En Instagram funciona un sitio que se llama “Cierro2026 – Vaciamiento de Fábricas”, en el que se ofrece un servicio innovador: “¿Cerraste tu fábrica? Te ayudamos a vender todo. Contáctanos…” A continuación hay una abundante cantidad de fotos donde se muestran los restos de mercadería e instalaciones de diversas empresas que cerraron. El sitio tiene por ahora unos 23.000 seguidores.
Basado en el marco teórico neoclásico, alguien podría hacer la siguiente afirmación: la economía capitalista es fluida, no es estática. Todo el tiempo empresas abren y empresas cierran. Las obsoletas quiebran, y nacen otras que dan nuevos servicios adecuados a las nuevas realidades económicas y de consumo. Está todo bien.
Toda esa descripción es teórica, abstracta. En todo caso, no se aplica a lo que ocurre en la Argentina hoy. Cierran muchas empresas, y abren muy pocas. Cierran empresas productoras de bienes, y se abren algunas de servicios fúnebres de empresas. Entran mineras grandes y fallecen miles de empresas pequeñas y medianas.
Es decir: lo que está ocurriendo, cada vez peor, no es un movimiento equilibrado y compensado, ni es el esquema de “destrucción creativa” del que hablaba el gran economista austríaco Joseph Schumpeter. Como en los anteriores experimentos neoliberales, es sobre todo destrucción de fuerzas productivas. Y punto.
Pareciera que este proceso de contracción productiva permanente afecta a una parte creciente de la sociedad, mientras que una minoría se beneficia concretamente de este proceso, y unos cuantos mantienen la fantasía de que serán beneficiados en algún momento del futuro por las medidas antipopulares que hoy se están implementando.
La pulseada por América del Sur
Y hablando de fantasías e involuciones productivas, miremos lo que está ocurriendo en nuestro vecindario.
Los resultados electorales en Brasil muestran un cuadro de posible derrota en el ballotage del candidato Lula frente a las fuerzas de la derecha y la ultra derecha lideradas por Flávio Bolsonaro.
Parecen muy difíciles de revertir los resultados de la primera vuelta, aunque hay algunos márgenes para explorar, según la capacidad que pueda desplegar el oficialismo para atraer a varios segmentos del público –ciudadanos mayores, no votantes desorientados, pobres– que podrían ser atraídos a votar a favor del candidato del PT.
Se repite en Brasil lo ya ocurrido en otras elecciones latinoamericanas. Los candidatos más razonables, los que garantizan una protección mayor de los intereses populares contra las fuerzas de las grandes empresas, los que más defienden la soberanía, pierden frente a candidatos despreciables, tanto por sus ideas como por su trayectoria de vida. Candidatos que apelan a las mayores mentiras para convocar a un público confundido y alienado.
En la Argentina, como hace poco en Colombia o ahora en Brasil, la propuesta de la derecha-ultra derecha no hace más que expresar la rapiña del capital local y extranjero, y las ambiciones de los Estados Unidos en la región.
Eso habla de la necesidad imperiosa de entender qué pasa con los diversos grupos sociales que votan figuras y propuestas que muestran a simple vista disvalores sociales y humanos evidentes y prácticas personales que deberían generar rechazo mayoritario.
¿Qué está pasando en la cultura?, ¿qué está pasando en la subjetividad de los pueblos sudamericanos?
Se deben escuchar los argumentos críticos que ponen el énfasis explicativo en las debilidades, inconsistencias y hasta imposturas de los candidatos y sectores progresistas que se enfrentan a la marea de derecha. Son, sin duda, parte de la explicación y deben ser considerados.
Pero creemos que poner foco exclusivamente en las propias falencias sería tapar otro fenómeno que también está ocurriendo: el prolongado subdesarrollo latinoamericano, agravado por la globalización económica y cultural, no es gratis para nuestros países.
Es un estado difícil de remontar para la periferia sudamericana. La pobreza no es sólo material. También se expresa en la falta de acceso a la información, a las ideas, a la pluralidad. Ese empobrecimiento intelectual es transversal, y no sólo afecta a los sectores populares, sino que hace estragos en las capas medias y las elites sectoriales.
