La recurrente inflación narrativa del gobierno argentino tuvo una nueva manifestación el tercer viernes de enero, con el intento de plegarse al discurso con que Donald Trump remeda la carrera espacial de mediados del siglo pasado.
La cuenta oficial “Oficina del Presidente” trató de prender en las solapas de Javier Milei medallas de dimensión selenita. El principal problema es que no se corresponden con los méritos reales en la admisión de un microsatélite argentino en un viaje espacial de la NASA con rumbo lunar.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 16, 2026
El logro es atribuible a profesionales que no se formaron ni financiaron durante un anarcocapitalismo que se complace en destruir el Estado desde dentro. El proyecto tampoco surgió bajo este gobierno, que produjo sangrías de hasta un 20% en los planteles de los entes públicos vinculados a la investigación espacial.
Mientras celebra el cielo, el oficialismo ignora el suelo: está dejando morir el lanzador propio de satélites que debía emplazarse en la base naval de Puerto Belgrano, en Punta Alta. La paralización convierte en estéril la inversión volcada hasta el cambio de gobierno. A partir de 2030, la fecha en que debía estar plenamente activo, comenzarán a acumularse pérdidas veladas, pero medidas en millones de dólares. Por ejemplo, el país seguirá gastando recursos cada vez que deba enviar un satélite al cielo, excepto que logre un vínculo como el que Daniel Filmus acordó con la NASA en 2023. Como refrescó el entonces ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, allí nació la colaboración que dos años después permitió el festejo de otro gobierno. Filmus exhumó recortes digitales de prensa para ilustrarlo.
Felicitamos a investigadores de CONAE y las universidades de La Plata y San Martín que, a pesar del feroz ajuste de Milei (-40%), diseñaron el satélite que formará parte de Artemis. El acuerdo con la NASA, la participación y el satélite son de 2023. Milei miente, como siempre 👇🏼 pic.twitter.com/3vIzbX2PsQ
— Daniel Filmus (@FilmusDaniel) January 17, 2026
Mientras tanto, permanece indefinida la actualización de un Plan Nacional de actividad aeroespacial. El oficialismo pretende reemplazarlo por nuevas Bases. Su reciente presentación y la publicidad mediática sugieren que se abriría al interés privado el desarrollo financiado por generaciones de argentinos y argentinas.
Novedades viejas
La incorporación del país al proyecto Artemis II era conocida desde que en julio de 2023 fue anunciada por Filmus y el ex astronauta Bill Nelson, administrador de la NASA hasta el retorno de Trump a la Casa Blanca. La propia agencia espacial informó la rúbrica el 27 de ese mes, aunque el oficialismo argentino actual elige desconocer su publicación. A fines del mismo año, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) postularon al microsatélite ATENEA para integrar la misión que lo pondrá en órbita. Lo único que se produjo durante el bienio anarcocapitalista fue la serie final de validaciones técnicas y burocráticas. El gobierno demoró más de un semestre en celebrarlo, lo que conduce a la sospecha de que no ignora que se trataba de pasos ineludibles y ya previstos.
Las palabras que Nelson dijo a la prensa local en el invierno de 2023 revelan que el retorno norteamericano a la Luna y la intención de llevar seres humanos a Marte tampoco surgen de las declamaciones galácticas de Trump, en plena disputa de hegemonía planetaria con China.
El trabajo previo de la Universidad de La Plata sobre el satélite USAT-1 corroboró sus condiciones para asumir un desafío de mayor envergadura. En particular, cuando el antecedente fue hijo de la necesidad: la UNLP asumió en soledad el desarrollo del USAT-1 cuando Mauricio Macri decidió no prorrogar el vínculo de cooperación con la CONAE, que finalizó el último día de 2015. Con el Frente de Todos en el Ejecutivo nacional, el Ministerio financió un 25% del lanzamiento del USAT-1.
En junio, la UNLP informó del avance de los trabajos paralelos de sus profesionales en ese satélite y el ATENEA. Según lo acordado, la CONAE deberá reintegrar a la institución platense la inversión volcada en el microsatélite que comparte nombre con la diosa griega de la sabiduría y la justicia. En septiembre, la UNLP comunicó que había concluido la integración de sus componentes.
Luna menguante
Algunos componentes debieron ser importados para asegurar la validación de la NASA, que requiere estándares compatibles con un vuelo tripulado, como será el que deje al aparato argentino en órbita. El posteo presidencial reconoció que la aceptación “demuestra el alto nivel de las capacidades técnicas y operativas de la República Argentina”.
