El sistema universitario público caracterizó como “crítica” su situación presupuestaria y denunció que padece los recortes en todas sus esferas y actividades, con una caída real del 45,6% en las transferencias del gobierno desde el desembarco de Javier Milei.
Los recursos provenientes del Tesoro, que conforman casi la totalidad de lo disponible para el sector, se redujeron así a poco más de la mitad desde que el anarcocapitalismo decidió aprovechar a la inflación como licuadora de la inversión en educación superior.
El dato forma parte del resumen que el Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a las universidades públicas, emitió al cierre del plenario reunido hasta el viernes 27 en Santa Rosa. Un día antes, el CIN y las autoridades de institutos de investigación habían circulado un texto de alerta sobre las urgencias “sin precedentes” del rubro científico tecnológico, que impacta en los centros que las universidades comparten con el CONICET.
Siete sueldos abajo
El documento final del plenario del CIN en la capital pampeana actualiza en números el despojo padecido en los dos grandes rubros que conforman los presupuestos universitarios: los salarios de docentes y no docentes, y los gastos de funcionamiento.
En materia salarial, el CIN calculó que los sueldos crecieron nominalmente un 158% entre noviembre de 2023 y febrero de este año, frente a una inflación que en los índices oficiales suma 280%. La diferencia representa una merma del poder adquisitivo del 32% y equivale a unos 7,3 salarios no percibidos bajo el mandato anarcocapitalista, que en febrero cumplió 26 meses.
Entre los llamados gastos de funcionamiento, el CIN apuntó que en ningún mes de la presidencia de Javier Milei los recursos para solventarlos superaron al 64% de lo disponible a comienzos de 2023. Actualmente, precisó el CIN, se ubican en el orden del 40%.
Si la comparación se efectúa con el promedio mensual del último año de la presidencia de Alberto Fernández, para febrero último el sistema perdió el equivalente a casi nueve meses de recursos con que afrontar su funcionamiento, sobre el que impactan además los periódicos tarifazos en los otrora considerados servicios públicos.
Llamadas en espera
Ambos ítems hacen que, ante un Ejecutivo inconmovible, las universidades aguarden respuestas de los otros dos poderes del Estado. El Judicial adeuda una definición que emplace al gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, que el Congreso aprobó y ratificó tras un veto presidencial. La norma obliga a recomponer salarios a valores de fines de 2023 y actualizar recursos para el funcionamiento del sector, pero sigue siendo desobedecida por el gobierno. El cálculo del CIN es que, de aplicarse, los sueldos universitarios deberían tener aumentos del 47,3% para recuperar el nivel perdido.
Como contó El Cohete, tras la renovación de las Cámaras en las elecciones de medio término, el Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto para enmendar la ley que nunca respetó. La propuesta oficial implicaría consolidar la poda practicada a los sueldos en 2024, y como “recomposición salarial 2025” aplicaría incrementos de 4,1% en marzo, julio y septiembre. Al remitirla al Parlamento, el oficialismo hizo trascender que había sido bien recibida por los rectorados, versión que el documento del CIN desmiente.
El tránsito del proyecto de enmienda permitirá comprobar si la capacidad de negociación del gobierno central con los provinciales se impone al peso simbólico y económico de las universidades, que acercan a los territorios posibilidades de estudio y recursos económicos plasmados en puestos de trabajo directos e indirectos.
Mientras tanto, el gobierno fijó unilateralmente las pautas salariales para el primer trimestre del año. Sin abordarlo en las mesas paritarias, decidió aumentos del 2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo. La inflación reconocida por el INDEC fue de 2,9% en el primer mes del año y el mismo porcentaje en el segundo, medida con el método sostenido por el oficialismo.
El 14 de abril, cuando el organismo publique su relevamiento sobre las góndolas de marzo, podrá saberse la medida del recorte reconocida por el gobierno sobre salarios docentes y no docentes en el trimestre.
De ayer a hoy
En las aulas y gabinetes, el retorno a la actividad anticipa un grado de conflictividad creciente, con medidas de fuerza prolongadas en el estamento docente y un calendario fijado de paros no docentes de 24 horas, que comenzó en marzo y continuará en abril. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, el radical Emiliano Yacobitti, reconoce la amenaza pero entiende que la mejor respuesta es continuar con la actividad.
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Podría discutirse si los paros conmueven a un gobierno nacional despreocupado del acceso al derecho a la educación superior, pero de la alternativa planteada por Yacobitti no se desprenden mejores posibilidades de éxito. Con dos tercios del salario que percibían en noviembre de 2023, la concurrencia de docentes y no docentes comienza a chocar con la matemática de calendarios y relojes, porque los meses siguen teniendo cuatro semanas que alimentar y los días, 24 horas para completar ingresos.
Entre trabajadores y trabajadoras del ámbito académico se extiende ya el pluriempleo, al tiempo que entre graduadas y graduados aumenta la informalidad laboral. Los últimos datos disponibles indican que la incidencia del empleo informal entre asalariados con título universitario creció casi tres puntos, de 15% a 17,8%.
En ese plano, el gobierno es coherente con su apuesta por la mera supervivencia de los sectores vulnerables, sin ofrecer una expectativa de movilidad social como la que solía representar el acceso a estudios superiores. El mismo documento del CIN recordó el viernes que las Becas Progresar conservan hoy el 26,5% de lo que representaban en 2023, mientras que los recursos para sostener el acompañamiento a los y las estudiantes que las reciben se redujeron hasta casi desaparecer.
Leído en perspectiva histórica, el despojo practicado sobre las universidades continúa a los que los anteriores programas neoliberales descargaron sobre los niveles primario y secundario, transferidos a las provincias sin reasignaciones equivalentes de fondos.
En el caso de las universidades públicas, la autonomía las colocó a salvo de la destrucción de empleo del resto del sector estatal, que entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 perdió 70.000 puestos de trabajo.
Sin embargo, los miles de cargos universitarios renunciados en el mismo periodo corroboran el impacto de una caída salarial tan profunda como veloz. De ese modo, anticipan las consecuencias de la licuación inflacionaria, que torna innecesarios la prescindibilidad laboral que en 1976 complementó a la represión clandestina o los recortes nominales dispuestos sobre sueldos estatales en 2001, cuando se aproximaba la implosión de aquel ciclo de endeudamiento. Lo había abierto José Alfredo Martínez de Hoz, de cuyo arribo al Ministerio de Economía de la dictadura se cumple hoy medio siglo.
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