La prevención de incendios forestales y el manejo de plantaciones de especies exóticas aparecieron como recursos para intentar revertir, en favor de un particular, un conflicto de 50 años contra una comunidad del pueblo mapuche en la zona andina de Río Negro. Con la excusa de manejar un pinar altamente combustible ubicado a unos 50 kilómetros al norte de El Bolsón, organismos públicos y profesionales privados pretenden redirigir el rumbo de un juicio civil en que se juega el derecho al territorio tradicional. Esta maniobra se produce al mismo tiempo que el Estado provincial obtuvo financiamiento internacional para la elaboración de un Plan de Prevención de Incendios Forestales (PPIF) con un mapa de riesgo de la zona andina, donde confluyen los más poderosos propietarios de tierras rurales y la mayor cantidad de comunidades mapuche con reclamos judicializados.
José Luis Zilberberg, propietario de una clínica en Comodoro Rivadavia, pretende desarrollar un loteo en parte del territorio de la comunidad Las Huaytekas, próximo a la Ruta Nacional 40, en la cuenca de los ríos Villegas y Foyel, junto a un relicto de ciprés protegido por un área natural creada por ley. Perdió un juicio penal por presunta usurpación en 2024. Entonces, inmediatamente acudió a la vía civil para despojar a las familias asentadas históricamente en el lugar, lo que intenta desde 1976 con el respaldo sistemático de los gobiernos provinciales.
Aun así, la Fiscalía de Estado de Río Negro inició y mantiene una demanda en su contra porque adquirió en forma ilegal esa parcela, parte de la maniobra de transferencia masiva de tierras fiscales a particulares realizada desde el Ejecutivo con la participación de estudios jurídicos, escribanías e inmobiliarias. Por esta misma maniobra, entre 2006 y 2011 aproximadamente, fueron favorecidos, entre otros, el grupo belga Burco y el empresario Marcos Marcelo Mindlin, tal como hemos relatado en otras oportunidades.
La provincia le vendió 200 hectáreas –que estaban ocupadas por familias de Las Huaytekas– a la mitad del bajísimo valor fiscal en 2008. De ese total, 115 hectáreas están comprendidas en el juicio civil que se tramita en un juzgado de El Bolsón. En ese expediente, Zilberberg presentó una propuesta de intervención a diez años para el pinar y el bosque nativo en tierras que no ocupa ni trabaja. La iniciativa contó con el aval del Servicio Forestal Andino pero no con el del Servicio Provincial de Incendios Forestales (SPLIF), según la profusa documentación en manos de Las Huaytekas. La comunidad cuestionó la maniobra que buscar legitimar la presencia del privado en el territorio con la excusa de realizar tareas en el pinar implantado para prevenir incendios forestales y de interfase, riesgo real que no desconoce.
A través del informe de un ingeniero agrónomo –que además es propietario de una inmobiliaria–, el privado pretende volver a intervenir en las 200 hectáreas, pretensión superada ampliamente por el Servicio Forestal Andino, que planteó trabajar sobre 1.700 hectáreas sin identificar, pero que necesariamente afectaría el espacio comunitario que no es parte de este litigio. Existe el compromiso de analizar los alcances del caso con Claudia Contreras, subsecretaria de Recursos Forestales, y directivos de Empresa Forestal Rionegrina SA (Emforsa) de capitales mixtos, informó Mirta Ñancunao, referente de Huaytekas y werkén (vocera) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro.
Al finalizar 2025, Contreras anunció que, con el respaldo del gobierno nacional, Río Negro accedió a 600.000 dólares aportados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para hacer un mapa de riesgos de incendios de interfase, bosques y forestaciones del área Bariloche, El Manso y El Bolsón. El territorio de Las Huaytekas queda comprendido en ese proyecto.
Cortafuegos riesgosos
Zilberberg jamás ocupó la tierra en conflicto. Es copropietario y dirige la clínica Cruz del Sur en Comodoro Rivadavia (Chubut) y su domicilio legal es en Caleta Olivia (Santa Cruz). Sin residencia efectiva en Río Negro –menos aún en el lugar–, la provincia lo reconoció como ocupante fiscal en 2006 y dos años después le adjudicó en venta 200 hectáreas. Desde 1975 ya merodeaba el lugar, con una compra de mejoras a vecinos de El Bolsón para forestar con especies exóticas. Con un pie adentro, pidió autorización para operar en sociedad con Forestal Río Negro SA, con asiento en Comodoro Rivadavia. Jamás presentó formalmente ningún plan forestal ante los organismos correspondientes, según documentó la Fiscalía de Estado en la demanda. De todos modos, recibió subsidios de organismos públicos como forestador.
