Luis Caputo volvió al microcine del Ministerio de Economía, por tercera vez en catorce días, para anunciar que el Estado va a intervenir donde el mercado no esta pudiendo. No lo dijo así, por supuesto. Pero casi.
Dijo que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES pondrá hasta dos billones de pesos en depósitos a plazo fijo de largo plazo en los bancos. El objetivo declarado es que las entidades puedan prestar ese dinero a quienes quieran comprar su primera vivienda. La primera licitación será por 200.000 millones de pesos, el 10% del monto total. Después vendrán otras hasta completar el programa. Los bancos recibirán fondos a plazos de entre uno y cinco años. El FGS exigirá una rentabilidad mínima de UVA más 2,5% para las colocaciones a un año. A cinco años, el piso será mayor, 4,5% más UVA.
Caputo calcula que el mecanismo permitirá financiar entre 17.000 y 18.000 viviendas. Los créditos deberán tener un plazo mínimo de quince años, podrán llegar hasta unas 150.000 UVA —cerca de 200.000 dólares— y tendrán una tasa máxima de UVA más 7,5%. El promedio esperado ronda los 80.000 dólares por préstamo.
El gobierno presentó el anuncio como una novedad capaz de devolver el crédito hipotecario a la Argentina. Conviene bajar un poco la música. Las tasas se ubican en el mismo nivel que ya ofrece el sistema financiero, Banco Nación incluso ofrece menos 6,7% más UVA. Y, sobre todo, los créditos siguen indexados por inflación. La UVA hace exactamente eso. Actualiza capital siguiendo los precios.
Para una sociedad que todavía conserva la cicatriz de los créditos UVA lanzados en 2016 y 2017, el detalle no es ornamental. Aquella experiencia dejó una enseñanza bastante sencilla: una hipoteca indexada funciona maravillosamente mientras salarios, inflación, valor de las propiedades y tipo de cambio consiguen caminar aproximadamente juntos. Cuando alguno se descuelga, la vivienda propia puede transformarse en una cinta caminadora. El deudor corre. La deuda también.
Caputo explicó que el problema que pretende solucionar es otro. Los bancos argentinos reciben depósitos a plazos muy cortos y deberían prestar para una vivienda a quince, veinte o treinta años. Nadie puede financiar una casa a veinte años con dinero que puede marcharse del banco en treinta días sin asumir un riesgo considerable. El diagnóstico es correcto. El ministro lo llamó “descalce”.
La palabra técnica ayuda a ordenar el problema, pero también desnuda otro. Durante dos años y medio el gobierno describió al sistema financiero argentino como sólido. Puede ser solvente. Puede tener liquidez. Puede cumplir las regulaciones. Pero es difícil llamar profundo a un sistema donde el ahorrista piensa en semanas y el banco debería pensar en décadas.
Ese horizonte diminuto no apareció ayer. El plazo fijo argentino tiene memoria de mosquito porque el ahorrista argentino tiene memoria de elefante.
En todos los casos hay una Argentina que ahorra. El problema es dónde. Y ese ahorro termina en dólares, inmuebles, cuentas externas o directamente fuera del circuito financiero local.
Por eso aparece el Estado.
El FGS ofrecerá a los bancos lo que los bancos no consiguen obtener de sus depositantes: tiempo. No les entrega solamente pesos. Les presta horizonte. “Les damos una manito”, dijo textual el ministro.
Caputo justificó la medida por su efecto sobre la actividad. Dijo que los créditos hipotecarios tienen un efecto multiplicador porque encienden la construcción. Y ahí hay otro problema. Una casa no es una obra. Un crédito para comprar una vivienda terminada mueve el mercado inmobiliario. No necesariamente mueve una hormigonera. El argumento se vuelve resbaladizo.
La observación importa porque permite mirar las últimas medidas económicas como partes de una misma película. Dos semanas antes, Caputo había anunciado que los bancos podrían utilizar hasta el 15% de sus depósitos en dólares para prestarles a empresas que no generan ingresos en esa moneda. Hasta entonces, esas financiaciones estaban básicamente reservadas para exportadores o compañías vinculadas a actividades capaces de producir dólares. El gobierno abrió la puerta a otros sectores y mencionó expresamente a la construcción.
