Quince penitenciarios del penal bonaerense de Magdalena fueron detenidos por violaciones contra presas a quienes golpearon, rociaron con gas pimienta a la cara, hundieron la cabeza en agua fría, entre otras torturas en las que participaron autoridades de la Unidad.
En la Escuela de penitenciarios en Santa Fe, siete hombres de hasta 28 años participaron de un abuso sexual contra un joven de 19 y no desistieron sino hasta que otros cadetes intervinieron.
No son casos aislados entre guardiacárceles bonaerenses que someten hasta a sus subordinadas, como se relatara en la nota Abusadas por penitenciarios, o en los infernales regímenes santafesinos, como se exhibió en El infierno no está encantador.
Magdalena
Los ataques en la cárcel que lleva nombre de mujer fueron perpetrados en la noche del 3 de junio. Ese miércoles, la multitudinaria marcha convocada por el colectivo #NiUnaMenos fue una señal tan potente como luminosa contra la distopía que pretende imponer el gobierno de la motosierra: “¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!”, consignó Sebastián Fernández.
Otro fue el modo en que lo padecieron en la Unidad Penal 51. Luego de un reclamo por las condiciones de detención, y con la excusa de que dos presas peleaban, los penitenciarios del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) treparon a la planta alta y encerraron a las detenidas en las celdas para revisarlas. A quienes se negaron a desnudarse, les rociaron gas pimienta a la cara y, a golpes, se las llevaron.
Las recibió Daiana Balmaceda, jefa de Penal, quien dirigió las humillaciones infligidas por las catorce personas a su cargo –la mitad de ellas, mujeres–. Pidió un colchón y ordenó a una rehén:
–Cerrá el orto; callate y arrodillate.
Desde arriba la miraba, e hizo una seña a la encargada, María Belén Toledo, quien le bajó los pantalones hasta las rodillas a quien tenían a sus expensas.
–Besame la bota, porque ésta es mi cárcel, acá se hace lo que yo digo… Ah, ¿no querés?
A otra seña suya, Toledo le levantó la remera hasta el cuello y arrancó el corpiño.
–¿Ahora gritás? Cerrá el orto, si no querés que te haga romper el culo.
El mando se materializó en el esposamiento con pateras o en inmovilizarlas boca abajo, durante horas, en las frías leoneras. Allí, a una esposada le ordenaron:
–Arrodillate, hija de puta.
La patearon detrás de las rodillas hasta que cayó. La escupieron y, cuando agachó la cabeza, se la patearon. Cuatro penitenciarias le daban puntapiés entre las costillas
–Acá sos una presa más; no sos nadie, la concha de tu madre. Ahora me vas a besar las botas.
Habían tenido la delicadeza de ponerle un colchón, sobre el que Balmaceda le pisó la cabeza:
–Si seguís gritando, te voy a meter una media en la boca.
No tardó en hacerlo, hasta que su víctima se orinó.
La jefa exhortaba: “¡Vamos! Que sepan que el Penal lo manejamos nosotras. Esto es Magdalena… acá mandamos nosotras” –repetía.
A Mariana la llevaron a la oficina de Guardia o matera. Allí, un uniformado tironeó de su bombacha, hasta romperle un costado, y del corpiño, prendas de las que ella llegó a aferrarse para intentar cubrirse.
Le tiraron gas pimienta a los ojos, la tomaron de los pelos para cachetearla, le propinaron culatazos de escopeta detrás de las rodillas para arrodillarla y le presionaban la cabeza. Con otra mujer y cuatro hombres que reían y aplaudían, la desnudaron, forzaron a que se arrodillara…
–Ah, ¿vos tampoco querés besarme las botas?
A una señal de Balmaceda, la llevaron hasta un recipiente con agua, donde le metieron la cabeza durante 40 segundos.
–Vamos a apagar el fueguito.
A una nueva sumergida por medio minuto, le siguió otra y otra, una decena de veces. Cuando la tuvieron debilitada, la tiraron sobre un colchón peor que el anterior:
–Esto es mucha plata para ella –justificaban.
La pusieron en posición de perrito, le metieron la escopeta en el ano, cuatro tipos le hurgaron la vagina, adonde le tiraron gas pimienta, que le generó ardor. El maltrato se extendió durante horas, hasta que empezó a tener convulsiones.
Balmaceda fue a un aula donde retenían a Antonella, esposada por detrás. Le ataron las manos con los tobillos hasta dejarla “como un chanchito”, con la cabeza apretada contra el colchón rociado con gas pimienta.
–Ahora me vas a besar la bota, la concha de tu madre, pedazo de conchuda. ¿Te olvidaste lo que era Magdalena? Yo te lo voy a recordar.
Rodeada de uniformados, la patearon y, aunque les advirtió que tenía lastimado el cráneo, le golpearon tres veces la cabeza contra el piso. Cuando la pusieron boca arriba, le bajaron el jogging y le arrancaron la ropa interior mientras el subdirector le separaba las rodillas:
–Esta tiene el celular metido en la concha –bramó Balmaceda.
