En estos días me tocó presenciar una conversación entre dos señoras de clase media:
—Están mal las cosas.
—Sí, ya se está pareciendo a lo que había antes.
—Habrá que ver qué se puede votar.
—Puede ser. Pero yo a lo de antes no lo voto. No quiero saber de nada.
En este intercambio, frecuente en ciertos sectores sociales en los días que corren, se encierran varias claves. Un reconocimiento de una realidad que está lejos de ser buena, una inquietud por buscar salidas en la política electoral, y una referencia a “lo de antes” que me parece fundamental.
Porque “lo de antes” no se refiere exclusivamente al gobierno de Alberto Fernández como Presidente por el Frente de Todos. No hay en la expresión “lo de antes” una referencia histórica precisa, ni a políticas económicas específicas, ni a etapas concretas y delimitadas. “Lo de antes” aparece como una nebulosa conceptual, que a pesar de ser nebulosa no es neutra. No es una inexactitud sin consecuencias políticas. “Lo de antes” aparece como el parámetro de lo peor, es la vara de lo que no se puede repetir, por lo malo que fue.
“Lo de antes” es un triunfo ideológico más de la derecha argentina, que ha logrado ocultar sus participación protagónica en los grandes desastres nacionales de largo plazo (la creación de una gigante deuda externa, la crisis fiscal del Estado, la desindustrialización de vastas regiones, el desmantelamiento del Estado como motor del desarrollo, el empobrecimiento material y cultural de la sociedad) y cargar todas las culpas sobre un magma peronista-populista-kirchnerista que aparece en esta ficción como la única explicación de todos los males sociales y económicos nacionales.
En ese “lo de antes” nunca jamás gobernó la derecha en la Argentina, ni ningún gobierno ni ningún equipo económico se proclamó liberal, pro-mercado y verdaderamente capitalista. Son 70 años de populismo (Macri dixit) o 100 años de socialismo (Milei dixit).
A pesar de la gran relevancia histórica del peronismo, de su extensión nacional y de que muchos de sus valores han sido compartidos en largos períodos por el radicalismo, el desarrollismo, sectores socialistas y de las Fuerzas Armadas, pareciera que va triunfando una versión ficticia de la historia nacional de las últimas décadas, diseñada para fortalecer, hacia adelante, la apelación del neoliberalismo sobre el imaginario de franjas constantemente adoctrinadas de la población.
El vasto campo nacional y popular, incluso la ascendente izquierda, si quiere tener incidencia real en las políticas públicas nacionales, va a tener que asumir la compleja, ardua, laboriosa pero muy productiva tarea en el mediano plazo de ofrecer —en forma masiva— una lectura histórica completamente alternativa de las patrañas auto-amnistiantes de la derecha local. Patrañas que sólo deben su vigencia y circulación al gigantesco mecanismo de propagación de ideas controlado por los sectores propietarios dominantes.
Para poder ofrecer una versión alternativa, clara y distinta a la de los cantos de sirena trumpistas-mileístas, este campo deberá clarificarse, a sí mismo, cuál es su crítica a la actual gestión.
¿Qué es el mileísmo? ¿Qué se critica?
El actual modelo combina elementos del ajuste regresivo tradicional de los gobiernos conservadores con reformas estructurales pensadas para subdesarrollar al país y eliminar sus capacidades de progreso real, y con medidas de nueva generación de atrapamiento institucional extremo con los Estados Unidos para tratar de sellar una dependencia política, económica y diplomática imposible de remover.
Los diversos acuerdos y pactos que se van firmando, todos a medida de las necesidades actuales de Estados Unidos, en el caso de futuro cuestionamiento argentino —por lesivos a los intereses nacionales—, habilitan a que los próximos gobiernos estadounidenses se sientan defraudados por la “falta de palabra” de los argentinos (tomados como unidad homogénea), que “no son serios” a la hora de cumplir con los compromisos adquiridos “de mutuo acuerdo”.
Hoy el Estado Nacional, secundado por unos cuantos estados provinciales, está usando sus tres poderes para avanzar en la dirección del sometimiento.