Las dos decisiones encajan. Por una ventanilla, el gobierno busca generar demanda para viviendas mediante créditos hipotecarios en pesos ajustados por UVA. Por otra, habilita a los bancos a utilizar una parte de los depósitos en dólares para desarrolladores inmobiliarios.
De un lado aparece el comprador. Del otro, el constructor. En el medio está el banco. Y detrás del banco, otra vez, el Estado.
El mecanismo puede darle alguito de movimiento a un mercado que perdió impulso. Lo dijo Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción. Pero también arma una arquitectura financiera bastante más delicada que el relato oficial.
El propio Banco Central reconoce el peligro. La nueva regulación exige mayor capital a los bancos, computa esas financiaciones con una ponderación de riesgo superior y obliga a evaluar la capacidad de pago de los deudores bajo distintos escenarios cambiarios. No es una precaución burocrática. Es el reconocimiento de que una empresa que cobra pesos y debe dólares queda expuesta si el tipo de cambio pega un salto.
Argentina conoce esa película. Cambian los actores. Cambia la escenografía. Cambian los nombres de los instrumentos. El descalce de monedas sigue siendo el mismo animal.
El desarrollador construye departamentos que cotizan en dólares, pero buena parte de sus compradores obtiene ingresos en pesos. Si toma deuda en dólares y una devaluación ocurre antes de vender las unidades, sus pasivos saltan de escalón mientras sus flujos pueden quedarse abajo. Y el Banco Central puede exigir colchones prudenciales. No puede abolir el riesgo cambiario.
Por eso las dos medidas tienen algo de escena final de una película que todavía se está filmando y de la que nadie sabe si alcanza el presupuesto para terminarla.
La plata de los jubilados
La discusión pública tomó rápidamente un atajo. “El gobierno le entrega a los desarrolladores la plata de los jubilados.” O, para ponerle apellido al asunto: le dan a Eduardo Elsztain la plata de los jubilados.
La frase tiene potencia. También necesita precisión. Y acá conviene volver un poco atrás. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad había sido creado en 2007. Un año después adquirió otra dimensión cuando el Congreso eliminó el régimen de capitalización individual administrado por las AFJP y creó un único sistema público de reparto.
La diferencia entre ambos modelos no es menor. En la capitalización, cada trabajador acumula aportes en una cuenta individual administrada por una empresa privada. Su jubilación futura depende de ese capital y de su rendimiento. En el sistema de reparto, los aportes y contribuciones de quienes trabajan hoy financian las prestaciones de quienes están jubilados hoy. Hay una solidaridad entre generaciones que reemplaza a la cuenta individual.
Además del componente solidario hay un elemento distintivo: en la cuenta individual de ahorro para una jubilación futura, hay que mantener o acrecentar el valor de los activos. Y ahí aparece la timba, que es a lo que se dedicaban las AFJP.
Cuando a las AFJP se las morfó el casino, los activos que administraban no fueron vendidos y convertidos en efectivo. Fueron transferidos en especie al FGS. Acciones, bonos, obligaciones negociables y otros instrumentos pasaron a formar parte de un gigantesco portafolio público.
Por eso hay una confusión recurrente cuando se habla de “la plata de los jubilados”. El FGS no es la caja desde la cual todos los meses salen normalmente las jubilaciones. Los aportes y contribuciones corrientes ingresan al sistema previsional y así se financian las prestaciones. El Fondo es otra cosa. Es un stock de activos. Un respaldo. Un gran inversor institucional cuya cartera produce intereses, rentas, dividendos y ganancias… o pérdidas de capital.
A diciembre de 2025 tenía un patrimonio valuado en 106,1 billones de pesos. El 75,6% estaba invertido en títulos públicos nacionales y otro 16,3% en acciones. Durante ese año su valor aumentó 38% nominal y 4,9% en términos reales.
Ese portafolio convierte al Estado en accionista de algunas de las empresas más grandes del país. A comienzos de 2025, el FGS poseía 28,8% de Banco Macro, 17,9% del Grupo Financiero Galicia, 21,1% de Pampa, 24% de Transportadora de Gas del Sur y 26% de Ternium Argentina. La cartera incluye además participaciones en Telecom, Edenor, Aluar, BBVA, Banco Patagonia, Mirgor, Metrogas, Transener, Central Puerto, IRSA, Cresud y decenas de compañías.
