Para ganarle al neoliberalismo

El gobierno debe asumir el coraje para derrotar la pobreza

 

Como intenté explicar en la nota de la semana pasada, el acuerdo con el FMI nos puso un corsé al desarrollo de políticas de inclusión social. Por otra parte, el gobierno nacional pareciera haber renunciado a aplicar políticas masivas de redistribución de ingresos a los sectores populares, limitando su accionar a la entrega de alimentos y, eventualmente, a algún bono circunstancial. Querría detenerme un instante en explicar que los bonos entregados a los beneficiarios del sistema previsional son un boomerang que atenta contra el mismo gobierno. La razón es muy simple: el beneficiario es una persona mayor y cuando percibe su jubilación con un bono incluido cree que le han incrementado la jubilación, pero cuando al mes siguiente cobra sin el bono se siente tremendamente desconcertado y molesto e insulta al gobierno. Por otro lado, aquellos que no lo reciben porque ganan un monto mayor y quedan fuera del esquema propuesto, aumentan sus acreencias para reclamarlas judicialmente, lo que a la larga termina siendo más oneroso para el Estado y fuerza al beneficiario a esperar 10 años para cobrar lo que reclama. Por todas estas cuestiones, es preferible dar un incremento menor que perdure en el tiempo y se incorpore al haber mensual.

Volviendo al tema de las consecuencias del acuerdo con el FMI y a la tenacidad con que el gobierno asegura que no habrá ajuste en el sistema previsional, quiero volver a llamar la atención respecto a que si no se renueva el plan de inclusión jubilatoria, el ajuste será feroz. Y para una mejor comprensión y dimensión de esta posible catástrofe, traigo algunos números:

  1. A diciembre de 2021, el sistema registraba 3.602.838 beneficios de jubilación o pensión al amparo del Plan de Inclusión Previsional o “la moratoria”, como a algunos les gusta llamarlo despectivamente. Estos beneficios desaparecerán del sistema previsional en forma paulatina, ya que a medida que sus titulares vayan falleciendo, nadie los reemplazará.
  2. También a diciembre de 2021, 3.203.778 personas cumplían los requisitos de edad y años de servicio con aportes al momento de obtener el beneficio, por ende, no tuvieron que incorporar años mediante ningún plan. Representan los únicos jubilados y pensionados que quedarán en el sistema.
  3. Como dato ilustrativo, a diciembre de 2021, las mujeres y hombres mayores de 60 y 65 años respectivamente, ascendían a 6.307.370 personas, mientras que los beneficiarios en total suman una cifra algo superior a 5, 3 millones. La diferencia entre beneficios y beneficiarios se deba a que alrededor de un 25% de beneficiarios cobran jubilación y pensión.
  4. Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, ANSES registraba 2.742.072 personas beneficiarias de una jubilación o pensión, mientras que el total de mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 ascendían, en 2003, a un poco más de 4.5 millones de compatriotas. Ante este exiguo número es que se decidió implementar el Plan de Inclusión Previsional.
  5. Pero ello no es todo. En 1996, cuando se empieza a aplicar el régimen de capitalización y el incremento de la edad previsto en la ley, el total de beneficiarios del sistema era de 3.379.381 personas (vale recordar que las mujeres se jubilaban hasta ese momento con 55 años y los hombres con 60). Es decir, a esa fecha había más jubilados y pensionados que completaban los años de servicios requeridos con aportes y con la edad.
  6. La brusca caída de la cobertura entre 1996 y 2003 obedeció al incremento de la edad y los años que podían incorporarse mediante declaración jurada. Por ello, en apenas 8 años, la cobertura disminuyó en 461.706 personas.
  7. Por lo tanto, en 1996 había más jubilados y pensionados del “régimen general” –como se identifican en ANSES aquellos que no usaron ningún plan para obtener la jubilación o pensión– que en la actualidad. Eso tiene una explicación, y es que en aquella época estábamos en un proceso de transición del régimen de reparto al régimen de capitalización y todavía no se requería acreditar los 30 años de servicios. Hoy ese proceso ha concluido y es necesario que una mujer acredite tener más de 60 años de edad y 30 años de servicios con aportes, mientras que los hombres tienen que acreditar tener más de 65 años de edad y también los 30 años de servicios con aportes.

