Se ha cumplido el primer mes desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, un conflicto de consecuencias tectónicas detonado tras las operaciones “Furia Épica” y “Rugido del León”, lanzadas por el eje Washington-Tel Aviv.
Lejos de una resolución rápida, la escalada militar ha ingresado en una fase de incertidumbre absoluta tras los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones clave del programa nuclear iraní, incluyendo el reactor de agua pesada de Arak (Jondab) y la planta de torta amarilla de Ardakan. La ofensiva no se detuvo allí: alcanzó también una instalación estratégica en Yazd dedicada a la producción de misiles y minas navales, utilizada para el ensamblaje de armamento destinado a objetivos marítimos.
Por su parte, la defensa iraní ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra la ciudad israelí de Dimona y ataques a aliados norteamericanos en el Golfo Pérsico, impactando también puertos en Kuwait vinculados a la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Mientras el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, que aspira a presidir las Naciones Unidas, ruega por contención para evitar un desastre radiactivo, los mercados globales asumen el impacto con un crudo Brent superando los 100 dólares y el tablero internacional asiste al desmantelamiento de los últimos vestigios del orden basado en reglas.
Este escenario de conflagración regional no es un accidente, sino el resultado de una convergencia de factores donde la improvisación y la falta de objetivos claros desde la Casa Blanca se han convertido en la norma. La falta de rumbo quedó expuesta de manera flagrante en el mensaje a la nación que el Presidente Trump brindó el pasado miércoles. En su alocución, el mandatario aseguró que los objetivos estratégicos están “cerca de completarse”, aunque evitó fijar plazos concretos para el fin de las hostilidades. Lejos de brindar certidumbre, profundizó la sensación de improvisación al instar a “los aliados” a tomar el estrecho de Ormuz por su cuenta, a la vez que no aclaró por qué continúa la ofensiva si las capacidades iraníes ya han sido —según la mirada del propio Trump— supuestamente destruidas.
Resulta interesante analizar este panorama recuperando las voces de analistas destacados de los principales medios y universidades estadounidenses, cuya trayectoria intelectual los sitúa lejos de cualquier expresión de la izquierda anti-belicista. Entre ellos, Thomas Friedman, Fareed Zakaria y Michael Walzer coinciden en un diagnóstico lapidario: estamos ante una guerra imprudente, carente de estrategia y conducida bajo una incomprensión fundamental del adversario iraní.
La orfandad estratégica de Washington y el espejismo de Venezuela
Thomas Friedman ha sido taxativo al señalar que “Trump y Netanyahu iniciaron esta guerra sin ningún objetivo claro en mente”. Según el columnista de The New York Times, el mandatario estadounidense ha mostrado una inconsistencia absoluta al hablar del “día después”, exhibiéndose como un comandante en jefe que “va inventando cosas sobre la marcha”: un día busca el cambio de régimen, al siguiente dice que no le importa el futuro de Irán y luego exige la “rendición incondicional”.
Esta falta de norte estratégico se ve agravada por el influjo que ejerce sobre Trump el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien se halla acorralado en su frente interno por causas de corrupción y el acecho de la comisión investigadora por las deficiencias de la inteligencia israelí en ocasión del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Para Netanyahu, la guerra funciona como un mecanismo de supervivencia política personal, una “fricción militar permanente” —según el análisis de Friedman— que le permite mantenerse en el poder sin importar el precio que exija a su país.
Por su parte, Michael Walzer —el nonagenario filósofo estadounidense que ha desarrollado una “Teoría de la Guerra Justa” y que insiste en la importancia de la ética en tiempos de guerra a la vez que evita posiciones pacifistas— define el conflicto como “una guerra imprudente y sin un fin claro en vista”, lo que la convierte en “incorrecta e injusta”. Walzer, profesor emérito de la Universidad de Princeton, es especialmente crítico al contrastar esta ofensiva con lo que él consideraría una “guerra justa”. Según su mirada, una intervención legítima debería haberse coordinado estrechamente con las organizaciones de resistencia interna en Irán —especialmente durante el apogeo de las protestas— y haber tenido la intención clara de establecer alguna versión de un Estado libre, independiente y democrático.
