Tormenta perfecta
Más pinos, menos selva, menos agua en Misiones
Un conjunto de organizaciones agrarias, ambientalistas, sindicales y de derechos humanos del pueblo mbyá guaraní reclamó al gobierno de Misiones que suspenda la actividad forestal industrial en el Corredor Verde de la selva Paranaense, último remanente continuo de este bosque nativo compartido con Brasil y Paraguay. Entre 1985 y el año pasado, Misiones taló 305.000 hectáreas de selva nativa, el 20% de la superficie de la provincia, confirmó un estudio científico reciente. Esos desmontes se destinaron, en su gran mayoría, a las plantaciones industriales con especies exóticas que superan las 400.000 hectáreas, casi la misma superficie que Corrientes, según los datos oficiales.
“Sin monte no hay agua ni suelo productivo”, advirtieron las organizaciones en un detallado documento presentado a Omar Herrera Ahuad, gobernador de Misiones. Reclamaron una serie de medidas ante la emergencia ambiental producida por acciones propias del modelo de desarrollo local del monocultivo de pino, agravadas por el cambio climático global; propusieron “recuperar el monte y el agua; y, a la par, un nuevo modelo productivo que priorice la inclusión social con la multiplicación de la producción de alimentos saludables y naturales en el territorio, limite la expansión del monocultivo de especies exóticas y el uso de agrotóxicos y resuelva de una vez por todas la situación de los pueblos originarios, a través de la mensura de las tierras que les pertenecen y reconociendo su preexistencia en la Constitución Provincial.
Las tierras de Arauco Argentina S.A., transnacional de origen chileno, representan el 10% del territorio misionero. La estrategia empresarial centrada en la exportación define, en gran parte, los usos del suelo, moldea la organización del espacio de acuerdo a sus intereses y subordina acciones públicas provinciales y municipales, se desprende de los testimonios y la documentación pública.
El Movimiento Agrario de Misiones (MAM), el Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), el Movimiento Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, la Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), ATE, CTA Autónoma Misiones, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Servicio Nacional de Paz y Justicia (SERPAJ), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y el Movimiento Nacional de Salud alertaron que la fragmentación del Corredor Verde, el último remanente continuo de selva Paranaense en el mundo, compromete la generación de agua y de alimentos.
Por su parte, un grupo de investigación del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNaM) planteó públicamente que “la alarmante desaparición de especies y ecosistemas que se registra a nivel global por el avance de la actividad humana obliga a revisar las prácticas y definir nuevas estrategias para el futuro”. Identificó áreas prioritarias de Misiones que deben conservarse por su alta biodiversidad, mapa sustentado en un trabajo publicado este año.
Letras muertas
Son varias las leyes provinciales vigentes que no se aplican y que tienen directa relación con el conflicto, aseguraron las organizaciones. Precisaron el incumplimiento de las leyes de:
- Creación del Corredor Verde, Área Integral de Conservación y Desarrollo Sustentable que comprende 1.108.000 hectáreas y 22 municipios (1999, ley XVI - N°60).
- Reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena mbyá (2003, ley 4.000).
- Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (Ley XVI – N° 105).
- Protección especial de los bosques protectores y sus nacientes de aguas.
- Instituto Misionero del Suelo.
- Expropiación de 600 hectáreas a Arauco para pequeños productores sin tierra en Puerto Piray (2013). A la fecha, solamente 160 se transfirieron a los trabajadores.
Desde la recuperación de la democracia en 1983 a la fecha, toda la dirigencia política local exalta la legislación ambiental progresista.
Imágenes
El Bosque Atlántico es un punto crítico de biodiversidad global. Debido a un largo proceso de conversión de bosques nativos a la agricultura, ahora es uno de los bosques más amenazados del mundo, con sólo el 17% de su cubierta original. La porción argentina disminuyó casi un 20% en los últimos 40 años, debido a su conversión a cultivos perennes y plantaciones comerciales de árboles, pero aún mantiene remanentes continuos de bosque. Son menos de 300.000 hectáreas, rodeadas de una matriz productiva que contiene múltiples fragmentos de bosque nativo.
Los estudios científicos y las imágenes satelitales confirman lo que desde hace décadas la gente mbya guaraní asegura desde distintos puntos del territorio tradicional en conflicto.
