Los candidatos de izquierda a la presidencia de dos países vecinos, andinos y sudamericanos acaban de perder por un estrechísimo margen las elecciones frente a sus contrincantes del signo político opuesto. En ambos, el voto en el extranjero, en especial en Estados Unidos, tuvo una incidencia crucial. Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, ganó en la votación dentro del territorio nacional por 37.000 votos (0,2%), pero Keiko Fujimori revirtió su triunfo gracias a los 80.000 votos que obtuvo en el extranjero, donde se impuso por una diferencia de 26,4%. En Colombia, Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, ganó la elección en el territorio nacional por apenas 0,28%, pero el voto de los colombianos fuera de su territorio –donde tuvo una ventaja abrumadora del 29,5%, que le aportó 246.000 votos– aumentó la distancia total de votos en casi 1% y consolidó su victoria frente al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.
Apenas tres días después de la contienda electoral, Cepeda aceptó su derrota, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazara trasladar a Bogotá las boletas depositadas por los colombianos en el extranjero para realizar un recuento físico ante sospechas de inconsistencias. La normativa electoral colombiana estipula que el escrutinio internacional oficial de los votos fuera del país se ejecuta exclusivamente mediante la validación y consolidación de las actas físicas digitalizadas remitidas y firmadas por los cónsules y jurados de cada país. En el Perú, tres semanas después de realizadas las elecciones en segunda vuelta, aún falta terminar de revisar un número reducido de votos impugnados, pero el triunfo de Keiko Fujimori es irreversible. Roberto Sánchez insiste en demandar la anulación de los votos de peruanos emitidos en el extranjero, por lo que ayer convocó a una segunda marcha nacional, poco contundente, en protesta por el denunciado fraude electoral.
Los partidos que lo apoyaron en la segunda vuelta han reconocido el triunfo de Keiko Fujimori, pues respetarán el estado de derecho y el veredicto del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sánchez ha incurrido en una campaña antifraude, pero sin cobertura mediática, como también lo hizo Fujimori en 2021 al perder por una diferencia de 44.000 votos (0,2%) frente a Pedro Castillo, y más recientemente Rafael López Aliaga, en la primera vuelta electoral, por no haber pasado a la segunda ronda. Este democrático personaje le otorgó un ultimátum público de 24 horas al presidente del Jurado Nacional de Elecciones para que anulara la elección pues de lo contrario llamaría a una insurgencia civil y un levantamiento popular. Además, lo amenazó con sodomizarlo.
Tanto el triunfo de Abelardo De la Espriella en Colombia, como el de Keiko Fujimori en el Perú, son contable y legalmente irrefutables. Pero las elecciones no son democráticas ni justas porque se juegan sobre canchas desniveladas que incluyen la injerencia de Estados Unidos, el dinero de los grupos de poder y el filtro del poder mediático.
Democracia de papel
A pesar de la obligatoriedad del voto bajo pena de multa en el Perú, solo 20,2 de los 27,3 millones de ciudadanos habilitados acudieron a las urnas durante la primera vuelta electoral. De los que votaron, 3,3 millones lo hicieron en blanco o viciado, más que los votos que recibió Fujimori (2,9 millones), seguida por Sánchez con 2,1 millones. Apenas 25% de quienes fueron a votar eligió a los candidatos que pasaron a la segunda vuelta.
En Colombia, donde el voto no es obligatorio, 62,4% (14 millones) de los ciudadanos habilitados para votar se identificaron en primera vuelta con alguno de los dos candidatos que disputaron la elección presidencial el domingo pasado. La dispersión de votos aquí es moderada y se logra una legitimidad de origen mucho más fuerte en sus candidatos desde la primera vuelta, mientras que el modelo peruano atomiza el poder a niveles críticos.
Estas diferencias se expresan en los diferentes grados de confianza en la democracia entre ambos países. Según la Corporación Latinobarómetro, el Perú se encuentra en el penúltimo lugar de toda la región (solo superando a Haití) en satisfacción democrática, mientras que Colombia se ubica en una posición intermedia, pero registrando un agudo deterioro.
