La fiscalía federal de Neuquén abrió en la primera semana de julio su alegato en el juicio por crímenes de lesa humanidad que comenzó en marzo y prevé su cierre para fines de agosto, cuando deban oír el veredicto ocho acusados del Ejército, la Gendarmería y las fuerzas policiales de Río Negro y Neuquén. Sobre ellos pesan acusaciones por delitos perpetrados contra dieciséis habitantes del Alto Valle compartido por ambas provincias, durante la dictadura bajo control operacional del Ejército. Cuatro de las víctimas permanecen desaparecidas.
Cuando inició el juicio, El Cohete relató los raptos de Graciela Vicente y Juan Carlos Molinez, ocurridos entre 1978 y 1979. Vicente había llegado a la zona pocos meses antes, luego de graduarse como psicóloga en la Universidad de Buenos Aires. La misma nota describió los crímenes de José Luis Appel de la Cruz y Carmen Delard Cabezas, una pareja chilena desaparecida desde diciembre de 1976. Habían buscado refugio del ala pinochetista del Plan Cóndor, primero en Mendoza y el Gran Buenos Aires y más tarde en la localidad rionegrina de Cipolletti.
En casi un semestre de audiencias se repitieron esas singularidades del juicio neuquino: varios de los casos en estudio revelan a la zona como frecuente exilio interno de las víctimas o denotan la extensión temporal de la represión clandestina, con secuestros hasta mediados de 1979. Otros cuatro hechos abordados coinciden en alguna de esas circunstancias, o en ambas.
Memoria y Verdad
El caso que tuvo como víctima a Carlos Magariños es además singular porque, si el tribunal concede el pedido de la fiscalía, su inclusión en el veredicto supondrá señalar la responsabilidad de un represor al que ya no es posible condenar: el coronel retirado Oscar Reinhold fue excluido del juicio por razones de salud. De cotidiana presencia en el principal centro clandestino de detención de la zona, se ocupaba también de dar información falsa a las familias que buscaban a sus seres queridos.
Reinhold era jefe local de inteligencia del Ejército cuando se produjo el secuestro de Magariños y ya había sido condenado por la privación ilegal de la libertad de la víctima. En este tramo de la causa debía ser juzgado por su homicidio. El planteo de la fiscalía actual, basado en el derecho de los familiares y la sociedad a conocer la verdad, convirtió a este caso en el décimo séptimo en estudio durante el juicio.
Militante de la Juventud Peronista (JP), Magariños había llegado a la región en 1975, cuando en su originaria Bahía Blanca las patotas de la Triple A ya desplegaban la violenta represión que luego ampliaron y sistematizaron las Fuerzas Armadas. La sede bahiense de la Universidad Tecnológica Nacional efectuó en marzo pasado la reparación de su ficha académica, porque allí cursó Ingeniería y militó en el centro de estudiantes. Llegado al Alto Valle, trabajó en la extinta empresa estatal Agua y Energía Eléctrica y participó de la actividad gremial.
El 12 de mayo de 1978, días después de renunciar a su empleo en medio de un intenso hostigamiento, Magariños fue abordado por dos personas en Cipolletti. Tras conversar con ellas, subió a su propio automóvil y siguió el camino del vehículo que conducían. No volvió a ser visto. Su esposa detectó acciones previas de inteligencia sobre su hogar, denunció la desaparición y a comienzos de la década siguiente llegó a entrevistarse con Leopoldo Galtieri, que le respondió vistiendo de simpatía su cinismo.
—Me dijo: “No se haga problema, si no hizo nada, va a aparecer”. Y me pidió manzanas —relató Rita Scorolli.
Cartografías de represión
También en 1978 se produjo el secuestro de Adalberto Colobig, por entonces empleado bancario en Neuquén capital, donde seis años antes había iniciado su militancia social en los grupos organizados bajo el obispado de Jaime De Nevares. En 1976 debió interrumpir estudios en Derecho en Santa Fe y regresar a la zona, porque sobre la JP del Litoral se descargó una persecución disfrazada de causa judicial. Colobig fue secuestrado en la casa matriz del banco provincial neuquino y permaneció un mes en una dependencia policial local. Tras pasar por cinco cárceles de cuatro provincias, recuperó la libertad recién en 1983.
El mismo rastro previo de un exilio interno revela la desaparición forzada de la estudiante secundaria Leticia Veraldi, iniciada en Cipolletti el 4 de julio de 1977, cuando tenía 17 años. Veraldi había llegado a la localidad rionegrina meses antes para refugiarse en el hogar de Noemí Labrune, quien en las décadas siguientes se convirtió en un emblema del reclamo de justicia por los crímenes de lesa humanidad en la región.
La búsqueda de auxilio no lucía infundada: en 1976 una feroz represión se enfocó en la Unión de Estudiantes Secundarios, organización en la que Veraldi ofició como delegada por el liceo comercial de Vicente López. El 23 de octubre de ese año fueron secuestrados cuatro de sus ex compañeros —María y Leonora Zimmerman, Eduardo Muñiz y Pablo Fernández Meijide— y un grupo de tareas irrumpió en la casa de su madre, en Monroe 4867 de Capital Federal, pero sólo pudo llevarse una fotografía. El rapto se produjo ocho meses más tarde. Días antes había rebatido el adoctrinamiento de un militar que presentó a su curso del colegio cipoleño “Manuel Belgrano” un video de advertencia sobre lo que entonces se englobaba bajo el estigma de “subversión”.
De Roca a Videla
La acción del aparato clandestino castrense continuó en la comarca mucho después de pasado su bienio de mayor intensidad represiva, por lo que los hechos más recientes abordados en el actual juicio neuquino corresponden a mediados de 1979.
Entre ellos se encuentra el segundo rapto sufrido por Stella María Solanas, parte de una serie de secuestros que confluyó con una efeméride oficial de similar tonalidad: el 11 de junio de ese año el dictador Jorge Videla y sus principales ministros civiles y militares encabezaron en Neuquén un gran acto conmemorativo del centenario de la llegada de Julio Argentino Roca al frente de lo que aún se celebraba públicamente como la “Campaña del Desierto”.
El genocida en jefe se alojó en un lujoso hotel de San Martín de los Andes y su permanencia en la zona coincidió con los secuestros de un grupo de personas, entre las que se encontraba Solanas, por “presunta actividad subversiva”. Para la fiscalía, la simultaneidad no arroja dudas en cuanto a que se trató de una serie de raptos “basada, exclusivamente, en cuestiones ideológicas”. Fue el corolario de una sucesión de cautiverios padecidos durante más de un trienio por Solanas, familiares y allegados.
Los diarios porteños del 12 de junio de 1979 acercaron otra postal del Alto Valle y su festejo roquista. Clarín destacó el llamado de Videla a “olvidar” las diferencias y “forjar la unidad nacional”. Más entregado a una pluma literaria ante tamaña evocación histórica, La Prensa se conmovió con un acto en el que “no hubo temor por la cercanía del pueblo” y “nadie molestó a los manifestantes, que tampoco daban motivo para un control excesivo”.
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