No es una alcancía. Es poder económico acumulado. Y justamente por eso la pregunta importante nunca debería ser solamente si el FGS puede invertir. Puede. La pregunta es dónde, cómo, para qué y en beneficio de quién.
El libertario contracíclico
Ahí aparece la novedad más interesante del anuncio de Caputo. No son los créditos hipotecarios. Es el verbo. Impulsar.
El ministro reconoce que una parte de la economía necesita ser impulsada. La construcción está débil. El mercado no genera financiamiento suficiente de largo plazo. Entonces el Estado toma un fondo público y lo utiliza para modificar el comportamiento del sistema financiero.
Eso tiene un nombre bastante anterior a la escuela austríaca. Política contracíclica.
El propio nacimiento del FGS contiene esa lógica. Entre sus objetivos está preservar el valor de sus recursos, atender eventuales insuficiencias del sistema previsional y contribuir al desarrollo sustentable de la economía nacional. La normativa incluso establece que las decisiones de inversión deben considerar su impacto sobre la macroeconomía y el empleo.
No fue diseñado simplemente para acumular rendimientos financieros. Fue pensado como amortiguador.
Durante la pandemia esa función quedó expuesta con mucha claridad. El Estado desplegó programas extraordinarios como el IFE y el ATP y modificó el marco del FGS para amortiguar el impacto de la crisis sobre el sistema previsional. La Ley de Defensa de los Activos del Fondo reforzó además su capacidad de intervenir mediante inversiones productivas.
Ahora Caputo vuelve a esa lógica. Hay una economía que necesita, según sus propias palabras, una mano. La confesión es extraordinaria viniendo de un gobierno que construyó buena parte de su identidad sobre la idea de que cualquier intento estatal de orientar crédito, inversión o demanda altera las señales del mercado.
La discusión, por lo tanto, no debería ser si es legítimo utilizar el FGS para una política contracíclica. Esa posibilidad está escrita en su naturaleza. La discusión es qué ciclo se quiere corregir y quién recibe la ayuda.
El prontuario
Ese interrogante se vuelve menos abstracto cuando se revisan algunas operaciones recientes del Fondo. Una de ellas conduce a Albanesi.
El Acta 277 del Comité Ejecutivo del FGS, del 26 de febrero de este año, reconoce que el Fondo mantenía obligaciones negociables de las clases XV, XVI, XVII y XIX de Generación Mediterránea, la principal compañía eléctrica del Grupo Albanesi, controlado por Armando Loson.
El problema es la fecha. Los incumplimientos de la empresa habían comenzado en abril de 2025. El 31 de julio, FIX bajó su calificación a default. Para entonces había identificado unos 611 millones de dólares de deuda de GEMSA y emisiones vinculadas afectadas por la crisis. Siete meses después de esa calificación, el FGS todavía tenía los papeles.
Generación Mediterránea terminó dentro de una reestructuración de pasivos cercana a 1.500 millones de dólares. Al cierre de 2025 registraba 1.510 millones de dólares de deuda financiera y apenas 20 millones entre caja e inversiones corrientes. El 93% de la deuda correspondía a obligaciones negociables.
El Fondo aceptó modificar cláusulas de sus bonos para facilitar la reestructuración. Las áreas técnicas argumentaron que eso permitiría preservar la continuidad operativa de las centrales y que no modificaba los flujos financieros de los instrumentos. La incógnita decisiva sigue abierta: cuánto dinero del FGS estaba expuesto y cuánto vale ahora lo que recibió.
No es el único caso.
La administración libertaria incrementó además la participación del Fondo en varias empresas privadas. El movimiento más llamativo ocurrió en Bolsas y Mercados Argentinos, BYMA, el principal mercado bursátil del país y al mismo tiempo una sociedad que cotiza en Bolsa.
