La discusión sobre un eventual acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos y la reactivación del tratado Mercosur-Unión Europea no puede leerse como un debate estrictamente comercial. En el contexto internacional actual, estos instrumentos forman parte de una reorganización más profunda del poder global, donde comercio, tecnología, energía y regulación conforman un mismo tablero.
La Argentina vuelve a discutir su inserción internacional en un momento en que la globalización como paradigma dominante ha entrado en una fase de revisión. El sistema abierto de las últimas décadas convive ahora con el resurgimiento de políticas industriales, disputas tecnológicas, proteccionismo selectivo y competencia por recursos estratégicos. Las grandes potencias ya no negocian únicamente acceso a mercados: negocian estándares, cadenas de suministro, seguridad energética y control de minerales críticos. Todo ello en el marco de una redefinición de límites territoriales para una nueva doctrina de defensa en el tablero mundial.
En ese aspecto, cualquier acuerdo comercial relevante implica, de hecho, una definición política sobre el posicionamiento del país en el mapa global.
El eventual acercamiento con Estados Unidos debe leerse en esa clave. No se trata solo de exportaciones o inversiones. Supone, potencialmente, la adopción de marcos regulatorios en materia de propiedad intelectual, servicios, compras públicas, industria, producción, transporte, logística, transición energética y economía digital, que impactan directamente en la capacidad del Estado para orientar su desarrollo. El eje ya no es arancelario: es normativo y estratégico.
Algo similar ocurre con el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Tras más de dos décadas de negociaciones, llega en un momento en que Europa redefine su política económica en torno a la seguridad energética, la transición ambiental y la autonomía estratégica. Las regulaciones vinculadas al carbono, la trazabilidad ambiental y los estándares sanitarios se convierten en instrumentos que, además de proteger el ambiente, operan como nuevas barreras comerciales.
Para América del Sur, la apertura de esos mercados representa una oportunidad concreta. Pero también plantea el riesgo de consolidar un patrón de inserción basado en la provisión de materias primas y alimentos sin captura significativa de valor agregado ni desarrollo tecnológico propio.
Aquí aparece el punto estructural: la Argentina no discute tratados comerciales en abstracto, discute cómo integrarse a un sistema internacional que se organiza en bloques de poder.
Estados Unidos, la Unión Europea y China compiten por influencia económica, tecnológica y regulatoria. A ese triángulo se suman India, el sudeste asiático y los países nucleados en los BRICS, que empujan una reconfiguración del comercio, las finanzas y la gobernanza global. La idea de un mundo unipolar o incluso bipolar pierde fuerza frente a una dinámica multipolar donde los países intermedios deben negociar con mayor sofisticación para no quedar subordinados.
En ese escenario, los recursos estratégicos adquieren centralidad. Energía, minerales críticos, agua, alimentos y capacidad tecnológica definen la posición relativa de los Estados. La Argentina posee activos relevantes en cada uno de esos planos: reservas hidrocarburíferas, potencial en litio y otros minerales, un sistema agroindustrial competitivo y capacidades científicas y tecnológicas significativas.
Pero la disponibilidad de recursos, por sí sola, no garantiza desarrollo. Lo determinante es la capacidad de convertirlos en poder de negociación, valor agregado y autonomía decisoria.
Ahí es donde la dimensión regulatoria se vuelve clave. Los sectores energéticos, de infraestructura y de servicios públicos no son simplemente áreas económicas: son dispositivos estratégicos que estructuran el desarrollo nacional. Las reglas que ordenan su funcionamiento —tarifas, concesiones, incentivos, planificación, estándares técnicos— condicionan la forma en que un país participa en el mercado global.
Otro tanto define la organización del territorio y la cantidad de población correctamente distribuida. Territorio, población, infraestructura y logística definen el éxito o fracaso de cualquier integración comercial. Una Argentina híper conurbanizada con su interior desarraigado, bajísima población y extensa superficie –la octava del mundo– cuya tasa de natalidad descendió un 50% en 10 años, escasa y pobre infraestructura territorial, urbana y logística, baja industrialización, presupone un mal posicionamiento para los supuestos beneficios que se declaman como éxitos garantizados.
La firma de acuerdos internacionales que incluyan cláusulas sobre inversiones, arbitrajes, compras públicas o propiedad intelectual puede incidir directamente sobre esos instrumentos. No necesariamente para debilitarlos, pero sí para reconfigurarlos. El problema no es la integración normativa, sino la ausencia de una estrategia propia desde la cual integrarse.
