La lectura más rápida de lo ocurrido a partir de la celebración del Día de la Industria fue la de un choque entre dos modelos. De un lado, Javier Milei y Luis Caputo. Del otro, los industriales. Apertura contra producción. Finanzas contra fábrica. El problema es que esa foto salió movida. La pelea más interesante no ocurrió entre la Unión Industrial Argentina y el gobierno. Ocurrió adentro de la propia UIA.
Uno de los vicepresidentes de la entidad, Guillermo Moretti, se encargó de correr el telón una hora antes de que el presidente Martín Rappallini pronunciara el discurso que había preparado para marcarle la cancha al gobierno.
“Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria”, dijo. A Caputo lo definió como “Rivadavia II”, “un endeudador” y “un trader que no sabe lo que es un torno”. Y dejó planteada una pregunta: si una economía basada en minería, petróleo y energía, con empleo precarizado y manufactura menguante, puede contener a 47 millones de personas.
El torno funcionó como una buena imagen. De un lado quedó la fábrica. Del otro, la mesa de dinero. Viruta contra Bloomberg.
Moretti no es un rebelde recién llegado. En 2007 presidió el Grupo Industriales, una de las dos grandes corrientes históricas de la UIA. Se define como defensor de las pymes de capital nacional y del modelo productivo que había sucedido a la convertibilidad. Después fue vicepresidente de la UIA, presidió la Federación Industrial de Santa Fe y atravesó conducciones de distintos colores sin abandonar la mesa, ni tirar del mantel.
Aprendió una de las reglas básicas de la central fabril: para disputar poder primero hay que permanecer. Durante dos décadas convivió con Techint, Arcor, las automotrices, los laboratorios, los alimentos y las regionales. Fue aliado de José Ignacio de Mendiguren y también compartió conducción con Luis Betnaza y David Uriburu, los hombres de Techint. Cuando en 2021 De Mendiguren denunció que Techint lo había vetado de la conducción, Moretti no se fue. El Vasco quedó afuera y Moretti obtuvo una vicepresidencia. En aquella misma lista convivían Betnaza, Uriburu y él.
Por eso su exabrupto tiene otro peso. La UIA es una institución del poder real que lleva más de un siglo hablando con gobiernos de todos los signos. Sus dirigentes saben que los mensajes tienen que derivar en una reunión donde pedir por un arancel, una importación, una tarifa, una licitación, un impuesto, un crédito. El lenguaje institucional no es una cuestión de buenos modales. Es una tecnología del poder. Moretti siempre fue orgánico a esa tecnología. Que haya decidido patear la puerta permite medir la presión que había detrás.
El puente
En la previa a la celebración industrial, Rappallini venía anticipando un discurso fuerte. Pero Moretti lo primereó y lo dejó en offside: cualquier cosa que dijera después sonaría moderada.
El presidente de la UIA comenzó su discurso con una reconstrucción de las últimas décadas para definir que el problema argentino nació de un Estado que quiso convertirse en motor de la economía, aumentó el gasto, los impuestos, las regulaciones y los subsidios hasta terminar recurriendo a la emisión. La consecuencia, sostuvo, fueron quince años sin crecimiento y un “costo argentino” que deterioró la competitividad.
Luego Rappallini acompañó el orden macroeconómico, la recuperación del crédito, la baja de impuestos, la desregulación, la modernización laboral y una mayor integración al mundo. Incluso defendió el RIGI y el Súper RIGI.
El diagnóstico tiene una genealogía política evidente. Los gobiernos peronistas cargaron con la responsabilidad del pasado. Milei recibió, en cambio, el reconocimiento por haber iniciado “un proceso de cambio”.
Después se corrió unos grados y puso números sobre la mesa. La producción industrial está 10% por debajo de 2022. Algunas ramas acumulan caídas de entre 25 y 30%. Desde agosto de 2023 se perdieron 90.000 empleos asalariados registrados en la industria. Y la apertura no distribuye sus costos uniformemente: según la UIA, la competencia internacional cae especialmente sobre el 25% de la economía que produce bienes y servicios transables.
