Siguen manifestándose en todo el territorio los frutos materiales del posicionamiento geopolítico de la administración de Javier Milei, subordinado a la estrategia global de Estados Unidos y al puñado de capitales concentrados que buscan montar centros de datos en la Argentina. A partir del lunes 4 de mayo, una delegación del Estado norteamericano accedió al control físico de la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y los centros atómicos Constituyentes, Ezeiza y Bariloche, una decisión sin antecedentes conocidos, advertida por los trabajadores estatales y calificada como cesión de soberanía. Al mismo tiempo, finalizó el Operativo Kekén, ejercicio militar realizado en Chubut y Santa Cruz, destinado a blindar la infraestructura energética de la Patagonia.
El lugar del sur del Sur en el marco de la guerra de Israel y Estados Unidos en el Golfo Pérsico ya había quedado planteado con el ejercicio militar combinado “Daga Atlántica”, que estaba previsto para desarrollarse entre abril y junio, que Milei aprobó por decreto y después el Pentágono postergó sin fecha.
El vaciamiento de servicios públicos alcanza a sectores inimaginables, al punto que la semana pasada hubo despidos en el Instituto de Tecnologías Nucleares en Salud (Intecnus) de Bariloche, complejo único en su tipo diseñado y construido por INVAP SA y dependiente de CNEA. Millones de inversión estatal en tecnología propia, con personal altamente capacitado que encontrará nuevo empleo en la competencia privada.
En suma, de acuerdo al análisis de distintos espacios gremiales, sociales y políticos:
- cesión de soberanía a Estados Unidos en el control físico de la infraestructura y bienes del sector nuclear;
- desmantelamiento de infraestructura pública de energía y telecomunicaciones en favor de los pulpos trasnacionales de la economía de plataformas y los mercados de la información; e
- institucionalización del control militar de las explotaciones e infraestructura de la producción, transporte y exportación de hidrocarburos en la Patagonia.
“Quieren reducir el Estado a un puesto de Gendarmería”, sintetizó Luis Zas, de Foetra, durante la presentación del anteproyecto de ley de un régimen de integración energética nuclear para infraestructura digital crítica que elaboró la coordinación de los trabajadores de la empresa ARSAT y CNEA en la CTA Autónoma.
Aguijones
El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, comenzó a circular la nota oficial de tres páginas de la autorización del ingreso a los centros atómicos –e instalaciones respectivas– de una delegación de los Estados Unidos de América conformada por representantes del Departamento de Estado (DOS), Departamento de Energía (DOE), la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) y personal diplomático de la Embajada de ese país en la Argentina. Un grupo de cinco especialistas norteamericanos coordinados por Sarah Dickerson, con 30 años de experiencia en cooperación nuclear y actuación en distintas administraciones de gobierno en forma continua como asesora principal de Asuntos de Seguridad Nuclear en el Departamento de Energía/Administración Nacional de Seguridad Nuclear (DOE/NNSA). En su momento, trabajó durante 13 años en los Laboratorios Nacionales Sandia como experta en protección física y gerente de proyectos. Ahora, por esos laboratorios recorrió las instalaciones argentinas Oleg Bukarin. Entre sus antecedentes profesionales, resulta inquietante su intervención en las presiones al gobierno de Libia por el envío de uranio en diciembre de 2009, según cables de la embajada norteamericanos difundidos por The Guardian. En 2011 Estados Unidos invadió ese país, asesinando a su Presidente Muamar Gadafi.
El lunes último, con el control por parte del escuadrón de fuerzas especiales “Alacrán” de Gendarmería Nacional, iniciaron la recorrida a las oficinas con camiones hidrantes, armas largas, el grupo antidrogas y grupo de perros. Un dispositivo desmedido si lo que pretendían era tener acceso a las medidas de seguridad físicas de edificios y equipamiento, especialmente a las cámaras de seguridad, indicó una fuente gremial.
La Argentina es parte de la Convención sobre Seguridad Nuclear (CSN), para la que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) actúa como depositario. Mantiene compromisos internacionales en materia nuclear, pero este acceso a la seguridad física de las instalaciones por parte de un Estado extranjero excede esos compromisos y constituye una resignación de soberanía, concluyó ATE-CNEA.
Reserva estratégica
“La CNEA representa una reserva estratégica irreemplazable”, concluyó un panel de expertos de distintas disciplinas del sector nuclear que se reunió el 24 y 25 de abril en Bariloche, convocados por la Fundación Balseiro. El taller de pensamiento “CNEA en el Siglo XXI” acordó que “esa agenda no se reduce a la defensa presupuestaria de una institución existente, sino que plantea una pregunta más profunda: qué tipo de capacidad científica, tecnológica, industrial y estratégica necesita preservar y desarrollar la Argentina en un mundo donde la energía, la seguridad, la salud, los materiales, la inteligencia artificial, la computación avanzada y las tecnologías nucleares ocupan un lugar central”. El documento final planteó que el organismo debe “organizarse alrededor de prioridades explícitas: energía nuclear, combustibles, reactores avanzados, aplicaciones a la salud, radioisótopos, materiales, seguridad, enriquecimiento, ciencia básica estratégica, tecnologías emergentes, formación regional y apoyo al ecosistema productivo”.
