Durante la misma jornada en que casi matan al fotógrafo Pablo Grillo, del otro lado de la Plaza Congreso, un oficial de la Prefectura Naval Argentina le arrancó un ojo a un manifestante al dispararle con una lanzadora de gas pimienta. Por ese delito irá a juicio oral, tal como dispuso el miércoles último la jueza federal María Servini.
El 12 de marzo de 2025, mientras reprimían la marcha de jubilados, el oficial auxiliar de la Agrupación Guardacostas, Sebastián Emanuel Martínez, de 33 años, disparó con una lanzadora neumática Byrna TCR a la cara del hincha de Chacarita Jonathan Navarro, quien perdió la visión del ojo izquierdo.
Con procesamiento firme por lesiones graves, en libertad pero con prohibición de salir del país, ahora espera el juicio oral y público, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal 6 porteño, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari.
Largo historial
Los miembros de Prefectura no difieren de sus camaradas de la Gendarmería o la Policía Federal, a juzgar por su desfile ante tribunales en causas por variados delitos. Algunos casos que protagonizaron tuvieron resonancia mediática, como el del patagónico de Rafael Nahuel, “asesinado con exceso en la legítima defensa”, según consideró el tribunal que en 2023 impuso penas de hasta cinco años de prisión.
Menos consciencia social hay de que sus efectivos han sido condenados por golpear y lesionar a chicos de 13 y 14 años en la ciudad de Buenos Aires. En Corrientes, otro recibió 15 años de prisión por almacenar toneladas de marihuana; otros dos fueron condenados a seis años por transportar estupefacientes, y un ex jefe local lo fue por confabulación e incumplimiento de sus deberes ante otro contrabando de marihuana. Por sustraer y destruir medios de prueba, otro oficial es pasible de un juicio en San Nicolás. Tres fueron condenados en San Martín por integrar una banda delictiva. En Misiones, hace unos meses, un oficial recibió 15 años de condena por abuso sexual y hostigamiento contra una subordinada.
Hay cada uno
Más conocido es el caso de oficiales de Prefectura imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fallecido fiscal Federico Delgado concluyó que “se permitió y facilitó la tenencia y venta de drogas por parte de numerosos dealers que concurrieron libremente a ese fin”, en referencia a la “tragedia de Time Warp”, donde cinco personas murieron y decenas fueron hospitalizadas por los efectos de las drogas vendidas durante un festival electrónico en Costa Salguero, hace una década.
Meses después, en un caso interno, la Prefectura vulneró el derecho a trabajar de un agente epiléptico, a quien obligó a tomarse una licencia especial y apartó de sus tareas administrativas, por lo que en abril de 2017 un fiscal general dictaminó que debía reincorporarlo.
En agosto de aquel año, ante la Dirección de Acceso a la Justicia, el sacerdote Lorenzo “Toto” De Vedia, de la Villa 21-24, denunció amenazas de agentes de Prefectura. Hacia noviembre, cuatro integrantes de esa fuerza fueron imputados por la difusión de imágenes de la detención de Amado Boudou, descalzo y esposado.
En octubre de 2019, el cabo primero Gerardo Adrián Zeballos debía custodiar los celulares incautados en comercios dedicados al desbloqueo para comercializarlos. En el camino, se quedó con nueve aparatos, que repartió entre sus parientes. Cuando las empresas proveedoras determinaron que habían sido activados y el Juzgado Federal 2 de San Nicolás los halló en tres viviendas de familiares, fue exonerado de la fuerza.
Asociación ilícita
En lugar de combatir el delito, tres integrantes de Prefectura extorsionaban a delincuentes para sacarles dinero a cambio de no denunciarlos. Usaban a un menor con quien participaron, entre otros delitos, de una privación ilegítima de la libertad en 2018. El ayudante primero Julio Daniel Valenzuela, el marinero Guillermo Guido Jesús Ríos y el cabo primero Héctor Maximiliano Mansilla fueron grabados en sus conversaciones y cayeron a manos de la Policía bonaerense cuando un vecino llamó la 911 al ver que mantenían secuestrada a una familia.
