay una ley para los ricos y otra muy distinta para los pobres?.
    Cuántas cosas serán necesarias cambiar en este país inconcluso para poder considerarse más o menos serio, verdad.

  2. Ernesto Oscar dice

    Ricardo Aronskind, muy buena tu nota. Concuerdo totalmente y creo que ayudaría si nuestro gobierno pusiera algunas fichas a la comunicación de todo lo que se está haciendo y a la denuncia de todo lo que hizo la canalla.

  3. HERNÁN DE ROSARIO dice

    En su escrito Ricardo Aronskind expresa:

    “Ninguna de estos problemas es en sí mismo irresoluble, si se contara con un arco político en el que primara la responsabilidad ciudadana y un criterio básico de convivencia republicana.
    Pero el problema político central del momento reside en la existencia de un tipo de oposición comunicacional y partidaria dedicada al boicot y la esterilización política del gobierno democráticamente electo, lo que dificulta abordar con mayor celeridad la resolución de las cuestiones más gravosas para la sociedad”.

    En este párrafo el autor toca un tema central de la teoría de la democracia: cómo debe actuar la oposición respecto a su relación con el oficialismo. Me refiero, obviamente, a la democracia liberal consagrada, entre tantos textos constitucionales, por la constitución de 1853. Como bien señala Aronskind la oposición al gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández es obstruccionista. Pretende torpedear su funcionamiento con el evidente propósito de esmerilar la autoridad presidencial. Pero esto lejos está de constituir una novedad en nuestra ajetreada historia. Por el contrario, si uno repasa los libros de historia verá que la oposición raras veces dejó de ser obstruccionista. Es más, en muchas oportunidades fue lisa y llanamente golpista.

    A continuación me tomo el atrevimiento de transcribir parte de un ensayo de Orlando Pardo Martínez (Universidad Autónoma de Bucamaranga, Colombia) titulado “Poder y oposición: la dinámica política” (Reflexión política, 2001).

    5. Prácticas y alternativas de la oposición

    Dentro del modelo demo-liberal se parte de un supuesto que pretende garantizar el vínculo institucionalizado que demarca una relación entre un espacio político deliberativo (legislativo), y otro de decisión y dirección política (ejecutivo), cuya configuración deviene del resultado de una actividad a través del voto. Originando o moldeando un esquema de lucha de ‘representaciones’ aglutinadas en mayoría y minoría(s), las cuales reivindican su atributo de legitimidad para decidir o incidir en la toma de decisiones, cuya estructuración en el régimen presidencialista no comporta un esquema de tendencia cerrada a determinar el ejercicio del poder, ejecutivo y legislativo, en manos de la mayoría, como sucede en el tipo parlamentario clásico; por el contrario, en el presidencialista pueden presentarse diversas configuraciones, dada la disección que permite el sistema al elector para determinar su ‘representación’ en los dos espacios decisionales, cuya elección no es siempre coincidente. Pero lo anterior no desdibuja la confrontación, en sede legislativa, de mayoría y minoría(s), pues el sistema connaturalmente garantiza la contienda política mediante los cauces institucionales -formales- para la canalización de los enfrentamientos entre los diferentes actores de oposición democrática que cumplen el rol de ser percibidos como las fuerzas que dinamizan el sistema, revalidando con ello la raíz sociológica que explica la conflictividad del sistema democrático, dado el pluralismo existente y permitido.

    5.1 El antagonismo

    Pasquino, al respecto considera que ninguna oposición -en su praxis- puede ser antagónica por completo, dado que en la práctica no existe alguna oposición democrática que lo sea al ciento por ciento, según las estadísticas. Además porque ésta cuando llega a la asamblea o parlamento, si es responsable y consciente, se encontrará sometida a pautas comportamentales, organizativas, estructurales, socioeconómicas y políticas, del bloque de representantes de los otros partidos o grupos configurativos del poder, las que se consideran formalmente aceptadas, pero a su vez permiten la posibilidad de variarlas. La discusión en torno a las normas reglamentarias de su actividad es quizá uno de los primeros asuntos básicos y legítimos a dilucidar. Cosa legítima y plausible, sin que ello conlleve a ser catalogados como posturas plenamente antagónicas o antisistema. Ahora bien, una vez establecidos tales parámetros no quiere ello decir que deje de ser antagónica y sólo sea oposición consociacional, pues si el antagonismo es básicamente sistémico, el consociacionismo puede reunir características sistémicas al igual que particularistas: “(…) mientras la oposición antagónica quiere transformar y, en cualquier caso, derribar el sistema, la consociacional quiere prosperar dentro de éste. La primera pretende destruir las reglas, la segunda quiere adquirir recursos, defendiendo quizás los antiguos, y éste es el componente sistémico, al que se acostumbra y que le garantiza un papel secundario pero sólido. Adquirir recursos puede constituir un imperativo categórico para toda oposición consciente de que sus oportunidades de conquistar el gobierno a medio plazo son prácticamente nulas” (Gianfranco Pasquino, La oposición, Alianza, Madrid, 1998, pág. 65). Así pues, el hecho de que la oposición apoye proyectos alternativos, sugerencias, proposiciones, críticas… no por ello se desnaturaliza, simplemente actúa dentro de la lógica parlamentaria, realizando este tipo de aportes y no sólo la escueta participación ejerciendo el voto en sede asamblearia, al decidir sobre una ley.