Sin embargo, el gobierno no asigna a las áreas que lo posibilitaron un trato acorde a esa valoración. Como el conjunto del sistema académico, el grupo que participa del proyecto perdió un tercio de sus ingresos desde diciembre de 2023, y el gobierno impide toda recuperación al desobedecer la Ley de Financiamiento Universitario aprobada dos veces por el Congreso. Además, los relevamientos oficiales del INDEC indican que
- en la CONAE, las declinantes condiciones laborales provocaron ya una pérdida del 14% de su plantel respecto del que finalizó 2023;
- la sangría trepó al 20% en VENG, una sociedad anónima de desarrollo de vehículos espaciales, con casi la totalidad de su composición accionaria estatal;
- la empresa de soluciones satelitales ARSAT, otra SA de capitales públicos, perdió al 15% de su planta en el mismo periodo;
- la de la Comisión Nacional de Energía Atómica se contrajo un 8%, aunque otro 12% pasó a trabajar fuera de convenio colectivo; y
- la del principal organismo científico del país, el CONICET, cayó también un 8%.
En materia de inversión, el gobierno proyectó para 2026 un presupuesto que impactaría en una caída de 46% real en la función de Ciencia y Tecnología de la Administración Pública Nacional, comparada con el último año de mandato de Alberto Fernández. En términos históricos, la inversión en ese campo naufraga por debajo de los valores que exhibía en el crítico 2002.
En dos años de anarcocapitalismo, la CONAE perdió un tercio del presupuesto con que contaba en 2023. Desde 2015, el retroceso describe un vaivén a la baja, frecuente en las variables económicas y de asignación de recursos: recorte en el periodo macrista, tenue recuperación con el Frente de Todos y nuevo desplome con Milei. El grupo EPC, que releva las políticas del ámbito científico, lo plasmó al analizar el proyecto de Ley de Presupuesto para 2026.
Pese a esos declives, que se verifican en todos los organismos con competencia aeroespacial, el comunicado de la Oficina del Presidente se jactó de priorizar su financiamiento por sobre “gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas”.
Esa línea motivó al Consejo de Decanas y Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas a objetar el menosprecio de conocimientos que podrían contribuir a respuestas integrales a desafíos científicos. El ataque, concluyeron, obedece a que “aportamos enfoques críticos y propositivos para la transformación social a través del estudio de las políticas públicas”, lo que supone “un análisis riguroso de la marcha del actual gobierno”.
Bases y condiciones
Otra postal de la desinversión en materia espacial la ofrece el destino del proyecto de emplazamiento de una plataforma argentina de lanzamiento de satélites. Iba a estar ubicada en la base naval de la Armada en Puerto Belgrano, en la localidad bonaerense de Punta Alta, pero las obras permanecen interrumpidas desde el inicio del ciclo anarcocapitalista.
Como informó entonces El Cohete, fue anunciada a fines de 2022, como parte de la recuperación del proyecto Tronador II. Su concreción colocaría a la Argentina dentro de un grupo minoritario de países con tal disponibilidad. Preveía alcanzar operatividad en 2030, en sintonía con el Plan Nacional en elaboración. Para esa fecha, el Estado podría
- ahorrar alrededor de doce millones de dólares por cada lanzamiento de satélites desde plataformas ubicadas en el exterior;
- validar equipos en vuelo, lo que implicaría nuevos ahorros; y
- ofrecer servicios a terceros, como de hecho ya hacía la CONAE: la compañía Space X, de Elon Musk, venía utilizando la capacidad de seguimiento local de sus satélites.
El ejemplo del magnate sudafricano desvela además que incluso la inversión del privado más ostentoso requiere, en Estados Unidos o la Argentina, del desarrollo previo asegurado por el sector público.
Cuando 2030 llegue, con toda probabilidad sin plataforma operativa de lanzamiento en el país, las oportunidades perdidas no se computarán en las planillas desde las que el actual equipo económico celebra dudosos superávits. Tampoco se inscribirá allí la inversión que la parálisis decidida desperdició.
Para la base naval siempre pueden existir otros planes. Además de lo apetecible de esas 18.000 hectáreas cercanas a una zona portuaria comercial y a las playas del sur provincial, en septiembre último el Presidente autorizó el ingreso de tropas norteamericanas para los ensayos de combate o asistencia del ejercicio “Tridente”. En su afán de mejorar la “reputación como socio” y exhibir “compromiso con la estabilidad regional y la seguridad internacional”, Milei omitió consultar la decisión con el Congreso, como expresamente ordena la Constitución.
En materia estrictamente aeroespacial, su gobierno pausó la actualización del Plan Nacional y procurará trocarlo por las “Bases para el desarrollo espacial argentino”. Publicitadas por Infobae, las nuevas “Bases” también valoran el desarrollo alcanzado, las oportunidades que abre y la necesidad de una plataforma de lanzamiento como la que el propio gobierno abandonó. La única novedad concreta parece ser la insistente invitación a capitales privados, sin clarificar modos y mecanismos por los que podría canalizarse la cooperación que generosamente aportarían.
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