Durante 2025, El Cohete continuó un seguimiento de años a la situación del continente, con atención al principal objetivo del matón internacional que considera a la región como parte de su casa.
La incursión para secuestrar a un jefe de Estado fue jalonada por episodios y contradicciones reseñados aquí por varias firmas, aunque la más recurrente fue la de Ariela Ruiz Caro, asesora de la Presidencia de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, en Montevideo; investigadora del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES), consultora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas (CEPAL), en Santiago de Chile, y agregada económica a la Embajada del Perú en la Argentina (desde 2010); quien publica su columna El mundo en Foco, en Feminismo y Democracia MIRA, de Americas.org.
Ya desde el 12 de enero, Ruiz Caro preveía aquí que las sanciones económicas eran ineficaces para cambiar de régimen, ya que las presiones empujaban a los bolivarianos hacia los BRICS. Adelantaba: “Es probable que Venezuela siga siendo víctima de la abundancia de sus recursos naturales (…) Los intentos de desestabilización serán crecientes y se responderá cercenando libertades. Es difícil una democracia de buenos modales en un país acosado”.
La autora exponía a los actores de la desestabilización en su contradictoria defensa demócrata: María Corina Machado como golpista contra Hugo Chávez en 2002, mientras que Donald Trump “de no haber sido electo Presidente, hubiera sido condenado”, tras la acusación de intentar revertir la elección ante Joe Biden y por alentar la violencia, cuando sus partidarios asaltaron el Capitolio e hirieron a 140 policías.
“Los problemas deben ser resueltos por los venezolanos. El acoso permanente a ese país acentúa prácticas antidemocráticas; las sanciones económicas acentúan la migración”, resumía la autora siete meses antes de que la potencia mundial les estacionara tres buques con 4.500 marines.
En agosto, cuando la portavoz de la Casa Blanca señaló que “Maduro no es un Presidente legítimo; líder de un cártel narcoterrorista, debemos traerlo”, se consignó aquí que tal injerencia se sumaba a otras sobre Canadá, Panamá, Colombia, México, Brasil y demás.
Ruiz Caro advirtió como “inadmisible que países latinoamericanos respalden con silencio estrategias que involucren la intervención militar de Estados Unidos bajo acusaciones que nos acerquen a una guerra”.
Al mes siguiente, Jorge Molinero, sociólogo y licenciado en Economía Política, analizó el cerco. El habitual columnista de El Cohete, señaló aquí que el objetivo estadounidense “no era hacer creíble el intento de contrabando de drogas del lanchón o la existencia del Cártel de los Soles, sino marcar que se encuentran por arriba de cualquier ley internacional. No más orden basado en esas almibaradas declaraciones que nos acompañaron desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es el retorno a la política del garrote, como advertencia disciplinante para todos los países del Hemisferio Occidental”.
Con la misma línea coincidiría Héctor Luis Saint-Pierre, profesor de Seguridad Internacional del posgrado en Relaciones Internacionales de la Universidad Estadual Paulista, además de líder del Grupo de Estudios de Defensa y Seguridad Internacional, quien también señalaba la ausencia de evidencia sobre un cártel de la droga liderado por Maduro, “un asunto judicial que de ninguna manera justificaría una operación militar”.
El profesor Molinero expuso una contradicción más entre la exigencia por parte de los Estados Unidos de las actas electorales venezolanas, y el reconocimiento a Juan Guaidó, autoproclamado presidente que no participó de ninguna votación.
Porque, como ya sabe quien quiera saber, el interés es el petróleo del país americano que posee más que Arabia Saudita (17,5% vs 17,2% de las reservas mundiales). La caída de su producción al 0,9% de la mundial como resultado del prolongado bloqueo explica la debacle con la que el imperio especulaba que la población que no había desertado, se sublevara.
Al no producirse un alzamiento –previó Molinero– Estados Unidos “puede implicarse en una invasión, si en otros continentes no encuentra salidas beneficiosas”.
La crítica más destacable que El Cohete halló en su orbitar fue la alguien del mismo palo, Jacob G. Hornberger , presidente de la Fundación Futuro de la Libertad, que promueve la libertad individual, de mercado y la propiedad privada. Comparó: Antes de Trump, la política contra las drogas se ajustaba a la jurisprudencia. Si la Guardia Costera sospecha que una embarcación transporta drogas, la detiene, aborda y registra. Si las encuentran, los de la embarcación son trasladados a Estados Unidos, acusados y juzgados en un Tribunal. Se preguntaba retórico: “¿Qué hacen esos mortíferos buques de guerra en aguas venezolanas? ¿Impulsando la guerra contra las drogas? No me hagan reír”.
Tras citar a James Madison acerca de las guerras del imperio romano como distracción para apaciguar las rebeliones populares, advertía –en julio– “no se sorprendan si Trump hace lo mismo para reprimir la rebelión relacionada con el continuo secretismo de los archivos de Jeffrey Epstein”.
Así fue.
Y previó “el poder omnipotente para matar a sospechosos de la guerra contra las drogas en aguas internacionales bajo el pretexto de la ‘guerra contra el terrorismo’ puede contribuir a la destrucción de lo poco que queda de libertad estadounidense”.
