Crecimiento
El gobierno celebró un dato. Un dato chico, que además desacelera. La actividad económica creció 0,4% en enero respecto de diciembre. Venía de un 1,8% mensual en diciembre. El freno es evidente. No es una aceleración. Es una desaceleración del rebote.
En términos interanuales, el número es más alto, 1,9%. Pero responde a una base de comparación muy baja. Enero del año pasado había quedado hundido. El rebote, entonces, luce más grande de lo que es.
Si se proyecta el nivel de actividad de enero para todo el año, el crecimiento sería de 2,4%. Por debajo del 3,4% que esperaba el mercado según el relevamiento del Banco Central. Otra señal de enfriamiento.
Hasta ahí, la foto general. Ahora, el detalle.
El crecimiento está concentrado. Muy concentrado. El agro creció 44% en la comparación interanual. La intermediación financiera subió 18,3%. La minería mejoró 17,7%. Esos son los sectores que empujan.
Del otro lado, los sectores que más empleo generan están en retroceso. La construcción cayó 14,3%. La industria manufacturera, 9,2%. El comercio, 4,6%. Estos sectores concentran el 44,7% del empleo privado registrado.
Ahí está la otra mitad de la historia. La economía crece donde hay poco trabajo. Y cae donde trabaja la mayoría. La imagen es nítida. Un crecimiento con destrucción de empleo.
Y el problema no termina ahí. También hay deterioro del empleo incluso dentro de algunos sectores que crecen. En la intermediación financiera, el crecimiento convive con cierres de sucursales y reducción de personal. La digitalización acelera ese proceso. Menos bancos físicos. Menos trabajadores. El sector mejora en actividad, pero achica su planta laboral. Más de cinco mil puestos de trabajo menos, estiman desde La Bancaria.
En la minería ocurre algo similar. Aun con mejora en producción, se registran caídas en puestos de trabajo. Más capital. Menos trabajo. Más exportaciones. Menos empleo. Los trabajadores mineros pasaron de 94.854 a 86.066. Son datos de la Secretaría de Trabajo.
Es un patrón conocido. Como en otros momentos de la historia argentina, el dinamismo se apoya en sectores de alta productividad o primarios. Sectores que no necesitan grandes volúmenes de empleo para expandirse.
El resultado es una economía partida. No solo por sectores. También por personas.
“Todos conocemos gente que le va bien, gente que le va mal y gente que le va espectacular”, consideró el ministro de Economía ante el dato. Es una radiografía.
El equipo económico interpreta este fenómeno con un manual conocido. El diagnóstico es simple: el crecimiento, sostenido en el tiempo, termina reduciendo la pobreza. No hace falta intervenir demasiado en la distribución. El derrame llega solo.
Es una idea vieja. Y persistente.
Si la economía crece “en promedio”, la mejora se expande. Esa es la premisa. No hay complejidad alguna entre crecimiento y bienestar. Son, en esa mirada, dos caras de un mismo proceso.
El propio ministro lo explicitó al defender ese enfoque. Sostuvo que el crecimiento es la herramienta central para mejorar las condiciones sociales y que, con el tiempo, ese proceso termina impactando sobre la pobreza.
El problema es que ese enfoque supone una economía homogénea. Como si todos los sectores reaccionaran igual. Como si el crecimiento tuviera siempre el mismo impacto social. Como si los países fueran intercambiables. Una receta única, para realidades distintas.
Ese mismo enfoque explica también la composición del equipo económico. En el gabinete de Caputo encontramos un chileno y un uruguayo: José Luis Daza y Ernesto Talvi revisten con rango de viceministros. El enfoque tiende a universalizar diagnósticos sin detenerse demasiado en las particularidades de la estructura productiva argentina.
Del otro lado, la discusión es otra. No empieza en el crecimiento. Empieza en la distribución.
La idea es simple. Si el ingreso está concentrado, la economía no se expande de manera sostenida. Falta demanda. Falta mercado. Falta motor. Entonces, antes de esperar el derrame, hay que modificar cómo se reparte. No alcanza con agrandar la torta. Hay que cambiar el modo de cortarla.