Entonces apareció el dato político. En dos años, sostuvo, los servicios aumentaron alrededor de 400%, el nivel general de precios cerca de 190% y los precios industriales apenas 140%. “La industria le está poniendo el hombro en la estabilización”. Dicho de otra manera: una parte de la baja de la inflación fue pagada por los márgenes, la actividad y el empleo.
Entonces pidió “un puente”. La palabra era cuidadosa. No proponía abandonar el programa. Pedía llegar vivo al otro lado. “La economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación. Tenemos que mirar la actividad”, dijo. Y agregó que cuando cae la actividad también se pierden empleo, consumo, tejido empresario y capacidad productiva. Si eso se prolonga, termina golpeando la inversión, la recaudación y la propia estabilidad macroeconómica.
Ahí estaba la pequeña bomba escondida en las quince páginas del discurso. Rappallini no pidió formalmente una devaluación. Sería incorrecto atribuírsela. Pero planteó una tensión que conduce inevitablemente hacia el tipo de cambio: hasta dónde puede seguir utilizándose la actividad industrial como variable de ajuste para sostener la desaceleración inflacionaria.
Porque si los bienes industriales subieron mucho menos que los servicios y que el nivel general de precios, mientras la apertura obliga a competir con precios internacionales, la discusión sobre competitividad termina chocando contra el precio del dólar.
Se puede bajar impuestos. Mejorar rutas. Financiar inversiones. Romper convenios laborales. Todo eso estaba en el discurso. Pero existe un atajo mucho más viejo. Mover el tipo de cambio. Rappallini no lo pronunció pero lo dejó flotando en la sala. Porque mientras la industria compita contra importaciones con un tipo de cambio utilizado como ancla de la inflación, la pregunta por la competitividad termina golpeando siempre la misma puerta. Rappallini llegó hasta esa puerta en su discurso. Moretti la abrió de una patada.
Vientos
Milei respondió unas horas después.
Mientras los industriales habían celebrado su día dentro de una fábrica, el Presidente cerró Vientos de Cambio, la cumbre organizada por la Fundación Libertad y Progreso en el Sheraton. Allí tomó precisamente la discusión que había abierto la UIA.
“Hay muchas personas que piden flexibilizar la política económica”, dijo. Y fijó el límite: “El resultado fiscal no se negocia. Y no vamos a negociar la política monetaria porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación”.
No hacía falta nombrar a Rappallini. El industrial había pedido mirar actividad además de inflación. Milei respondió que la política utilizada para bajar la inflación no se negocia. El ancla cambiaria. Otra vez el torno y la pantalla.
Amor
Después del acto, Rappallini desplegó una operación curiosa: despegarse de Moretti y, al mismo tiempo, evitar que su propio discurso fuera interpretado como una ruptura.
Primero emitió una aclaración institucional. Dijo que sus palabras expresaban la posición de la UIA, que habían sido discutidas previamente en el Comité Ejecutivo y que habían obtenido consenso unánime. Las declaraciones de Moretti, en cambio, correspondían a una posición personal. La precisión administrativa contenía una definición política endeble. Moretti, vicepresidente de la UIA, fuera del perímetro oficial.
Pero el problema no terminaba en Moretti. Una vez que expulsó simbólicamente al santafesino, Rappallini todavía tenía que explicar qué había querido decir él. Empezó entonces un raid por televisión y radio destinado a reconstruir el puente con Caputo. En La Nación+ reivindicó el programa económico, destacó el orden macroeconómico, el equilibrio fiscal y la baja de la inflación. La discusión, explicó, no pasaba por modificar esas anclas sino por conseguir que la estabilización llegara a la economía real. Su reclamo se fue desplazando hacia un terreno bastante menos urticante: crédito para recuperar la actividad.
El movimiento era notable porque unas horas antes había presentado un diagnóstico bastante más duro. En las entrevistas posteriores esa tensión perdió voltaje.
