A principios de 2025 se decía que Milei ganaría la elección de medio término. Luego de la paliza en la provincia de Buenos Aires, se caía. Se recuperó ganando la elección nacional, con aproximadamente el 40% de los votos emitidos, que resulta ser un 25% del padrón general. Visto el vaso medio lleno o medio vacío, lo votó el 40% o no lo quiso votar el 75%.
Ante una oposición dispersa, juntó fuerzas en la Cámara de Diputados: mantuvo la presidencia y conformó la primera minoría. Con ese control, usado con eficacia, es difícil ganarle una votación a un oficialismo. En el primer uso de esas herramientas, se auto infringió una derrota insólita en un capítulo de la ley de Presupuesto. El texto aprobado le provee de muchas normas para profundizar sus políticas. El sabor fue agridulce. En el Senado revirtió la imagen con una votación contundente, aunque debió suspender el tratamiento de la ley laboral.
También el modo en que acordó con la oposición la elección de los miembros de la Auditoría General de Nación por Diputados fue llamativo. Son de los mejores cargos de la administración, solo superados por la representación ante el BID o en el directorio de YPF, los que elegía Guillermo Francos. Los auditores son bien remunerados, tienen baja exposición, ejercen competencias importantes y permanecen ocho años en la función. Hasta el 2033 (artículo 121, ley 24.156). ¿Existirá el mileísmo en 2033?
De esos codiciados puestos el gobierno entregó dos al peronismo (lato sensu): uno para La Cámpora y otro para el gobernador de Salta. Y se reservó solo uno, para la abogada Mónica Almada, cuyo particular currículum difunden los medios. Su designación muestra la limitada cantidad de cuadros mileistas que expresen algo nuevo.
A pesar de los errores en la Cámara de Diputados, Milei finaliza bien un año que lo tuvo en la cornisa.
Es un gobierno que en la gestión del día a día trata de usar el poder con cierta improvisación. Pero en lo sustancial sigue el modelo de decadencia y exclusión que persiste desde 1976. Profundiza el seguidismo a Estados Unidos en política internacional, y la dependencia de China, aceptando lo que se le pide en tres aspectos centrales: deuda, desnacionalización del control de los recursos mineros e hidrocarburíferos, y apertura a las importaciones. Son algunos pilares de la “política de Estado” que adoptó la Argentina desde 1976, especialmente desde 1993 en materia de recursos naturales. Sostenido con la soja y la paciencia de un pueblo con cada vez menos exigencias, educación y organización.
La idea que guía esta nota es que el de Milei no es un gobierno fuerte, sino que se sostiene en un modelo que se fue construyendo con estrategia desde hace décadas. Ese modelo es el fuerte. Como contrapartida, la alternativa, el peronismo como Partido de la Producción y la Justicia Social ha quedado debilitado y tiene muchas tareas por realizar.
En lo que sigue intentaré explicar por qué creo que hay una política de Estado estratégica en la desnacionalización de la explotación de los recursos hidrocarburíferos y mineros.
Política de Estado
En los éxitos y fracasos de Milei en el Congreso puede verse uno de los hilos que mantiene su gobierno. El proyecto de Ley Bases contenía capítulos de diferentes temas. Todos reaccionarios, salvo una actualización de la representación en la Cámara de Diputados. Muchos fueron desechados, pero quedó el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), que conlleva la desgravación, desnacionalización y entrega de recursos, divisas y soberanía, que ni en épocas imperiales se hubiera pensado. Pasó no solo sin escándalo, sino con el voto de 147 diputados. Ya sancionado, creo que ni hay proyectos, aunque sea testimoniales, para derogarlo. Los pasos que dan las empresas parecen irreversibles.
Como el RIGI permite que los inversores en hidrocarburos o minería puedan liquidar las divisas en el exterior, genera un interrogante respecto de si, en el futuro, los proyectos amparados por ese régimen oprobioso contribuirán para que la Argentina acumule reservas, controle el dólar y resuelva la “restricción externa”.
Si pagarán pocos impuestos y no liquidarán los dólares en la plaza local, ¿cuál será el beneficio de la minería entonces? ¿Solo algunos salarios y lo que movilicen los desarrollos en los territorios?
Suena ampuloso afirmar que es parte de un plan estratégico de saqueo. Concédanme que es un programa estratégico que no inventó Milei ni es una improvisación, tiene casi un siglo. Es un eslabón de una “política de Estado” que en las últimas cuatro décadas se fue corporizando y compromete a futuras generaciones por la baja de impuestos, la cesión de soberanía y los pasivos ambientales.