Uno de los participantes, Diego Hurtado, doctor en física y ex vicepresidente de la CNEA, consideró que el sector nuclear, en tanto sector económicamente estratégico, es compatible con los gobiernos que impulsan políticas industriales, energéticas y de I+D convergentes y de escala nacional. En ese sentido, cuestionó la cancelación de proyectos como las centrales nucleares de tipo CANDU y Hualong One que China había ofrecido financiar. “Las centrales nucleares de potencia son la columna vertebral y el principio ordenador del sector nuclear argentino que garantiza la articulación de la trama institucional-empresarial y la convergencia de agendas institucionales y empresarias”.
El conjunto coincidió sobre los alcances de la política salarial, considerando que “el núcleo más sensible es la pérdida de recursos humanos. La institución corre el riesgo de perder su activo más valioso: las personas. La infraestructura puede conservarse durante un tiempo; los edificios, reactores, laboratorios y equipos pueden seguir existiendo físicamente. Pero el conocimiento nuclear profundo —el que permite diseñar, licenciar, operar, reparar, evaluar, innovar y formar— es conocimiento encarnado en comunidades técnicas. Se transmite entre generaciones mediante trabajo conjunto, dirección de tesis, participación en proyectos, operación de instalaciones y resolución de problemas reales. Una interrupción de esa cadena puede ser irreversible. Por eso, la cuestión salarial, el ingreso de jóvenes, la carrera profesional, la retención de docentes de los institutos y la participación en proyectos desafiantes aparecen no como demandas sectoriales, sino como condiciones de supervivencia institucional”.
Al mismo tiempo que elaboraron y publicaron un documento final, se conocían 18 despidos y el cierre de quirófanos y salas de internación en Intecnus en la misma ciudad.
Otras voces, mismos temas
Los trabajadores nucleados en ATE de CNEA y de la empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA (ARSAT), la estatal de telecomunicaciones creada en 2006, elaboraron un proyecto de ley para la creación de un “régimen de integración energética nuclear para infraestructura digital crítica, destinado a garantizar el abastecimiento eléctrico estable, continuo y de bajas emisiones para centros de datos estratégicos de titularidad estatal, mediante el uso de reactores modulares de diseño nacional tipo CAREM”. El reactor Carem (Central Argentina de Elementos modulares) es una pequeña central nucleoeléctrica diseñada íntegramente por la CNEA y emplazado dentro del complejo nuclear Atucha, en Lima, provincia de Bueno Aires.
El proyecto entiende por “infraestructura digital crítica a los centros de datos, redes de telecomunicaciones y sistemas asociados operados por el Estado nacional o sus empresas, incluyendo los gestionados por ARSAT”.
Tanto el Carem como ARSAT están en peligro por las privatizaciones y la transferencia de recursos estatales a capitales amigos. Así es que la propuesta de ley es una respuesta desde las organizaciones gremiales críticas que buscan discutir la soberanía energética en relación con la soberanía digital en una economía que crea valor con la explotación de informaciones (datos) de todo tipo.
En esa lectura integral del modelo Milei, los grupos económicos y la geopolítica imperial norteamericana, se comprenden mejor algunas hechos:
- Starlink, la empresa de internet de alta velocidad del grupo aeroespacial SpaceX, de Elon Musk, trepó a 200.000 usuarios en áreas rurales gracias a la paralización de Arsat;
- Una empresa norteamericana y otra canadiense captan la mano de obra altamente calificada que despidió la CNEA;
- De 450 centrales nucleares en todo el mundo, un puñado están en el Sur global, lideradas por las de Argentina y las de México, Sudáfrica y Brasil;
- Reino Unido no cuenta con una central comparable al Carem, paralizada y resguardada a tiempo por directivos responsables, cuya finalización de obra estaba prevista para fines de 2018;
- La inteligencia artificial (IA) cambió el modelo de data center y Arsat desarrolló un modelo propio certificado, cuyo desfinanciamiento fue la antesala del desembarco de 14 grandes empresas globales de servicios en la nube con interés de instalar centros de datos en la Argentina.
“Los datos son los recursos naturales más valiosos”, planteó Sebastián Cativa Tolosa, de ATE-CNEA, citando a un CEO de una multinacional procesadora de IA. “La información se ha convertido en el recurso más importante del capitalismo actual”, sintetizó el filósofo alemán Joseph Vogl en Capital y resentimiento, una breve teoría del presente. Lo cierto es que urge repensar las dimensiones de las soberanías, territorios y sociedad local, tomando los aportes de estos espacios de debate.
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