Al gobierno nacional, en sintonía con sus antepasados franquistas, le faltaría exclamar “¡Viva la muerte! ¡Muera la discapacidad!”.
Su política hacia el colectivo revela que esta es su consigna. En el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 las partidas asignadas al sector son paupérrimas. A sabiendas de que no alcanzan para cubrir las erogaciones obligadas, el proyecto explicita que podrán usarse fondos previstos para otros destinos (servicios sociales), desfinanciando así otros programas para sectores vulnerados.
El proyecto de Ley de Presupuesto va más allá: habilita a que los “agentes obligados” (prepagas y obras sociales) definan el nivel de prestaciones que estén dispuestos a brindar. Sumado a la desregulación de las cuotas que cobran, la precariedad no sólo afectará a trabajadores con ingresos decrecientes, sino a sectores medios incapaces de afrontarlas. En los hechos, hacen desaparecer el carácter único de nomenclador de prestaciones. Con esto, las coberturas a las personas con discapacidad desaparecerán o se reducirán a una expresión inadmisible, y los agentes de salud tendrán plena libertad para hacer lo mismo con el resto de sus afiliados. Resumiendo, se profundiza la política de que las prestaciones dependan de la capacidad económica de las personas y familias.
Se trata de un modelo que fragmenta el sistema solidario de salud y traslada los costos de atención directamente a los hogares. Los sectores de ingresos medios ingresan a un estado de mayor vulnerabilidad, ya que no califican para los programas estatales, pero carecen de la capacidad económica para financiar terapias particulares especializadas.
En este contexto, el sistema judicial en su conjunto ha dejado de funcionar como garantía de los derechos violentados y amenazados. La caótica situación hace que haya cada vez más reclamos y esto retroalimenta la lentitud para resolver con eficacia. La respuesta judicial no llega a tiempo. Y la población afectada padece las consecuencias.
Con crudeza, se ha instalado que las personas con discapacidad no son merecedoras de atención, por la sencillísima razón de que se supone son incapaces de generarle a sus empleadores las ganancias que pretenden. Al igual que los jubilados, no aportan productivamente y por ende representan una carga fiscal a eliminar. Esto se evidencia en el valor de indigencia de las pensiones no contributivas para unos y de las jubilaciones para otros, y en el desguace de los servicios sociales y de salud pública, así como de PAMI.
Aunque el proyecto del oficialismo sobre discapacidad dice tener por objeto superar la emergencia y dar previsibilidad al sistema, deja a las personas con discapacidad desprovistas de toda protección social y de salud. Viola abiertamente el principio de no regresividad y pone en serio riesgo el principio de universalidad. Constituye una pantalla de humo para distraer de la Ley de Presupuesto y para encubrir el desfinanciamiento de la Ley de Emergencia del año pasado. Aun con sus serias limitaciones, prorrogar la Ley de Emergencia operaría como medida paliativa y parcial, hasta tanto se convoque a un debate con efectiva participación ciudadana para atender los reclamos del sector.
Múltiples organizaciones que trabajamos en discapacidad reclamamos que el Poder Legislativo intervenga de manera propositiva y clara, rechazando tanto el proyecto de ley de presupuesto para 2027 como el proyecto del oficialismo sobre discapacidad.
Que la consigna que da nombre a esta nota no se torne realidad.
* Eduardo Joly es presidente de Rumbos Accesibilidad, un equipo interdisciplinario de profesionales activistas, con y sin discapacidad, a favor de un hábitat inclusivo.
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