Se asienta sobre una estructura política forjada luego de la muerte de Perón y de la derrota del movimiento popular como el Partido de la Producción, al que se quiere transformar en algo horrible: el Partido del Poder.
Historias de hace casi un siglo
En la Convención constituyente de 1949, Arturo Sampay dijo que la nacionalización de las fuentes de energía reivindicaba la idea de Hipólito Yrigoyen, que planeaba hacerlo con los hidrocarburos, pero fue derrocado por el golpe de 1930, auspiciado por petroleras extranjeras. Un símbolo: ese gobierno de facto encarceló a Enrique Mosconi.
Antes hubo debates en el Congreso sobre el Código de Minería, respecto de si la Nación o las provincias debían ser los dueños de los recursos mineros, que incluían entonces a los hidrocarburos. Desde el descubrimiento del petróleo esa tensión fue en aumento, pero la idea nacional se imponía con leyes ad hoc de reserva de yacimientos, y porque los principales estaban en los territorios nacionales de la Patagonia, que entonces no eran provincias.
En la Convención de 1949 se impuso la nacionalización. Esa política fue mantenida luego del golpe de 1955, no ya en la Constitución sino en la ley. Se puede ver en vísperas de la reforma de 1957 un debate entre Julio Oyhanarte, luego juez de la Corte designado por Arturo Frondizi, defendiendo la propiedad nacional. Entre sus contradictores estaba José Alfredo Martínez de Hoz, otro símbolo, abogando por la provincialización. La reforma de 1957 no tocó el tema y las leyes mantuvieron la propiedad nacional de los hidrocarburos y la provincial sobre el resto de las minas. Así fue hasta la reforma de 1994 y la Ley Corta en la presidencia de Néstor Kirchner. (Puede leerse un desarrollo del tema aquí.)
La derrota de 1976 y la muerte de Perón se expresan en este aspecto en la Convención de 1994 con la sanción del artículo 124 de la Constitución, que da el “dominio originario” de los recursos naturales a las provincias.
El dominio originario es un concepto de origen medieval que hoy solo tiene significado relevante como un concepto minero. Un ejemplo: para las provincias agrícolas –por cierto, las más pobladas y donde están los conurbanos industriales– la declaración del artículo 124, aplaudida por los “federalistas” irreflexivos, solo sirve para que vean cómo las provincias menos pobladas –o sus dirigentes– forman mayoría en el Congreso y negocian directamente con las multinacionales, que son beneficiadas con desgravaciones nacionales. Tal vez sean también espectadores del sacrificio las fuentes de agua, si se provincializa su protección.
Esta normativa que empieza a ser relevante por las nuevas tecnologías de explotación se inscribía en un Código de Minería del siglo XIX que establece que la apropiación de los recursos mineros es un derecho individual (por eso está en la cláusula de los códigos en la Constitución histórica: artículo 75, inciso 12).
Es el Código de Minería que aún nos rige, pensado para un capitalismo que creía que los recursos naturales eran infinitos y para una minería de menor escala y efectos. Cuando esa idea se hizo norma en la Argentina del siglo XIX, ya era desechada en los Estados Unidos (acá puede leerse un desarrollo del tema). No tuvo mayor importancia durante el siglo XX porque no hubo desarrollo minero, pero a partir de la minería moderna y la normativa iniciada en los ’90, conforma un marco alarmante.
Los años ‘90 también trajeron los acuerdos suscritos por la Nación con muchos países cediendo la jurisdicción judicial al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). El Estado admitió litigar ante un tribunal arbitral constituido en el extranjero contra empresas privadas que realizan sus actividades comerciales en el territorio nacional, con leyes argentinas y muchas veces como concesionarios de servicios públicos. En “tiempos de la República” eso hubiera sido inaceptable.
Principios del siglo XXI
Luego de la crisis del 2001, Néstor Kirchner propuso una revisión de los años ‘90. Sin embargo, no hubo revisión de la política minera, prórrogas de jurisdicción, aunque sí se impuso algún tributo leve, que Mauricio Macri eliminó. No se denunciaron los acuerdos que confieren jurisdicción al CIADI, a pesar de los perjuicios que sufrió el país con esos árbitros parciales. Se decía que, en tiempos del juez Enrique Petracchi, la Corte Suprema estuvo dispuesta a analizar un planteo que repudiara esa cesión de soberanía si expresaba una política de Estado con consenso. El caso nunca se generó. Luego, CFK vetó la primera ley de protección de glaciares, pero finalmente durante su gestión se sancionó la que hoy rige y Milei quiere derogar.
¿Por qué el peronismo liderado por Kirchner no intentó desandar este camino? No tengo respuesta.