El Poder Ejecutivo responde sistemáticamente a las demandas de las grandes corporaciones locales y extranjeras y al gobierno de los Estados Unidos.
El Poder Legislativo aprueba la inmensa mayoría de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, ya que buena parte del sistema partidario está sometido, por miedo o convicción, a los poderes fácticos.
El Poder Judicial, a través de su completa y calculada inacción frente a todas las violaciones constitucionales que comete la actual gestión, convalida de facto todo lo realizado por el gobierno neocolonial. Incluso la corrupción gubernamental, como valor social elevado a la categoría de mal supremo en gestiones anteriores, es dejada completamente de lado por el Poder Judicial en aras de la continuidad política del proyecto neocolonial de negocios.
El dilema político de las caracterizaciones
Quienes se oponen al gobierno por diversas razones eligen determinados temas y problemas para centrar su crítica, lo que los conduce a diferentes niveles e intensidades de discrepancia con la actual gestión.
Muy esquemáticamente se podrían plantear tres niveles de crítica, clasificados en cuanto al alcance de los problemas que marcan y por lo tanto a las soluciones que proponen.
- La crítica macroeconómica: son los que creen Milei encarna sólo un programa más de ajuste de la derecha —con sus particulares características personales más salvajes—, pero encuadrado en un modelo histórico de “oscilaciones argentinas” entre liberalismo y distribucionismo. Ahí se pueden computar la destrucción salarial y de las jubilaciones, el cuadro recesivo, las rebajas impositivas a los sectores más ricos y el fuerte recorte del gasto público. Se trataría de un programa de austeridad, similar a los que ya nos tiene habituados el neoliberalismo global.
Lo que correspondería hacer, por lo tanto, sería avanzar con políticas keynesianas de estímulo a la demanda, para reactivar la economía e ir mejorando los ingresos de las mayorías.
En este enfoque no se abordan los cambios estructurales —que se dan por sentados— ni la deriva de la política exterior hacia un estado de vasallaje. Es la visión más fácil de comunicar a la población, dado que describe fenómenos observables en la vida cotidiana.
- La crítica estructural: otros enfoques ponderan con más fuerza lo que se está haciendo en materia estructural. Se apunta a aquellas transformaciones que una vez concretadas son de muy difícil reversión, por más voluntad política que tenga un gobierno diferente. No son meras decisiones administrativas. Estos análisis consideran que lo que hace Milei y su gobierno no es sólo una “oscilación del péndulo hacia la derecha”, sino que se trata de cambios estructurales que modifican todo el escenario, estacionándolo permanentemente en un nuevo equilibrio social, más al gusto de los ricos y las corporaciones.
En esa interpretación, el actual experimento estaría emparentado sobre todo con la experiencia del menemismo, que realizó un conjunto de cambios estructurales en el tejido económico y social, el entramado institucional y en las relaciones contractuales con el resto del mundo. Por lo tanto, para reparar los daños actuales se requiere a su vez un conjunto de cambios estructurales en sentido inverso, que en muchos casos son bastante más complejos que proceder simplemente a la destrucción de empresas o instituciones.
Venderle o regalarle una empresa al sector privado es muchísimo más sencillo (y por lo visto tiene costos políticos bastante más bajos) que reclamar esa empresa para el país e incorporarla nuevamente al patrimonio nacional. El sentido de las reformas estructurales neoliberales es reducir el margen de maniobra de futuras gestiones reformistas, despojarlas de instrumentos aptos para cambiar la realidad socio-económica. Es una forma de dinamitar, con hechos consumados en lo económico, el sentido de la democracia.
- La crítica nacional: hay una tercera opción interpretativa, más radical aún que las anteriores, que no habíamos pensado en otras experiencias de gobiernos de derecha. Es una hipótesis que intenta dar cuenta del conjunto de la acción gubernamental mileísta y de encontrar una lógica común a la catarata de acciones oficiales en todos los frentes de la vida nacional. Una lógica política del experimento mileísta y de sus apoyos, y no una crítica moral, para encontrarle un sentido a la tarea de destrucción masiva que estamos sufriendo.
