Hay nombres que describen y otros que, acaso sin proponérselo, revelan. Tormenta Negra llamó el gobierno de la Ciudad al despliegue de más de 1.500 policías y agentes de control realizado en 15 villas y barrios populares. El nombre impresiona, pero más impresiona imaginar cómo se ve una tormenta semejante desde abajo, desde los ojos de las infancias que observan uniformes, patrulleros y controles avanzando sobre el lugar donde viven. Porque miran. Ven cómo se trata a sus padres, cómo se interviene en sus barrios, qué ocurre con sus casas y qué lugar les reserva la sociedad. Esas imágenes comienzan a construir una idea del mundo y también del valor que su propia vida tiene para ese mundo.
El operativo fue presentado oficialmente como una intervención destinada a combatir el delito y ordenar el espacio público. El gobierno informó 17 detenidos. La seguridad es una responsabilidad del Estado y las víctimas tienen derecho a ser protegidas. El problema aparece cuando una concepción política presenta la respuesta represiva como inevitable y la desprende de la realidad social sobre la cual actúa.
La tormenta negra cayó sobre una sociedad a la intemperie, no solamente sobre quienes duermen en una vereda. Alquileres, tarjetas, cuotas, trabajos precarios y préstamos envuelven la economía familiar. La deuda baja como una telaraña desde un país endeudado y atrapa a quienes ya no pueden afrontar intereses y refinanciaciones, mientras la usura encuentra en la desgracia su mejor oportunidad.
Los números deberían estremecer. El INDEC informó que durante el primer semestre de 2026 la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas y la indigencia al 7,5% en los 31 aglomerados urbanos relevados [1]. Proyectadas sobre todo el país —como estimación y no como conteo directo—, estas tasas representan alrededor de 15 millones de pobres y 3,5 millones de indigentes. Si alguien quiere traducir la indigencia a una palabra menos estadística puede comenzar por la más elemental: hambre.
Pero esa violencia social no se distribuye de manera pareja. Golpea con mayor fuerza sobre quienes todavía están construyendo su lugar en el mundo: los pibes y las pibas. La pobreza alcanza a casi la mitad de los menores de 14 años. Allí la estadística adquiere otra gravedad porque habla de cuerpos que crecen, aprendizajes, vínculos, autoestima y expectativas.
Vivir en Balvanera, cerca del Centro de Admisión y Derivación para personas menores de edad (CAD), permite ponerle imágenes a esas estadísticas. Durante las 24 horas llegan patrulleros y celulares policiales. Bajan pibes, esposados y con las manos atrás. Afuera esperan familiares, novias y, sobre todo, abuelas que suplantan a las madres o padres, ambas empatando en una prematura vejez. Algunos muchachos bajan desafiantes, representando cierta fortaleza ante quienes esperan, un último arresto de dignidad ante los suyos, y sus chicas los miran con devoción.
Cuando los pibes salen, caminan junto a sus familiares, sin contacto físico, despacio y, muchas veces, en silencio. Se alejan acompañados hacia algún barrio lejano, hacia territorios donde el suicidio se ha convertido en una de las principales causas de muerte violenta entre los jóvenes, superando incluso a los accidentes viales y los homicidios. La gravedad de este flagelo también encontró eco en el último recital de Lali en River, cuando, atravesada por la pérdida de una persona muy cercana en estas circunstancias, dedicó la canción Ciudad de pobres corazones, de Fito Páez, a quienes atraviesan esta realidad.
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En este contexto, la tasa nacional de suicidios alcanzó un récord histórico de 11,8 casos cada 100.000 habitantes [2], por encima del promedio mundial que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica en 9,1.
Los especialistas señalan que no existe un único motivo, sino una combinación de factores sociales, económicos y de salud mental. El impacto social se vincula al incremento reciente por las dificultades de inserción laboral, tras terminar los estudios, la precarización de las condiciones de vida y el debilitamiento de los lazos de contención comunitaria postpandemia.