Tal vez no tuvo una visión de largo plazo. O no se sintió fuerte para confrontar con mineras, petroleras, lo que expresaba el CIADI y, probablemente, algunos gobernadores. O, influidos sus cuadros por la experiencia en Santa Cruz, no creyó en la relevancia del control nacional sobre esos recursos, como marcaba la tradición de Yrigoyen y Perón.
Algo del control nacional reaparece en la ley que nacionaliza YPF, pero antes había dado la llamada Ley Corta que transfirió la administración de los yacimientos de hidrocarburos nacionales a las provincias y, en la misma ley de expropiación parcial de YPF, las acciones se asignan a las provincias con hidrocarburos, no a todas o a la Nación, algo difícil de entender. Tampoco reparó la desigualdad en la representación de las provincias más pobladas, entre ellas Buenos Aires, en la Cámara de Diputados.
La división del poder nacional
Nos rige entonces un Código de Minería con una ideología de principios del siglo XIX que deja los recursos a merced de los privados y prohíbe que el Estado haga minería (sic). Si alguien me dijera que más allá de lo que dice el Código ningún minero de hecho va a procesar un gramo de oro sin el acuerdo con el gobernador, no lo discutiría. Pero la ley pone al Estado en indefensión en el aspecto normativo.
A eso se suma una desgravación impositiva desde 1993, profundizada radicalmente con el RIGI, con prórroga de jurisdicción por diversas vías, admitiendo el Estado ser demandado por empresas en el extranjero, por décadas. Todo ello con el Estado Nacional parcialmente afuera de las negociaciones porque, como vimos, la reforma constitucional de 1994 otorgó el dominio minero a las provincias.
La Nación puede influir legalmente sancionando un Código de Minería razonable, que establezca un régimen de concesiones (no de apropiación), permita al Estado ser minero, promueva la participación en la renta y la industrialización, como propuso el diputado (mc) Sergio Acevedo recientemente. Y estableciendo normas ambientales (las que Milei quiere derogar), reservándose la Nación la posibilidad de reglar el comercio exterior, y así aprovechar las divisas o promover la industrialización. Pero nada de eso se discute.
Hay pues una política, con ideas y ejecutores, que con tiempo y estrategia desmontaron el control nacional sobre los recursos. Lo provincializaron. Es obvio que una empresa negocia en mayor posición de fuerza con una provincia que con la Nación.
Suponer que los gobernadores o las élites provinciales serán los que controlen los recursos mineros, hidrocarburíferos y el ambiente es una expresión de deseos. Mi conclusión es que no son Milei ni los gobernadores los poderosos. Es el modelo que forjaron las empresas, y ahí Milei será solo un episodio, más o menos fugaz.
¿Hay alternativas?
Frente a este modelo que tiene estrategia, y más objetivos que plazos, ¿puede el peronismo ofrecer una alterativa o, al menos, algo que complemente el modelo minero?
En un país donde el jefe formal de la corporación industrial (la UIA) quiere ser un minero y el principal industrial aspira a ser petrolero… ¿queda alguna esperanza de que un sector de la burguesía invierta en industria y que haya trabajo para los millones de habitantes de los conurbanos bonaerenses, santafecino, cordobés, tucumano, etc.?
El primer paso es que el peronismo deje de jactarse de ser el partido del Poder, como si fuera bueno “cualquier cosa” con tal de estar en la gestión, y vuelva a pensarse como el Partido de la Producción y la Justicia Social. Saber gestionar es un mérito. Gestionar cualquier cosa, no.
El segundo paso es que vuelva a pensarse como un partido nacional y entienda que se debe a la representación de los intereses de quienes nos votan. ¿Qué modelo de país ofrecemos a los millones de habitantes del Conurbano que nos votan? Las buenas intenciones ya no alcanzan. Tampoco el creer que basta con tomar la renta de los ricos para repartirla. Por eso, insisto: el Peronismo debe volver a ser el Parido de la Producción.
La experiencia de Néstor Kirchner probó que en un marco de crecimiento y cierto control de las variables macroeconómicas (inflación, valor del dólar, etc.) es posible un liderazgo nacional con un discurso que reivindique los valores tradicionales del peronismo como partido de la Producción. Esa experiencia, por diferentes motivos, no pudo proveer al país de un plan de mediano y largo plazo. Pero probó que es posible.
Hoy el peronismo cuenta con líderes territoriales, provincias e intendencias, que muchas veces son infravalorados por quienes se proponen como conducción nacional, debilitando una estructura que necesita fortalecerse. Y falta recrear la idea general y el plan en particular que sea una verdadera alternativa.
Esta nota ya se extendió demasiado, por lo que lo más difícil –hablar de lo que habría que hacer– quedará para el futuro y la imaginación de los lectores.
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