Imaginá que mañana suena el despertador y te levantás para ir al trabajo. Ves el celular o prendés la televisión, y la democracia simplemente ha dejado de existir. No hubo un golpe de Estado televisado ni tanques en la plaza; fue más bien un trámite burocrático. Un decreto firmado entre sombras que disuelve las instituciones de control, el Congreso y la Justicia, dejando solo al Presidente que responde a los intereses de los grandes empresarios del mundo.
Una década atrás, habría parecido una locura; hoy en día, en un clima global de apatía, poca transparencia y desigualdad, ¿es realmente tan lejano? El informe de Oxfam 2026, Contra el imperio de los más ricos, nos advierte que no estamos ante un peligro futuro, sino ante una realidad instalada: gran parte de la población global ya dejó de vivir en democracia. Asistimos a un giro preocupante en la rueda de la historia: luego de siglos de revoluciones liberales para salir de las monarquías, autoritarismos, oligarquías, hoy recorremos el camino inverso hacia un nuevo orden mundial, donde la democracia tiende a desaparecer.
Un fantasma recorre Davos: el fantasma del colapso de la democracia liberal. Una nueva configuración global se palpa estos días en las montañas suizas. Mientras el Foro de Davos transcurre como símbolo de esta nueva era, queda claro que el verdadero poder geopolítico de Occidente se ha mudado de los parlamentos a este cónclave de ultra ricos que opera lejos del escrutinio público. Davos ya no es un centro de lobby; es el directorio de una nueva oligarquía que ha decidido constituirse en el principal foro geopolítico, desplazando a las instituciones democráticas tradicionales por una toma de decisiones hermética. En este escenario, los Estados nacionales se reducen o son capturados por figuras que encarnan la fusión definitiva entre capital y política.
El regreso un año atrás de Donald Trump a la Casa Blanca es el emblema de esta era de oscuridad institucional: un milmillonario que gestiona el planeta como una cartera de activos, poniendo su mirada extractiva en Groenlandia o interviniendo en Venezuela no por la “libertad”, sino por el control directo de recursos estratégicos. Es el poder del capital operando sin las molestias de la rendición de cuentas, donde la soberanía es solo una variable en una hoja de cálculo.
En este tablero, el alineamiento ciego de la Argentina con los intereses de Estados Unidos no es una búsqueda de integración, sino una entrega voluntaria al papel de satélite en el nuevo sistema global. La idea de que el Estado debe desaparecer —o reducirse a su mínima expresión de represión— es el desmantelamiento de la única herramienta que la ciudadanía tiene para limitar el poder de los señores feudales modernos. En la actualidad, nuestro país se ha convertido en un laboratorio de desregulación agresiva donde se ensaya cuánto maltrato puede soportar una sociedad mientras sus derechos se evaporan. Cuando los beneficios laborales se borran por decreto, la justicia se vuelve una ilusión y la idea de progreso desaparece para las mayorías, estamos regresando al mundo pre-capitalista donde la ley era simplemente el deseo del dueño de la tierra. En ese sentido, un claro ejemplo mundial es el acceso a la vivienda. Dejó de ser un derecho para transformarse en un activo financiero de unos pocos propietarios. La concentración de la propiedad en manos de una élite financiera empuja a las mayorías a un régimen de inquilinato perpetuo, con precios cada vez más altos, donde la transferencia de riquezas contribuye al aumento de la desigualdad económica. Mientras tanto, el informe de Oxfam es demoledor: un milmillonario tiene hoy 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que una persona común. No es una democracia, es una subasta para unos pocos.
Esta regresión resulta especialmente dolorosa en un momento donde se cumplen 50 años del golpe de Estado en la Argentina, una fecha que marcó a fuego el violento intento para desmantelar la organización política, en aquel país que aún conservaba movilidad social y justicia social. El 24 de marzo de 1976 no sólo inició un proceso militar genocida que persiguió políticamente; fue un intento de instaurar un sistema económico y financiero mediante el terror, rompiendo la columna vertebral del sistema productivo e industrial nacional. A medio siglo de aquel quiebre, la paradoja es amarga: mientras resaltamos el Nunca Más, sigue la persecución política con el encarcelamiento de Cristina, y del otro lado el poder se concentra en corporaciones que operan con el mismo desprecio por la voluntad popular. El imperio de los milmillonarios que hoy controla el poder encontró en aquel golpe su primer laboratorio local; la diferencia hoy es que ya no necesitan botas en la calle, sino el adoctrinamiento de los algoritmos y la impunidad que les da el sistema.
La nueva élite posee herramientas de control que los dictadores del pasado ni siquiera podían soñar: el control de la Inteligencia Artificial, de las redes sociales y de la infraestructura digital está hoy en manos de un círculo más reducido que cualquier aristocracia medieval. Apenas tres empresas controlan casi el 90% del mercado de la IA, y un puñado de individuos domina el flujo de información en las redes sociales. Si la discusión pública está mediada por algoritmos opacos diseñados para multiplicar la riqueza de sus dueños, el debate democrático se vuelve una ficción dirigida desde las sombras de Silicon Valley.
La pregunta urgente no es si la democracia puede colapsar, sino qué tanto terreno nos queda para recuperar lo que nos pertenece antes de que la oscuridad sea total. La evidencia de Oxfam es contundente: los países con mayor desigualdad tienen siete veces más probabilidades de sufrir un retroceso democrático. La democracia se asfixia allí donde la acumulación de capital no tiene límites. La concentración extrema de la riqueza es la guillotina moderna de la libertad política. Aquellos ideales franceses de 1789 —Liberté, Égalité, Fraternité— que alguna vez decapitaron el derecho divino de los reyes para fundar la soberanía del ciudadano, están hoy bajo asedio. Si la Revolución Francesa sirvió para arrebatarle el destino a una élite monárquica y entregárselo a las mayorías, la acumulación obscena de hoy opera como el proceso inverso: una restauración aristocrática donde el “derecho divino” ha sido reemplazado por el “despotismo digital”. Cuando el poder se privatiza y se vuelve impenetrable, el contrato social se rompe y la soberanía popular deja de ser un mandato sagrado para transformarse en un decorado frente al avance de una nueva nobleza financiera que no rinde cuentas a nadie.
Sin embargo, la Argentina guarda en su ADN la fórmula de la resistencia. Así como hoy funcionamos como banco de pruebas del desguace, también supimos décadas atrás romper el monopolio de la vieja oligarquía para instalar una idea que hoy suena a insurrección: la Justicia Social. Fue el motor de la movilidad social ascendente, esa escalera que permitía que el hijo de un obrero fuera universitario y que el progreso no fuera un privilegio de cuna, sino un horizonte compartido. Fue el peronismo el que a través de los derechos formó millones de ciudadanos, demostrando que el progreso no es un mecanismo del mercado, sino una decisión política de Estado. Justicia Social no es solo una consigna; es la convicción de que sin una base de igualdad económica, la libertad política es una cáscara vacía. Si no somos capaces de democratizar la economía y de poner límites a las topadoras de los más ricos, el despertar en un mundo sin instituciones no será una sorpresa, sino el final inevitable del proceso que Davos celebra cada año: el momento en que nos convencieron de que el Estado era el enemigo para quedarse ellos con las llaves de nuestra realidad, gestionada por una oligarquía que ya no le responde a ningún pueblo.
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