El general Albano Harguindeguy desempeñó el cargo de jefe de la Policía Federal desde el 30 de enero de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976. Consumado el golpe de Estado, fue designado ministro del Interior. Desde su nueva función, Harguindeguy tendría bajo su órbita el control político y operativo de la fuerza, apoyándose en hombres de su más absoluta confianza, como los comisarios Evaristo Besteiro y Angel Scarcella, nombrados superintendentes de Seguridad Federal y de Seguridad Metropolitana respectivamente.
El lugar de Harguindeguy en la jefatura lo ocupó el general Cesáreo Cardozo. No obstante, su paso al frente de la Federal fue breve. El 18 de junio una bomba colocada debajo de su cama le causaría la muerte. Lo reemplazó como jefe policial el general Arturo Corbetta, quien no era partidario de la represión ilegal: proponía combatir el accionar de las organizaciones “con la Constitución y el Código Penal en las manos”, algo que despertaba desconfianza entre sus subordinados.
Dos semanas más tarde, el 2 de julio, estallaría otra bomba, esta vez en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, edificio conocido como Coordinación Federal y en cuyo tercer piso funcionaba un centro clandestino de detención. Luego del atentado –según pudo reconstruir Horacio Verbitsky–, Besteiro y Scarcella lideraron un motín de oficiales que se plantaron frente a Corbetta para comunicarle que estaban en marcha una serie de ejecuciones sumarias a modo de represalia. Corbetta escuchó el planteo y, cuando los sublevados se retiraron, volvió a reunirse en privado con Besteiro para intentar disuadirlo. La tensión escaló a tal punto que Corbetta habría sacado su arma reglamentaria para encañonar al comisario, instándolo a dar marcha atrás con la orden. Besteiro hizo un llamado en su presencia simulando revertir la directiva, pero cuando se retiró del despacho el plan siguió su curso.
El 5 de julio Corbetta dispuso como última medida apartar de sus funciones a Besteiro y a Scarcella. Al día siguiente le presentó la renuncia a Harguindeguy, quien la aceptó de inmediato y designó en su lugar a un amigo suyo, el general Edmundo Ojea, a quien le ordenó reponer como sus asesores a los dos comisarios cesanteados. El ex inspector de la Policía Federal Rodolfo Peregrino Fernández, quien se desempeñó como edecán de Harguindeguy entre abril de 1976 y enero de 1977, reveló que la crisis desatada en la policía por la bomba en Coordinación Federal “fue aprovechada por el Ministro para desplazar a Corbetta”. Asimismo, advirtió que era el propio Harguindeguy quien se ocupaba en forma “personal y directa” de coordinar las acciones represivas que se llevaban adelante desde el ministerio y en particular de aquellas que involucraban a la Iglesia, muchas de las cuales tenían como blanco a los “sacerdotes denominados tercermundistas”.
La autoría material
Fernández detalló además que el personal de la Ayudantía, de la cual él formaba parte, actuaba como “una brigada operativa para la realización de actos ilegales tales como secuestros de personas cuya actividad política interesaba directamente al ministro”. Este grupo de tareas lo encabezaba el jefe de la sección, subcomisario Guillermo Icely, y lo integraban además el principal Juan Carlos Falcón –encargado de la custodia personal de Harguindeguy– y el inspector Norberto Cajal.
Asimismo, señaló a Icely como “el principal planificador y responsable de numerosos hechos delictivos, contando con la complicidad y participación del principal Falcón”, y declaró haber presenciado una conversación entre ambos en la que Falcón afirmaba que, en las horas posteriores al estallido en Coordinación Federal, “el principal Carlos De La Llave asesinó, mediante un fusilamiento en el Obelisco, a cinco personas que, secuestradas por razones políticas, se encontraban alojadas en Seguridad Federal”.
También involucró a otros integrantes de esta repartición, entre quienes se encontraba el comisario mayor Juan Carlos Lapuyole. Cercano a Harguindeguy, Lapuyole era el jefe de la Dirección General de Inteligencia, que tenía a su cargo a los llamados “Halcones”, ex miembros de la Triple A que se fueron insertando operativamente en la estructura de Seguridad Federal luego del golpe de Estado. Dentro de ese grupo, Fernández identificó además a los subcomisarios Jorge Mario Vieyra y Eleazar Scarabiuk y a los principales “Poroto” Vidal y “Carlitos” Gallone, además del mencionado De La Llave.
