La pobreza bajó en los números, pero no en la vida real. La explicación está en una combinación de factores: medición unidimensional, canasta desactualizada, inclusión de ingresos no laborales y efecto nominal de la inflación.
Todo empuja en la misma dirección. Es un fenómeno conocido. La estadística puede mejorar sin que mejore la realidad, o incluso mientras empeora.
La pobreza que baja en los papeles
El gobierno celebró una baja de la pobreza. El INDEC dijo que cayó 3,4 puntos entre el primer y el segundo semestre de 2025. También informó una leve reducción de la indigencia, de seis décimas. El dato oficial es que más de 8,5 millones de personas siguen por debajo de la línea de pobreza. Casi 2 millones están en la indigencia.
Eso equivale al 28,2% de la población en el segundo semestre de 2025, contra una porción mayor del 31,6% en el período previo.
La estadística muestra alivio, pero la realidad no lo confirma. No hay señales visibles de mejora. No en el empleo, no en los salarios, no en el consumo.
No hay evidencia sólida que respalde esa baja. Ningún indicador estructural acompaña. La economía real cuenta otra historia. La pregunta es cómo se construyó ese número.
Medir la pobreza con una sola regla
La pobreza en la Argentina se mide de forma unidimensional: sólo se mira el ingreso. No importa si la vivienda es precaria, no importa si hay acceso a servicios básicos, no importa la calidad del empleo. Todo se resume a un número: cuánto entra por mes.
Entendida como un número basado exclusivamente en ingresos, es una categoría limitada, incluso engañosa. Reducir la pobreza a la capacidad de comprar una canasta implica ignorar dimensiones centrales del bienestar, como el acceso a la educación, la salud o el empleo.
El umbral es la Canasta Básica Total (CBT), una lista de bienes y servicios que define quién es pobre y quién no. Hoy, esa canasta para una familia tipo ronda 1.400.000 pesos. Esa canasta tiene un peso muy fuerte de los alimentos, pero no incluye alquiler. Ese detalle no es menor: es un agujero en la medición.
El problema adicional es que esa canasta está vieja, muy vieja. Se construyó con datos de 2004/2005. Es como medir el presente con un mapa de otro país. Desde entonces, cambiaron los hábitos de consumo, cambió la estructura de gastos, cambió la vida cotidiana. Pero la medición sigue igual.
La canasta oficial no refleja el peso actual de los servicios públicos y privados. No contempla internet, telefonía móvil y otros servicios digitales, elementos que hoy son básicos. Todo pesa más en el presupuesto familiar. Pero la medición sigue mirando el mundo de hace veinte años. Es como medir la temperatura con un termómetro roto.
El gasto en servicios creció fuerte: tarifas, transporte, comunicaciones. Una canasta actualizada resulta entre 42% y 55% más cara que la oficial. Eso implica que los ingresos cubren mucho menos de lo que indican las estadísticas. Esto no es un detalle técnico.
Los hogares destinan más del 30% del salario al pago de servicios. En 2023, esa porción representaba el 15%.
El Observatorio Social de la UCA y la consultora Equilibra estiman que, si se actualizara la canasta con datos de 2017/2018, el umbral de pobreza subiría a casi 2 millones de personas. Solo ese ajuste sumaría cerca de 10 puntos de pobreza. La diferencia es enorme.
Un cambio decisivo
Además, a fines de 2024 hubo un giro determinante. El INDEC empezó a incluir ingresos no laborales en la medición: transferencias sociales, AUH, Tarjeta Alimentar, Potenciar Trabajo.
No es incorrecto incluirlos. El problema es otro: antes no estaban. Hasta diciembre de 2023 no se contabilizaban de esa forma. Eso rompe la comparabilidad histórica. Es como correr una maratón y cambiar la distancia a mitad de camino.
Si esos ingresos se hubieran considerado antes, los niveles de pobreza habrían sido más bajos en los años previos. Por eso, parte de la mejora actual no es una mejora real. Es un efecto estadístico.
Al inicio del gobierno, hubo una decisión clave: aumentar la AUH y la Tarjeta Alimentar por encima de la inflación. Eso funcionó como un colchón, amortiguó el impacto del ajuste, sobre todo después de la devaluación. Pero ese colchón se fue achicando.
Desde el tercer trimestre de 2025, la cobertura de esos programas cae. La canasta alimentaria y la total suben por encima de la inflación. El poder de compra de la AUH y la Tarjeta Alimentar se deteriora. La pérdida va de 1,2 a 7,5 puntos porcentuales, según el tipo de hogar. La caída es sostenida: cinco meses consecutivos. Es una erosión silenciosa, que no aparece en los titulares.
