Los principales medios de Bahía Blanca entretuvieron el último almuerzo de 2025 con breves registros de Victoria Villarruel en la ciudad, durante la mañana del 31. La Vicepresidenta no aceptó entrevistas, y no terminó de quedar claro si esperaría las doce campanadas allí mismo o en la aledaña y turística Monte Hermoso. Como quiera que haya sido, salió de compras por el microcentro bahiense sin ocultar su rostro, ni el grupo de custodios y colaboradores que podrían haber hecho los mandados, si hubiera preferido no ser detectada.

Nadie le atribuiría carencia de astucia. Bahía Blanca estaba cerrando lo que su intendente Federico Susbielles catalogó como “el año más complejo y duro” de su historia, por la inundación que el 7 de marzo produjo dieciocho muertes y daños materiales invaluables o todavía difíciles de cuantificar. La tragedia se sumó a la de diciembre de 2023, cuando un temporal de viento arrasó la ciudad.

Ambos episodios dejaron al descubierto posiciones y actitudes de dos rivales internos de Villarruel: el propio presidente Javier Milei y la ahora senadora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad cuando ocurrieron las catástrofes. Si el programa económico obstruye las posibilidades de recuperación, la escasa y deficiente asistencia del Gobierno nacional completó el cuadro de abandono.

Milei sólo visitó el lugar y Bullrich lanzó un Suplemento Único para la Reconstrucción que no distinguió afectaciones ni poder adquisitivo del solicitante, y se pagó con un retraso que en una porción de los casos aún se confunde con la negativa tácita y definitiva. Había comprometido una asistencia similar a comerciantes y empresas, pero luego intentó darla por cumplida con las exenciones impositivas transitorias, que antes de acceder al gobierno La Libertad Avanza mencionaba como horizontes ideales permanentes. Además, Milei vetó una ley del Congreso que hubiera permitido destinar 200.000 millones de pesos a la reconstrucción del área. El Gobierno incluso pretendió cobrar al Municipio alquileres por los puentes plegables del Ejército que ayudaron a mantener comunicada a la ciudad. Como en las presidenciales de 2023, el distrito respaldó electoralmente a la escudería y sus nombres propios en el medio término, pero con una merma notable de votos.

El gesto vicepresidencial en la previa de Año Nuevo puede ser un mensaje a esa región, o al conjunto del país que aún no esquiva pintarse de violeta, pero ya cuestiona algunos nombres propios del oficialismo.

Año Nuevo, intentos viejos

Menos probable es que Villarruel pueda consolidar desde el sur bonaerense la disputa más antigua del universo del que proviene, en torno a la negación o justificación de los crímenes del terrorismo de Estado.

En el país proliferan decisiones judiciales favorables a acusados e incluso condenados en juicios por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, como señaló el domingo pasado Horacio Verbitsky en El Cohete, justamente fue en Bahía Blanca que el 2025 cerró con una prueba de que se trata de un campo en disputa, y con mojones difíciles de remover.

El día después de Navidad, el Tribunal Oral Federal bahiense dictó dieciséis penas de prisión perpetua, otras quince condenas a entre tres y veinte años, y sólo una absolución. Fue el juicio más voluminoso entre los realizados en la provincia de Buenos Aires: se abordaron delitos padecidos por más de trescientas víctimas. Es claro que cuando el intendente Susbielles se refiere al año pasado como el peor de la historia local lo hace considerando sólo a las tragedias producidas por desastres naturales.

La acción dictatorial tuvo incluso participación en la inundación del 7 marzo pasado, porque la decisión castrense de entubar parcialmente el arroyo Napostá entorpeció casi medio siglo después el escurrimiento del inusitado aguacero. El gobernador bonaerense que dispuso la obra fue Ibérico Saint-Jean. Su hijo Ricardo fue uno de los defensores del también abogado y militar Enrique Stel, condenado allí a doce años y medio de prisión el viernes 26.

Firmeza

Más allá de las cuantías de delitos juzgados y condenas pronunciadas, el último veredicto del año en un juicio por crímenes de lesa humanidad repitió algunos elementos por los que la misma jurisdicción supo marcar vanguardia, pero también agregó novedades. No es extraño en una ciudad que contó con el irreductible fiscal Hugo Cañón, de cuya trágica y temprana muerte se cumplió ayer una década.