En total, entre el 3 y el 7 de julio ingresaron a la morgue judicial 46 personas con heridas de bala en cráneo, tórax y abdomen; entre ellas, los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufau y los seminaristas Emilio Barletti y Salvador Barbeito, asesinados en la parroquia San Patricio del barrio de Belgrano el domingo 4. Barletti y Barbeito fueron sorprendidos al regresar de una salida al cine junto a Rodolfo Capalozza, otro seminarista que salvó su vida porque volvió a dormir a la casa de sus padres para almorzar con ellos al día siguiente.
Una vez dentro de la casa, los atacantes levantaron a los curas y reunieron a todos en la pequeña sala de estar del primer piso. Los tumbaron sobre la alfombra, boca abajo con las manos en la nuca, y los acribillaron por la espalda con sesenta disparos de 9 mm. Nadie oyó detonaciones y un testigo alcanzó a ver salir a un hombre con un arma larga. La hipótesis de la querella apunta a la participación de un solo tirador, munido de una ametralladora de dos cargadores con treinta proyectiles cada uno y equipada con silenciador, como las Ingram norteamericanas que –según Fernández– utilizaba la patota de Coordinación Federal.
Antes de retirarse, escribieron dos claros mensajes en las paredes: “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal” y “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM” (Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo). A modo de rúbrica, dejaron apoyado sobre el cuerpo de Barbeito un afiche de la historieta Mafalda, donde la niña señalaba la tonfa de un policía al tiempo que comentaba sugestivamente: “¿Ven? Éste es el palito de abollar ideologías”.
Un cable del Departamento de Estado norteamericano emitido el 8 de julio señala que la Masacre de San Patricio fue perpetrada por seis efectivos de la Policía Federal que operaron sin orden directa de sus superiores, bajo la sospecha de que los seminaristas “participaban activamente” del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. La fuente reservada que brindó está información fue el comisario mayor Carlos Vicente Marcote, a cargo de la Dirección General de Operaciones en Coordinación Federal. La filtración se explica como parte de la interna policial, dado que Marcote –recordó Fernández– “no tenía buenas relaciones ni con Harguindeguy ni con Lapuyole”.
Para certificar la veracidad de sus dichos, Fernández afirmó tener en su poder una agenda telefónica propiedad de uno de los curas palotinos, que llegó al escritorio de Harguindeguy dentro de una “carpeta ‘confidencial’” remitida al Ministerio un mes más tarde, luego del asesinato de monseñor Angelelli. Recientemente, Capalozza declaró que la misma pertenecía al Padre Alfredo Kelly y que había sido sustraída de la casa parroquial en su presencia, durante los días posteriores, por un hombre que se identificó como personal de inteligencia del Ejército.
En 2022 otro ex policía aportó datos coincidentes con lo expresado por Fernández. Se trata de Armando Víctor Luchina, cabo que prestaba servicio como custodio del portón de acceso de Coordinación Federal y declaró haber escuchado a integrantes del “grupo de élite” que operaba en horas de la noche atribuirse la matanza de los palotinos. Explicó además que, al igual que en el resto de los crímenes perpetrados por esos días, el móvil había sido la venganza por la explosión en el edificio de Moreno 1417.
Luchina agregó que este “grupo especial” comenzó a operar a partir de la llegada de Harguindeguy al Ministerio del Interior y señaló entre sus miembros a Icely, De La Llave –de quienes destacó su alto nivel de responsabilidad operativa–, Lapuyole y Gallone. El testimonio de Luchina fue determinante para que la causa por el asesinato de los palotinos dejara de investigarse en el marco de la megacausa ESMA para pasar a tramitarse en forma conexa al expediente de Coordinación Federal en el que interviene Rafecas.
La liberación de la zona
Alrededor de las dos de la madrugada del 4 de julio, Julio Martínez, hijo del general José Andrés Martínez Waldner –gobernador de facto de la provincia de Neuquén–, regresaba en compañía de un amigo a su hogar, ubicado en la esquina de Sucre y Estomba, a escasos metros de la parroquia. Le pareció extraño que la consigna policial responsable de la custodia de su familia no estuviera, como era costumbre, apostada frente a la vivienda de su amigo Carlos Santini, justo en diagonal a su casa.
A su vez, Julio se alertó ante la presencia de dos vehículos Peugeot 504 que le resultaban desconocidos y que estaban estacionados sobre la calle Estomba, con una persona a bordo de cada uno de ellos. Ante la sospecha de un posible atentado contra su padre, optó por ir a dar aviso a la Comisaría 37ª. Al llegar, se negaron a tomarle la denuncia. Recién cuando se presentó como el hijo del gobernador, el oficial principal Héctor Roberto Oliveto, jefe de servicios del turno noche, dispuso el envío de un patrullero para constatar lo que estaba sucediendo.