Es lo que algunos describen como “tirar del mantel”. Alterar el patrón distributivo para que el crecimiento, cuando llegue, no quede encapsulado en los mismos sectores de siempre.
El dato de enero dialoga con ese debate. Lo pone en evidencia. Porque muestra un crecimiento que existe. Pero no se difunde. Que avanza. Pero no arrastra.
Inflación
El gobierno encontró una explicación. La inflación se mueve. Y la culpa, dicen, es de la guerra.
El argumento es directo. El conflicto internacional empuja el precio de la energía. Y desde ahí se traslada al resto de la economía. Transporte, alimentos, logística. Una cadena que sube. Pero cuando se mira el dato que asoma marzo, la explicación no cierra del todo.
Las consultoras privadas proyectan una inflación cercana al 3%. Un número que agrava la tendencia creciente por décimo mes consecutivo. Y lo que explica ese registro no es la guerra. Es otra cosa.
Son los regulados. Las tarifas de electricidad, gas y el transporte vienen ajustando por encima del índice general. En varios casos, con aumentos mensuales que duplican o triplican el IPC, según la provincia.
El transporte público en el AMBA acumula subas mensuales cercanas al 5% en algunos tramos, muy por encima de la inflación promedio. En electricidad y gas, los ajustes también corren por encima del índice, con esquemas de actualización que garantizan la recomposición de márgenes de ganancia que se combinan con la decisión de reducir subsidios.
Los regulados empujan el índice por dos vías: directa e indirecta. Directa, porque suben dentro del IPC. Indirecta, porque aumentan costos en toda la economía. La energía no es un precio más. Es el insumo de todos los insumos. Ahí está el motor de marzo. En decisiones internas, no en el frente externo.
A ese cuadro se sobreimprime un factor que todavía no terminó de impactar del todo: los combustibles. Desde que se desató el conflicto bélico, el precio en surtidor acumula una suba cercana al 20%. Ese aumento todavía no se trasladó completamente al resto de los precios. Es un goteo constante. Y persistente.
En ese contexto aparece la contradicción del discurso oficial. Por un lado, el gobierno reconoce un factor inflacionario externo. Un shock que no controla. Por otro lado, asegura que la inflación va a bajar a partir de abril.
“Están todas las condiciones objetivas para que la inflación a partir de abril y mayo baje fuertemente”, afirmó Federico Furiase, secretario de Finanzas.
“LA INFLACIÓN VA A BAJAR A PARTIR DE ABRIL”
El secretario de Finanzas Federico Furiase defendió el rumbo de la economía y aseguró que “la gente está muy contaminada por situaciones particulares” pic.twitter.com/NOCP6l8yfY
— Yeca (@dameYeca) March 27, 2026
La frase queda flotando. Sin explicación. Si el mundo empuja hacia arriba, ¿qué cambia en abril? ¿Cuál es el mecanismo que revierte esa dinámica?
Ahí vuelve el manual. El mismo del capítulo crecimiento. La inflación es un fenómeno monetario. Si no hay emisión para financiar déficit, no hay inflación. Ese es el corazón del enfoque. Una relación lineal. Causa y consecuencia. El equilibrio fiscal ordena todo. Ese es el supuesto. Pero la propia dinámica muestra otra cosa.
Entonces, la idea de que el orden fiscal alcanza para dominar la inflación muestra sus límites. El dato de marzo refleja eso. No la guerra. Sino la estructura. Ahí es donde la narrativa pierde consistencia. Porque cuando la explicación no alcanza para ordenar los hechos, el problema ya no es la inflación. Es el relato que intenta explicarla.
Y como en el capítulo anterior, empieza a desarmarse desde adentro.
Tasas
El programa económico se apoya en una idea simple: ordenar la macro, bajar la inflación. A partir de ahí, el resto debería acomodarse. Pero hay una variable que no entra en ese esquema: la tasa, la global.
“Los bancos centrales están subiendo las tasas para enfriar una inflación global que no termina de ceder. No es un fenómeno local, es un cambio de clima”. La frase es de Federico Furiase.
