Paolo Rocca ya venía quisquilloso. No era un malestar súbito ni un enojo caprichoso. Era una irritación sostenida, acumulada, que se había expresado tanto en charlas públicas como en mensajes cifrados. La apertura importadora que impulsaba el gobierno de Javier Milei empezaba a tocar intereses que durante décadas habían estado protegidos. Rocca lo dijo sin decirlo: competir en serio no era parte del contrato original. Y el fastidio se volvió protesta.
Ese clima es el que explica lo que vino después. La licitación de los caños para el gasoducto dedicado de Vaca Muerta a Río Negro no cayó en un vacío. Fue el punto de choque entre una lógica empresaria acostumbrada a disciplinar gobiernos y un esquema de poder que ya no se define en Buenos Aires. La derrota de Techint no solo fue técnica. Fue política. Y el límite no lo puso Milei. Lo puso un poder mayor, externo, que hoy ordena la economía argentina.
La licitación fue organizada por Southern Energy, el consorcio que impulsa el único proyecto concreto de exportación de gas natural licuado del país. Está integrado por Pan American Energy de la familia Bulgheroni con el 30%, YPF con el 25%, y Pampa Energía de Marcelo Mindlin con el 20%, además de la estadounidense Harbour Energy y la noruega Golar LNG.
El proyecto contempla dos etapas. Una inicial, corta, de 27 kilómetros, para conectar el primer barco de licuefacción con el gasoducto San Martín. Y una segunda, decisiva, de 480 kilómetros, el llamado “caño largo”, que unirá Vaca Muerta con el puerto rionegrino de San Antonio Oeste cuando llegue el segundo buque, previsto para 2028.
Antes incluso de licitar ese tramo largo, Southern Energy ya había avanzado. El mes previo a la licitación arribaron a Río Negro unas 5.000 toneladas de caños de acero chino revestidos de concreto. Se destinaron a los tramos cortos del proyecto: 15 kilómetros onshore entre el gasoducto San Martín y San Antonio Este, y dos tramos offshore de seis kilómetros cada uno que conectarán la costa con los barcos Hilli Episeyo, operativo a fines de 2027, y MK II en 2028. Es un dato central. El proyecto ya estaba en marcha con caños importados.
En ese contexto se abrió la licitación por el gasoducto dedicado. La empresa india Welspun presentó la mejor oferta, cercana a los 203 millones de dólares. Tenaris, la controlada de Techint, presentó la peor: más de 290 millones. La diferencia fue de alrededor de 87 millones de dólares, es decir, cerca de un 45%. No hubo empate técnico. Techint quedó última.
Aun así, Rocca presionó. Lo hizo como sabe hacerlo. A través del lobby directo y del ruido indirecto. El CEO de YPF, Horacio Marín, ex empleado del grupo durante 35 años, encabezó un intento de revertir el resultado dentro del consorcio. Se habilitó una nueva instancia. Tenaris mejoró su oferta, pero apenas. Bajó a unos 280 millones dólares. La brecha siguió en torno al 40%. Insuficiente.
El 23 de diciembre, Southern Energy firmó el contrato con Welspun. Un día después, Tenaris presentó una nueva mejora que reducía la diferencia a unos 40 millones de dólares. Desde el consorcio dieron el tema por cerrado. Rocca no. El 6 de enero, 14 días después de la firma, presentó una oferta para igualar el precio de los indios. Llegó fuera de tiempo. El método era conocido: forzar hasta el final, aun cuando el proceso estuviera concluido.
La reacción incluyó amenazas. Rocca dejó trascender que podría cerrar la planta de Valentín Alsina si se importaban caños más baratos. La planta, inaugurada en 1948, hoy trabaja por proyecto. Tiene entre 300 y 400 empleados y fue montada para obras públicas recientes como el Gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del Gasoducto Norte. No es una fábrica estratégica permanente. Es una pieza más de un esquema contractual.