Se trata de entender el sentido y la congruencia de las tareas de deterioro impulsadas por el gobierno en todos los sentidos: agresión a la salud física y psíquica de la población, educación pública en estado de deterioro cuantitativo y cualitativo, caída del nivel cultural, informativo y cognitivo de la población, deterioro de infraestructura básica que integra las regiones del país, desmantelamiento de la capacidades básicas del estado (Servicio Meteorológico Nacional, SENASA, profesionales del Ministerio de Economía, CONEA, INTA, INTI, etc.), expulsión de la función pública de la gente capacitada y experimentada, deterioro planificado del aparato de recaudación impositiva y derrumbe de la recaudación, descuido de los diversos controles públicos imprescindibles para acotar la acción del narcotráfico, cesión de espacios estratégicos del territorio nacional a intereses extranjeros, desprotección de la población frente a tendencias tecnológicas y comunicacionales perjudiciales, empobrecimientos masivo y endeudamiento de millones sin capacidad de repago, empoderamiento de gobiernos provinciales asociados a grandes capitales extranjeros, planes de desindustrialización y desempleo masivo sin actividades de reemplazo, etc.
Y estas son sólo algunas de las cosas que están pasando.
Si se pone sobre la mesa el conjunto de elementos dañinos desplegados por la actual administración, y se prolonga en el tiempo la vigencia de estas tendencias decididamente promovidas por la actual gestión, se observa con bastante claridad que apuntan hacia la inviabilidad estructural del país. Todo este vendaval de medidas apuntaría a poner en marcha un proceso de desintegración nacional.
Si este fuera el caso, ya no basta con discutir si “la macro está ordenada” o no, o revertir algunas privatizaciones y volver a traer a los científicos hoy expulsados, sino que se requeriría un plan integral de reconstrucción nacional con muy fuerte perfil político e ideológico.
Hechos para revisar las hipótesis
En el terreno de la salud pública, un informe reciente del CEPA muestra que en junio se registró una ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional inferior en un 34% a igual período de 2023. Inadmisibles son los recortes de partidas destinadas a hospitales nacionales: han sido del ¡44%! y del 100% en programas críticos de atención sanitaria y prevención de enfermedades. ¿Qué sentido tiene esto?
También en el terreno de la salud pública, la diputada del PJ Cordobés Natalia de la Sota denunció ante la Justicia Federal al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, por incumplir no sólo las leyes vigentes, sino también los requerimientos judiciales para que realice transferencias de recursos a sectores afectados por problemas de desvalimiento. ¿Para qué agredir a los discapacitados? ¿Cuál es la verdadera razón?
En el campo de la soberanía nacional, se registró la denuncia penal del diputado nacional Juan Marino (Unión por la Patria) contra el Presidente Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, por no haber solicitado la debida autorización al Congreso para la ejecución de ejercicios militares con Estados Unidos. En la acusación también se señala la presunta entrega de recursos naturales pertenecientes a la Nación con la incorporación del mar argentino como un bien común global, programa que se encuentra bajo “secreto militar”. Los cargos son: abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
También en el terreno soberano, además de la gravísima Ley de Defensa de la Propiedad Privada, que será tratada próximamente en el Parlamento y que habilita la venta indiscriminada de tierras en todo el territorio nacional, el gobierno está tratando de vender terrenos pertenecientes a la Armada Nacional, situadas en la Base Naval de Ushuaia, como si se tratara de un negocio inmobiliario y recaudatorio cualquiera, en una zona cualquiera del país. La pregunta es: ¿a quién le importa que sea un área estratégica? Al gobierno seguro que no. Está dedicado a otro tipo de proyecto, que los análisis convencionales no logran captar.
