Subasta en Costanera Norte

 

Rodizio reprivatizado

El Distrito Joven es el nombre marketinero que estableció el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante el plan de reprivatizar la Costanera Norte y, de esa forma, avanzar hacia la consolidación de la ciudad ribereña y la apropiación del sector concentrado inmobiliario del contorno ribereño. Nuestra Costanera Norte es el actual yacimiento urbano, explotado por empresarios de la noche y gastronómicos.

Continuando con la entrega inconstitucional de la Costanera Norte, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta concesionó el 14 de octubre por 10 años el predio donde actualmente se encuentra el restaurante Rodizio (Disposición 192/DGCOYP/21). A pesar de tratarse de uno de los terrenos más exclusivos de la Ciudad, sólo se presentó un oferente: la empresa beneficiaria se llama El Poleso y deberá pagar un canon de 870.000 pesos por mes, es decir, 153 pesos por m2.

El restaurante Rodizio durante más de 20 años estuvo ocupando el camino de ribera, que es una vía pública. Antes de la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial, el camino de ribera debía tener 35 metros de ancho. Luego de la sanción esa distancia se redujo a 15 metros. Aún con esa reducción, ningún gobierno tuvo interés en hacer respetar una norma nacional de vital importancia como es la que garantiza el acceso a los ríos navegables a través de un camino público.

 

 

Esta concesión se realiza en el marco de la Ley 5.961 que creó el Distrito Joven, que autoriza la reconcesión por 10 años de los sectores actualmente explotados comercialmente en la Costanera Norte. Esta ley fue aprobada en contramano de los artículos 8 y 27 de la Constitución porteña, que establece que la Costanera debe ser pública y para el uso común de la ciudadanía. A 25 años de la sanción, gran parte de su articulado, destinado a establecer los lineamientos para la planificación de la ciudad, sigue sin cobrar vida.

El Consejo de Planeamiento Estratégico, órgano creado por la Constitución de la Ciudad y que está integrado por más de 200 organizaciones y colectivos de la ciudadanía, aprobó el “Plan de Estrategias para la Gestión Integrada del Sector de la Ribera del Río de la Plata: Buenos Aires y el Río de la Plata”. En la página 60 se propone la “derogación del Distrito Joven, ya que, en sus palabras, condiciona el futuro urbano del Contorno Ribereño”. También, en este plan, se apoyó al Proyecto de ley 2596-P-2020 de “Creación del Parque público Nuestro Río y desprivatización de la Costanera Norte” impulsado por el ODC, CLIC, IPYPP, La Defe, entre otros colectivos. Este proyecto de ley tiene el objeto de desprivatizar la Costanera Norte e impedir su reprivatización, que está siendo impulsada desde el marco del Distrito Joven.

Estos antecedentes no hacen mella en la voluntad del GCBA de continuar prorrogando la herencia privatizadora de los ´90. Ninguno de los predios objeto de las concesiones vencidas volvió a manos públicas.

Promocionado como un espacio “de intercambio y comunicación” para les jóvenes y de “revitalización del borde ribereño”[1], en los hechos el Distrito Joven avanza como una continuidad de lo peor de los años 90: concesiones para los empresarios de la noche y la juventud pensada únicamente como sujetos de consumo.

Pese a que la licitación asegura que en el sector “se admitirá el desarrollo de actividades diurnas y nocturnas de esparcimiento, deportivas, culturales, comerciales, recreativas”, y que el proyecto de Distrito Joven apuntaba a “ser un lugar de encuentro y de disfrute de todos los jóvenes”, los 5.672 m2 que implica este terreno se destinarán exclusivamente al local gastronómico.

La resolución salió publicada el 18 de octubre en el Boletín Oficial y dio por finalizadas las intenciones que tenían los dueños de Rodizio de reconvertir el famoso restaurante en un bar con gastronomía y cocktails de autor para “adaptarlo” al Distrito Joven, ya que “el negocio actual” no encajaba, según sus propias palabras.

Para este fin, se habían asociado con Rodrigo José Sueiro y con Eugenio Christian Klein, empresarios conocidos en explotar el negocio de la noche.

Sin embargo, para compensar esta negativa a las pretensiones de Rodizio, Klein y Suerio fueron beneficiados con otras parcelas del Distrito Joven. En 2020, plena pandemia, el GCBA otorgó los espacios 8 y 9 del Sector 1 (la parte del polo gastronómico de la Costanera) a Blue Night S.R.L. y a Distrito Costanera S.R.L., empresas que tienen a Sueiro como accionista, junto al dueño de boliches como Le Brique y Dixit.

También Ernesto Melinsky, quien fuera fundador de “Buenos Aires News”, boliche de moda de fines de los 90 (ahora denominado Crobar), se hizo con la concesión por 10 años de una parcela, la 6, de 877 metros cuadrados, por 440.000 pesos por mes.

Queda claro que el Distrito Joven es sólo marketing para seguir beneficiando a los empresarios de la noche a costa de la juventud y de la ciudadanía porteña que quiere recuperar la costanera para uso común.

