Fiscal a la carta

Por orden del fiscal Guillermo Marijuan, la Policía Federal realizó tareas de persecución y espionaje ilegal sobre las ocho sedes del CBC de la UBA. Las tareas fueron encargadas a la División Defraudaciones y Estafas de la PFA y se realizaron entre noviembre de 2015 y abril de 2016. Marijuan ordenó tareas de inteligencia "discretas" a locales de venta de apuntes de la FUBA, también investigar qué actividades desarrollaban y pidió identificar a las personas que se encontraban allí, todo sustentado en una denuncia por supuesta defraudación al Estado presentada por el denunciante serial Ricardo Monner Sans.

La abogada Elizabeth Gómez Alcorta acaba de presentar una denuncia contra el fiscal por abuso de autoridad. Según explica, la orden flagrantemente ilegal, ejecutada sin autorización de un juez, sin fundamentación y que violó por completo el estatuto constitucional de autonomía universitaria, fue una herramienta de persecución y espionaje. De los informes, surge que además del evidente hallazgo de locales comerciales de fotocopias y apuntes, la Policía sacó fotos de locales y lugares aledaños y de elementos que no guardan ningún tipo de relación con el objeto procesal como folletería de organizaciones políticas o un volante de La Cámpora.

"Luego de treinta y cinco años de vida democrática, asistimos una vez más al avasallamiento de parte de las autoridades estatales –en este caso un Agente Fiscal— de la autonomía universitaria", señaló Gómez Alcorta. "La decisión de llevar adelante tareas de inteligencia clandestinas por parte de la Policía Federal Argentina frente a la denuncia de una persona nos rememora las épocas más oscuras de nuestro país". A cien años de la Reforma Universitaria y unos días de que se cumplan 52 años de la trágica noche de los Bastones Largos cuando la Policía Federal Argentina reprimió salvajemente a estudiantes, docentes y graduados de la Universidad de Buenos Aires, continúa el escrito, "nos encontramos frente a funcionarios que en vez de velar por la defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad –tal como manda el artículo 120 de la Constitución Nacional—, utilizan sus funciones para perseguir y espiar a estudiantes y organizaciones políticas del modo más obsceno, utilizando la administración de justicia".

La causa se abrió en 2015 cuando la FUBA realizaba una campaña contra la designación del vicerrector Darío Richarte, que fue segundo de la SIDE. En ese contexto Monner Sans presentó una denuncia, ratificada el 5 de agosto de 2015, por supuesta defraudación a la administración pública. Con el número de trámite 7341/15, la causa caratulada “Inspección General de Justicia s/defraudación por administración fraudulenta” se abrió en el Juzgado Federal 5 y fue derivada para su instrucción, inmediatamente, a la Fiscalía 9 de Comodoro Py. La denuncia de Monner Sans era una extensa alocución de cuestiones personales, dice el escrito, razonamientos históricos y morales sobre una serie de hechos inconexos. En ese contexto, Marijuan ordenó medidas de prueba: pidió a la UBA constancia de cesión de espacios a la FUBA, pidió a la Inspección General de Justicia documentación sobre la existencia y control de la FUBA y pidió al juez que pida a la FUBA su estatuto. Resultado: el 26 de noviembre de 2015 dispuso "discretas tareas de inteligencia".

“Atento lo informado por dicha universidad, líbrese oficio al Comisario a cargo de la División Defraudaciones y Estafas de la PFA, a fin de encomendarle discretas tareas de inteligencia, por el término de quince días, respecto de los locales que se encuentran ocupados por la FEDERACION UNIVERSITARIA DE BUENOS AIRES –FUBA— en las distintas sedes de la Universidad de Buenos Aires –UBA— y sus Centros Básicos Común –CBC— que a continuación detallaré, como así también qué actividades se desarrollan en los mismos y se identifique a las personas que se encuentran a cargo”.

Luego del escrito enumeró ocho locales con un nivel de detalle inquietante.

1. CBC, Sede Ciudad Universitaria: Av. Cantilo s/n, Pabellón 3, local de la FUBA ubicado en el subsuelo, entre las aulas 315 y 316.

2. Sede “Profesor Alberto José Fernández": Ramos Mejía 841, un (1) local de la FUBA ubicado en el primer piso (antes del espacio de las aulas).

3. Sede Montes de Oca: Montes de Oca 1120, en el cual se encuentran dos (2) espacios cerrados en la PB, uno utilizado para fotocopiadoras y otro para guardar apuntes y una mesa ubicada en el Hall de Entradas.

4. CBC sede Púan, Facultad de Filosofía y Letras: Puan 470, 1° piso de la CABA, local ubicado en el primer piso, a metros de las oficinas que ocupa la Subsede dentro de la Facultad.

5. CBC, sede Drago: Holmberg 2614 donde se encuentra un (1) local en la PB, en el patio de la sede al lado del aula 8, identificado con un cartel de la FUBA.

6. CBC, sede Regional Norte (San Isidro): Córdoba y Lima, Martínez, PBA, un (1) local de la FUBA, ubicado en la PB, contiguo al Dpto. de Alumnos, sobre la cara del edificio que da a la calle Córdoba.

7. CBC, Sede Paternal: un espacio ocupado por la FUBA que se encuentra en el primer piso, entre el aula 19 y 20 (al costado de la escalera) del Módulo l, sito en Av. San Martín 4453.

8. CBC. Sede Centro Regional Sur (Avellaneda): calle Eva Perón y Güemes, Avellaneda, PBA. La sede de la FUBA se encuentra ubicada en el Módulo I, entre el aula 5 y el Departamento de Alumnos.

Con los resultados, llamó a indagatoria a los dos presidentes de la FUBA: Julián Asiner (UJS-Partido Obrero) y Adrián Lutvak (La Mella-Patria Grande), llamado que la defensa pide declarar nulo por estos antecedentes. "Tal como veremos, esta orden dispuesta por el Agente Fiscal resulta flagrantemente ilegal, lo que derivó, además de los planteos nulificantes en las respectivas actuaciones, en la presente denuncia", dijo la abogada.

Entre los fundamentos, Gómez Alcorta recuerda el estatuto de autonomía universitaria. Y las garantías previstas por la reforma constitucional de 1994 y la ley 24.521 de Educación Superior de 1995, vigente en la actualidad. La ley que regula los principios de la reforma de 1994 establece taxativamente la prohibición de ingreso de las fuerzas de seguridad a las universidades. Según el artículo 31: "La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida".

Tal como puede advertirse, dice Gómez Alcorta, los legisladores restringieron de un modo especial el ingreso de las fuerzas de seguridad a las universidades nacionales, por entender que de otro modo se vulneraría la autonomía universitaria reconocida constitucionalmente. En ese sentido, la medida del fiscal resulta ilegal. No fue fundada ni ordenada por el juez competente.

El ingreso de las fuerzas de seguridad a los establecimientos educativos y universitarios comenzó a aparecer como práctica desde el cambio de gobierno. Hasta ahora, las fuerzas públicas siempre mostraron el momento en el que metían botas y miedo adentro de los establecimientos. Lo hicieron de forma ilegal, pero expuestas. Este caso inscripto en ese escenario contiene cambios respecto de los anteriores. La clandestinidad, es uno. La presencia de un fiscal que para habilitarlo utilizada recursos de la administración de justicia, es otro. No es un capricho recordar la mecánica de la dictadura. Clandestina, como fase superadora de exhibición del modelo chileno. Y en el juego permanente de lo legal e ilegal.

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