Resulta que Rappallini tiene un RIGI. Desde julio de 2025 integra el directorio de Minera San Jorge, vinculada al proyecto PSJ Cobre Mendocino en Uspallata. El emprendimiento de cobre y oro proyecta una inversión cercana a los 900 millones de dólares y consiguió la aprobación para ingresar al régimen de grandes inversiones del gobierno de Milei.
La escena tiene algo de esos memes donde el personaje aparece dos veces hablando consigo mismo.
Como presidente de la UIA, Rappallini representa a empresas que reclaman porque deben enfrentar la apertura con impuestos locales, costos logísticos, crédito caro, infraestructura deficiente y precios de energía que en algunos casos —según denunció en el propio acto— se multiplicaron por tres y hasta por cinco. Como integrante de un proyecto minero, participa de una inversión alcanzada por el régimen excepcional que ofrece beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios y estabilidad normativa a las actividades elegidas por el gobierno.
No hay necesariamente una incompatibilidad. Hay algo más útil para entender la época: una contradicción de intereses alojada en la misma persona.
La vieja pelea
Esta discusión es bastante anterior a Milei. Aparece cada vez que se termina la abundancia de dólares y queda expuesta una contradicción que, mientras la caja está llena, los sectores dominantes consiguen mantener debajo de la alfombra.
La convertibilidad fue uno de esos momentos. Durante buena parte de los ’90 funcionó una alianza extraordinariamente amplia entre los grandes grupos económicos locales, los bancos, los acreedores externos y las empresas privatizadas. El uno a uno había detenido la inflación, valorizado los activos argentinos en dólares y permitido una formidable expansión del endeudamiento. Privatizaciones, apertura y crédito externo mantenían girando la rueda.
Mientras entraban dólares, la discusión podía esperar. El problema apareció cuando dejaron de entrar. Entonces se rompió la alianza. No fue primero una discusión doctrinaria. Fue una disputa por patrimonios.
Una devaluación modificaba de un golpe el valor relativo de empresas, deudas, salarios, exportaciones y activos. Quien producía en la Argentina y necesitaba competir podía encontrar allí una salida. Quien tenía ingresos, contratos, acreencias o activos cuyo valor dependía de la continuidad del dólar barato, necesitaba otra. De esa fractura surgieron las dos coaliciones que marcaron el final del régimen: devaluadores y dolarizadores.
Las categorías nunca fueron químicamente puras. Los grandes grupos ya estaban diversificados y podían tener intereses contradictorios dentro de su propio balance. Pero permiten entender la disputa que se abrió en la cúpula económica.
Los devaluadores necesitaban recuperar competitividad. Allí pesaban los grupos exportadores y buena parte del entramado industrial que producía desde la Argentina. Una modificación del tipo de cambio reducía sus costos internos medidos en dólares y mejoraba la rentabilidad de las exportaciones. Para las empresas orientadas al mercado doméstico también significaba recuperar protección frente a los bienes importados que la convertibilidad había abaratado.
En el otro extremo se agrupaban los intereses que necesitaban preservar la dolarización del valor de sus activos, contratos y acreencias. La salida propuesta era llevar el régimen hasta su última estación: si mantener un peso igual a un dólar se había vuelto imposible, podía eliminarse el peso. La pelea era por el dólar, pero detrás del dólar estaba la distribución de costos dentro del poder económico.
La UIA participó de aquella batalla. Era uno de los escenarios donde se expresaba una fractura que atravesaba al conjunto de los sectores dominantes. La formación del Grupo Productivo a fines de los ’90 fue la traducción política de una parte de esa ruptura. Allí confluyeron industriales, construcción y sectores rurales alrededor de la necesidad de recuperar competitividad.
La pesificación fue la pieza decisiva de aquella reorganización. Las deudas empresarias tomadas en dólares dentro del sistema financiero fueron pesificadas a una relación de un peso por dólar, mientras los depósitos recibieron inicialmente un tratamiento diferente. El Estado absorbió buena parte del costo de esa pesificación asimétrica. No fue un detalle técnico. Fue la forma concreta que adquirió la victoria de una de las fracciones en disputa.