Por el contrario, según la mirada de Walzer, Trump instó a los iraníes a salir a las calles y luego “miró durante un mes mientras eran masacrados”, demostrando que su única estrategia era un fallido intento de reproducir lo hecho en Venezuela, buscando figuras de segunda línea para un acuerdo imposible. Esta incomprensión del régimen iraní —conducido por “personas muy inteligentes”, que despliegan una diplomacia sofisticada y fuerte en todos los niveles institucionales— es el resultado de haber designado como delegados para Medio Oriente a inversores inmobiliarios como Jared Kushner y Steve Witkoff, en lugar de estrategas políticos o diplomáticos de carrera para gestionar el conflicto.
Por su parte, el experto indo-estadounidense Fareed Zakaria, columnista de The Washington Post y representante de la corriente realista de las Relaciones Internacionales, refuerza la visión crítica de Friedman y Walzer al describir a la de Trump como una presidencia construida sobre el bluff y la improvisación. Como muestra fehaciente de esta incoherencia, Zakaria resalta cómo las “líneas rojas” o ultimátums de Trump ya no significan nada. El ejemplo más reciente fue su amenaza por redes sociales de destruir las plantas de energía iraníes si el estrecho de Ormuz no se abría en 48 horas. Irán ignoró el ultimátum y Trump, lejos de actuar, retrocedió rápidamente alegando supuestas “conversaciones productivas”. Teherán negó rotundamente que existieran.
Para el mundo, la credibilidad estadounidense se ha transformado, en palabras de Zakaria, en un “extraño programa de telerrealidad en el que el protagonista zigzaguea entre crisis, con la esperanza de que lo que diga hoy resuelva el problema que generó lo que dijo ayer”. Trump parece haber olvidado que en la guerra el adversario también decide, y en Irán se ha topado con un enemigo que no está dispuesto a jugar bajo sus reglas.
La Argentina, carente de prudencia estratégica
Frente a este complejo panorama global, la Argentina ha decidido abandonar cualquier vestigio de prudencia para sumergirse en una “occidentalización dogmática” tan entusiasta como peligrosa. Esta postura quiebra de manera drástica con una tradición histórica de autonomía, aportes constructivos a la sociedad internacional y ponderación racional de las consecuencias que caracterizó a nuestra política exterior durante gran parte del siglo XX y principios del XXI.
Es necesario recordar hitos de esta rica tradición en materia de política externa. En 1902, la postura del canciller Luis María Drago —durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca (1898-1904)— dio lugar a lo que se conocería como “Doctrina Drago”, al establecer que la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, defendiendo la soberanía de Venezuela frente a la “diplomacia de las cañoneras” del Reino Unido, Alemania e Italia.
Ocho décadas más tarde, durante los años ‘80, la Argentina desempeñó un papel crucial a través del Grupo de Apoyo a Contadora, al promover una solución negociada y pacífica a los conflictos en Centroamérica, procurando que la región no se convirtiera en un campo de batalla de la Guerra Fría por la intervención directa de las superpotencias. Vale la pena recordar —ante la vergüenza que genera la genuflexión constante del Presidente Milei en la Casa Blanca o en Mar-a-Lago— el histórico discurso del Presidente Raúl Alfonsín en los jardines de la Casa Blanca frente a la mirada atónita de Ronald Reagan sobre la cuestión de Centroamérica. Asimismo, en agosto de 1987, el propio Alfonsín intervino con éxito para distender un grave incidente en el Golfo de Venezuela entre Colombia y Venezuela, evitando una guerra naval entre vecinos.
Ya en el siglo XXI, la Argentina —durante la presidencia de Cristina Fernández— fue una de las abanderadas de la creación del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) en el marco de la UNASUR. El CDS se erigió como una alternativa estratégica soberana frente a los instrumentos hemisféricos conducidos tradicionalmente por Washington, al buscar definir una “identidad suramericana” en materia de defensa que privilegiara la cooperación regional y la resolución autónoma de conflictos, alejándose de las agendas de defensa y seguridad impuestas desde el Pentágono. La eficacia de este mecanismo quedó probada en diferentes hitos de mediación regional: el CDS fue la plataforma que permitió encauzar la crisis diplomática (2008-2010) generada por la “Operación Fénix” —la incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano—, buscando soluciones propias a problemas regionales sin tutela externa. Asimismo, el Consejo actuó como una plataforma de respuesta conjunta inmediata ante el intento de golpe de Estado en Ecuador en 2010, tras la sublevación policial contra el Presidente Rafael Correa, preservando el orden democrático mediante la cooperación regional.