En 2012, alguien le aprobó un fraccionamiento y loteo en 80 de las 115 hectáreas. Empezó a comercializar la urbanización El Foyel con la firma Solares de la Comarca SA. Por entonces, su apoderado era Daniel Elías Kritz, desarrollador inmobiliario de Lago Puelo, que después fue investigado por la justicia federal por trata y explotación de mujeres en chacras y cabañas de la zona. El loteo fracasó, aunque el fraccionamiento sigue vigente en los planos oficiales. Se desmoronan las cabañas construidas, como documentó la comunidad la última semana.
Así es que, en el ahogo judicial, el inversor que no invierte recordó que alguna vez plantó pinos que jamás cuidó y que ahora son objeto de las políticas estatales y de preocupación pública. Contrató a Fernando Ciarlo –ex funcionario del gobierno de Horacio Massaccesi, propietario de una inmobiliaria en Bolsón– para que firme un recurso que presentó en la demanda civil. El escrito de Ciarlo no es un plan de manejo de la forestación abandonada, según analizó un experto consultado. Lo objetó la defensa oficial de Las Huaytekas en el expediente.
“El plan de manejo de las forestaciones existentes, conjuntamente con el plan de protección contra incendios forestales del predio de 200 hectáreas de superficie, será realizado sobre la base del inventario forestal efectuado en diciembre del año 2017, involucrando una superficie total de plantaciones de pino Murrayana de 112,50 hectáreas, con una edad actual de los árboles de entre 40 y 45 años, agregándose una superficie de bosque nativo arbustivo de aproximadamente 71 hectáreas, también con necesario tratamiento de manejo y protección”, dice el informe de Ciarlo. A pedido de la parte, en diciembre, el funcionario responsable del Servicio Forestal Andino inspeccionó el lugar, aprobó la propuesta y redobló la apuesta: actuar a partir de ese expediente civil en 1.700 hectáreas, en el Cipresal Las Huaytekas y el cordón montañoso Serrucho.
Control de daños
La FAO lidera el Proyecto Pagos por Resultados de REDD+ de la Argentina (PPR) bajo la órbita de la dirección de Bosques Nativos de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, con financiamiento del Fondo Verde para el Clima (FVC). La oficial de Programas de FAO Argentina es María Laura Escuder, en tanto Silvana Font es la coordinadora del componente de prevención de incendios del PPR FAO Argentina. El país “recibió este financiamiento en concepto de retribución por las emisiones reducidas en el país durante el periodo 2014 a 2016, derivadas de la disminución de la deforestación en regiones forestales críticas como el Parque Chaqueño, la Selva Tucumano Boliviana, el Espinal y la Selva Misionera”, informa el organismo.
En diciembre, Contreras anunció que se accedió a 600.000 dólares para el mapa de riesgo y el PPIF. En marzo se hicieron reuniones técnicas en el marco de ese proyecto. También el año pasado consiguieron un acuerdo similar, por el mismo monto, Neuquén para desarrollar en la zona de Villa Pehuenia, donde están asentadas varias comunidades; y Santa Cruz.
El daño social, económico y medioambiental de los incendios lo hemos desarrollado en notas pasadas, así como el montaje persecutorio que se despliega bajo el humo. En este caso, llama la atención la permanente capacidad de (re)generar estrategias de despojo concurrentes entre el Estado y los capitales privados.
La fracción en conflicto está ubicada a un kilómetro de la traza de la Ruta Nacional 40, muy próxima a la conocida como recta de El Foyel, donde el magnate británico Joseph Lewis tiene aprobada la construcción de un aeropuerto que hasta ahora no pudo concretar.
En esta misma tenaza extractivista se juegan el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que se analiza en comisiones del Senado, así como una reforma a la ley nacional de protección de los bosques y montes nativos, sin texto borrador conocido hasta el momento, pero en el horizonte de la amenaza.
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