Ahí empieza el problema. Porque si es un cambio de clima, entonces no alcanza con ordenar la casa. Hay algo que viene de afuera y que condiciona todo.
Otra señal fue más directa. “Los rendimientos reales a diez años están en niveles elevados por el aumento del term premium” (prima por plazo). Fue un reposteo de Furiase.
El punto no es técnico. Es político. Porque si sube el term premium, sube el costo del riesgo. Y si sube el costo del riesgo en Estados Unidos, sube en todo el sistema. Eso ya se está viendo.
Las tasas hipotecarias en Estados Unidos superaron el 7%, es una tasa altísima. El crédito se enfría. La economía se desacelera. Pero además, el capital cambia de dirección. Se queda en el centro. Y eso impacta directo en la periferia.
“Si las tasas de la FED se mantienen altas de forma estructural, el financiamiento barato no vuelve en el corto plazo”, cruzó Hernán Letcher.
No es una discusión teórica. Es una restricción concreta. Porque el programa económico argentino necesita financiamiento externo. No es un detalle, es una condición. El propio funcionamiento del esquema lo muestra.
El déficit de cuenta corriente es persistente. El rojo acumulado durante 2025 fue de 10.000 millones de dólares. En torno al 1% del PBI, con tendencia a ampliarse si la actividad repunta. Eso implica algo básico. La economía necesita dólares financieros porque las exportaciones no alcanzan para compensar la demanda de divisas Ahí es donde la idea de que todo depende del orden interno empieza a quedar corta. Ahí entra la tasa.
Cada punto que la tasa sube en Estados Unidos encarece ese financiamiento. Sube el riesgo país. Se vuelven más exigentes las condiciones. Se acortan los plazos. Se encarece el rollover.
La suba de tasas globales le agrega presión al programa económico por todos lados. Cuando el precio del dinero se fija afuera, la tasa deja de ser un dato financiero y pasa a ser una restricción política.
Superávit
El superávit es la bandera. Es el dato que el gobierno muestra. La prueba de que el programa funciona. El punto de apoyo de toda la narrativa. Pero cuando se mira de cerca, empieza a aparecer otra cosa. No en los discursos. En los números.
La economía no acompaña. “El ajuste fiscal de Milei está siendo puesto a prueba por una economía que no termina de arrancar”. La advertencia llegó desde afuera. La publicó Bloomberg. No es un matiz, es un diagnóstico.
Ahí aparece la primera duda: sobre la consistencia. Porque un superávit fiscal sostenido en el tiempo necesita algo más que recorte. Necesita base económica. Necesita ingresos que crezcan. Necesita una economía que genere recursos. Sin eso, el ajuste empieza a tensarse.
Pero hay otra capa, más silenciosa, más técnica, más incómoda: el superávit no solo se discute por la recaudación, también por cómo se contabiliza.
Horacio Rovelli lo explica con mucha claridad. El superávit financiero que muestra el gobierno es, en buena medida, ficticio. No porque los números estén mal sumados. Porque están incompletos.
El punto está en los intereses. En lugar de pagarlos, se capitalizan. Se emiten nuevas letras para cubrir esos compromisos. Es decir, se paga deuda con más deuda. No hay salida de caja. Pero sí hay un aumento del pasivo. En la contabilidad, eso no aparece como gasto. Pero es deuda que crece.
Ahí está el núcleo del planteo. Un superávit que no contempla ese aumento del endeudamiento es, en el mejor de los casos, parcial. En el peor, engañoso. Si esos intereses se contabilizaran como gasto, el resultado sería otro.
Esa tensión no es menor. Porque la narrativa económica del gobierno se apoya en esa idea de orden fiscal como garantía de sostenibilidad. Pero si el orden es parcial, la sostenibilidad también queda en duda. Cuando la ecuación no cierra, tarde o temprano, se paga.
Exportaciones
El sueño exportador siempre fue presentado como la salida. Una especie de llave maestra. Como si bastara con abrir la canilla de Vaca Muerta para que los dólares entraran solos. Pero la realidad, otra vez, aparece más áspera. Menos épica.