Lula ha encabezado un gobierno de centro, en el cual ha tratado de impulsar políticas de protección de las condiciones de vida básicas del pueblo y de defensa de la soberanía brasileña. El de Lula es el “Brasil que no entra en el patio trasero de ninguna potencia”.
Pero la misión histórica de los Bolsonaros, la del padre preso por golpista y la del hijo aún más extremista, sí es hacer que Brasil quepa en el patio trasero norteamericano: que pueda entrar por su achicamiento económico, degradación diplomática saliéndose de los BRICS, deterioro político y cultural.
La gran dificultad que tiene el proyecto de subordinación regional a los Estados Unidos es que esa aún enorme potencia no tiene en carpeta nada apetecible para América del Sur. Nada que remotamente se puede asociar al progreso real de la región. Sólo exigencias para fortalecerse frente a la competencia China y frente a la parte del mundo que se está escapando de su hegemonía histórica.
Donald Trump es hoy el jefe político de Milei, de De la Espriella de Colombia, de Noboa de Ecuador, de Rodrigo Paz de Bolivia, de Flávio Bolsonaro. Pero Trump está en un momento sumamente complejo de su mandato, tanto en lo económico como en lo político y lo militar. Lo único que se le ocurre es pedir y obtener beneficios a costa de sus sumisos vecinos del sur, con lo cual no genera condiciones favorables para que sus representantes en la región ganen en popularidad sustentada en resultados tangibles. Durarán mientras puedan surfear sobre el descontento de sus poblaciones.
Al mismo tiempo, esta derecha-ultra derecha neoliberal degradada e improvisada que se impone electoralmente no está ganando en forma arrasadora las elecciones en ningún país del subcontinente, sino que lo logra en forma ajustada en base a la debilidad de sus adversarios, a los engaños de última generación que puede inventar para atraer votos, y a la creciente ayuda norteamericana en todos los planos para forzar los resultados electorales.
Es decir: tampoco son gobiernos de derecha sólidos que se van a legitimar mejorándole en algo las condiciones de vida (ni económicas, ni de “seguridad”) a la gente común. Lo estamos viendo en la Argentina, pero es igual en todas partes. Son experimentos de concentración del ingreso en minorías reducidas, de extranjerización, de cesión de soberanía y recursos estratégicos, que se sustentan en una combinación variable de alienación masiva de la sociedad y de represión, en la medida que la confusión y los relatos no alcancen para sostener la adhesión alucinada de las masas.
Entendiendo mejor la maniobra Malvinas
Del otro lado de los Andes también gobierna la derecha-ultra derecha. Lo que no ha eximido a Chile de recibir también su dosis de amenaza norteamericana.
El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, según informó el periódico La Tercera, efectuó las siguientes declaraciones en el marco del evento “Día del Comercio Global 2026”: “Si (los chilenos) quieren los recursos que tenemos para combatir el crimen organizado y quieren un país que les ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, entonces van a tener que trabajar en las cosas que también son importantes para nosotros”, le dijo con total desparpajo al público chileno.
El diferendo entre la Argentina y Chile por el estrecho de Magallanes está hace tiempo cerrado, desde los acuerdos de 1984, salvo por las declaraciones que efectuara recientemente el brigadier general Gustavo Javier Valverde (jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina), quien sostuvo que el Estrecho de Magallanes y el Paso de Drake son espacios de soberanía argentina y una “llave bioceánica”. Estas sorprendentes palabras generaron tensión diplomática entre ambos países.
Gracias a esas declaraciones desafortunadas, el embajador norteamericano Judd puede chantajear a Chile con que el apoyo de Estados Unidos a la soberanía chilena en Magallanes, si Chile se predispone a ceder en cuestiones que les interesan a los Estados Unidos.
Las declaraciones cayeron mal en Chile, que evidentemente tiene en la actualidad una densidad nacional mucho mayor a la Argentina, lo que obligó al diplomático a acudir al viejo expediente de declarar que “sus dichos fueron tergiversados”.
Merecen destacarse algunas respuestas que el diplomático extorsionador recibió del público chileno en la red X:
- “El problema son las condiciones de mierda que plantean. No nos ven como socios, nos ven como marionetas. Lástima que nuestro @PresidenteKast haya regalado su dignidad y se le olvide su patriotismo con Estados Unidos”.