En efecto, solo el 8% de los peruanos manifiesta estar “satisfecho” con el funcionamiento de su democracia, frente a un abrumador 91% que la rechaza o le es indiferente. El 90% de la población no confía en absoluto en los partidos políticos. En el caso de Colombia, el apoyo general a la democracia ronda el 45% - 48%, situándose cerca del promedio latinoamericano. La democracia es considerada como una estructura resistente o con “efecto teflón”, ya que ha logrado mantener elecciones regulares y estabilidad institucional a pesar de décadas de conflicto armado, narcotráfico y violencia. Sin embargo, la credibilidad actual se está quebrando: informes recientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierten que Colombia figura actualmente entre los países de la región con mayores reversiones y erosión en la legitimidad de sus instituciones.
La diferencia en la percepción ciudadana en ambos países constituye el matiz fundamental para entender sus dinámicas políticas. El ciudadano peruano promedio siente que el modelo democrático actual está roto por diseño. No confía en el Ejecutivo, ni en el Parlamento, ni en los jueces. Existe un sentimiento general de orfandad institucional. En Colombia, la frustración es contra las élites: el colombiano sigue creyendo mayoritariamente en el valor del voto y en la fuerza de sus instituciones, pero rechaza profundamente a la “clase política tradicional”.
Los poderes de facto en ambos países (corporaciones mineras, industrias extractivas o sectores financieros) definen qué candidatos logran visibilidad en medios de comunicación y redes sociales. Un rol no menor lo conforman sectores de la economía ilegal (narcotráfico, minería ilegal) a cambio de impunidad y control territorial. Los grandes medios de comunicación tradicionales configuran el otro eje que destroza o erige liderazgos según los intereses de las élites, para que luego el ciudadano elija libre y democráticamente.
Así, en el Perú la mayoría de los partidos se convierten en “vientres de alquiler” que se venden al mejor postor, lo que ha generado que el Congreso unicameral saliente sea rechazado por el 87% de la población. En Colombia se repite un fenómeno de profundo rechazo al Congreso (que suele registrar desaprobaciones de entre el 70% y 80%), aunque con una estructura de poder diferente, más institucionalizada y profesionalizada.
En Colombia los clanes familiares y barones electorales dinásticos no alquilan un partido por una elección; ellos son los dueños de los partidos tradicionales (Partido Conservador, Partido de la U, Cambio Radical). Intercambian organizadamente miles de votos por contratos públicos, puestos en el Estado y macro-proyectos que benefician a los grandes gremios económicos. En el Perú el Congreso funciona como una feria donde abundan los arrendadores de curules, mientras que en Colombia el Poder Legislativo opera como un refinado cartel político corporativo. Ambos caminos conducen al mismo destino: el profundo hastío y desapego de la ciudadanía hacia sus representantes.
La injerencia de Estados Unidos
El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, lideró el despliegue de personal diplomático en seis regiones del país, con la función oficial de vigilar la transparencia. Tres días antes de la elección había realizado una visita oficial al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, lo que no forma parte de las prácticas diplomáticas convencionales y bordea la delgada línea de la intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano. Sin embargo, Estados Unidos no intervino con fuerza en el Perú porque calculaban que, ganara quien ganara, la tecnocracia se mantendría intacta.
A diferencia de Colombia, donde el Pacto Histórico demostró capacidad de cohesionar al Estado y amenazar las bases de la doctrina de seguridad estadounidense y otros aspectos de su política exterior, el escenario peruano ofrecía garantías de contención automática debido a su diseño político. Cualquier intento de un Presidente de izquierda radical por salirse del libreto económico o institucional activaría inmediatamente la “vacancia por incapacidad moral”. Sabían también que se trataba de una alianza que carece de una bancada unificada y estimaban que el gobierno se fragmentaría por disputas internas en los primeros meses. Además, el comando militar y policial peruano es conservador y mantiene lazos históricos de cooperación estrecha con el Comando Sur de los Estados Unidos.