La salida que recompuso las condiciones de acumulación de una parte del capital produjo inicialmente una formidable transferencia de ingresos desde el trabajo. Ese es un dato central para no transformar retrospectivamente a los devaluadores en representantes de algún interés general. Ganaron una disputa dentro del poder económico.
Techint fue uno de sus grandes impulsores. El dato resulta particularmente útil para mirar el presente. Los actores no ocupan para siempre el mismo casillero. Se mueven con sus negocios.
Después vino otra historia. El ciclo de crecimiento iniciado tras el derrumbe, la recuperación salarial, la creación de empleo, los precios internacionales extraordinarios y una intervención estatal mucho mayor, permitieron construir durante algunos años un equilibrio diferente. Parte de aquella renta fue capturada y redistribuida. Creció el mercado interno. Creció la industria. Crecieron también los grandes grupos.
La contradicción no desapareció. Había dólares. Y cuando hay dólares, la Argentina tiene una sorprendente capacidad para confundir una tregua con una solución.
Veinticinco años después, reconstruir los mismos ejércitos sería un error. Los grupos económicos cambiaron.
Una parte importante de los capitales que alguna vez podían identificarse con una industria orientada principalmente al mercado argentino se internacionalizó, diversificó sus negocios y construyó nuevas fuentes de ingresos en dólares. Energía, petróleo, minería, siderurgia, infraestructura y operaciones en otros países modificaron su inserción. El industrial puro se volvió una especie bastante difícil de encontrar en la cúpula.
Esa transformación también ocurrió dentro de la UIA. Por eso la entidad puede reunir bajo el mismo techo a Moretti, representante de una trama industrial santafesina mucho más dependiente de la actividad doméstica, y a David Uriburu, expresión de Techint, un conglomerado internacionalizado con intereses siderúrgicos, energéticos y exportadores. Y puede tener como presidente a Rappallini. Su caso concentra la mutación.
No hace falta encontrar una incoherencia. Es más interesante encontrar las transformaciones de este sujeto político económico.
Hay, sin embargo, una ausencia que brilla en estas narrativas: el componente distributivo.
El modelo exportador puede resolver la restricción externa y concentrar la renta. El desarrollismo puede proteger la producción y al mismo tiempo sostener una estructura distributiva regresiva. Un dólar alto mejora la competitividad industrial pero también puede licuar salarios. Un dólar barato ayuda a contener los precios mientras abarata importaciones, destruye puestos de trabajo y valoriza patrimonios medidos en dólares. Ningún tipo de cambio contiene en sí mismo un programa distributivo. Ese es el punto ciego de la vieja pelea.
La pelea puede ser feroz. Puede partir cámaras empresarias, enfrentar ministros con industriales y revivir rencores que llevan décadas. Pero sigue siendo una discusión entre los que están arriba.
Contrabando
Hasta la fecha elegida para celebrar la industria contiene una pequeña broma de la historia.
El 2 de septiembre Día de la Industria recuerda la partida, en 1587, de la carabela San Antonio desde el fondeadero del Riachuelo rumbo a Brasil. Llevaba tejidos y bolsas de harina producidos en Santiago del Estero. El cargamento había sido fletado por el obispo del Tucumán, fray Francisco de Vitoria.
Pero las bolsas guardaban un secreto. Según denunció el gobernador Juan Ramírez de Velasco, entre aquella producción viajaban barras de plata provenientes del Potosí cuya exportación estaba prohibida. El Día de la Industria argentina conmemora una exportación que escondía un contrabando de mineral.
Cuatro siglos después, resulta difícil mejorar la alegoría. Arriba iban las manufacturas. Abajo, la plata. El barco decía una cosa y transportaba otra.
Tal vez por eso la discusión de esta semana resulta menos novedosa de lo que parece. La Argentina lleva demasiado tiempo preguntándose qué debe viajar en la bodega: manufacturas, minerales, alimentos o capitales. Lo que se esconde es quién captura el excedente que produce cada viaje.
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