- “Pero en los hechos ustedes no son un socio confiable. Ni un socio confiable amenaza o impone discrecionalmente aranceles al socio, menos si hay tratados vigentes”.
- “Estados Unidos no respeta los Tratados de Libre Comercio (TLC). Estados Unidos es una nación depredadora. A Estados Unidos no le interesa ayudar a los demás, solo toma lo que conviene”.
Estas expresiones, tomadas entre muchas otras bastante más groseras, muestran hasta qué punto ha entrado en crisis la confianza en la globalización y específicamente en el comportamiento norteamericano, incluso en países que han hecho una apuesta clara en la dirección de la integración plena con ese país, muy penetrados por los mitos neoliberales del progreso basado en el libre comercio.
Trump y su ministro de Relaciones Exteriores Marco Rubio tienen como práctica constante obtener gratuitamente nuevos recursos de la región, y utilizan la técnica de insinuar apoyos o quitas de apoyos diplomáticos (o militares) para obtener sin costo alguno concesiones de todos los países que pelean por el respaldo de la potencia del norte.
Desde esa perspectiva hay que mirar todo lo que hace o deja de hacer Milei, su cancillería, y eventualmente algunos mandos militares del país. Son fichas en el tablero diplomático norteamericano para obtener concesiones de distintos actores, desde el Reino Unido hasta Chile. Ni qué hablar lo que puede obtener la Argentina de esta situación, cuando ya lo está entregando todo voluntariamente, a cambio de palmaditas en la espalda.
¿Vendemos o no el territorio?
El cartel de Malvinas en el Mundial encendió un sentimiento histórico que sigue teniendo efectos políticos actuales. Luego de que la Corte Suprema mediante un subterfugio menor pusiera en vigencia los cambios mileístas en la Ley de Tierras, se empezaron a ver reacciones que van más allá de tweets y declaraciones parlamentarias.
Un grupo de manifestantes se hizo presente frente a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en pleno centro de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, el 1º de octubre. La protesta se efectuó frente al Hotel Le Village, donde se hospedaban Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti para participar en el 26° Encuentro de Jueces de Tribunales Orales Federales.
Las agrupaciones que se hicieron presentes –ATE, ATEN, Patria Grande, el Partido Obrero y vecinos auto convocados– repudiaron el fallo de la Corte Suprema que revocó la medida cautelar que suspendía la aplicación del artículo 154 del DNU 70/23.
URGENTE!! AHORA!!
ATE ESCRACHA A LOS JUECES DE LA CORTE SUPREMA EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES!!
En este momento el sindicato protesta en el Hotel Le Village donde se encuentran Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti.
Estos tipos designados por decreto usurparon el Poder Judicial.
Son empleados de las corporaciones. No es una Corte Suprema es una Corte Sumisa al poder real.
Emitieron un fallo a medida de los Lewis y los Benetton.
A donde vayan los iremos a buscar!— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) October 1, 2026
Días después, el martes 6 de octubre, un grupo de estudiantes interpeló y repudió fuertemente a un miembro de la Corte Suprema y a otros referentes judiciales durante un acto en el salón auditorio de la Facultad de Derecho de la UBA, en ocasión de le entrega de los Premios Quorum. Los principales reproches de los estudiantes se dirigieron hacia Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, al juez federal Julián Ercolini y al fiscal federal Diego Luciani, quien venía de ser ovacionado hace unos días por los empresarios presentes en el Coloquio de IDEA, por ser protagonista del bochornoso fallo contra la ex Presidente Cristina Kirchner.
Los manifestantes mostraron su oposición clara al fallo sobre la Ley de Tierras y reclamaron por la situación judicial de CFK, denunciando la persecución judicial de la cual es víctima.
También en la semana que pasó se registró una movilización a Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema, contra el fallo que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras, convocada por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata y las dos CTA, con la participación de ATE, UTEP, organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y estudiantiles, bajo la consigna “La patria no se vende, la soberanía tampoco”.