    5.2 El obstruccionismo

    Una de las prácticas comunes recurridas por las minorías parlamentarias es el obstruccionismo, planteado como una alternativa de oposición ejercida en términos de versión renovada del derecho de resistencia, buscando eso sí constituirse en parapeto de actitudes y comportamientos que, en otros ámbitos, serían catalogados de ilícitos. Así, mediante prácticas de uso y abusos de los derechos en y por fuera de la sede parlamentaria o legislativa. Pérez Serrano lo define como “el método o la actitud consciente de todo sujeto parlamentario que, dentro o fuera del recinto de las Cámaras, impide o trata de impedir, con los medios legales o reglamentarios a su alcance, el desarrollo de las normales relaciones parlamentarias” 13 . Los actores del obstruccionismo no sólo suelen ser únicamente la minoría o minorías opositoras, pueden radicar en cualquier operador político, individual o colectivo, incluso del mismo Gobierno pese a que éste es quien más la sufre. Pero, para este estudio que realizamos, nos interesa plantear las siguientes presunciones: no existe equivalencia entre obstrucción y oposición; la obstrucción se da, sin embargo, en regímenes democráticos donde existe oposición parlamentaria; y está relacionada de manera dependiente del sistema de los partidos y del sistema de los grupos parlamentarios en la respectiva legislatura. Su ámbito no es limitado pues puede producirse tanto en la órbita legislativa como respecto del control político sobre la administración. Sus métodos o técnicas de operar son ilimitadas, basadas en la interpretación y utilización de normas para hacer imposible la labor parlamentaria o ejecutiva.

    Las formas más comunes son: a. El abuso de la palabra; b. Las peticiones reiteradas e injustificadas de quórum; c. El absentismo; y, d. Recurrir al juez constitucional. Ahora bien, en relación con las formas de luchar contra la obstrucción, el citado autor resalta las dos formas clásicas que han existido: una, el ‘canguro’, consistente en la atribución al presidente de la cámara o comisión de saltar series enteras de enmiendas, votando en consecuencia únicamente aquellas significativas, y dos, la ‘guillotina’, esto es, limitando la discusión mediante la fijación de tiempos preestablecidos para partes diferentes de un mismo proyecto y, acto seguido, realizando la votación correspondiente. Pero tales remedios han evolucionado sobre todo hacia el perfilamiento de reglamentos severos que, muchas veces, en lugar de resolver los problemas de obstrucción cierran el paso a la oposición, siendo por ello ‘peor la fórmula que la enfermedad’. Generando, a su vez, nuevos formatos de obstrucción, ante la imposibilidad de exponer el disentimiento pues “nadie practica el obstruccionismo por el gusto de hacerlo”. De tal manera, la obstrucción es una forma particular de oposición, la cual madura e irrumpe en los eventos en que la oposición ve profundamente marginada, reducida o totalmente anulada su posibilidad de incidir en la orientación política.

    5.3 De mayor deferencia

    Pasquino, retomando el término ‘consociación’ ideado por Lijphart, distingue dos vertientes de la misma para referirse a dos ámbitos sobre los cuales puede versar: la concerniente a las normas constitucionales y a la política exterior la denomina “gran consociación”, y la relativa a la distribución de los recursos por parte del Estado la llama “pequeña consociación”. De tal manera, lo que interesa es estudiar el comportamiento de la oposición dentro de tales dimensiones, pues su legitimidad se erigirá cuando adquiera estatus potencial de ser alternativa de gobierno. Para ello será necesario que se produzca la ‘gran consociación’, la cual, lejos de comprometer la función de la oposición, permitirá su realización, pues al constituirse en la etapa fundacional del régimen, será la premisa para su ulterior desarrollo político, erigiendo los parámetros constitucionales que garantizarían su ejercicio, legal y legítimamente configurado, en un espacio idóneo y proclive a la generación de propuestas políticas del gobierno como de la oposición.

