La persecución judicial y administrativa contra un abogado defensor de comunidades del pueblo mapuche muestra la decisión de operadores del gobierno nacional de usar todo el andamiaje estatal para debilitar el reclamo por el territorio tradicional indígena. Hace poco más de un año, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desató la persecución contra Luis Virgilio Sánchez, abogado de ese organismo desde 2014, a partir de un viejo reclamo de Patricia Bullrich, de cuando era ministra de Seguridad. En febrero de 2025, ARCA desvinculó a Sánchez de la jefatura de la delegación Esquel (Chubut), dispuso su traslado urgente a la delegación Neuquén y ordenó el desalojo de la vivienda institucional que habitaba junto a su familia. Los reclamos judiciales por esta persecución están en la Corte Suprema de Justicia, ante quien la Asociación Gremial de Abogadxs de la República Argentina reclamó días atrás por la discrecionalidad de sus propios operadores judiciales, en este caso de persecución contra el vicepresidente de la organización.
El 18 de mayo, con la firma de ocho abogadxs, la Gremial ingresó formalmente el reclamo a la Corte para que revise las decisiones en dos legajos: el amparo presentado por Sánchez por la desvinculación intempestiva que afectaba a todo su núcleo familiar, especialmente dos adolescentes, y el desalojo dispuesto por ARCA usando una ley firmada por el genocida Rafael Videla. En el amparo, la Defensora General de la Nación analizó especialmente los derechos de las dos hijas (hoy de 15 años) y en diciembre emitió un dictamen para que se revoque la medida dispuesta por ARCA, pronunciamiento que –aunque no es vinculante– ni siquiera analizó la Corte, al negar los últimos dos recursos este mes.
A la par, la jefatura del ARCA prepara un sumario interno con la intención de despedirlo, interpretó el propio destinatario de la medida.
La excusa
En febrero del año pasado, Sánchez publicó un artículo de opinión sobre la visita del Presidente Milei a su par norteamericano Trump, lo que pudo haber servido de excusa para desatar la persecución. Desde mucho antes circulaba en despachos del ARCA una carpeta dedicada exclusivamente a compilar las intervenciones de Sánchez en causas de comunidades mapuche de Río Negro, Chubut y Neuquén, dossier persecutorio armado por Bullrich, según distintos testimonios que recogió el propio abogado. El contador público Claudio Ricardo Mac Burney, ex director regional con asiento en Comodoro Rivadavia, es uno de los que se prestó a ejecutar la maniobra, tal como consta en la profusa documentación de los legajos judiciales que la víctima aportó para esta nota.
A fines de 2020, Sánchez fue designado interinamente como jefe de Distrito de Esquel. En octubre de 2021 formalizó con la ex AFIP un contrato de comodato, estableciéndose que el organismo cedía en ese carácter la vivienda que forma parte del inmueble donde funcionan las oficinas del Distrito Esquel de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia. En agosto de 2023 se celebró entre las partes una adenda al comodato, reiterándose que no poseía una duración determinada y que sus términos quedaban supeditados a que habite la vivienda con su familia, hasta tanto se mantenga vigente su cargo y se efectivice su traslado a su ciudad de origen.
Durante su desempeño en el cargo en Esquel, su gestión aumentó la recaudación, al punto que llegó a liderar el ranking nacional. Aunque es un distrito chico en cuanto al volumen de contribuyente, los porcentajes estaban en verde. El éxito recaudatorio lo protegió durante un tiempo de las embestidas de los operadores de Bullrich. En otro contexto, podría decirse que es un profesional exitoso necesario para cualquier gobierno.
Sánchez no se opuso a su desvinculación del cargo –lo que tuvo en consideración desde el mismo día de la asunción de esta administración nacional– sino al procedimiento sin notificación, interrumpiendo el ciclo lectivo de sus hijas, que buscaba replicar las condiciones humillantes y degradante del desalojo con el dispositivo policial de rigor que sufren sus propios defendidos. Logró evitar el desalojo express y a fines del año pasado regresó a Neuquén, respetando el año educativo de sus hijas y su proceso de desarraigo.
“Resulta imprescindible que esta Corte se involucre para evitar que este accionar se propague y tornen ilusorios y/o declamativos la división de poderes” y que “revise dos recursos de queja” interpuestos en los legajos de Sánchez, reclamaron Laura Taffetani, Eduardo Soares, Gustavo Franquet, María del Rosario Fernández, Blanca Barreiro, Sebastián Soto, Paula Paredes Alvarado y Álvaro Arias Camacho, todxs de la Gremial de Abogadxs.
Por otra vía, está pendiente la reactivación de la denuncia penal por presunto abuso de autoridad por parte de los funcionarios de ARCA en la desvinculación intempestiva.
Caso testigo
El caso muestra las variantes de la persecución política e ideológica en esta democracia, así como la sumisión total de la Corte a las operaciones del Ejecutivo, garantizando desde arriba un blindaje a los delitos cometidos por lxs burócratas a lo largo y ancho de todo el país. En definitiva, existe responsabilidad jurídica por complicidad judicial.
Es un ataque directo a un defensor privado de sectores sociales vulnerables, con escasas o nulas posibilidades de afrontar costos de contratación a estudios particulares. A la vez, es un tiro por elevación a todas y cada una de las comunidades que representa, solo o como parte del equipo de la Gremial: Paicil-Antreao (Villa La Angostura, Neuquén), Kinxikew-Melo (Villa La Angostura), Pillañ Mahuiza (Corcovado, Chubut), Paillako (Los Alerces, Chubut) y Lafken Winkul Mapu (Villa Mascardi, Río Negro), entre otras.
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