“Abusaron de su condición de prefectos y de la información que podían recabar sobre personas que se dedicaban a comercializar estupefacientes o a otros delitos”, evaluaron desde el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, donde fueron condenados e inhabilitados para desempeñarse en seguridad estatal o privada. Valenzuela recibió 15 años y nueve meses de prisión, por privación ilegítima de la libertad coactiva agravada por la condición de funcionario en seguridad, por el empleo de armas de fuego y por la intervención de tres o más personas; asociación ilícita; encubrimiento agravado por su condición de funcionario; portación y tenencia ilegítimas de arma de guerra.
Narcos
Hacia febrero de 2019, el agente Valentín Ramírez llegó en una Hilux a un predio rural vigilado. Cuando sus camaradas quisieron identificarlo, intentó huir y abandonar a un cómplice paraguayo en una vivienda junto a un camión con semirremolque cargado de drogas. En 2021 fue condenado a 15 años de prisión como coautor del almacenamiento de nueve toneladas de marihuana, según acreditó un Tribunal Oral de Corrientes.
En la misma provincia, Raúl Gastón Fontana, jefe de Operaciones de Frontera, liberaba su zona para que embarcaciones ingresaran marihuana desde Paraguay por el río Paraná, cuya comercialización coordinaba con un civil. En mayo de 2021, al recibir una llamada que le cuestionaba el decomiso de una lancha con 91.665 kilos de marihuana por parte de la Policía de Chaco, tranquilizó a los dueños de la embarcación al confiarles que sería reemplazada en el Depósito Judicial de Prefectura por otra similar y la secuestrada les sería pintada y devuelta. Contaba con un cómplice –tal vez cooptado, por lo que no fue condenado– que le informaba movimientos de drogas para que la Prefectura efectuara procedimientos e incautara cargamentos para revender. Fontana “planificaba, coordinaba y ejecutaba las acciones para el ingreso del estupefaciente, brindando como parte de la logística los medios para efectivizar el traslado de la droga”, según la acusación fiscal. En 2023, el Tribunal Oral Federal de Corrientes lo condenó a cuatro años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por el doble de tiempo.
En otro control de esa provincia, en marzo de 2022, dos mochileros que evitaron a la Policía Federal fueron interceptados y se identificaron como personal de Prefectura. Cuando se les ordenó colocarse de rodillas, con las manos en la cabeza, uno se resistió. Llevaban una pistola 9 mm en la riñonera y 19,5 kilos de marihuana en las mochilas. Ambos suboficiales fueron hallados culpables de transporte de estupefacientes, agravado por tratarse de funcionarios públicos encargados de la prevención, según el Tribunal Oral de Corrientes que, en agosto de 2023, los condenó a seis años de prisión.
Depredador
El oficial Jorge Daniel Barceló abusó de una subalterna en lo sexual, laboral y psicológico. De manera sistemática se le insinuaba e invitaba a salir y, al ser rechazado, apeló a gritos, insultos, amenazas y ataques de violencia sexual, entre 2021 y 2022. La trataba de “inútil” que “no sabía hacer nada” y no le asignaba tareas, al punto de que ella concurría sólo a cumplir su horario. En el período de evaluación para ascender, le cambiaba las guardias y la organización del trabajo, le sumaba sanciones, memorandos por mal desempeño y bajas calificaciones. Cuando ella suplicaba que cesara, él contestaba: “Soy el jefe, si no les gusta, saben qué tienen que hacer”. Fue detenido el 25 de julio de 2023. Dos años más tarde, recibió una condena a 15 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, e incluir su perfil de ADN en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. Para ella, el Tribunal Oral Federal de Posadas, Misiones, dispuso la reparación integral por el daño material y moral además de la revisión administrativa de sus sanciones como su situación de revista en la Prefectura. La mujer dijo al sitio Fiscales.gob.ar: “Hay muchas violencias, acosos y abusos dentro de la fuerza y tienen que terminar. No saben lo bien que se siente después, no pensé que me iba a aliviar tanto”.