A pesar de las dificultades para movilizar y el desánimo que constantemente siembran las acciones del gobierno, se ha logrado mantener con vida la llama del rechazo a la extranjerización de la tierra, causa que cuenta con un vasto respaldo popular.
La Corte dictó el viernes 9 una medida cautelar “interina” que suspende los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 hasta tanto el juzgado de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los promotores de este caso y examine su pedido de medida cautelar.
Es muy evidente la funcionalidad de la Corte al actual modelo mileísta: luego de 30 meses, continúa sin expedirse sobre la cuestión de fondo, que es la constitucionalidad de un decreto ómnibus que modifica un conjunto de leyes sin seguir los procedimientos institucionales establecidos.
La Corte muestra permanentemente que no es un resguardo fiable de la Constitución Nacional, ni de las garantías que deberíamos tener los ciudadanos frente a los atropellos de gobiernos autoritarios, como el actual.
Pero a su vez, la medida tomada el día viernes, suspendiendo transitoriamente la vigencia de la Ley de Tierras, le resta capacidad de articulación a los verdaderos opositores con los sectores políticos más fluctuantes, en un día que coincidirá además con una importante marcha universitaria.
Estaba pendiente en el Parlamento el tratamiento y eventual derogación del estratégico decreto 70/2023, y al retirar transitoriamente de la mirada el tema de las tierras pierde fuerza la posibilidad de poder voltear dicho decreto. De todas formas, estarán en el orden del día leyes suficientemente importantes, como la de la Emergencia en Discapacidad y el abordaje del cada vez más extendido tema del endeudamiento de las familias.
El gobierno quiere sacar de la agenda legislativa la derogación del Decreto 70/2023 y la Corte le dio una mano política para que dure más tiempo la inconstitucional disposición.
Las universidades empiezan a calentarse
El juez Martín Cormick hizo lugar a un amparo presentado oportunamente por el Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA, y declaró inconstitucional el decreto presidencial que había suspendido la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Cormick dejó sin efecto el Decreto 759/2025 y ordenó al gobierno de Javier Milei cumplir con la ley aprobada por el Congreso.
El gobierno continúa sosteniendo su ficción de equilibrio fiscal haciendo recortes presupuestarios absurdos en un país civilizado, con la mirada aprobatoria del establishment económico y financiero, de espaldas a las necesidades del país. Ya ha apelado a diversos subterfugios para continuar con el fuerte recorte de las partidas destinadas al sistema universitario público, y ahora desconoce al Poder Legislativo y también al Poder Judicial.
El juez indicó que el artículo 9º de la Ley de Financiamiento Universitario establece los mecanismos necesarios para afrontar las erogaciones correspondientes, y sostuvo que el Ejecutivo no puede suspender por decreto una ley que el Congreso ha ratificado con dos tercios de ambas cámaras.
En el fallo se afirma que el decreto de Milei “no supera un test mínimo de razonabilidad” porque permite “suspender e inaplicar” una ley sobre la que “el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”.
A su vez, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmó la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria para el jueves 15 al Congreso, “por la educación, la soberanía y la democracia”. El gobierno continúa en estado de rebeldía, rechazando aplicar la ley, y sosteniendo que “la discusión por los recursos debe darse en el Congreso”. Para las autoridades nacionales, no tiene sentido reunirse con los representantes del mundo universitario público ni llegar a ningún acuerdo sensato. El Presupuesto 2027 destina partidas que representan un 60% de lo que se requiere para que las casas de estudio puedan tener un funcionamiento normal.
El gobierno de Milei, en su preferencia por la ilegalidad ejecutiva tan aplaudida por los poderes fácticos, ha apostado a la pasividad de la sociedad y a la inefectividad de las estrategias políticas opositoras. Pero algo parece estar cambiando. El 7 de octubre un grupo de más de cien estudiantes universitarios (de la UBA y otras casas de estudio) ingresó al Palacio Pizzurno (sede de la Secretaría de Educación de la Nación) para realizar una sentada pacífica. Solicitaron poder dialogar con las autoridades para pedir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y otras medidas para aliviar la situación de numerosos estudiantes, como el aumento de las Becas Progresar, la implementación del boleto educativo, y mejores partidas para comedores y salud mental. En la semana los centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) desplegaron en las fachadas de Ciudad Universitaria carteles con la leyenda “REMATE”.