De cómo la inflación corre la línea
El descenso de la pobreza tiene otra explicación, que pasa por la inflación.
Cuando la pobreza se mide por ingresos, la dinámica de los precios es determinante. No tanto por lo que mejora, sino por lo que deja de empeorar.
El punto de partida fue el salto devaluatorio de diciembre de 2023. La corrección del tipo de cambio oficial fue abrupta, un saltó nominal del 118%. Ese movimiento se trasladó a precios casi de inmediato. Fue un shock, uno de los más fuertes desde la salida de la convertibilidad.
La inflación mensual se disparó. En diciembre del 2023 rozó el 25%. En enero de 2024 se mantuvo en niveles similares, por encima del 20%. Los ingresos quedaron rezagados. La caída del salario real fue inmediata. Ese pico tuvo un efecto directo: empujó a millones de personas por debajo de la línea de pobreza. La pobreza trepó al 52,9% en el primer semestre de 2024.
Pero después vino otra fase. A partir de marzo de 2024, la inflación empezó a desacelerar. No porque la economía se ordenara, sino porque el propio shock había hecho su trabajo. La licuadora ya había girado. Los precios siguieron subiendo, pero a menor velocidad. Mes a mes, la tasa fue bajando. Ese proceso se extendió durante buena parte de 2024 y continuó en 2025.
Esa desaceleración explica, en parte, la caída de la pobreza medida por ingresos. Porque cuando los precios suben más lento, aunque los salarios no se recuperen, el deterioro deja de profundizarse. Es una mejora relativa, no absoluta. Es como si el piso dejara de hundirse.
Los datos parciales que se conocían ya anticipaban ese movimiento. Menor inflación, menor presión sobre los ingresos nominales, menor tasa de pobreza medida por esa vía.
Ahora estamos en una tercera parte.
Desde mediados de 2025, la inflación dejó de bajar. Empezó a moverse en sentido contrario. Primero de forma leve, después más marcada. Mes a mes, los registros comenzaron a mostrar una aceleración. Un goteo que se fue acumulando. Para marzo de 2026, las estimaciones privadas ya ubican la inflación en torno al 3,3%. Sería el décimo mes consecutivo de suba en la tasa mensual.
El dato no es menor, porque vuelve a presionar sobre los ingresos. Y, por lo tanto, sobre la pobreza. La dinámica es conocida en la historia argentina. Un shock inicial, una fase de desaceleración que ordena los números, y luego un rebote que vuelve a tensar el sistema.
El problema es que, en este caso, esa secuencia convive con un mercado laboral escuálido y con ingresos derretidos.
La desaceleración de la inflación explica la baja de la pobreza en 2025, pero la nueva aceleración pone en duda su sostenibilidad. Es un alivio estadístico, no un cambio estructural. Y como todo alivio transitorio, tiene fecha de vencimiento.
Medir pobreza solo por ingresos es problemático, porque el ingreso puede moverse por efecto nominal. Pero el poder de compra va por otro lado. Es la vieja ilusión monetaria. Tener más pesos no significa poder comprar más cosas.
La inflación también tiene otra trampa: no impacta igual en todos. Los sectores pobres sufren más, porque su consumo está concentrado en alimentos. Y los alimentos suelen subir por encima del promedio.
Entonces, aun cuando el índice general desacelera, la canasta de los más pobres sigue subiendo fuerte.
La discusión de fondo
El mercado doméstico cuenta otra historia. La desocupación llegó al 7,5% a fines de 2025. Más de 1,1 millones de personas sin empleo. Son casi 300.000 más que dos años atrás. Desde noviembre de 2023 se perdieron unos 290.000 puestos registrados. Cerraron más de 22.000 empresas.
El cuadro es claro: aumenta la precarización, aumenta la informalidad, aumenta el pluriempleo, cae el poder de compra, cae el consumo.
El consumo masivo se derrumbó 6,3% febrero respecto a enero. La morosidad en créditos superó el 10%.
Entonces, ¿cómo puede bajar la pobreza?
La respuesta obliga a discutir cómo se mide la pobreza. No es solo un debate técnico: es político. Actualizar la canasta, incorporar servicios, revisar la metodología, asegurar comparabilidad histórica. Todo eso define el resultado. Y el resultado define el relato.
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