También apareció la denuncia de dumping. Tampoco prosperó. Welspun producirá los caños en India y comprará la chapa donde resulte más barata. No desplaza producción local porque esa producción, en rigor, no existe. Tenaris no fabrica la chapa en Argentina. La importa íntegramente desde Brasil, de Usiminas, siderúrgica controlada por Ternium, también del grupo Techint. En Valentín Alsina se pliega, se enrolla y se suelda. En los hechos, el “compre nacional” es un argumento retórico.
Escalada
El problema no es Techint. Tampoco es la empresa india que ganó la licitación. El problema es de fondo.
Para liberales y libertarios, la intervención directa del Presidente y de un ministro en un acuerdo entre privados resulta inadmisible. El libre mercado no funciona con escraches. Funciona con reglas claras y con un Estado que no se mete. Lo que hicieron Milei y Federico Sturzenegger fue exactamente lo contrario. Hubo un show político: un ministro ventilando detalles de una negociación privada y un Presidente amplificando acusaciones sin sustento judicial.
La paradoja es brutal. El mismo gobierno que desregula controles, debilita organismos y se retira de funciones básicas, aparece hiperactivo cuando se trata de disciplinar a un actor local.
El encargado de escalar el conflicto fue el ministro de Desregulación. Lejos de intentar bajar la tensión, Sturzenegger la llevó al máximo. Señaló que el grupo Techint había ofrecido bajar un 40% su precio inicial y reveló que Tenaris había exigido un first refusal, el derecho a conocer todas las ofertas y a igualarlas.
“Techint habría ofrecido los caños 40% más caros”, agitó el ministro. Y fue más allá: “Aunque alguien pudiera pensar que aun así debían adjudicárselos —esa era la lógica del compre nacional, felizmente derogado—, eso es indefendible. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menos inversiones, menos empleo y menos exportaciones”. Sturzenegger incluso sugirió que ese sobrecosto habría terminado cubriéndose con un aumento en el precio del gas.
“No proveerse de insumos más baratos es un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos no podemos imponer ineficiencias ni sobrecostos. Si lo permitimos, nunca romperemos décadas de estancamiento”, lanzó en un posteo que fue leído como un quiebre explícito entre Rocca y el gobierno.
“Aparentemente Techint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños un 40% más baratos (epa) y además exigió un first refusal, es decir, la posibilidad de mejorar cualquier oferta presentada”, denunció Sturzenegger, dejando claro que la rebaja solo apareció después de conocer los números ajenos.
Esa línea fue rápidamente reforzada. Alejandro Bulgheroni salió a respaldar públicamente la adjudicación y a marcarle la cancha a Techint. No habló desde un lugar neutro: Bulgheroni es dueño del 25% de Pan American Energy (PAE), socia mayoritaria del consorcio que impulsa el proyecto. El 50% de PAE está en manos de BP (la petrolera británica) y 50% en manos de Bridas Corporation, una empresa de propiedad compartida por la familia Bulgheroni y la estatal china CNOOC.
“La Argentina pasó de tener un mercado híper regulado a uno que empieza a regirse por las reglas de la libre competencia. Donde antes había un mercado cerrado e hiperproteccionista, regido por presiones y precios inflados que siempre alguien terminaba pagando, hoy empieza a imponerse otra lógica: eficiencia de costos, márgenes razonables y disposición real a competir con el mundo. El Estado está cambiando. Los privados también deben hacerlo”, escribió Bulgheroni en un tuit directo a Rocca.
Entonces entró en escena Javier Milei. No como árbitro, sino como vocero. Acusó a Techint de financiar críticas mediáticas y políticas contra la licitación. Retuiteó mensajes que hablaban de “sobres”. Y bautizó públicamente a Rocca como “Don Chatarrín de los Tubitos Caros”. El gesto fue leído como una afrenta personal. No lo fue. Milei no actúa por convicción ni por valentía propia. Actúa como ejecutor.
“La nueva Argentina. Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los perjuicios que causa la apertura, ya sabés quién les llena el sobre”, escribió el Presidente en su cuenta de X, al compartir un posteo que recordaba el 40% de sobreprecio presentado por Techint en la licitación.