 

La juventud como negocio

El Distrito Joven fue anunciado y votado en 2018 con la promesa de que revitalizaría “el borde ribereño de nuestra ciudad, recuperándolo para que pueda ser un lugar de encuentro y de disfrute de todos los jóvenes”. Sin embargo, terminó funcionando para blanquear las concesiones vencidas de la década del 90 y permitir la reprivatización inconstitucional de un sector de la Costanera Norte.

“Gracias a la delimitación del Distrito Joven, se absorberá el impacto negativo de algunas actividades que actualmente funcionan en sectores residenciales, armonizando la convivencia entre los vecinos”, asegura el proyecto. Es decir que Larreta priva a las y los porteños de un sector de la Costanera norte para que puedan instalarse nuevamente boliches que tranquilamente podrían ubicarse debajo de una autopista.

A su vez, pese a su denominación, jamás se convocó a les jóvenes a pensar este proyecto, incumpliendo el artículo 40 de la Constitución, donde se asegura que “la Ciudad garantiza a la juventud la igualdad real de oportunidades y el goce de sus derechos a través de acciones positivas que faciliten su integral inserción política y social y aseguren, mediante procedimientos directos y eficaces, su participación en las decisiones que afecten al conjunto social o a su sector”.

 

 

Otro privilegio frenado por la Justicia

El 29 de octubre de 2021, la Justicia declaró la nulidad del permiso de obra otorgado por el GCBA el 12 de diciembre de 2017 en el expediente 8591910/2017 para el inmueble de la avenida Luis María Campos 102/124. En la sentencia se dejó en claro que se constató, en el proyecto del nuevo edificio, exceso de los límites previstos por el derogado Código de Planeamiento Urbano.

El proyecto, frenado durante su construcción por una medida cautelar, consiste en la construcción dos torres de aproximadamente 100 metros de altura. Estas torres tienen el nombre comercial de Palmera Cañitas y tendrían 31 y 34 pisos, con 3 subsuelos y 270 unidades.

La sentencia de fondo de primera instancia fue dictada por la jueza Elena Liberatori en el marco de una acción de amparo ambiental colectiva interpuesta por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el PYPP y La Defensoría de Laburantes (autos caratulados “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad c/ GCBA y otros s/ amparo –  ambiental”, expediente 37175-2018/0).

Del dictamen de la arquitecta perito surge que el proyecto aprobado por el GCBA es contrario en muchos aspectos a los parámetros claramente establecidos en el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad. Aproximadamente se detectaron 15 violaciones al código. Una interpretación que sólo tenía el nombre porque era una verdadera excepción inmobiliaria otorgada por el Poder Ejecutivo.

 

 

En la sentencia se expresó lo siguiente: “De los puntos analizados en la pericia, y que se han transcripto arriba, surge que el proyecto aprobado por el GCBA es contrario en muchos aspectos a los parámetros claramente establecidos en el Código de Planeamiento Urbano de la CABA (vigente al momento de los hechos). Y también he analizado cómo se verifican excesos reglamentarios e incursiones en materia legislativa propia de la Legislatura de la CABA. Inclusive surge del informe pericial que la autorización de ese proyecto implica, entre otras irregularidades, la construcción de un edificio que no respeta las alturas, con metros cuadrados computables para Factor de Ocupación de Terreno (FOT) muy superiores a los permitidos en el Código de Planeamiento Urbano, que no respeta los niveles de cocheras autorizados, que realiza una aplicación ilegal del completamiento de tejidos sin tener en cuenta los impactos sociales, ambientales y patrimoniales de esta obra, y sin contar con motivación suficiente para no adecuarse a las normas previstas en el CPU”.

Esta obra pertenece a la Portland S.A. Esta empresa de reciente renombre se está haciendo famosa por sus fracasos constructivos por órdenes judiciales. El octubre de 2020, los jueces de la cámara del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad ratificaron la suspensión de las obras del emprendimiento inmobiliario llamado “Ciudad Palmera” en el barrio de Caballito, también perteneciente a la empresa Portland en conjunción con la empresa IRSA, dueña anterior de los predios. En esta causa judicial, el Observatorio del Derecho a la Ciudad también es parte actora (causa caratulada “Iommi, Martín Andrés y otros contra GCBA y otros sobre amparo – ambiental, expediente 4653/2020-0).

El Grupo Portland había intentado en otra causa judicial, de forma novedosa, conseguir que la Justicia establezca una especie de inmunidad preventiva contra sentencias judiciales en contra, pero no tuvo los resultados esperados (expediente “Portland Administradora Fiduciaria S. A. contra GCBA sobre amparo - otros”, número 21849/2018-0).

Esperemos que Rodríguez Larreta no ejercite su doctrina de “cambiar la ley” cada vez que la Justicia detecta que la está violando.

 

[1] Agustín Forchieri, sesión del 22 diciembre 2017, primera sanción de la Ley Distrito Joven.

 

 

 

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