Entre 2023 y 2025, según información publicada a partir de la cartera del Fondo, la tenencia del FGS en BYMA pasó de 25,4 millones de acciones a más de 516 millones. Un aumento superior al 1.900%. En Galicia la suba fue de alrededor del 30%. En Pampa, 1,3%. En Macro, 3,4%. La columna de BYMA quedó sola, como un condenado bajo el reflector.
BYMA, uno de los cuatros mercados bursátiles argentinos, fue creado durante el gobierno de Mauricio Macri con Ernesto Allaria como presidente y Nicolás “Nicky” Caputo como vicepresidente.
La relación entre decisiones oficiales y movimientos de esa acción terminó además en Tribunales.
Una denuncia pidió investigar posibles maniobras con información privilegiada, manipulación bursátil, defraudación contra la administración pública y violación de deberes de funcionario público. El expediente quedó en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi. El fiscal Carlos Rívolo pidió información a la Comisión Nacional de Valores. Entre los denunciados aparecen Luis Caputo, Nicky Caputo, Allaria y funcionarios de ANSES y del FGS. Una denuncia no prueba un delito. Pero obliga, por lo menos, a mirar las operaciones sin anteojeras.
También están las provincias. En febrero de 2025, el FGS colocó prácticamente 20.000 millones de pesos en Letras del Tesoro del Chaco. El instrumento pagaba una tasa nominal anual del 41,5% y estaba garantizado con recursos de la coparticipación federal, en franco deterioro. Tres meses después volvió a comprar deuda chaqueña: otros 22.000 millones de pesos nominales en Letras de Tesorería.
La inversión puede defenderse financieramente y está permitida por la normativa. Pero el FGS nunca opera en un vacío político. Cuando un organismo controlado por el gobierno nacional se convierte en comprador relevante de deuda provincial, la frontera entre administración de cartera y relación con los gobernadores se vuelve bastante fina. Puede ser una inversión rentable. Puede funcionar también como canal financiero en una negociación política. Una cosa no necesariamente elimina la otra.
Por eso importa el control
La lista de organismos que deberían mirar el Fondo es larga. El problema es cuánto miran. A fines de agosto, el último balance publicado corresponde todavía al primer trimestre de 2026. Y falta una pieza indispensable: las notas contables que permiten entrar en la letra chica, conocer la composición fina de los activos, sus valuaciones, movimientos, contingencias y los criterios detrás de determinadas operaciones. Sin esas notas, el balance muestra la vidriera pero deja el depósito a oscuras.
La Auditoría General de la Nación tampoco parece demasiado apurada. Su última auditoría integral disponible sobre el FGS corresponde al período 2020. Así, los datos necesarios para reconstruir en tiempo y forma qué ocurre con uno de los mayores patrimonios financieros públicos llegan tarde o incompletos.
En ese paisaje aparece un elemento muy argentino: mientras el Estado dispone de una extensa arquitectura institucional para vigilar esos recursos, una parte del seguimiento más minucioso lo realiza gratuitamente una organización de base. Es la Comisión Investigadora del FGS. Formada por profesionales, trabajadores y referentes previsionales, viene reconstruyendo movimientos de cartera, publicando documentos y reclamando información al Congreso y a los organismos de control.
La tarea parece burocrática hasta que se entiende qué están mirando. No son números en una planilla. Son activos acumulados durante décadas por el sistema de seguridad social argentino.
No hay nada especialmente escandaloso en que el FGS coloque dinero en bancos. La normativa se lo permite. Tampoco hay una herejía en utilizar un fondo público para alargar el crédito y estimular una actividad deprimida. Para eso, entre otras cosas, existe.
Un fondo público puede financiar viviendas, infraestructura o producción. Pero también puede comprar malos bonos, sostener negocios privados, asumir riesgos innecesarios o convertirse en una estación intermedia de acuerdos políticos. La propiedad pública de los recursos no garantiza por sí misma una asignación progresiva.
Ahí está la discusión verdadera. No Estado contra mercado. Sino quién decide dónde va el ahorro colectivo. Quién toma el riesgo. Quién captura la renta. Quién recibe la manito.
Porque cuando el ciclo se vuelve fulero, las doctrinas suelen quedarse sin nafta. Entonces aparecen los instrumentos que sobrevivieron a la motosierra. El FGS es uno de ellos.
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