Luego fue todavía más lejos. Denigró públicamente a Rocca, un empresario que lo había apoyado con entusiasmo durante la primera etapa de su gobierno, y lo volvió a atacar al compartir una nota sobre la presentación de un recurso antidumping para intentar voltear la licitación. Milei también retuiteó una catarata de mensajes que hablaban de “sobres” ante las críticas al contrato para que una empresa extranjera provea los caños del gasoducto.
Figuras
Horacio Marín no es un presidente de YPF cualquiera. Es un ex empleado de Paolo Rocca. Treinta y cinco años dentro del grupo Techint no se evaporan con un decreto. No se borran con un cambio de sillón. Se trasladan. Se arrastran. Y ordenan decisiones.
Cuando Marín llegó a YPF no llegó solo. Lo acompañó Gustavo Gallino, también formado en Tecpetrol, hoy vicepresidente de Infraestructura. No es un cargo técnico ni neutro. Es el lugar desde donde se decide quién hace las obras grandes, cómo se adjudican y bajo qué condiciones. En el sector la lectura fue inmediata: esas designaciones fueron el premio por el financiamiento y el respaldo empresarial que el grupo Rocca aportó a la campaña de Milei.
Ese dato es clave para entender lo que pasó con el oleoducto Vaca Muerta Sur, una obra para transportar petróleo crudo desde Vaca Muerta hasta el Atlántico y ampliar la capacidad exportadora. El proyecto no nació con este gobierno. Viene de la gestión anterior. Marín no lo creó. Lo heredó. Pero fue él quien lo continuó, lo consolidó y, sobre todo, se lo dio a Techint.
En la licitación, la oferta más barata no fue la del grupo de Rocca. Fue la de la empresa estadounidense Pumpco, alrededor de un 10% más económica. En cualquier manual liberal, debería haber ganado. No ganó. Perdió. Y perdió porque Marín y Gallino torcieron la decisión del consorcio liderado por YPF para favorecer a Techint.
La maniobra fue clara. Techint primero se incorporó como socio del consorcio. Luego, desde esa doble condición —socio y contratista— terminó quedándose con la obra. Un negocio de unos 2.500 millones de dólares. Control total. Del proyecto, de los tiempos y de la renta.
En ese momento, el gobierno nacional se llamó a silencio. No hubo denuncias. No hubo discursos sobre sobrecostos. No hubo indignación en nombre del libre mercado. El mismo gobierno que hoy acusa a Rocca de inflar precios entonces se calló la boca. Avaló. Miró para otro lado.
Ese silencio es hoy el corazón de la contradicción. Ayer no era un problema. Hoy es un pecado. No cambió el mercado. Cambió la relación política.
La incomodidad de Marín se agrava cuando se mira el otro frente: el gas natural licuado. Allí, donde prometió grandeza, acumuló fracasos. Los mega-anuncios con Shell y Petronas no pasaron del escenario. No hubo decisiones finales de inversión. No hubo contratos firmes. No hubo obras. Solo presentaciones, viajes y expectativas que se desinflaron.
Hoy, la pelea entre Milei y Rocca deja a Marín en el peor lugar posible. Porque cuando Techint ganó por decisión política, Marín y Gallino fueron protagonistas. Y cuando ahora pierde una licitación por precio, el gobierno grita lobby, abuso y sobrecostos.
El doble estándar es grosero. Ayer el sobreprecio era tolerable si el beneficiado era el aliado. Hoy el precio bajo es sospechoso si el ganador no pertenece al círculo. El archivo no perdona.
Marín quedó atrapado en esa grieta. Como presidente de YPF, pero, sobre todo, como hombre de Techint dentro del Estado. Su defensa pública del oleoducto Vaca Muerta Sur, en medio del ataque oficial contra Rocca, fue leída en el sector como lo que es: un intento desesperado de sostener un equilibrio que ya se rompió.
Compañero
La biografía de Paolo Rocca parece escrita por dos autores que no se conocían entre sí. En el primer capítulo hay consignas, asambleas y madrugadas frías. En el segundo, balances, holdings y guaridas fiscales.