El desafío argentino es doble. Por un lado, necesita ampliar mercados, atraer capital y participar de cadenas de valor globales. Por otro, requiere preservar márgenes de política pública que le permitan desarrollar industria, gestionar sus recursos energéticos y sostener un esquema de servicios públicos compatible con su estructura social y territorial.
La tensión entre inserción internacional y desarrollo nacional no es nueva, pero adquiere otra escala en un mundo atravesado por la disputa tecnológica, la transición energética y la competencia por alimentos.
La irrupción de China como actor central del comercio global, el crecimiento sostenido de India, la consolidación del sudeste asiático como polo industrial y la emergencia de los BRICS como espacio de coordinación política y financiera muestran que el sistema internacional se encuentra en plena transformación. En ese contexto, los acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea no pueden pensarse como opciones excluyentes ni como alineamientos automáticos, sino como piezas de una arquitectura más amplia de relaciones económicas y estratégicas.
El riesgo no radica en comerciar con unos u otros, sino en hacerlo sin una idea clara de qué lugar se busca ocupar ni los impactos que puede producir.
La Argentina tiene condiciones para construir una inserción inteligente: recursos energéticos, alimentos, conocimiento científico, experiencia en regulación de sectores complejos y capacidad empresarial en áreas clave. Lo que históricamente ha faltado es continuidad estratégica, coordinación institucional y una agenda de desarrollo que ordene las decisiones.
Pero hay una dimensión adicional que suele quedar fuera del debate: el impacto territorial de los acuerdos internacionales.
Bien aprovechados, estos procesos pueden convertirse en motores de desarrollo para provincias, regiones y municipios. La expansión de cadenas agroindustriales, energéticas, mineras y tecnológicas tiene la capacidad de dinamizar economías locales, generar empleo calificado y fortalecer entramados productivos regionales. No se trata solo de exportar más, sino de transformar esa inserción en desarrollo federal.
Para ello, la agenda comercial debe ir acompañada de una agenda de infraestructura. Logística, transporte multimodal, corredores bioceánicos, puertos, redes energéticas, conectividad digital y planificación urbana son condiciones indispensables para que las oportunidades globales se traduzcan en crecimiento territorial concreto.
La Argentina arrastra un desequilibrio estructural en la distribución de su población y de su actividad económica. La concentración en grandes centros urbanos convive con vastas regiones subpobladas o con baja densidad productiva. Un aprovechamiento inteligente de los acuerdos internacionales podría contribuir a revertir esa dinámica, fortaleciendo ciudades intermedias, promoviendo polos regionales y generando condiciones para el arraigo.
La infraestructura no es solo obra pública: es arquitectura del desarrollo. Define dónde se produce, dónde se invierte, dónde se vive y cómo se integra un país.
Firmar acuerdos sin esa hoja de ruta puede implicar integrarse al mundo en condición periférica, como proveedor de recursos y demandante de tecnología. Rechazarlos por reflejo defensivo, en cambio, supone resignar oportunidades de acceso a innovación, financiamiento y mercados.
La discusión de fondo no es comercial: es política, productiva, territorial y regulatoria.
Se trata de definir si la Argentina será un actor que negocia desde sus capacidades y prioridades o un territorio que se adapta a reglas diseñadas por otros. Si sus recursos energéticos y alimentarios serán plataformas para el desarrollo o simplemente insumos para cadenas globales ajenas. Si sus provincias y municipios serán protagonistas del crecimiento o meros espacios extractivos sin integración productiva.
En el siglo XXI, la soberanía no se expresa en el aislamiento, sino en la capacidad de participar en las redes globales sin perder capacidad de decisión. Y eso exige algo más que firmar o rechazar acuerdos: exige un proyecto de país que articule política exterior, desarrollo productivo, infraestructura, regulación y aprovechamiento inteligente de los recursos.
Ese es el verdadero debate detrás de los acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea, y también detrás de la relación con China, India y el resto de los polos emergentes. No se trata de elegir socios, sino de definir estrategia.
Porque, en un mundo que vuelve a organizarse en torno a bloques, quien no define su lugar termina ocupando el que otros le asignan. Y quien no planifica su territorio, termina desarrollando el de otros a costa de sus pueblos y habitantes.
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