Ningún chico nace esposado. Antes hubo una historia: alimentación o hambre, abrigo o frío, escuela o abandono, vivienda o hacinamiento, reconocimiento o humillación. Nada de esto justifica el delito. Obliga, en cambio, a preguntarse por una concepción que interviene con toda su fuerza sobre las consecuencias mientras presenta muchas de sus causas como inevitables. Siempre lo inevitable.
En estos días, dos juezas quedaron expuestas públicamente por cuestionar aspectos del nuevo Régimen Penal Juvenil. Una es Marta Elba Pascual, cuyo compromiso con los derechos de la infancia viene desde lejos.
Hace muchos años me tocó entrevistarla para una investigación: “El Tráfico de niñas y niños en la Argentina”. Eran los albores de la democracia y ella era entonces una magistrada joven, que demostraba compromiso y conocimiento, legal y territorial, sobre las infancias.
Pascual quedó en el centro de una discusión sobre infancia y responsabilidad penal al cuestionar las condiciones institucionales para aplicar el nuevo régimen. También resulta legítimo preguntarse por qué advertir sobre las condiciones en las que un chico será detenido, alojado y tratado puede presentarse como debilidad frente al delito.
Algo semejante ocurrió con la jueza Laura De Marinis, quien cuestionó para un caso concreto la aplicación de la nueva edad de punibilidad a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. Su decisión fue revocada y la magistrada apartada de la causa. El zócalo televisivo refería a una chocolatada ofrecida al chico. Como si alimentar a un adolescente detenido fuera un privilegio y no un gesto elemental de humanidad.
La pregunta verdaderamente importante quedó detrás de todo ese ruido: ¿cuándo llegó el Estado a la vida de ese chico? ¿Cuándo necesitaba alimento, escuela, vivienda, cuidado y oportunidades, o solamente cuando estuvo en condiciones de detenerlo?
La pobreza puede entenderse como una injusticia que requiere trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado, o como una molestia que debe apartarse de la vista. Allí aparece una diferencia ideológica profunda: construir Estado social o naturalizar que frente al descarte, la respuesta sea cada vez más Estado penal.
Lo inquietante es aquello que queda en los ojos de quienes contemplan estos procedimientos desde la infancia. La Tormenta Negra del gobierno porteño es una sobreactuación de uniformes, controles y detenciones sobre el territorio donde viven los pibes y las pibas. Algunos seguramente conocen también el delito y necesitan ser protegidos de él. Pero deberían conocer con igual o mayor intensidad otro rostro del Estado, la escuela que funciona, la vivienda digna, el alimento, el médico, el club, la plaza y alguien capaz de acompañarlos, antes de que llegue la patrulla. Eso también es seguridad.
Las infancias no conocen las sofisticadas explicaciones políticas, jurídicas o geopolíticas. Ven el hambre, el miedo, la casa perdida, al padre humillado, a la madre desesperada, al patrullero. Imágenes que construyen una percepción del mundo. Las redes permiten observar el sufrimiento y escapar rápidamente de él: basta deslizar un dedo para que desaparezca de la pantalla. Los pibes no pueden hacerlo: viven dentro de la imagen.
Por eso ninguna ley penal puede reemplazar una política de infancia. Pueden discutirse edades de punibilidad, procedimientos y responsabilidades, pero si el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permanece ausente durante décadas y aparece con una patrulla, llegó demasiado tarde.
Queda una última pregunta, difícil de evitar: ¿a quién se le ocurrió llamar Tormenta Negra a un operativo desplegado sobre los barrios más vulnerables de la ciudad? Las palabras nunca son completamente inocentes. Nombran, construyen imaginarios y revelan una manera de mirar. Quien eligió ese nombre está bajo la cultura de la crueldad imperante.
[1] INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, primer semestre de 2026.
[2] Ministerio de Salud de la Nación y Sistema Nacional de información Criminal.
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