El principal interés nacional de la Argentina es la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, cuya ocupación militar y colonial británica constituye el 25% del territorio argentino. En la actualidad, este objetivo debe ser cumplido en un mundo ofensivo. Es decir, en un orden internacional caracterizado por la erosión de las principales normas que regulan las relaciones de seguridad en el sistema internacional, proceso que se ha intensificado de forma alarmante en las últimas décadas y que se evidencia en los discursos y las acciones militares de los Estados Unidos de América.
Este fenómeno representa un problema de gran magnitud para todos los Estados de la periferia, cuya soberanía se ve comprometida ante el incumplimiento de las reglas destinadas a restringir el uso del poder militar por parte de las potencias. Esto plantea un desafío de enorme envergadura para la Argentina, ya que la ocupación militar de su Atlántico Sur se sostiene —aun cuando Londres recurre al poder blando y a la construcción de legitimidad internacional para validar su posición colonial— en la voluntad del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de dominar militarmente a la Argentina. Esta dominación se ilustra empíricamente en
- la militarización del territorio argentino ocupado en el Atlántico Sur,
- el incumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y
- el claro objetivo británico de regular la capacidad de daño argentino en dicho escenario estratégico.
Accionar unilateral de Estados Unidos bajo la administración Trump
El 3 de enero de 2026, rompiendo todas las reglas que limitan la forma en la que las naciones deben utilizar su poder militar, los Estados Unidos bombardearon Venezuela, capturaron a su presidente y lo extrajeron del país. Esta acción estadounidense, que viola arbitrariamente la integridad territorial de otra nación, es un ejemplo de cómo las normas internacionales que regulan el ejercicio de la fuerza militar se han debilitado. Esto se agrava si consideramos que este país es el que ha promovido, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la construcción de un orden internacional constitucional basado en el respeto a las normas.
Al considerar la definición de “agresión” cristalizada en la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada en 1974, es posible afirmar que la acción estadounidense es indiscutiblemente una agresión militar hacia Venezuela. Específicamente, se la considera “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas” (ONU, 1974, art. 1). Así, el artículo III tipifica a las invasiones, los bombardeos, los bloqueos, entre otros, como agresiones no permitidas por la Carta de las Naciones Unidas.
Ahora bien, lo relevante es que esta conducta puntual de la superpotencia se coloca al final de una serie de señales, discursos y acciones que, bajo la segunda presidencia de Donald Trump (2025-2028), constituyen un fuerte indicador de la crisis que está atravesando un sistema internacional normado e institucionalizado en materia de seguridad internacional.
El 22 de diciembre de 2024 Trump criticó la influencia de China y las tarifas hacia los barcos estadounidenses que pasan por el Canal de Panamá, amenazando con retomar por la fuerza el paso bioceánico. El control administrativo del canal está en manos del país latinoamericano desde 1977 y, en términos comerciales, desde 1999. El 7 de enero del 2025, el presidente electo estadounidense explicitó su interés en adquirir Groenlandia y no descartó el uso de la fuerza militar para lograrlo. Asimismo, el 9 de febrero del mismo año afirmó su interés de anexar a Canadá y que dicho país se convierta el Estado número 51 de los Estados Unidos. En esta línea, en el tercer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania (el 24 de febrero del 2025), los Estados Unidos votaron en contra de la Resolución A/ES-11/L.10 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que exigía el retiro inmediato y sin condiciones de las tropas de Rusia del territorio ocupado militarmente. Además, el 21 de junio del 2025, la superpotencia incursionó en el espacio aéreo de Irán, violando su integridad territorial y bombardeando unilateralmente Fordow, Natanz y Esfahan, tres sitios nucleares iraníes. Por último, en los años 2024 y 2025 –bajo las administraciones de Biden y Trump– ha llevado adelante operativos militares contra los hutíes en Yemen. Si bien fueron en respuesta al accionar militar del grupo armado, las operaciones estadounidenses no fueron autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El accionar militar de la superpotencia ilustra sus pretensiones revisionistas, al menos en lo que respecta a las normas que restringen el uso del poder militar. Como fue mencionado, esto es significativo en la medida que esta nación ha sido la principal constructora de las normas e instituciones internacionales de las dos últimas posguerras. De hecho, el cambio del nombre de la agencia encargada de llevar adelante las políticas asociadas al uso de las Fuerzas Armadas resume a la perfección este nuevo perfil de los Estados Unidos en materia de seguridad internacional. Esto es, la modificación del nombre del “Departamento de Defensa”, que pasó a ser “Departamento de Guerra” a partir del 5 de septiembre del 2025.