El último viernes de 2025, los jueces Ernesto Sebastián, Marcos Aguerrido y Sebastián Foglia resolvieron también

  • aplicar penas de dieciocho años de prisión al médico Humberto Adalberti y el enfermero Adalberto Bonini, que revistaban en el Ejército y concurrían regularmente al centro clandestino “La Escuelita”;

  • reclamar al Gobierno la preservación y correcta señalización de los sitios de memoria;

  • ordenar la corrección de los legajos castrenses de los conscriptos Manuel Ruzo y Eduardo Colella, que fueron acusados de desertores, pero continúan desaparecidos; y

  • disponer que el diario La Nueva Provincia rectifique las difamaciones contra tres docenas de víctimas, presentadas como delincuentes abatidos o capturados en enfrentamientos inexistentes, como parte de lo que la Justicia bahiense consideró en 2012 una “comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra”.

El último punto del reciente fallo repite para nuevos casos lo que había dispuesto por primera vez otra composición del mismo tribunal cuando en 2015 emitió sentencia por crímenes de lesa humanidad cometidos también en el sudoeste bonaerense, pero bajo la órbita de la Armada.

Como contó El Cohete, ese acto reparatorio aún no se concretó: paradójicamente, los jueces del TOF de 2025 ordenaron igual medida sobre nuevos casos, pero demoran el cumplimiento de la dispuesta una década atrás. Como la Corte aún debe revisar la última apelación de la fiscalía, el argumento del tribunal es que aquel fallo no está firme.

Sin embargo, no es el caso del punto relativo a la rectificación ordenada al hoy semanario La Nueva. La Corte no podría revocar esa disposición porque no fue apelada por ninguna de las partes, ni siquiera el propio medio.

El excesivo rigorismo burocrático no siempre contempla que tiempos demasiado elásticos pueden privar a personas concretas de la reparación por lo sufrido por sus seres queridos o ellas mismas, cuando se trata de sobrevivientes.

En la banquina del tiempo

Una situación similar, donde el tiempo terminó jugando su ficha invencible, se verificó en torno a uno de los más significativos casos que el veredicto del viernes 26 ordenó rectificar a La Nueva Provincia: el de Julio Infante Julio, secuestrado en la madrugada del 18 de mayo de 1976 por una patota del Ejército y desaparecido desde entonces.

Infante era nieto del fundador del diario, Enrique Julio, y primo de su entonces directora, Diana Julio de Massot, figura central en la arquitectura represiva del sur del país. “Se odiaban, se llevaban muy mal”, relató en 2011 el empresario y dirigente deportivo Paris Senesi, amigo de la víctima.

Su declaración de ese año ante el fiscal Abel Córdoba no pudo trasladarse a un juicio oral. En 2014, Senesi fue convocado como testigo del secuestro del exconcejal peronista Gerardo Carcedo, que permanece desaparecido desde el Día de la Lealtad de 1976. Su testimonio sirvió para condenar por ese hecho a siete represores que actuaron dentro del aparato represivo de la Armada.

El tribunal impidió sin embargo que Senesi contestara preguntas sobre la desaparición de Infante, pese a que “siempre soñé en llegar al jurado y hablar de él, porque su sangre cayó sobre mí”, como les dijo antes de retirar su frustración del estrado. Pretendía repetir allí lo que venía denunciando y reconstruyendo desde el mismo día del hecho, cuando pese a las condiciones de la época declaró en sede policial.

Los jueces que llevaban adelante aquel debate entendieron que para que pudiese volcar sus recuerdos a una declaración testimonial debería aguardarse a que el caso de Infante llegase a juicio. Cuando eso ocurrió, con el que acaba de concluir, había transcurrido casi una década y el equipo profesional encargado de una evaluación psicofísica desaconsejó la convocatoria de Senesi, que para entonces ya había superado los 92 años.

Ni siquiera el tribunal tiene la misma composición que entonces, cuando era impensable que una defensora de represores pudiera aspirar a primeros planos en la representación política.