    5.4 De menor deferencia

    En esta, al contrario de lo que ocurre en la ‘gran consociación’, pueden concurrir fuerzas opositoras que no intervinieron en la elaboración de las normas constitucionales, las cuales al haber tenido protagonismo en el proceso normativo fundacional que rige su función, produce efectos problemáticos, a veces o contrarios a los esperados o deseados para una oposición constitucional. El gobierno para llevar adelante su gestión se ve compelido a modular su programa atendiendo a los operadores políticos y sociales de peso, recurriendo generalmente a la satisfacción de sus demandas, mediante la ampliación del gasto público. Los referentes sociales, en consecuencia, se verán muchas veces truncados en sus aspiraciones respecto de reformas de corte estructural. Ello hace que la oposición asuma una cara, crítica y explícitamente dura con el gobierno, de forma a veces disimulada, pero del todo interesada, siempre que satisfaga las necesidades de la ‘pequeña consociación’. Su resultado: “(…) es el ofuscamiento del papel y la merma de la contribución de la oposición. Con frecuencia, se le considerará responsable de todo lo que no funcione en el sistema político-institucional. Raras veces se le reconocerán los méritos de sensatez, moderación, rigor y austeridad. Añádase a esto que los propios referentes sociales acabarán por tomar dos caminos divergentes. Algunos se sumarán al gobierno y a los otros partidos que forman parte de él con mayor o menor estabilidad, de los que podrán obtener ventajas y privilegios mayores y más seguros y sólidos; otros se radicalizarán tratando de crear una nueva oposición, de principio y de sistema, es decir, provocando un debilitamiento significativo de la oposición clásica o ‘tradicional”. Una de las explicaciones que dan cuenta de ello ha sido las mismas reglas de juego democrático pervertido por la generalización de las ‘pequeñas consociaciones’, prácticas “politiqueras” en las que están al orden del día la negociación, el regateo y el reparto de beneficios particulares, como forma de ‘hacer política’ tanto por parte de los grupos en el gobierno como de los que se encuentran en la oposición, éstos últimos se mantienen gracias a lo que el citado autor llama ‘rentas’ de (o)posición.

    6. Las crisis de la(s) oposición(es)
    6.1 Escasez o ausencia

    Pese a existir fuerzas opositoras a los gobiernos, el problema radica en que no existe oposición, en términos de Pasquino “demasiado poca oposición”, la cual la explica desde varias ópticas, una desde lo cuantitativo, como resultado de una cobertura casi total de los conflictos sociales por el sistema, de tal forma que los opositores existentes -pocos-, serían insuficientes para erigirse como plausible alternativa programática y, a su vez, porque el gobierno -y el sistema- no los reconocen, los marginan o excluyen por considerarlos demasiado poco. Ello resulta funesto para cualquier sector o posición minoritaria, dado que estarían sin posibilidad alguna para convertirse en alternativa viable o, al menos, satisfacer sus ‘necesidades’. Ahora bien, desde lo cualitativo, pese a existir una oposición clara e institucionalizada, ésta ofrece una alternativa que resulta limitada y reductora de su percepción, su actividad no confronta nada estructural sino cuestiones cuantitativas, es decir, no aborda aspectos ideológicos o normativos del régimen, sino asuntos tecnocráticos. Otra variante interpretativa del mismo autor se funda en considerar que la ‘demasiado poca oposición’ se debe a la inadecuación de los mecanismos e instrumentos existentes en los regímenes democráticos. En estos la oposición estaría enjaulada y convertida en un elemento más, tanto del funcionamiento como de la administración dentro del sistema, así no sería poca por su incapacidad para erigirse como alternativa calificada sino porque no existen instrumentos institucionales para presentar de forma creíble tanto su existencia como sus programas. Ello sería posible mediante la existencia de un ‘estatuto de la oposición’, que fuera el garante de atribuciones y facultades, específicas y exclusivas, para ejercer el control sobre la actividad gubernamental, de vigilancia sobre los órganos vinculados y subordinados del gobierno, así como para proponer nuevos proyectos legislativos alternativos a los gubernamentales. Una oposición logra tener éxito cuando tiene capacidad para identificar, evidenciar y explicitar las conexiones entre ciertos contenidos con las estructuras que tienen potencialidad de originar significativas transformaciones; ello se facilitaría si las fuerzas de la oposición superan la atomización de oposiciones y se articulan en una macrooposición compacta y disciplinada, capaz de erigirse en alternativa.

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