Paolo Rocca nació en Milán en 1952. A fines de los años ‘60 estudiaba ciencia política en la Universidad de Milán y militaba activamente en Lotta Continua, una organización extraparlamentaria surgida al calor del Mayo del 68. No era un grupo testimonial. Era una estructura combativa, con fuerte presencia obrera, que promovía comités de base, acciones directas y confrontación abierta con el Estado.
Lotta Continua rechazaba tanto al Partido Comunista Italiano como al sistema capitalista. Consideraba al primero demasiado integrado al orden institucional. Al segundo, irreformable. Sus militantes hacían propaganda en fábricas, organizaban piquetes, marchaban y se enfrentaban con la policía. Tenían una estructura semiclandestina y un periódico propio, cuyas primeras ediciones circularon en 1969.
Rocca militaba en la zona norte de Milán. Ayudaba a difundir ese periódico. Cantaba canciones revolucionarias en la calle. En el grupo lo conocían como “il compagno Paolo”.
La organización lo envió luego a Sicilia, a la ciudad de Gela. El objetivo era montar un núcleo local de Lotta Continua en un territorio hostil. Allí convivían la represión policial, la desocupación estructural y la influencia de la Cosa Nostra. Rocca participó en tareas de base. Reclutaba obreros y desocupados. Organizaba piquetes a las cinco de la mañana. La militancia era concreta.
Ese recorrido alarmó a su padre, Roberto Rocca. Industrial, fundador de Techint, hombre de otra escuela. La presión para que Paolo abandonara Italia fue fuerte.
La salida fue tan abrupta como paradójica. Rocca pasó de la militancia extraparlamentaria a trabajar como asistente del director ejecutivo del Banco Mundial. El salto no fue solo geográfico. Fue conceptual. Sin escalas.
En 1985 se incorporó formalmente a la empresa familiar, Techint. Desde allí inició un ascenso sostenido. Tras la muerte de su hermano Agostino, en 2001, asumió el liderazgo del grupo.
Hoy Rocca es uno de los hombres más ricos de la Argentina. Conduce un holding industrial con presencia global, especializado en acero, energía e infraestructura. Un grupo que dialoga con Estados, barre con regulaciones y participa en grandes obras públicas a escala planetaria.
En paralelo, el holding que controla Rocca despliega una arquitectura tributaria sofisticada. Parte de sus operaciones se canalizan vía Uruguay, una plaza utilizada para tercerizar funciones y evadir impuestos. En tanto, el domicilio fiscal de Techint está radicado en Luxemburgo.
Detrás
La discusión que quedó flotando después de la licitación vuelve a una trampa conocida: industria nacional o competitividad, protección o precio. Es una disyuntiva engañosa. Borra lo central: quién fija las reglas, con qué respaldo y en qué mundo.
Para desarmar contraposiciones simplistas, el antecedente más cercano es el Gasoducto Néstor Kirchner, hoy rebautizado Perito Moreno. La obra fue concebida en 2021, en pleno cuello de botella energético, con un objetivo central y explícito: reducir importaciones de gas caro —tanto de GNL como del suministro proveniente de Bolivia— y aliviar la restricción externa. Fue diseñada para abastecer el mercado interno en un contexto de emergencia macroeconómica. Esa diferencia es decisiva a la hora de comparar quién provee los caños y bajo qué lógica se toman las decisiones.
A comienzos de 2022, antes de que se cerrara el pliego definitivo, dentro del gobierno se evaluó abrir la licitación a jugadores globales. Hubo interés concreto de una empresa china, con capacidad industrial, financiamiento disponible y experiencia en grandes ductos. Esa alternativa existió en una etapa previa, cuando todavía era posible introducir competencia real y disputar precios. No prosperó. Por exigencias de tiempo y por una decisión política, el pliego final se armó con condiciones de entrega tan ajustadas que, en los hechos, solo Techint quedaba en condiciones de cumplirlas. Ese cierre fue el resultado del lobby del ala albertista del gobierno.