En definitiva, si no se aplica algún plan de inclusión jubilatoria, en poco tiempo llegaremos a una etapa pre-menemista. Una verdadera calamidad en materia de cobertura, toda vez que luego de ostentar la tasa máxima de cobertura previsional de nuestra historia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, podemos pasar a registrar la más baja cobertura en años, lo cual no implicaría otra cosa que un ajuste brutal.

Días atrás, el INDEC dio a conocer que el índice de pobreza e indigencia había disminuido. El porcentaje de pobres descendió de los 40,6% a 37,3%, mientras que la indigencia pasó de 10,7% a 8,2%. Sin duda una buena noticia, aunque también muestra lo mucho que falta por hacer en esta materia. La suma entre pobres e indigentes, si bien bajó un 5,8%, implica que aún quedan en alguna de estas condiciones 10,8 millones de personas, de las cuales 8,4 millones son pobres y 2,4 millones son indigentes. Esta situación se agrava según los grupos etarios, ya que están debajo de la línea de pobreza el 44.2% de los menores de 29 años, el 32.6% de los que tienen entre 30 y 64 años y el 13% entre los mayores de 65 años.

Insisto: la disminución de los índices de pobreza e indigencia son buenas noticias, pero obliga a redoblar el esfuerzo. Una disminución paulatina de la pobreza es condición necesaria, pero no es suficiente. La Argentina necesita dar una política de shock integral de lucha contra la pobreza. Hay que entender que la estratificación de la pobreza en los jóvenes es un drama vital. Inexorablemente, generarán hijos pobres, con pocas posibilidades educativas y falencias en su salud. Por ello, cuanto más se demore en aplicar una política integral al respecto, como por ejemplo el Ingreso Básico Universal, más se tardará en recorrer un camino posible.

El INDEC relevó que el total de los hogares pobres e indigentes suman 2.633.905 hogares. Piénsese que durante el gobierno de Néstor Kirchner se implementó el Plan de Inclusión Social, que permitió salir de la pobreza a más de 4 millones de personas. El desafío que tiene que enfrentar este gobierno para derrotar a la pobreza y a la indigencia es, cuanto menos, similar al registrado en aquel tiempo.

Asimismo, el INDEC nos muestra algo revelador: los guarismos correspondientes a la pobreza y a la indigencia más baja, medidas por hogares, se contabilizan en las personas mayores de 64 años, alcanzando el valor del 13%. Sin duda, ello obedece a los efectos del Plan de Inclusión Previsional aplicado por Néstor Kirchner y prorrogado por Cristina Kirchner. Si entre 2015 y 2019, Mauricio Macri no lo hubiera pulverizado y no hubiera disminuido el 20,5% del haber real de la jubilación, no deberíamos tener ni siquiera ese 13% entre las personas mayores.

Podemos derrotar a la pobreza si se aplica un nuevo plan que aumente la cobertura de jubilados y pensionados e implemente un Ingreso Básico Universal para los más desprotegidos: sólo es cuestión de enfrentar, políticamente, a los egoístas que no tienen piedad con los que más necesitan y de asumir el coraje necesario para diseñar una estrategia global de trabajo que incluya la acción coordinada de las provincias, las ONGs y las estructuras gubernamentales para la aplicación de estas políticas sociales.

Cabe mencionar que se ha anunciado un bono a los beneficiarios de la seguridad social hace unos cuantos días, pero aún no se ha dado a conocer el monto. Esta situación me lleva a formular una crítica adicional a la política de otorgar bonos: dar a conocer que se va a anunciar el monto, pero no decir cuándo, configura una mala política y una desafortunada estrategia porque se diluye el efecto positivo y el entusiasmo temporario que puede producir y da tiempo a la oposición para preparar sus contra-argumentos.

Mi mayor deseo es que el gobierno entienda que disminuir la inflación es una política importante y el crecimiento de la economía es muy auspicioso, pero con ello no alcanza. Hay que ocuparse con el mismo ahínco a la distribución de esos beneficios mediante la aplicación de una política social integral. Anhelo fervientemente que el gobierno tenga éxito y le ponga freno al liberalismo cuasi fascista que vivimos a diario, pero tengo bien en claro que sin atender lo social como una epopeya, será difícil que lo logremos.

 

 

 

 

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