En la comisión senatorial abocada a la discusión de la Ley de Defensa de la Propiedad Privada, Marcelo Bergman, doctor en sociología y especialista en crimen organizado, advirtió que esa ley “abre la puerta a que el narco compre la frontera argentina”. “El PCC (Primeiro Comando da Capital), la organización narco más grande de San Pablo, podría adquirir tierras en Misiones a través de testaferros, sin que el Estado pueda rastrear quién compra ni con qué plata”.
Parece que al Parlamento argentino el tema de la expansión del narcotráfico le resulta irrelevante. No se puede entender esta actitud desde el interés nacional, ni desde los discursos formales “anti-narco” de todas las fuerzas políticas. Pero sí se entiende desde la hipótesis de la construcción de situaciones favorables a la desintegración nacional, y para facilitar las condiciones “objetivas” para una intervención extranjera. Ya Trump ha hablado de posibles intervenciones sobre México y Brasil, con la excusa del combate a las organizaciones narco. Así se lo llevaron secuestrado a Nicolás Maduro desde Venezuela.
Es interesante observar que la denuncia del diputado Marino y la de la diputada de la Sota van a parar a un Poder Judicial que no da ninguna garantía de accionar en tiempo y forma para resolver los graves problemas que se denuncian.
La expectativa del ciudadano común es que no pase nada, salvo que providencialmente aparezca un juez o jueza que por alguna razón se aboque a investigar algo y a fallar conforme a la ley. No es lo previsible.
El diputado nacional Jorge Taiana ha declarado en estos días: “Mientras los argentinos festejábamos el pase de la selección a cuartos de final del Mundial, el gobierno firmaba la concesión de la Vía Navegable Troncal, consumando la entrega de nuestro Río Paraná. Tras un proceso licitatorio viciado de irregularidades y denuncias de corrupción, ayer se firmó el contrato. No habrá seguridad jurídica posible para un proceso que nació bajo semejantes condiciones”. Sería importante que todo su espacio político se exprese en esos mismos términos, y que accione en los tribunales judiciales y en la creación de una opinión pública informada, para avanzar con esa valiosa idea de quitar legitimidad política y legal a las cesiones constantes de soberanía del mileísmo.
El ingeniero en electrónica y en telecomunicaciones Ariel Garbarz realizó una sugestiva interpretación del paso de Peter Thiel por nuestro país: “Vino, midió el nivel de entrega de Milei y confirmó que la Argentina está disponible para la IA militar, los datacenters, la energía barata, los datos públicos y la infraestructura crítica. Palantir no necesita poner bandera en la Patagonia. El colonialismo digital entra con contratos, nubes, servidores y ‘modernización del Estado’”. Y agregó: “El negocio es convertir a la Argentina en zona barata de cómputo, energía y datos para la IA del imperio”.
Problemas “macro”
En cuanto a la administración pública y el funcionamiento básico del Estado, Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de mecanismo similar al government shutdown de los Estados Unidos. La medida consiste en que si la recaudación baja y deja de cubrir los gastos básicos del Estado, este cesa de ejecutar aún funciones más elementales que las que hoy ya ha abandonado. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez ha señalado que “el ‘shutdown americano’ no es posible en el marco del Estado constitucional y convencional de derecho argentino, debido a las obligaciones internacionales contraídas al ratificar tratados sobre derechos que además tienen jerarquía constitucional respecto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Además nuestro modelo impone obligaciones constitucionales y convencionales respecto de grupos histórica y estructuralmente vulnerados en sus derechos”. Eso sería plausible si la Constitución Nacional estuviera vigente, y hubiera quién quisiera hacerla aplicar.
La caída de la recaudación en junio —un 7,4% real menor en comparación con junio de 2025— puede haber precipitado esta profundización de la destrucción estatal y del abandono de la población que ejecuta el Ejecutivo. El gobierno está tendiendo a retrasar los pagos a proveedores y pateando desembolsos para adelante, por ahora de manera informal y confusa. Pretenden sostener un superávit ficticio, como en los últimos meses de la convertibilidad, aunque se vaya paralizando la actividad privada y pública. La política dirá si esto es sostenible.
