La definición de lawfare que regala la IA dice textualmente que es la guerra judicial con el uso indebido de procedimientos judiciales y del Derecho con fines de persecución política, destrucción de imagen pública y desestabilización de opositores.
Como cualquier definición teórica o hipótesis, necesita una evidencia para legitimarse. En este caso, la validación, por si quedaba alguna duda, llegó de la mano de la denominada “causa de los cuadernos”. Desde hace mucho tiempo y con más énfasis desde la llegada al gobierno de Mauricio Macri, que le dio soporte gubernamental al entente mafioso mediático-judicial, muchos nos desgañitábamos denunciando en artículos periodísticos, entrevistas, charlas en locales partidarios o asambleas en plazas públicas que esta práctica se había desatado como una forma de persecución política contra el movimiento popular argentino, haciendo foco en la figura de Cristina Fernández de Kirchner.
En lo particular, con el acompañamiento de la mayoría de la Comisión Bicameral de Inteligencia, en un Informe que abarcó cerca de cuatrocientas páginas, denominado “El Estado Mafioso”, el 20 de abril del 2021 afirmábamos en la introducción de ese documento que resumió un año de investigación de los casos más resonantes de tareas de espionaje y articulaban con los ataques mediáticos judiciales sirviendo a sus propósitos lo siguiente:
“Durante el gobierno que abarcó el período 2015-2019 se utilizó el poder del Estado para implementar un plan sistemático de espionaje político ilegal, como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa. Fue diseñado con premeditación y alevosía y en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial, avasallando a cientos de ciudadanos. No quedó nada afuera: hubo aproximadamente 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente; al menos 307 víctimas directas confirmadas; 43 intervenciones de los Servicios de Inteligencia en causas penales, solamente en los primeros doce meses del gobierno de Mauricio Macri. El objetivo de la extorsión política y en algunos casos económica eran claros: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas”.
Pero, a decir verdad, a pesar de los esfuerzos anticipatorios, corríamos con desventaja respecto a la percepción de la mayoría de la opinión pública, que seguía siendo objeto del bombardeo sistemático de los poderes fácticos. Paradójicamente, la causa de los cuadernos ha sido más elocuente para dejar al desnudo estas prácticas persecutorias, que han violentado el principio del juez natural para asegurarse que la denuncia recayera en un juez y un fiscal que retuvieron la misma para sí, anexándola a otra causa trucha. En este caso, la de Gas Natural Licuado, fundamentalmente nutrida con el aporte de Marcelo D’Alessio, compinche del fiscal Stornelli y agente inorgánico monitoreado por la SIDE de aquel entonces, que hoy purga 13 años de prisión en razón de las múltiples tareas ilegales que le encomendaban sus socios de ayer.
Bonadío y Stornelli no dejaron en pie ninguno de los principios básicos consagrados en la Constitución Nacional y en el Código de Procedimientos. Pisotearon el principio de inocencia; la ley del arrepentido la usaron para coaccionar y obtener falsas confesiones; en la intimidad de sus incursiones nocturnas, juez y fiscal no solo repartían “sortijas” sino que además se daban el lujo de decidir qué empresarios habían incurrido en “sobornos”, cuáles en simples “aportes de campaña”, e incluso en contribuciones por “razones de Humanidad”. Pero llegaron aún más lejos: en un caso resolvieron eliminar de la lista de imputados a un empresario amigo del juez y en su lugar encarcelar a otro al que el gobierno de turno venía apretando a través del inefable Pepín Rodríguez Simón para que le entregara su empresa de medios a gente afín al gobierno de Macri. Ni el Viejo Vizcacha cuando lanzó aquella frase “hacete amigo del juez” como un consejo en las páginas de La vuelta del Martín Fierro habría imaginado que esa amistad podría llegar tan lejos.
Todas estas tropelías, como las que dominaron la Causa Vialidad y otras que están en curso con los mismos vicios, finalmente fueron el punto de partida de la ruptura del pacto democrático que comenzamos a transitar en 1983 y que culminó, en su punto más alto, en el intento de asesinato de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En lo que va de las sesiones, el Tribunal Oral que entiende en el caso cuadernos, en un intento desesperado por encubrir las maniobras ilegales en las que han incurrido el juez y los fiscales desde la primera instancia hasta las superiores, sostienen que “esto no es un juicio al juicio”. Cuando, precisamente, se ha transformado en eso. Pero no por chicanas procesales de los abogados defensores, sino porque así como desde tiempos inmemoriales se sostiene que “el pez por la boca muere”, en esta parodia podemos afirmar que el lawfare también muere en un juicio oral y público. Alguno podrá refutarme –con una fuerte dosis de certeza– que toda esta podredumbre que se está exhibiendo se mantendrá intacta porque la sentencia ya está escrita. Pero yo también podré decir, con cierta dosis de optimismo, que llegará el tiempo del Nunca Más para quienes desde sus posiciones de poder han deshilachado la democracia, degradado a la República y enlodado al Poder Judicial.
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