Los pliegos se publicaron el 23 de febrero de 2022. Un día después, Rusia invadió Ucrania. El mercado internacional del gas y del acero entró en shock. Los precios se dispararon y los plazos se volvieron críticos. La apertura de ofertas se realizó el 31 de marzo. Hubo un solo oferente: Siat, del Grupo Techint, que presentó una propuesta por 436 millones de dólares para la provisión de los caños.
La adjudicación no implicó el cierre del proceso. Desde ese momento hasta la firma del contrato se abrió una etapa de dilaciones políticas. Por un lado, el pedido explícito de Cristina Fernández de Kirchner para que al menos la chapa se fabricara en la Argentina y no se importara desde Brasil. Por otro, la judicialización sin sustento técnico impulsada por el entonces ministro de Producción, Matías Kulfas, que denunció supuestas irregularidades en Enarsa. La causa terminó cerrada por inexistencia de delito, pero el tiempo se perdió.
Tal como reconstruyó el sitio especializado El Post Energético, el contrato se firmó recién el 16 de junio de 2022, casi en simultáneo con la licitación de la obra civil. Para entonces, la obra ya corría contra el reloj. La urgencia se pagó cara.
El gasoducto finalmente se construyó y se terminó en tiempo récord. Pero ese apuro tuvo costos. Se acumularon adendas, ajustes de precios y sobrecostos que inflaron el presupuesto original. El monto final superó holgadamente las previsiones iniciales y consolidó a Techint como proveedor excluyente en una obra financiada por el Estado.
Ese antecedente marca una diferencia estructural con el proyecto actual. El Gasoducto Néstor Kirchner fue una obra defensiva, pensada para sustituir importaciones y aliviar la macroeconomía. El nuevo gasoducto dedicado es exclusivo para la exportación. Responde a una lógica de rentabilidad privada. Y en ese marco, quién hace el caño deja de ser una decisión política excepcional y pasa a definirse, sin atajos, por precio y competitividad.
Paradojas
La pelea por la licitación no admite una lectura en clave de buenos y malos. Tampoco una épica nacionalista tardía. Lo que expone es algo más incómodo: la ausencia de linealidad. Y el fin de una forma clásica de pensar la geopolítica.
El gigante asiático no entra en estos proyectos como un Estado que desafía al sistema desde afuera. Entra como un actor que aprendió a moverse dentro del sistema que Estados Unidos y el FMI ayudaron a construir. No lo combate. Lo utiliza. Juega como corporación.
Produce acero, financia obras, compite por precio, acepta arbitrajes internacionales y estructura empresas con lógicas idénticas a las multinacionales occidentales. No discute el tablero. Discute posiciones dentro del tablero. Por eso no tiene sentido leer estos conflictos como un enfrentamiento directo entre China y Estados Unidos.
En este plano, no están en guerra. Coexisten. Compiten. Se toleran. Y hasta algunas veces se complementan. Las grandes corporaciones asiáticas operan bajo reglas que el capital financiero global reconoce y valida. Por eso acceden a proyectos, licitaciones y financiamiento en países alineados con Washington sin mayores conflictos.
La consecuencia es clara: las burguesías nacionales tradicionales quedaron sin red. Ya no pueden ser protegidas como en el siglo XX porque los Estados son más débiles, más endeudados y más condicionados. La política industrial perdió margen. Y el lobby ya no garantiza resultados automáticos.
Techint no pierde porque sea nacional. Pierde porque compite en un mercado global donde otros jugadores producen más barato, financian mejor y aceptan márgenes menores. China no “avanza” por ideología. Avanza porque funciona como una corporación eficiente en un mundo gobernado por corporaciones.
Por eso el error es pensar este episodio como una pulseada entre banderas. No lo es. Es una disputa dentro de un capitalismo globalizado donde Estados Unidos fija el marco general y donde China aprendió a moverse con comodidad dentro de él. La Argentina, en ese esquema, no decide.
Y ahí aparece la verdadera contradicción del mileísmo: romper con capitales locales en nombre del libre mercado mientras se subordina sin ruido a un orden global que no controla. No hay soberanía en esa ecuación. Tampoco coherencia. Solo alineamiento.
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