Para los adherentes a la “crítica macro”, la del foco puesto en la macro liberal conservadora, el ministro Luis Caputo salió en estos días a afirmar que cuenta con todos los recursos necesarios para hacer frente a los compromisos externos hasta fines del año que viene. Esas palabras se dan en el contexto de la enorme dependencia del esquema gubernamental actual del visto bueno de financistas externos, no para prestarle más a nuestro país, sino para no retirar los fondos que pueden precipitar un terremoto cambiario. Sin embargo, aún no queda claro cómo se cubrirán 17.600 millones de dólares hasta diciembre de 2027.
En pos de esa meta, Caputo anunció la venta de una serie de valiosos activos públicos: AySA (rescatada del desastre por el gobierno de los Kirchner), Enarsa (que incluye las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano, en Campana, y General San Martín, en Timbúes), centrales hidroeléctricas (siete complejos energéticos ubicados en Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut) y trenes (Belgrano Cargas y otros). Estas medidas son justificadas por el gobierno por “razones macro” (equilibrio presupuestario y de sector externo), pero conllevan —al mismo tiempo— cambios estructurales muy difíciles de revertir. Pero además, y eso es lo que hay que empezar a advertir, rompen con cualquier lógica de construcción nacional de un sistema energético integrado y tienden a repartir la propiedad de los activos del país entre diversos actores locales y extranjeros, y a destruir nuestras capacidades de autogestión.
La carrera por cubrir los compromisos externos, prioridad única del gobierno, corre contra los ritmos de creciente deterioro de la demanda interna y de los ingresos de la población. En estos días, el INDEC informó que la industria nacional cayó 5,7% en mayo comparado con los niveles, ya bajos, de 2025. A su vez, la Unión Industrial Argentina informó que están en contracción 14 de los 16 sectores que componen el entramado industrial local, relevados por esa institución.
Aceleracionismo colonial
Volviendo al diálogo inicial con el que comenzó esta nota, parece evidente que la profundidad del desastre que está haciendo el actual gobierno no puede ser captada por vastos sectores de la población debido al bajo nivel de politización e información que hay.
Incluso hay problemas para la gente más formada y crítica, para entender de qué se trata esto que se está haciendo a altísima velocidad. No es normal lo que aquí ocurre, incluso en comparación con administraciones muy dañinas para nuestra sociedad, como la de la última dictadura y la del menemismo.
La aceleración de medidas que apuntan a un proceso de desintegración nacional se sale de las categorías convencionales.
Aunque tratemos de emparentarlo con etapas previas, el aceleracionismo liquidador mileísta es una experiencia nueva, que pone en tela de juicio nuestros saberes convencionales y nuestras prácticas políticas.
Endeudar al país y encadenarlo a compromisos financieros con potencias occidentales, vender las empresas públicas que funcionan bien y destruir los organismos públicos que garantizan la vida social, debilitar a nuestra población en sus capacidades de comprensión y reacción, forman parte de un mismo objetivo estratégico: incapacitar a la Argentina, empujarla hacia una situación caótica, atravesada por diversas violencias políticas, institucionales y culturales, para que no pueda autogobernarse.
El gobierno usa, para avanzar, discursos conocidos: vendo las empresas para pagar las deudas, pago las deudas para que vengan los inversores, y entonces vienen y somos felices. En realidad el proyecto es desmantelar ahora todo lo posible, para generar un estado de subdesarrollo invivible.
Pero de fondo lo que buscan es destruir todos los instrumentos de la soberanía nacional y la capacidad del Estado para intervenir a favor de las mayorías.
El principal desafío que afrontará un gobierno popular será precisamente poder gobernar. Todo lo que hace este gobierno es para arrebatarle instrumentos de control y regulación económica, y dejarlo sometido totalmente a las fuerzas de las corporaciones y los bancos, respaldados por una potencia hegemónica con un discurso abiertamente imperialista hacia nuestra región.
Por lo pronto, parece que habrá que refundar la democracia.
Esto que tenemos hoy es una estafa al servicio de una elite de negocios.
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