Los dos muchachos regresaron y se dirigieron a la casa de la familia Santini. Allí estaba Carlos junto a otros dos amigos, Guillermo Silva y Luis Pinasco, jugando a las cartas. También se encontraba en el lugar el cabo Pedro Álvarez, encargado de vigilar la casa de Julio. Álvarez permanecía dentro del inmueble para guarecerse del frío, ya que desde la ventana podía observar todo cuanto acontecía enfrente.
A bordo del móvil policial iban el jefe de calle, oficial ayudante Miguel Ángel Romano, el sargento primero Agustín Báez y los agentes Serafín Losada y Atilio Juárez. Una vez en el lugar, Romano descendió del vehículo e identificó al ocupante de uno de los Peugeot. Acto seguido, volvió a subir y se dirigió hacia la casa de los Santini, detuvo la marcha nuevamente e hizo sonar la bocina para llamar a Álvarez. Cuando éste salió, Silva fue tras sus pasos y alcanzó a escuchar cuando Romano le dijo: “Si escuchás cohetazos, no salgas porque vamos a reventar la casa de unos zurdos y te pueden confundir”. Los dichos de Romano representaban una orden para Álvarez porque, si bien los efectivos de consigna eran enviados por el Departamento de Custodias y Servicios Especiales, debían reportarse al jefe de calle de la seccional de la zona.
El encubrimiento posterior
Increíblemente, la misma comisaría sospechada de liberar la zona fue la encargada de llevar adelante las actuaciones policiales del sumario de instrucción, que estuvieron minadas de irregularidades desde el inicio: se borraron las inscripciones en las paredes, la escena del crimen no fue preservada –permitiendo el libre tránsito por la casa– y hasta la alfombra sobre la que fueron asesinadas las víctimas fue lavada en la terraza.
Los oficiales intervinientes fueron el comisario Rafael Fensore y los principales Oliveto y Víctor Hugo Randazzo. Fensore y Randazzo –ya fallecidos– fueron quienes suscribieron el acta donde se hizo constar falsamente que la denuncia del hecho fue telefónica, cuando la misma fue realizada presencialmente en la comisaría por Rolando Savino, organista de la parroquia, quien encontró los cuerpos.
Los registros de la primera denuncia realizada por Julio Martínez y del envío de la dotación policial al lugar del hecho por orden de Oliveto, fueron omitidos en el procedimiento inicial e informados por la comisaría recién el 7 julio, a instancias de una inspección ocular realizada por el juez Guillermo Rivarola. El entorpecimiento de la investigación por parte de la seccional se coronó remitiendo la evidencia balística al juzgado cuatro meses más tarde. Rivarola nunca brindó explicación alguna al respecto, ni tampoco sobre la misteriosa desaparición de los proyectiles que quedaron en guarda en la caja fuerte del tribunal. Pero la trama de complicidades no terminó ahí. Incluyó también la adulteración de los registros de consignas en la vivienda de Martínez Waldner por parte del Departamento de Custodias, con la finalidad de ocultar la presencia de Álvarez –también fallecido– y, consecuentemente, su participación y la de Romano en el hecho.
La deriva judicial
En octubre de 1977 Rivarola dispuso el cierre provisorio de la causa. Se reabrió una vez recuperada la democracia y quedó a cargo del juez Néstor Blondi. En 1986, Blondi procesó a Fensore y a Romano por su participación en el hecho, pero al año siguiente ambos fueron beneficiados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
En 2006 el expediente se reactivó en conexión con la línea ESMA y en 2022 fue girado al juzgado de Rafecas, que decidió asumir la instrucción en 2023. En julio de 2025 la querella realizó una presentación pidiendo el llamado a indagatoria de un grupo de efectivos de la Comisaría 37ª; entre ellos Romano, Juárez, Losada y Oliveto. Luego de un año, Rafecas citó a los cuatro ex policías, pero las rondas de declaraciones se postergaron dos veces en una semana a pedido de las defensas. De no mediar más dilaciones, Rafecas debería indagar a Oliveto el lunes, a Losada el martes y a Juárez el miércoles.
El caso de Romano es bastante más complejo porque el magistrado ordenó su indagatoria sin haberlo notificado previamente sobre la nulidad de la extinción de la acción penal, emanada de la anulación y posterior declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. La resolución de Rafecas se emitió recién el 25 de junio y fue impugnada por la defensa mediante un recurso de apelación elevado a la Cámara Federal, que citó a Romano para el viernes 17 de julio –último día antes del inicio de la feria judicial– y deberá expedirse para que el principal implicado finalmente comparezca ante el juzgado de instrucción. Los próximos días pueden ser claves. Mientras tanto, transcurridos cincuenta años del crimen, la comunidad palotina todavía sigue esperando justicia.
* Ramiro Varela es integrante de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
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