Hoy, el gobierno de Javier Milei echa por tierra este valioso capital diplomático. Al respaldar acciones militares que ignoran el derecho internacional, como los ataques preventivos a instalaciones nucleares o la eliminación de líderes extranjeros sin estado de guerra previo, el país renuncia a su rol de promotor de la paz para convertirse en una caja de resonancia de los intereses de Trump. El Presidente libertario, al afirmar desde la Universidad Yeshiva en Nueva York que se siente orgulloso de ser el mandatario “más sionista del mundo” y sentenciar ante la guerra en Medio Oriente que “vamos a ganar”, sitúa a la Argentina en una zona de riesgo por asociación. La advertencia formulada por voceros iraníes en el oficialista Tehran Times sobre una “respuesta proporcionada” a esta enemistad debería ser tomada en Buenos Aires con la seriedad que ameritan los asuntos de seguridad nacional.
En este marco, la escalada de tensiones alcanzó puntos críticos en la semana que concluye. El martes 31 de marzo, el Presidente Milei oficializó la declaración del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista, incorporándola al Registro Público de Actos de Terrorismo (RePET) por su supuesta vinculación con los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. La respuesta de Teherán fue inmediata, calificando la medida como un “insulto injustificable”, y advirtiendo que el gobierno argentino se sitúa “del lado equivocado de la historia” al alinearse con la agresión de Estados Unidos e Israel. Al momento de cierre de esta nota (jueves 2 de abril), la Cancillería argentina declaró “persona non grata” al encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, ordenando su expulsión del país en 48 horas tras considerar el comunicado de Irán como una “inaceptable injerencia” y un agravio a las autoridades nacionales.
Doctrina Donroe y gendarmerización de las Fuerzas Armadas
El seguidismo dogmático al que hemos hecho referencia tiene su correlato hemisférico en la nueva Estrategia de Defensa Nacional de Donald Trump (EDN 2026). La directiva estratégica del Pentágono busca consolidar a las Américas como la “retaguardia segura” de su poder global. Bajo la égida de lo que se ha denominado “Doctrina Donroe” —una versión radicalizada de la doctrina Monroe con el inconfundible sello egocéntrico de Trump—, Washington pretende convertir a los instrumentos militares latinoamericanos en meras correas de transmisión de sus intereses de seguridad.
Las novedades de marzo han sido elocuentes: la cumbre “Escudo de las Américas” y la Conferencia Anti-Cárteles en Miami marcaron la adhesión incondicional de la Argentina —a través del propio Presidente Milei y de su ministro de Defensa, el general Carlos Presti— a una agenda que prioriza la lucha contra el “narcoterrorismo” y la temida injerencia de China e Irán en la región. Es institucionalmente anómalo que estos acuerdos hayan sido suscriptos por el ministro de Defensa, toda vez que los temas tratados —narcotráfico, migraciones y el universo de las “nuevas viejas amenazas”— competen exclusivamente a la seguridad interior según las leyes 23.554 (Defensa Nacional) y 24.059 (Seguridad Interior). Por ende, debió haber sido suscripto por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y no por Presti.
Esta carta blanca concedida al Comando Sur para diseñar y regir doctrinariamente a las Fuerzas Armadas argentinas da cuenta de un proceso que conducirá, inevitablemente, a la desprofesionalización, policialización y gendarmerización de nuestro instrumento militar. Al convertir a los militares en “combatientes del crimen” a través de iniciativas como la “Operación Roca”, se desvían recursos y atención de la misión primaria y fundamental: la protección de la soberanía nacional, especialmente en el Atlántico Sur y su proyección antártica.
Al respecto, cabe señalar que mientras Gran Bretaña refuerza su preparación para el conflicto interestatal y protege su enclave colonial en Malvinas con el desarrollo de submarinos nucleares, la Argentina renuncia a cualquier capacidad de disuasión militar para transformarse en una fuerza de policía de fronteras. La diferencia es desoladora: el abordaje profesionalizante que Londres ha plasmado en su Revisión Estratégica de Defensa (SDR 2025) contrasta, de manera abismal, con la claudicación estratégica y la deformación policial que orienta a los funcionarios del Edificio Libertador.
Todavía más grave es que, ante semejante cuadro de menesterosidad castrense, la administración Milei alimente, irresponsablemente, la posibilidad de enviar apoyo militar al teatro de operaciones de Medio Oriente. La realidad de nuestros medios navales, tras décadas de desinversión —y luego de “detonar” la Ley del FONDEF sancionada por el último gobierno peronista, única herramienta que hubiera permitido torcer la decadencia en materia de equipamiento—, es decididamente crítica.