Arauco avanzó con pinares en el territorio de la comunidad Andrés Guazurarí, en Puerto Libertad, en el noroeste de la provincia. Sus alambrados perimetrales dejaron encerradas en diez hectáreas a las veinte familias que integran esta comunidad, una de las 140 del pueblo mbya guaraní en la provincia. “No queda monte, no tenemos para cazar ni suficiente para sembrar. Tenemos que atravesar el alambrado para cazar algún animal chico detrás del pinar”, relató Ramón Báez, cacique de la Guazurarí. Las plantaciones industriales no sólo comieron superficie, sino que impiden la circulación libre en el territorio y destruyeron muchas formas tradicionales de autonomía alimentaria. “No hay animales grandes. El jabalí es sagrado para nosotrxs. Lo cocinamos sin sal y lo compartimos” en ceremonia de valor espiritual propio, agregó. Además, la caza de algunas especies está prohibida, producto de esa tensión irresuelta entre la cosmovisión de los pueblos preexistentes y la ideología proteccionista del Estado.
Desde hace doce años esta comunidad está en conflicto con Arauco, el que se tramita en la Justicia ordinaria. El relevamiento técnico del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se hizo por 800 hectáreas, mientras permanecen en diez unos 35 niñxs en edad escolar y unos 40 adultos. Recién hace dos años resolvieron el tema del agua potable. Muchxs niñxs se enfermaron tomando el agua del arroyo más cercano, contaminada por los agrotóxicos del pinar. El agua buena también es fundamental para la mandioca y el poroto, que cultivan para el autoconsumo.
El grupo de organizaciones misioneras propuso saldar la deuda histórica con el pueblo mbyá guaraní con los resortes institucionales propios. Propuso “convocar a un referéndum para que la sociedad de Misiones se expida sobre el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios con la enmienda de la Ley Provincial 4.000/03, para que sea incorporada a la Constitución provincial. Y que el gobierno, a través de la dependencia que corresponda, concrete los planos de mensura de territorios de comunidades originarias”.
Ciclos
Así como Arauco simboliza la etapa del capital transnacional de la industria forestal surgida de la reforma neoliberal de los '90, el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) expresa la transformación de la base social agraria que moldeó el plan económico de la última dictadura cívico-militar. A comienzos de los '70, cuando se creó esa organización, la yerba mate y el tabaco dominaban la estructura productiva (sin transgénicos), desplazada por las forestales para esta etapa. Agotada la tierra pública fiscal, los sin tierra necesariamente confrontan con el capital privado por el recurso. Además, en este período se consolidó el reconocimiento a los pueblos originarios con identidades políticas propias.
Salvador Torres participa de esta etapa del MAM desde Oberá, el centro de la provincia. Representa a unos dos mil pequeños productores que trabajan en tierras propias o alquiladas, cooperativas y emprendimientos familiares de producción de alimentos. “Se profundizó el minifundio. No hay tierras fiscales, las nuevas generaciones no pueden comprar su propia tierra y se subdivide la propiedad familiar de origen. Empezó a darse el fenómeno de asentamientos sobre la banquina, junto a las rutas”, explicó. A la vez, las comunidades indígenas se mantienen en sus territorios –mayoritariamente–, pero cercadas por las forestales.
Un puñado de empresas controlan y concentran la explotación, industrialización y comercialización de coníferas, yerba mate, tabaco y té. La producción independiente, pequeña y muy precarizada, queda cautiva de esos grandes. “El tabaco demanda siempre tierra nueva y ya no hay monte para abrir”, contó. Además es muy contaminante, situación que genera conflicto al interior de la propia gente que cultiva con las reglas del mercado dominante con agrotóxicos. Un viejo estudio del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) ya advertía sobre la fragilidad de los suelos por la pendiente en buena parte de la provincia.
Los últimos dos años llovió menos de 150.000 milímetros al año, cuando la precipitación histórica promedio era de 200.000, indicó el dirigente agrario. La estación experimental agropecuaria del INTA en Cerro Azul, próximo a Oberá, lleva el registro histórico preciso desde 1979. Esa merma fue insumo para las temporadas de mayores incendios forestales. El documento de once páginas expresa los conocimientos de la gente del territorio y una lectura crítica de la documentación del propio Estado, plasmado de un modo diferente a las campañas de denuncia. “Es una vieja lucha. En su momento nos enfrentamos a las represas hidroeléctricas y ganamos una consulta popular”, dice.
Un foco de incendio permanecía al sur de la provincia.
La fórmula de la tormenta perfecta.
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