El Senado aprobó por unanimidad un compromiso con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y la continuidad de los juicios. A pesar de los pataleos de la bancada oficialista que preside Patricia Bullrich, los libertarios ni osaron votar en contra: se abstuvieron. El Senado no es un lugar más: es la cámara que preside Victoria Villarruel, cuadro de la “memoria completa” que llegó a la política para socavar los consensos en torno a la necesidad de juzgar y sancionar a los criminales de la última dictadura.
La escena del último miércoles en la Cámara Alta sirve para mostrar que, a pesar de los embates del gobierno, el proceso de justicia se mantiene en pie. Más allá de alguna mención a la “verdad completa” o al repudio de “todas las violencias”, ningún senador osó hacer una defensa de quienes secuestraron, torturaron, mataron, desaparecieron, arrojaron desde aviones o se apropiaron de los hijos de sus víctimas.
A las pocas horas de la votación en el Senado, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió una declaración a medio siglo del último golpe de Estado. “La memoria del terrorismo de Estado ha de conducirnos hacia una vida democrática más justa”.
El aniversario también dio pie a una declaración de relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que advertían sobre los graves retrocesos que experimenta la Argentina desde que Javier Milei llegó al gobierno. De ser un modelo de justicia transicional, el país corre el riesgo de convertirse en un paria que ataca a las víctimas mientras empatiza con los perpetradores.
Desde los primeros meses de la gestión de La Libertad Avanza se empezaron a percibir acciones tendientes a obstaculizar la búsqueda de la verdad y la justicia:
- Luis Petri desmanteló los equipos de relevamiento que funcionaban desde 2010 en el Ministerio de Defensa;
- Milei eliminó la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo encargado de buscar a los niños y las niñas apropiados durante la dictadura;
- El gobierno degradó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a subsecretaría; más de la mitad de su personal fue despedido y se desarmaron áreas claves como las querellas y el cuerpo de peritos;
- El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) –al igual que el Museo Sitio ESMA– fue desjerarquizado.
Tras esos cambios, no quedó ningún organismo estatal facultado para acceder a los archivos en poder de las fuerzas armadas.
Los archivos gozan de buena salud, como lo mostró la desclasificación de 26 documentos que hizo la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) el 19 de marzo. Si bien el gobierno lo presentó como una decisión a favor de la transparencia del Presidente Javier Milei, la desclasificación es consecuencia del decreto 4/2010 que firmó Cristina Fernández de Kirchner. La comprobación de la existencia de archivos en la SIDE llegó en 2020 gracias a la intervención de la ex fiscal Cristina Caamaño.
La desclasificación fue parcial y arbitraria. Hubo una intención por parte del gobierno de mostrar que la represión no comenzó el 24 de marzo de 1976, algo que denuncia el movimiento de derechos humanos desde hace décadas y pide, además, que se sancionen los crímenes cometidos por la Triple A, la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y el Operativo Independencia –reivindicado por la administración Milei. La SIDE funciona bajo la órbita informal del asesor Santiago Caputo, que tiene vínculos directos con la Fundación Faro, el think tank oficialista que preside Agustín Laje. Semanas atrás, la Fundación Faro difundió un video en el que negaba el golpe de Estado de 1976 y, por el contrario, hablaba de la continuidad de la “dictadura peronista”.
Más allá de las chicanas, el gobierno no logró frenar los juicios, que tampoco contaron con impulso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se ha negado a convocar a la comisión interpoderes para contribuir al desarrollo de las causas.
Desde 2006 –cuando se reiniciaron los procesos–, 1.231 personas fueron condenadas y 250 resultaron absueltas, según datos de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH). Saber que existieron absoluciones, más allá del dolor que estas decisiones provocan en víctimas y familiares, sirve para desmontar el argumento negacionista de que todos los que vistieron uniforme son condenados por ese mero hecho.
En la actualidad hay 425 personas detenidas. El 84% de ellas está en arresto domiciliario. En la Unidad 34 de Campo de Mayo –considerada una cárcel VIP por los organismos de derechos humanos– hay 61 represores. Otros 18 están desperdigados en distintas unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
En la actualidad hay doce juicios en marcha. Comenzaron tres en lo que va del año: uno por crímenes en Automotores Orletti y la Base Pomar –dos centros clandestinos regenteados por la SIDE–; otro por la llamada masacre de la calle Corro –en la que fueron asesinados cinco integrantes del Secretariado Político de Montoneros, incluida María Victoria “Vicki” Walsh– y otro por la represión en Neuquén y Río Negro.
Las causas sobre la responsabilidad empresarial siguen mostrando graves dificultades. En Tucumán se frenó el inicio del juicio por lo sucedido en el ingenio La Fronterita. Todos los acusados por la represión a los obreros de Acindar resultaron absueltos. No es un dato menor que Acindar fue el trampolín desde el que José Alfredo Martínez de Hoz saltó al Ministerio de Economía de Jorge Rafael Videla. Su hijo homónimo suele funcionar como un sostén ideológico y económico para varios de los soldados de la “memoria completa” del oficialismo, como Villarruel, Nicolás Márquez o el propio Laje. La Corte Suprema demora la confirmación de la condena por los secuestros a los trabajadores de la Ford y, en Jujuy, no ponen fecha para juzgar a Alberto Lemos, administrador del ingenio Ledesma. En abril está previsto el inicio del juicio por secuestros en la planta de Avellaneda de Molinos Río de La Plata.
Si bien el sistema de desaparición a través de los campos de concentración quedó acreditado tempranamente, gracias al trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y a la celebración del juicio a las tres primeras juntas militares, muchos aspectos de la represión recién lograron ser sacados a la luz con estos procesos: la violencia diferencial sufrida por las mujeres y las diversidades en los centros clandestinos, el rol de las empresas o la mecánica de los “vuelos de la muerte” como fase final del exterminio.
Hay mucho todavía en el tintero: víctimas cuyos casos no fueron juzgados. La justicia no logró analizar en profundidad el rol del sistema de inteligencia, que fue el cerebro de la represión. También hay un reclamo sostenido de quienes fueron niños o niñas para que sus casos sean atendidos.
La “memoria completa”, por el momento, no logró hacer pie en los tribunales. La Corte evitó pronunciarse en el caso por la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure. La Cámara de Casación dilata una definición en la causa por la bomba en la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF). Todas son denuncias que se presentaron para intentar contrarrestar el proceso de justicia contra los militares y forzar una especie de “empate” que allanara el camino hacia una amnistía general.
Las víctimas impulsan a diario el proceso de justicia junto con abogados, organismos de derechos humanos y algunos operadores judiciales que se comprometieron con la temática. Los sobrevivientes vuelven a entrar al campo de concentración para rasgar en su memoria, 50 años después, algún dato que sirva para ubicar a víctimas y victimarios.
No es un proceso perfecto. Hay ausencias que horadan, como la desaparición de Jorge Julio López, de la cual se cumplirán en septiembre 20 años. Pese a sus imperfecciones y deudas, es un proceso que enorgullece a una gran parte de la sociedad, que cree que solo la justicia puede reparar tanto dolor. Una parte de la sociedad que no quiere campos de concentración, desaparecidos, torturas ni la destrucción del país.