Al ser consultado para esta nota, un almirante (retirado) de amplísima trayectoria fue lapidario al respecto: “Los únicos medios que podrían ser destacados son las corbetas y los destructores… sin embargo, no están en el nivel de alistamiento requerido para ser considerados ‘medios operativos’ (…) no les funcionan todos sus sensores ni sus sistemas de armas (…) en cuanto los ataquen con un dron, los van a hundir. Sería un suicidio ir hoy a Medio Oriente”. La sola puesta sobre la mesa de la disponibilidad militar en un conflicto ajeno representa una irresponsabilidad estratégica que ignora, por ejemplo, las lecciones políticas extraídas de la primera Guerra del Golfo (1990-1991).
El vacío estratégico y el ridículo de la inteligencia subordinada
El proceso de “desnacionalización estratégica” en curso se traduce en una estructura defensivo-militar y de inteligencia incapaz de abordar los problemas de su competencia con una mirada autónoma. Dos ejemplos recientes resultan paradigmáticos.
En primer lugar, el flagrante incumplimiento del planeamiento estratégico de la Defensa. A casi 30 meses de iniciada la administración Milei, el Poder Ejecutivo ha sido incapaz de emitir la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), el documento liminar que debe orientar todo el ciclo de planeamiento según el Decreto 1729/2007. Esta parálisis implica un agujero negro estratégico: sin DPDN no hay apreciación militar ni planes de corto, mediano o largo plazo. Por supuesto, tampoco se puede contar con un Plan de Capacidades Militares, indispensable en un mundo pugnante y belicoso como el actual. La carencia de DPDN revela que la apreciación estratégica de nivel nacional ya no se fija en la Argentina. En efecto, el gobierno simplemente espera adaptar sus borradores a lo que el Pentágono ya ha dictaminado en su EDN 2026, renunciando así a definir intereses nacionales autónomos.
Esta degradación es el resultado, en esencia, de las gestiones de dos ministros (Luis Petri y Carlos Presti), que en lugar de asesorarse con cuadros político-técnicos preparados para la tarea, han llevado adelante designaciones basadas en una supuesta “batalla cultural” y han incorporado youtubers sin la más remota idea de cómo gestionar un Ministerio, ni de conducir políticamente una tarea compleja como es el planeamiento defensivo-militar.
En segundo lugar, vale recordar el desaguisado que ha significado la declaración del “Cártel de los Soles” como organización narcoterrorista. En agosto del año pasado, siguiendo las instrucciones de Trump, la Cancillería, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad incorporaron a este grupo al Registro Público de Actos de Terrorismo (RePET). Sin embargo, el ridículo quedó expuesto cuando el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos reescribió poco después su acusación contra Nicolás Maduro, eliminando las referencias al cártel como una organización real.
El origen de la denominación “Cártel de los Soles” es periodístico y se remonta a 1993, basándose en las insignias solares de los uniformes de la Guardia Nacional venezolana. En efecto, nunca se logró describir la infraestructura transnacional ni la capacidad operativa de tal organización, a diferencia de los cárteles reales de México o Colombia. El hecho de que la Argentina mantenga la designación como organización narcoterrorista, basándose en una fábula creada en Washington, revela una inteligencia subordinada, carente de rigurosidad profesional y volcada exclusivamente a la sobreactuación ideológica.
Reflexión final
La escena geopolítica argentina ha ingresado en una dimensión de vulnerabilidad extrema. El alineamiento irrestricto con una administración estadounidense que conduce una guerra imprudente, zigzagueante y carente de estrategia en Medio Oriente nos sitúa como un blanco por asociación en un conflicto que nos es ajeno.
La renuncia a la autonomía estratégica —aquella que supimos cultivar con la Doctrina Drago, en Contadora o a través del Consejo de Defensa Suramericano—, la parálisis del planeamiento de defensa nacional y la gendarmerización de las Fuerzas Armadas nos sitúan en una “fase de indefensión crítica”.
Es urgente que el realismo y la prudencia —entendida como la ponderación racional de las consecuencias— retornen al centro de nuestra política exterior. Seguir por la senda de la genuflexión y el dogma personal de Milei no solo es un error táctico. Se trata de una claudicación estratégica que compromete los intereses vitales de la Nación y nos deja expuestos ante eventuales tragedias globales, cuyas externalidades no podremos, de ninguna manera, controlar.
* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA) y profesor de Relaciones Internacionales (UBA-UNSAM-UNQ-UTDT).
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