Casi un año después de la repercusión que despertó también fuera de la provincia, la Universidad Nacional de San Luis no ha resuelto la denuncia por la censura que el docente Darío Ramírez aplicó sobre el estudio del índice de abuelidad en la materia de Biología Molecular e Ingeniería Genética, una de las 36 de aprobación requerida para alcanzar allí la licenciatura en Biotecnología.
El índice permite determinar la identidad de una persona aunque se carezca de material genético de sus progenitores, siempre que se cuente con muestras del eslabón previo. Validado científicamente y con un grado de certeza del 99,9%, el hallazgo fue una respuesta de los laboratorios a la necesidad de las Abuelas de Plaza de Mayo de corroborar la identidad de quienes pudieran ser sus nietas y nietos, apropiados por el aparato genocida tras las desapariciones de sus madres y padres. Mary-Claire King, que en la década de 1980 encabezó las investigaciones que resultaron en el índice, es una genetista norteamericana de prestigio mundial.
Esquina entre ambos ejes, el tema era ostensiblemente propicio para aplicar una curricularización transversal de los derechos humanos en la formación académica, según el compromiso de 2022 entre las universidades que —como la puntana— integran el Consejo Interuniversitario Nacional. Sin embargo, en septiembre del año pasado Ramírez quitó del aula virtual el material preparado por su colega Leonardo Seguín y lo catalogó como “adoctrinamiento”, término que el oficialismo nacional desgasta sin contemplar que a las clases universitarias asisten personas adultas en camino a ser profesionales. El mismo concepto utilizó en defensa del censor el médico Martín Olivera. Ginecólogo y obstetra en San Luis, es hijo de Jorge Antonio Olivera, represor del Ejército con múltiples condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura en San Juan. Otro de los vástagos, Javier, es el sacerdote señalado como responsable de la hoy olvidada visita de media docena de legisladores oficialistas a represores privados de la libertad en el complejo penitenciario de Ezeiza, en julio de 2024.
El Cohete relató el episodio de censura académica el último domingo de noviembre, cuando habían pasado pocos días del posicionamiento público del rector Raúl Gil en defensa de “la verdad científica, la memoria y los derechos humanos”. Las redes sociales en que compartió su “carta abierta a toda la comunidad universitaria” cifran en 47 las semanas transcurridas desde entonces. En el curso de la primera hicieron saber su descontento al rectorado sanluiseño Estela de Carlotto, la socióloga Dora Barrancos y el genetista Víctor Penchaszadeh, miembro del Consejo Consultivo del Banco Nacional de Datos Genéticos. Reclamaban una respuesta acorde a la institución que había sabido distinguir sus trayectorias.
Nadie, nada, nunca
Un año después, el trámite permanece en la indefinición, el expediente es tan reservado que no se conceden vistas ni al denunciante que lo originó, y el equipo de la cátedra se resintió con varias salidas, corolario común a los procesos que en los ámbitos laborales se resuelven con la omisión de resolver.
El propio Seguín se alejó del grupo por temor a que la inacción institucional diera espacio a situaciones similares a la que denunció, según relató a la radio de la UNSL, que no debe escucharse ni en el rectorado ni en el Consejo Superior. “Mi gran preocupación es qué va a pasar con los estudiantes”, dijo en la entrevista. El equipo también perdió a Pilar Ferraris, que hasta su salida soportó el negacionismo del terrorismo de Estado que tuvo como víctima a su padre. Sobreviviente del centro clandestino Las Lajas, bajo control de la Fuerza Aérea, Horacio Ferraris coincidió allí con el filósofo Mauricio Amílcar López. Antes de la dictadura, que lo convirtió en un desaparecido en enero de 1977, López fue el primer rector de la UNSL.
El 9 de diciembre pasado, Pilar compartió con el pleno del Consejo Superior de la institución tanto su orgullo de hija como la traumática experiencia vivida en la cátedra en la que tenía como superior a Ramírez, y la decepción ante la falta de respuestas. En su intervención, refirió que había relatado lo padecido ante autoridades que no podían alegar desconocimiento, pero cuya inacción expone a quienes denuncian. De acuerdo a su testimonio, las conductas del docente no se limitaban a la censura negacionista de 2025, sino que datan de largos años y podían surgir de la simple observación de un pañuelo verde atado a una mochila. Convivir con el censor, testificó, la llevó a dimensionar la época opresiva sufrida por la generación de su padre:
—Tuve que dar algunos contenidos escondidos, llamar al índice de abuelidad por otro nombre. Tuve que aprender a convivir con eso porque nadie hacía nada, y todo el mundo sabía que tenía un póster de (el dictador Jorge) Videla —confrontó.
Inmunidad o impunidad
La indagación de El Cohete para actualizar lo publicado en noviembre de 2025 arrojó que, como detalló Pilar Ferraris, la censura sobre el índice de abuelidad no fue la primera actitud de Ramírez reprochada por sus colegas y entregada a la espera de los cajones y anaqueles de la UNSL. Además de demorar definiciones y vistas, las autoridades han optado por negar la acumulación, de modo que en el mejor de los casos cada denuncia se estudia por separado y no como manifestaciones diversas de una misma línea de proceder. Ni de un modo ni de otro se ha decidido aún si debe abrirse una instancia de juicio académico, cuyas causales el estatuto institucional tipifica en “el incumplimiento de las obligaciones académicas, la incompetencia científica y la falta de honestidad intelectual”.
Mientras el primero de los puntos comienza a revelarse objeto de cuestionamientos y observaciones, la presunción de los dos restantes podría caber a otras situaciones que se relatan en la UNSL. Algunas incluso fueron volcadas a denuncias formales, con la nada como destino común.
Cuando el gobierno de Javier Milei transitaba sus primeras semanas, Ramírez había sido denunciado por reproducir en un canal de comunicación del área curricular un mensaje que estigmatizaba a sectores peronistas, kirchneristas y de izquierda, a los que se acusaba de un intento golpista tan probadamente inminente que nunca se produjo. Acaso sea uno de los primeros entre los que contabiliza la imaginación presidencial. El texto reenviado repartía sospechas también sobre cubanos, colombianos y venezolanos a los que no individualizaba, alertando que se producirían asesinatos para la siembra del caos. Los denuestos alcanzaban también a genéricos periodistas, piqueteros y sindicalistas.
Al menos de un lustro antes data su lucha contra el lenguaje no sexista, una posición que sostiene pese a que en 2020 la UNSL resolvió formalmente que en su órbita no es obligatorio utilizarlo, pero sí admitirlo. A criterio de Ramírez, los únicos lenguajes inclusivos son los nacidos de la necesidad de comunicación de personas con discapacidad, aunque El Cohete tampoco pudo confirmar si los conoce y pone en práctica.
Sus estudiantes de 2021 aún recuerdan que mientras el país y el mundo enfrentaban sucesivos picos de contagios de COVID-19, el docente —con estudios de posgrado en Inmunología— abrió el curso de la asignatura Genética e Introducción a la Biología Molecular con una clase en la que recomendó preservar de posibles contagios a grupos de riesgo, pero señaló que prefería infectarse a vacunarse.
Este medio consiguió saber que Ramírez no pudo negar la difusión del mensaje que motivó la denuncia de 2024. En cambio, desde entonces ha optado por caracterizarse como víctima de una persecución ideológica. No fue posible constatar si tal padecer está tan documentado como su regreso al país en 2013, cuando gobernaba el odiado kirchnerismo, que no le impidió el acceso a cargos en los sistemas públicos de investigación científica y educación superior.
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