La jefa procedió a meterle la mano en la vagina.
–¿Dónde dejaste el celular? Te voy a dejar incomunicada, vas a ver.
Atada al estilo “chanchito” como estaba, la dejaron desde las cinco de la tarde hasta las tres de la madrugada.

En retirada
Al día siguiente, les tajearon sus bienes personales y se los devolvieron mezclados con basura antes de darles traslado a otras unidades. Retuvieron a una de las cuatro, que dos días después intentó suicidarse.
Una de las víctimas había oído que sus torturadores le preguntaban a una persona de Enfermería si ya había anotado que no tuviera golpes. Se los propinaron después.
Si bien el primer informe de Enfermería ocultó las lesiones, posteriores constataciones médicas corroboraron el relato de las víctimas, afirmaciones confirmadas por personal penitenciario que no participó de la sesión.
A la Unidad llegó parte de la Comisión por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura; luego de entrevistar a las víctimas, realizó las denuncias, en las que se constituyó como particular damnificado institucional.
De acuerdo con el fiscal platense Álvaro Garganta, los acusados “infringieron castigos fuera de todo protocolo (…) aprovechando la situación de vulnerabilidad en que se encontraban las privadas de la libertad”, y ejecutaron “actos destinados a castigar a las internas por los hechos y por los reclamos, así como a intimidarlas, quebrantar su resistencia y afirmar el dominio”.
En calidad de autores y/o partícipes necesarios, el juez de Garantías Juan Pablo Masi accedió al pedido de detención de los 15 penitenciarios: la jefa de vigilancia y tratamiento, Daiana Belén Balmaceda; la subjefa de vigilancia, María Belén Toledo; la jefa de requisa, Antonela Belén Cingolani; la encargada de turno, Agustina Ailén Orona; la inspectora de Vigilancia, Florencia Anahí Ortiz; además de Daiana Ayelén Villafañe, Raquel Noemí Boccardo, Gisela Mailín Iguaran, Carlos Miguel Tocci, Juan Manuel Villena, Miguel Ángel Eduardo Villotta, Facundo Sebastián Medina, Lucas Germán Dama, Carlos Alberto Salice, Juan Antonio Juanena. Además del GIE, hay imputados de Sanidad y de la Brigada Penitenciaria Contra Incendios (BPCI).
El Ministerio de Justicia debió pasar a disponibilidad a los responsables.
El miércoles, tras el allanamiento a su casa platense por parte del Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal, la jefa Balmaceda, de 31 años, quedó detenida. (Voceros mediáticos de derecha se las ingeniaron para inculpar a defensores de derechos humanos y, de paso, condenar al gobernador y al kirchnerismo, todo mezclado).
Santa Fe

Los que aún no son penitenciarios se preparaban para serlo en Santa Fe, donde siete hombres de entre 18 y 29 años fueron echados de la Escuela Marcos Sánchez por el abuso sexual contra un compañero de primer año.
El 13 de agosto, esperaron al joven de 19 años que ingresó a su barraca, a cambiarse, en un área fuera de la custodia directa del personal responsable. Fueron detrás, lo patearon, lo hicieron caer. Quisieron desnudarlo, pero no lograban que soltara el botón del pantalón; uno le apretó los genitales mientras le mandaba “chiflá”. Otros le manoseaban la cola y trataban de meterle dedos por la cintura. No desistieron sino hasta que otros tres cadetes que oyeron los gritos intervinieron en auxilio.
Llevado a resguardo en la cocina, el chico se sentó en el piso a llorar de bronca, impotencia y vergüenza.
Esto fue denunciado por una autoridad del Servicio Penitenciario a la Policía, que lo elevó ante la fiscal Jorgelina Moser Ferro, quien envió al joven a la Comisaría de la Mujer para que le realizaran exámenes físicos y psicológicos. La fiscal entendió que los siete imputados debían ser pasibles de una prisión preventiva por abuso sexual simple agravado –por la cantidad de personas– y lesiones leves.
Tras ser notificados, los echaron de la Escuela, según comunicaron sus autoridades.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigación Criminal, anunció que la Gobernación asiste a la víctima y a su familia, y que los denunciados “no pisarán un establecimiento santafesino nunca más”.
Liberados
Hace una semana, la víctima pudo hablar –muy incómodo– en una audiencia de medidas cautelares, donde describió la dificultad de volver a la escuela, porque “todos voltean para mirarme”, y aunque opinó que “no se les tendría que dar la libertad”, la jueza Rosana Carrara evaluó que la prisión preventiva solicitada era excesiva.
Asistidos por una decena de abogados, los siete cadetes –Álvaro J., Michael G., Andrés F., Taiel F., Héctor F., Roque F. y Catriel D.– supieron así, por videollamada, que la Alcaidía que los retenía estaba a punto de abrirles las puertas.
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