Quizás los estudiantes, muy pasivos hasta el presente, comprendan que no se trata de “problemas de los políticos”, sino de decisiones políticas que definen su propio futuro.
Hay movimiento en el mundo
En encuestas de opinión pública efectuadas recientemente en nuestro país, que no hurgaban en las preferencias electorales de los encuestados, sino en cómo registran la actual situación del país y cuáles son los principales peligros que avizoran, comienzan a aparecer elementos interesantes que muestran un viraje temático significativo.
Entre los principales temas de preocupación, la inflación ha dejado de ser el tema central y excluyente (el principal capital discursivo de la derecha), y empieza a aparecer como primer motivo de aflicción el peligro del desempleo. Es decir: la cuestión social vuelve a emerger como subproducto de la contracción productiva y la redistribución regresiva del ingreso promovida por este gobierno.
En relación al papel del Estado, algunas encuestas registran que ya es minoritaria la idea de que debe ser reducido al mínimo, y que crece la percepción de que tiene una tarea importante que cumplir para reducir las grandes disparidades sociales.
Este viraje incipiente empieza a conectar a la Argentina con una oleada que se está registrando en vastas regiones de protestas e impugnaciones contra el modelo neoliberal de transferencia de la riqueza social hacia pequeñas elites, desposeyendo a la población de derechos básicos, como el empleo, la vivienda o la educación.
En la India, por ejemplo, se han presenciado en las últimas semanas movilizaciones estudiantiles y juveniles de protesta tanto por cuestiones educativas como por problemas extendidos de desempleo. La situación escaló a un punto tal que un grupo satírico en redes sociales dio origen al Partido Popular Cucaracha, un grupo que nació en mayo de este año burlándose de los dichos del presidente del Tribunal Supremo de la India, Surya Kant, quien se refirió a los jóvenes desempleados y activistas calificándolos de “cucarachas” y “parásitos”.
Mucho más conocidas son las grandes movilizaciones estudiantiles en Francia, que han logrado sensibilizar a numerosos sectores sociales ante los problemas que legítimamente señalan los jóvenes causados por los recortes que viene sufriendo la educación pública.
En España también se está observando un enorme nivel de movilización con gran componente juvenil en torno al derecho a la vivienda, problema que choca directamente con la financiarización de la actividad inmobiliaria y la incapacidad del sistema político español para encontrar soluciones sociales.
El nuevo gobierno inglés del laborista Andy Burnham acaba de anunciar una serie de medidas sociales, entre las que se incluye reducción de impuestos para sectores populares, un nuevo y ambicioso plan de construcción de viviendas sociales –“el más grande desde la Segunda Guerra Mundial”– y la superación de la “prohibición” thatcherista del manejo público del agua.
En cambio, en la Argentina, el discípulo de Margaret Thatcher a cargo del Ejecutivo pretende privatizar a la empresa estatal AYSA, que proporciona agua a 14 millones de habitantes –con todos los antecedentes nefastos que tenemos de la experiencia noventista de privatización del servicio–, bajo un gobierno que carece de todo interés por cuidar la salud pública y los intereses de los habitantes frente a los apetitos de ganancias corporativas.
La globalización, con su profunda tendencia a la concentración del ingreso y al predominio de lo financiero sobre cualquier política pública, ha “unificado” las vivencias de muchísima gente en el mundo, que está observando cómo, en paralelo a prodigiosos avances científicos y tecnológicos, están cada día más desposeídos, no sólo de bienes, sino de futuro.
¿Cómo no van a aflorar en nuestro país las necesidades de educación, de salud, de vivienda, de empleo y de tener un porvenir con el que puedan esperanzarse los jóvenes?
Todos esos derechos son posibles de sostener en la Argentina, porque es un gran país que tiene variados recursos, a condición de asumir colectivamente, políticamente, que el modelo de desposesión y concentración de la riqueza hoy vigente es incompatible con una sociedad en la cual sea lindo vivir.
Hay que despabilarse, y salir a recuperar lo que nos pertenece.
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