Ser o no ser Nación

 

Con el decreto de necesidad y urgencia 27722, o sea con una norma con fuerza de ley, el gobierno concretó ayer sábado una vía de acción, un modelo de ejecución gubernativa, apto para situaciones excepcionales y urgentes, en relación con la producción de hidrocarburos.

Esa norma define una política, un rumbo económico, con todas sus implicancias, esta vez sobre la cuestión energética, esencial en la evolución de la macro, y vinculada con las expectativas mundiales sobre la Argentina en este campo. Resolverá así dos situaciones al mismo tiempo: por un lado las urgencias del sector petrolero y gasífero, y por otro una respuesta y señal a la vez a las ansiedades de la Europa guerrera.

Con relación a la norma, pondrá en acción las facultades del Ejecutivo según nuestra Constitución. Esperemos que la misma prontitud y decisión, sirva para resolver la cuestión de las exportaciones agrarias.

En referencia al contenido del DNU, varias reflexiones.

La norma se propone facilitar la libre disposición de divisas al empresariado petrolero, en determinadas condiciones, en un contexto de escasez nacional de dólares. Se concretará luego de haber fracasado un intento de sancionar por el Congreso un proyecto de ley presentado el año pasado que establecía un esquema completo de tratamiento del sector de los hidrocarburos.

Una primera observación consiste en preguntarse porqué en este caso se optó por esta vía, un atajo para obtener algunos resultados en la promoción de inversiones.

¿Cuál es la importancia de esta medida para el gobierno y el sector de los hidrocarburos?

El empresariado petrolero, más allá de algunas diferencias menores, tenía una gran esperanza en aquel proyecto de ley. No prosperó por diferencias de fondo en el Frente de Todos y por algunas reticencias provinciales.

Pero las consecuencias de la guerra aceleraron de manera contundente las exigencias al gobierno para definir medidas que favorecieran condiciones de estímulo, ¿subsidio?, a sus pedidos de incremento sustancial de la producción. Y el gobierno las escucha con el telón de fondo de costo de las importaciones de este año para sustentar la demanda de gas local.

Como en el Plan Gas.ar la presión, a la que no es ajena YPF, surtió sus efectos.

Por otro lado existe un requerimiento explícito de hidrocarburos por los países ricos afectados en su energía por la guerra. Han puesto su mirada aquí, y ello suscita la oportunidad para que la Argentina responda con prontitud sus pedidos, y proveerlos a partir de sus ricos yacimientos.

Nuestro país enfrenta entonces varios desafíos simultáneos: por una parte solucionar perentoriamente el costo en divisas de las importaciones de gas para satisfacer la demanda local de invierno. Para ello se requiere incrementar la producción de gas teniendo a la vista la próxima puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner.

Por otra parte aprovechar esa eventual mayor producción para exportar gas a la expectante demanda europea. Ambas necesidades requieren importantes inversiones adicionales.

La oportunidad existe y no estaría mal aprovecharla. ¿Cuál sería entonces la vía lógica o razonable para recorrer un camino conjunto entre demanda y oferta en este especial contexto? Pareciera que una negociación en la que cada cual ponga sus ventajas comparativas en juego y se llegue a un entendimiento con beneficios mutuos.

No pareciera que esa vía de negociación con los países eventualmente demandantes se estuviera produciendo, por lo menos públicamente. Para que el ofrecimiento argentino, evidente, tenga una contrapartida razonable.

El peligro de la indefinición que supone esta norma con un aliento vía disponibilidad de divisas a los productores, reside en no aclarar el destino de los incrementos en la producción. Si tendrán como objetivo prioritario la demanda nacional, y su crecimiento, reduciendo al mismo tiempo las costosas importaciones de gas. O su objetivo central será el negocio de la exportación de hidrocarburos a la demanda del norte, más redituable, evitando así energía a costos accesibles para el desarrollo industrial argentino.

Más allá de la conveniencia que presenta esta circunstancia, parece razonable considerar que el objetivo prioritario debiera ser la demanda local, facilitarle el acceso de esa energía en cantidad y precio.

El decreto pareciera limitarse a una facilidad instrumental de obtención de divisas para fomentar y acelerar la producción, especialmente de gas. Sin asegurar con esas medidas acotadas la obtención del resultado pretendido. El texo es detallista y a veces oscuro en sus reales efectos.

Por lo cual cabe interrogarse si es el inicio de otra serie de normas que completen el sentido de un camino del sector, o es una disposición de urgencia para resolver al empresariado petrolero la coyuntura de la producción sin estar claro el objetivo final.

La promoción y estímulo por estas vías de la producción hidrocarburífera puede sostenerse y apoyarse si quedara expuesto con mayor claridad que enfrentamos los requerimientos para un país autoabastecido en gas para su desarrollo. O las miras están puestas principalmente en la obtención de divisas vía la exportación a la demanda europea. Objetivo importante y también necesario para el futuro nacional. Pero con consecuencias en el modelo de país resultante.

Estamos enfrentando el dilema entre consolidar el esquema de un país primarizado, exportador, y un país productor e industrializador de su materia prima, con el consumo interno de la energía en precio y calidad de abastecimiento.

Equilibrar ambas posibilidades es difícil pero no imposible: requiere claridad y transparencia en las medidas a adoptar; definir los costos y responsabilidades que asumen el empresariado y el Estado; establecer las prioridades otorgadas a los dos objetivos aludidos en un proceso virtuoso que priorice a nuestro pueblo; en los instrumentos elegidos para lograrlo, con protagonismo de pymes e industria nacional; y en el consenso social y político para ejecutarlas. Es un camino arduo que debe transitarse si se quiere evitar resultados conflictivos.

 

 

 

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