Esta conducta militar de los Estados Unidos se desarrolla en un escenario de revisión de sus objetivos, posicionamiento y despliegue estratégico. Como explican tanto Luciano Anzelini como Gabriel Merino, la National Security Strategy estadounidense publicada en noviembre del 2025 evidencia la centralidad militar del Hemisferio Occidental. Asimismo, el Corolario Trump de la Doctrina Monroe presente en el documento resalta la pretensión estadounidense de lograr la preeminencia militar, el dominio y la ausencia de competidores estratégicos en América. Esta postura estratégica se vio ratificada empíricamente con la unificación de sus comandos militares asignados al continente americano, fusionando el U.S. Northern Command con el U.S. Southern Command para crear el U.S. Army Western Command. Así entonces, los Estados Unidos se encuentran en un proceso de reorganización y redireccionamiento de sus recursos militares para reservarse el derecho de actuar unilateral, punitiva y coercitivamente en el hemisferio y frente a naciones menos poderosas.
Accionar unilateral de las potencias y militarización del mundo
En este punto, los Estados Unidos se colocan como una superpotencia cuyo comportamiento es similar al de Rusia y Gran Bretaña. Es decir, como naciones que instrumentan su poder militar evadiendo las normas internacionales para hacer prevalecer sus intereses, voluntad y preferencias. Bajo esta óptica política y más allá de las características de las operaciones militares, no hay nada fundamentalmente distinto entre el comportamiento de los Estados Unidos en Venezuela (2026), Irak (2003-2011) e Irán (2025) y las conductas de Rusia en Ucrania (2014/2022-actualidad) y Georgia (2008). Lo mismo puede mencionarse del accionar militar del Reino Unido en el Atlántico Sur, en donde la potencia colonial instrumenta su poder material y su influencia diplomática para mantener 25% del territorio argentino bajo ocupación militar. En todos estos casos, que solo son ejemplos de muchos, los intereses nacionales y la capacidad material de las potencias de llevarlos adelante prevalecen por sobre las normas que restringen el uso del poder militar en el sistema internacional.
En este escenario, según los datos del Stockholm International Peace Research Institute, desde 2014 las naciones más poderosas del mundo vienen aumentando la cantidad de recursos públicos destinados a aumentar su capacidad militar. En sintonía con el nivel de inversión, el documento Military Balance del International Institute for Strategic Studies (2024) indica que estos países son los que mayor poder militar concentran, si se consideran su cantidad de sistemas de armas, modernidad, letalidad, integración y capacidad de reaprovisionamiento. Asimismo, la resiliencia de estos países en materia militar radica en que tienen un control sobre los ecosistemas asociados a la producción para la defensa. Es decir, son naciones que invierten en investigación y desarrollo, tienen empresas que producen sistemas de armas complejos y que actúan como proveedores de sus aliados. Según Liang et al (2023), las 10 principales compañías dedicadas a la producción armamentista en 2023 fueron estadounidenses, rusas, chinas y británicas.
Un mundo en el que la fuerza militar prevalece sobre las reglas y en el que quienes ocupan posiciones privilegiadas dentro de la asimetría del poder militar destinan cada vez más recursos a fortalecer sus capacidades materiales, es decididamente un mundo más ofensivo. Sin embargo, a diferencia de otros momentos históricos en donde la inestabilidad se caracterizaba por el conflicto militar entre potencias, el resquebrajamiento del orden internacional basado en reglas se distingue por el retorno a un escenario de esferas de influencia. Este nuevo ordenamiento internacional se destaca por el reconocimiento mutuo de cada una de las potencias del derecho que tiene ella misma, y sus pares, de intervenir militarmente para garantizar su visión de estabilidad, seguridad y orden en su perímetro geopolítico de interés. Es por eso que Trump, Putin y Xi Jinping se respetan. Todos reconocen en el otro cualidades de liderazgo y derechos de intervención militar fundamentados en el poder material de sus Estados y en su voluntad personal y capacidad nacional para ejercerlo.
La dinámica de la política internacional actual y futura se comprende a partir de la caída del orden internacional basado en reglas y el ascenso de un ordenamiento internacional definido por la vigencia de las esferas de influencia. En este mundo ofensivo, retomando a Tucídides, “los poderosos hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que deben”. Es por ello que los menos poderosos, especialmente aquellos que se encuentran dentro del perímetro geopolítico de interés de una potencia, deben considerar seriamente lo dicho por el profesor Jorge Battaglino en 2022. A saber: “el hecho de que las potencias mantengan la costumbre de utilizar su poder militar de manera unilateral contra estados más débiles nos recuerda la importancia de contar con un eficaz dispositivo disuasorio de defensa”.
Intereses argentinos en el Atlántico Sur
La Argentina tiene un interés nacional claro y prioritario en este y en cualquier orden internacional:
- la recuperación de las Islas del Atlántico Sur. Además, el país debe
- garantizar la defensa del territorio continental que ya controla y
- asegurar la estabilidad del Sector Antártico Argentino, que está regulado por el Sistema del Tratado Antártico.