En ese terreno, el gas natural licuado, el famoso GNL, funciona como promesa de escala global. Barcos cruzando océanos. La Argentina convertida en proveedor energético del mundo. Una postal que se repite en foros, presentaciones y discursos oficiales. Pero esa postal empieza a desdibujarse.
El primer dato concreto lo puso Ricardo Markous. El CEO de Tecpetrol decidió correrse de la carrera por el GNL a gran escala. No fue un gesto menor. Fue una señal. Tecpetrol no es un actor periférico, es el brazo petrolero de Techint. Cuando alguien de ese tamaño se baja, lo que está diciendo no es ideológico: es contable.
Markous lo explicó de manera directa: hoy no están dadas las condiciones. No es un problema técnico, es financiero. El GNL requiere una escala de inversión que no aparece. Y sin esa escala, el negocio no cierra.
La diferencia con YPF es clara. Mientras Horacio Marín insiste con el proyecto Argentina LNG, Tecpetrol eligió otro camino. Más corto. Más cercano. Exportar gas como molécula al corazón industrial de Brasil. Es decir, por caño. Sin licuar. Sin barcos. Sin dar ese salto de miles de millones de dólares.
La lógica es otra. No es que sea más barato en sí mismo. Es que permite trasladar el costo fuerte a la infraestructura. Y esa infraestructura, en la práctica, se le pide al Estado. Gasoductos hacia Brasil. Ampliaciones. Plantas de compresión. Obras de transporte que no financia el sector privado en esta etapa.
Ahí está la clave. Ante la ausencia de financiamiento externo para proyectos de gran escala, la estrategia se reacomoda. Se elige lo que puede montarse sobre inversión pública o con fuerte participación estatal.
En esa línea empiezan a alinearse otros jugadores. CGC, de Eurnekian, evalúa un proyecto con salida por Chile. También basado en exportar molécula por caño. Total Energies, por su parte, pone el foco en los mercados regionales.
El problema de fondo aparece ahí. Desarrollar GNL a gran escala implica inversiones gigantes, decenas de miles de millones de dólares. Una magnitud que hoy la Argentina no puede absorber. Ni siquiera en el escenario optimista del RIGI. La cuenta, simplemente, no cierra.
Ese desfasaje explica lo que pasa con el proyecto de YPF. Tras la caída del acuerdo con Petronas, el proyecto Argentina LNG quedó en una zona gris. La petrolera rediseñó el esquema. Buscó nuevos socios. Propuso un desarrollo por etapas. Plantas modulares. Soluciones flotantes. Pero el problema sigue intacto. No aparece el financiamiento.
YPF mantiene conversaciones con empresas globales. Intenta repartir riesgos. Armar un consorcio más amplio. Sin embargo, hasta ahora no hay decisiones de inversión concretas. Las presentaciones se repiten. Los anuncios también. La guita, no.
En ese contexto, el único proyecto que logró avanzar es el de Southern Energy, un consorcio donde conviven Pan American Energy, YPF con el 25%, Pampa Energía con el 20%, Harbor Energy con el 15% y la noruega Golar con el 10%.
Pero incluso ahí aparecen los límites. El proyecto completo, con dos buques operando en 2029, apunta a unas 6 millones de toneladas anuales. En el tablero global, eso es poco, muy poco.
Fausto Caretta, director de PAE, fue sincero: “Apenas es meter los pies en el agua”. La frase tiene algo de honestidad poco frecuente. Detrás de ese proyecto hay cinco socios, tres de ellos locales. Y aun así, la escala sigue siendo chica.
Para que Vaca Muerta desarrolle su potencial se debería invertir unos 20.000 millones de dólares por año, según estima el propio Markous. Esa cifra, hoy, no existe. Ni en el sector privado ni en el Estado.
Y ahí aparece el nudo del modelo. Porque mientras se discute cómo exportar, el sistema no logra resolver quién la pone. Mientras tanto, el relato exportador pierde densidad. Ya no alcanza con la promesa. La realidad impone sus tiempos. Y sus costos.
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