Otro columnista, el ingeniero Mario de Casas, ex director del ENRE, adelantó en octubre aquí que era “inexistente el Cártel de los Soles”, cuya jefatura achacarían a Maduro.
La oportunidad permitió confrontar otra contradicción: la protección al narcotráfico:
- Irán-Contras: la administración Ronald Reagan vendía armas con sobreprecios en Irán para financiar con los excedentes a los Contras, paramilitares contrainsurgentes –algunos participantes del tráfico de cocaína, según el informe Kerry de 1989– que, bajo conducción yanqui, combatían a la Revolución Sandinista.
- No está bajo ataque estadounidense el gobierno de Daniel Novoa en Ecuador: Su empresa Novoa Trading Co. está involucrada en el tráfico de cocaína.
- EE.UU. denostó el fallo a doce años de prisión para el ex Presidente (2002-2010) Alvaro Uribe, acusado de vínculos con el narcotráfico, según documentos desclasificados del Departamento de Estado.
- “A Trump tampoco le preocupó que el candidato estrella de la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, tuviera vínculos con Fred Machado, con pedido de extradición a Estados Unidos por causas de narcotráfico, fraude y lavado, para respaldar a Milei”, consignó Ariela aquí.
- Hacia noviembre, Trump dio un indulto “total y completo” para Juan Orlando Hernández, quien presidiera Honduras entre 2014 y 2022 cuando fue extraditado, acusado de crear un “narcoestado” y conspirar para distribuir más de 400 toneladas de cocaína por lo que, hacia 2024, fue condenado en un jurado de Nueva York a 45 años de cárcel. En 2017, a pesar de la prohibición constitucional de la reelección, había forzado un segundo mandato que generó acusaciones generalizadas de fraude, con manifestaciones en las que debió sacar al Ejército, que se sumó a la violencia en la que murieron cerca de veinte personas, según recordó Ruiz Caro.
En las elecciones de noviembre, Trump respaldó al candidato del narco: “Felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”; “Voten por Tito Asfura para presidente”, posteó. Nasry Asfura –quien en 2021 apareció en la filtración de los Papeles de Pandora– se proclamó ganador entre denuncias de fraude, al punto que la Fiscalía investiga si hubo un hackeo en el resultado de menos del uno por ciento.
Las injerencias de Trump siguieron.
Para sumar a República Dominicana, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se reunió con el Presidente Luis Abinader, quien cosechó el reproche de una treintena de organizaciones políticas y sociales que le recordaron que no son una colonia.
En Trinidad y Tobago, jefe del Estado Mayor Conjunto yanqui, Dan Caine, se reunió con la Primera Ministra para acordar cooperación contra el narcotráfico. “La ingenua funcionaria dijo, después, que no permitiría que su país se utilizara como base militar para agredir a Venezuela”, antes de que Maduro le cortara los suministros de gas y petróleo, anotó Ruiz Caro.
Cuando Gustavo Petro era el único mandatario regional en condenar los asesinatos extrajudiciales de los 85 pasajeros de las 22 lanchas bombardeadas por Estados Unidos (lo que provocó la renuncia del jefe del Comando Sur, discrepante con su legalidad), Trump acusó al Presidente de ser “un líder del narcotráfico” y anunció que podría invadir Colombia.
Estados Unidos intervino en los fallos judiciales de Brasil al imponerle hasta 50% de aranceles al país tras el juicio contra Jair Bolsonaro, por intentar un golpe en 2022.
El corolario Trump a la doctrina Monroe siguió con la imposición del cierre al espacio aéreo venezolano y la celebración del último Premio Nobel. O “de la guerra”, según Ruiz Caro opinó aquí: “Es inadmisible que el Nobel de la Paz se haya otorgado a Corina Machado, que respalda invasiones militares y fomenta la asfixia económica, con el consiguiente sufrimiento de su población. El premio tendría que cambiar de nombre”, consideró tras recordar que aquella estuvo implicada en la entrega a manos extranjeras de activos como CITGO y Monómeros, filiales de la petrolera estatal PdVSA y el bloqueo de 31 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra.
En otra columna aquí se evidenció la comparación entre las mismas palabras en los discursos de Trump y Machado, cuya premiación motivó que Julian Assange (WikiLeaks) denunciara a 30 personas vinculadas con la Fundación Nobel.
Cinco semanas antes del ataque, en el Mercosur, Lula adelantó que una intervención en Venezuela se convertiría en una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo. Y que “más de cuatro décadas después de la guerra de las Malvinas, el continente suramericano vuelve a verse amenazado por la presencia militar de una potencia extra-regional… testeando los límites del derecho internacional”.
A los pronunciamientos para que la potencia no se animara a invadir, parte de su comunidad buscaba advertir el costo político y la indefendible moral del ataque.
Trump adelantó que el país bolivariano “está rodeado por la mayor armada jamás reunida en la historia de América del Sur y la conmoción será como nada que hayan visto, hasta que devuelvan a los Estados Unidos el petróleo, las tierras y demás activos que nos robaron”.
Desde esta página, Horacio Verbitsky había detectado un “mal augurio” en el nombre del sofisticado portaaviones Gerald Ford, el único Presidente que llegó sin someterse al voto popular; “a órdenes del Comando Sur, su misión era deponer, arrestar o asesinar al Presidente de Venezuela”.
Siete semanas después, lo hicieron no más.
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