Estos tres objetivos están sensiblemente atravesados por la ocupación militar del Reino Unido del Atlántico Sur, cuyos intereses coloniales la colocan en una disputa territorial con la Argentina. Dicha disputa está caracterizada, como destaca Mariana Altieri, por el atrincheramiento del conflicto dada su perdurabilidad en el tiempo, entre otros factores.
Más aún, como indican Sergio Eissa y Araceli Díaz en el libro “El tablero estratégico del Atlántico Sur (2008-2022): una mirada argentina”, la presencia militar británica es validada tácitamente por los Estados Unidos, que confía en Gran Bretaña y le delega el mantenimiento del acceso, la estabilidad, el despliegue y el control del Atlántico Sur. En un mundo ofensivo en donde las normas son cada vez menos útiles para lograr los objetivos de política internacional, la diplomacia, la paz y el entendimiento duradero se construyen entre actores que tienen capacidad de imponer costos materiales y simbólicos a cualquiera que los rompe. Es a partir de esta reflexión que la Argentina debe preguntarse cómo recuperar las Islas Malvinas.
En principio, la Argentina tiene que superar el trauma nacional que significó la derrota en la Guerra del Atlántico Sur, que ha limitado la capacidad colectiva de pensar cómo el sistema de defensa nacional contribuye
- a garantizar nuestra supervivencia como comunidad política y
- a proteger nuestros intereses nacionales en un mundo cada vez más ofensivo.
Luego, debemos diseñar e implementar estrategias que le den incentivos materiales al Reino Unido a sentarse en la mesa de negociación por nuestras Islas Malvinas para cumplir pacíficamente con la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas.
En tal sentido, resulta clave diseñar e implementar una política de defensa revisionista que, con mayor capacidad de daño, le eleve los costos a Gran Bretaña en el mantenimiento de su ocupación militar en el Atlántico Sur. En términos diplomáticos, esto implica que los costos de no negociar diplomáticamente superen los beneficios de sostener esta postura contraria a las resoluciones de Naciones Unidas. En efecto, implementar una defensa revisionista no busca gastar recursos públicos en la dimensión militar para ir a la guerra. Por el contrario, consiste en invertir en medios para cumplir con el derecho internacional pacíficamente, recuperar lo que es nuestro y garantizar la estabilidad en el Atlántico Sur.
En un mundo de esferas de influencia, la disputa territorial con el Reino Unido no puede implicar un mal vínculo con la superpotencia militar que dirime la seguridad en el hemisferio y que va a estar presente –formal o informalmente– en cualquier mesa de negociación que implique una redistribución territorial en América. Ser percibidos como una nación que promueve la inestabilidad en el Atlántico Sur es contraproducente a los intereses nacionales, ya que atentaría contra la estrategia revisionista de aumentarle los costos a Gran Bretaña, al colocar al Estado militarmente más poderoso en contra nuestro y decididamente a favor de la potencia colonial.
Por razones históricas, culturales y estratégicas, los Estados Unidos nunca nos van a apoyar militarmente en nuestro reclamo frente al Reino Unido. Por ello, a lo máximo que la Argentina puede aspirar es a que mantengan su posición formalmente neutral en la disputa territorial. Asimismo, hay que tener en consideración que el Reino Unido es el único que paga los costos de tener bases militares y capacidad de despliegue en el Atlántico Sur. Si bien esta nación mantiene, al ser parte, vínculos militares férreos con los países de la OTAN, esta alianza no opera por debajo del Trópico de Cáncer.
Un alineamiento incondicional con los Estados Unidos no nos va a devolver nuestras islas y una postura militar en contra de ella fortalecería aún más la posición material británica. La Argentina debe hacer su trabajo y confrontar con los británicos, al mismo tiempo que debe mantener una posición de distancia, pero confianza, con la superpotencia. Por ello, la clave para promover los intereses nacionales argentinos en un mundo ofensivo va a estar en la sofisticación de la relación entre la política de defensa y la política exterior en el mediano-largo plazo. Una política de defensa revisionista que le eleve los costos al Reino Unido y una política exterior que instrumente recursos discursivos, colectivos, simbólicos y poder blando para mostrar, a nivel hemisférico, que la Argentina es la que promueve la estabilidad y la paz en el Atlántico Sur.
Ezequiel Magnani es profesor de Relaciones Internacionales (UNSAM-UTDT-UA). Miembro de Fundación Meridiano. "Esta línea de investigación es financiada por el CONICET, organismo fundamental para incentivar, con recursos públicos, investigaciones y perspectivas que promuevan los intereses de la Argentina".
Esta nota retoma ideas vertidas en el artículo “Argentina y las Islas del Atlántico Sur. La defensa nacional de un país ocupado militarmente”.
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