Misiones internacionales y analistas políticos coinciden en que la abierta intervención del gobierno estadounidense generó un desequilibrio drástico en las condiciones de la competencia electoral en Colombia. Esta se materializó a través del respaldo público y directo del Presidente Trump, quien le otorgó a De la Espriella su “completo y total respaldo” pues el resultado de la elección era “crucial para el futuro de la relación con Estados Unidos”. Al conocerse los resultados del pre-conteo, Trump declaró públicamente desde la Casa Blanca que su apoyo catapultó la campaña: “Le di mi respaldo. Estaba en décimo lugar y ganó la elección”.
Observadores internacionales como Jennie Lincoln, jefa de la misión de observación del Centro Carter en Colombia, calificó la participación del gobierno estadounidense como “una tendencia atroz de injerencia”. Recordó que las normativas de la OEA prohíben a los países intervenir en los procesos internos de otras naciones. Eurodiputados también emitieron una carta de condena oficial pidiendo frenar estas presiones extranjeras. Sucede que Washington necesitaba asegurar un aliado radical como De la Espriella, para militarizar y cerrar la ruta del Darien y controlar el narcotráfico con mano militar bajo los criterios de seguridad nacional de Estados Unidos, país al que el electo Presidente ha ofrecido alineamiento absoluto. Mientras en Colombia veían una amenaza real a su frontera sur, en el Perú dejaron que el proceso electoral corriera porque el propio sistema estaba diseñado para neutralizar cualquier asomo de radicalismo.
El interrogante del voto en el extranjero
La campaña de Iván Cepeda solicitó a la autoridad electoral el recuento de votos del extranjero, pues no logró tener testigos electorales ni jurados en todas las mesas de Estados Unidos, así como en otros países. Además, congresistas del Pacto Histórico denunciaron ante el Consejo Nacional Electoral que muchos de sus testigos inscritos en los consulados tuvieron problemas de acreditación o fueron registrados erróneamente en las plataformas como veedores de partidos contrarios, lo que mermó aún más su capacidad de vigilancia el día de la elección.
A diferencia del territorio nacional, donde se realiza un sorteo aleatorio para los jurados de mesa, en el exterior los ciudadanos inscritos en el censo consular se postulan de forma voluntaria a través de la plataforma de la Cancillería. El cónsul de cada sede realiza la selección definitiva con la instrucción explícita de configurar mesas heterogéneas, evitando que una sola mesa esté compuesta en su totalidad por jurados alineados con una única tendencia política. Es importante señalar que las elecciones de Colombia en el exterior se realizan durante la semana previa al día de la votación en el país, por lo que quienes se postulan para estas largas jornadas suelen ser personas con recursos económicos.
Si bien el sistema electoral colombiano otorga formalmente el mismo derecho a todos los partidos para inscribir un testigo por mesa, en la práctica esta igualdad formal no es equitativa: un partido con disponibilidad de recursos financieros y apoyo masivo en una región (como la derecha en Miami) puede movilizar fácilmente a miles de simpatizantes, mientras que una minoría ideológica en esa misma zona geográfica carece de personeros para ejercer su derecho de fiscalización en igualdad de condiciones.
El factor económico juega un papel fundamental en esta logística electoral del extranjero, pues el Estado colombiano no financia viáticos, transportes ni hoteles para los jurados o testigos. Según las normativas de la Registraduría Nacional, ejercer estos roles en el exterior es una labor estrictamente ad honorem. Esto genera una brecha evidente donde se impone el poder del dinero.
Las campañas con grandes capitales o respaldadas por sectores empresariales pudientes tienen la capacidad de coordinar “fondos de apoyo” logísticos (autobuses de movilización, viáticos o el alojamiento de sus testigos electorales en hoteles cercanos a los centros de votación durante la semana electoral, garantizando una vigilancia permanente de las urnas).
Las colectividades con menos recursos financieros en el exterior, como el Pacto Histórico en Estados Unidos, dependen casi exclusivamente del voluntariado puro y duro. Si un simpatizante no tiene dinero para el pasaje o no puede faltar a su empleo, la mesa se queda sin su fiscalización. Es decir, la ley permite de forma idéntica que ricos y pobres postulen testigos y jurados, pero el mercado y la billetera terminan determinando quién tiene los medios reales para vigilar el voto.
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