Contra menores
Un par de efectivos de Prefectura atacaron a dos chicos de 13 años cuando regresaban de un corso en el verano de 2014. Uno lo cacheteó y empujó su cabeza contra la pared mientras el otro golpeaba con “un palo” al amigo. Les dijeron que “no querían verlos más” y los hicieron correr. Uno de los menores debió ponerse una remera en la sien para intentar frenar el sangrado; el otro exhibió hematomas en brazos y espalda.
El ayudante de primera Sergio Luis Romero y el de tercera Mauro Andrés Leguiza fueron hallados culpables por el Tribunal Oral en lo Criminal 9 de “lesiones leves agravadas por haber sido cometidas con abuso en el ejercicio de su función”. Aunque el fiscal había considerado que los prefectos debían ser condenados por “vejaciones” debido al trato humillante que los mortificó, recibieron 18 y 12 meses de prisión cada uno más inhabilitación por el tiempo de su condena para ejercer cargos públicos.
Los prefectos negaron los golpes y adujeron que vieron a uno con una lesión y le preguntaron si quería atención médica, a lo que el menor se habría negado y se fue. El prefecto no podía darle “la opción” de llamar al SAME, su deber era auxiliarlo –consideró el fiscal–; no realizó modulación con tal relato ni lo documentó en la dependencia. “La única finalidad de la intercepción y golpiza a los niños fue disciplinar y castigarlos”, afirmó el Tribunal.
La defensa quiso acusar a los chicos: para que no los retaran por haber ido al corso, mintieron a sus madres. “Si crearon una historia, no se explica por qué ubicaron la agresión en el lugar y con las personas con las que estuvieron”, rebatió el tribunal, que contaba con dos filmaciones coincidentes con el relato de los menores.
Testigo silenciado
En la madrugada del 11 de septiembre de 2022, dos cabos segundos de Prefectura persiguieron en moto a un chico de 14 años que se encontraba con unos amigos en Puerto Madero. Buscaban una mochila con dinero robada a un turista por tres personas en moto con características similares a las del adolescente. Cuando lo redujeron en el piso, boca abajo, un prefecto comenzó a trompearle la cara, el otro le pisó un pie y la espalda durante un rato. En otro móvil llegaron tres camaradas, uno quedó filmado cuando lo pateó. Lo dejaron tan mal que hasta ellos coincidieron en que deberían internarlo. Rumbo al Hospital Fernández, uno lo amenazó: “Si te vuelvo a ver, te mato”.
La identidad fue descubierta por la Fiscalía: Guillermo Gastón Ayala sostuvo por encima al menor, “los oficiales Lautaro Jeremías Hidalgo, Miguel Alejandro Almirón y María Ricardo” lo rodearon. “Reconocieron haber detenido al joven ‘mediante técnicas blandas’, pero las lesiones… avalan la versión de la víctima”. Llegó Nicolás Joaquín Barrios, cabo segundo, y Juan Eduardo Silva “arriba a las 2:54 a bordo de una moto y golpea al damnificado en su cuerpo”. Se suman en un móvil Gustavo Acosta, Clara Noemí Cabral y Brian Joel Mambrín. Todos contribuyeron a la “violencia institucional”.
En diciembre de 2023, el Juzgado 5 procesó a seis de siete oficiales y trabó embargo sobre sus bienes: “No había motivos para golpearlo cuando ya estaba neutralizado”. Consideró que los demás “omitieron cumplir con las pautas de actuación”.
Un año después, dos de esos efectivos obtuvieron una “falta de mérito” de la Cámara cuando el adolescente no se presentó a reconocerlos. Dos meses antes, en el Barrio 31 de Retiro, había sido asesinado. Ante tal coincidencia, el fiscal Leonel Gómez Barbella entendió necesario aclarar que los imputados por el crimen no son prefectos ni tienen relación con los hechos de Puerto Madero.
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