Las movilizaciones de les jóvenes en diversas partes de Europa (sobre todo las iniciadas en Francia y España, a las que se han ido sumando las de otros países de la Unión) y la Argentina reflejan un malestar generacional profundo frente al avance de discursos de extrema derecha, la precarización de la vida y el debilitamiento de las instituciones democráticas. En el escenario global contemporáneo de octubre de 2026, les jóvenes han dejado de ser un espectador pasivo de las redes sociales para transformarse en el actor central de intensas protestas y movilizaciones callejeras [1]. A través de tomas de universidades, acampes por el derecho al acceso a la vivienda y masivas manifestaciones estudiantiles, la juventud de estos tres países se articula un reclamo común por un futuro digno. No obstante, este notable despliegue de capacidad colectiva convive con una marcada fragmentación orgánica que dificulta la traslación de la protesta social en alternativas políticas institucionales capaces de disputar el poder real.
Ofensiva de las extremas derechas y debilitamiento democrático
El telón de fondo de esta movilización juvenil es el auge y la consolidación institucional de narrativas reaccionarias y planes de austeridad-ajuste fiscal agresivos que atentan directamente contra la calidad de vida y los pilares del Estado de Bienestar. Las expresiones institucionales de este fenómeno varían en cada latitud, pero comparten un ideario común que redefine la rebeldía en clave identitaria, securitaria y de mercado.
En Francia, bajo la presidencia debilitada de Emmanuel Macron, las protestas estudiantiles de este mes se producen en un escenario de extrema polarización preelectoral, de cara a los comicios presidenciales de mayo de 2027. El partido de Marine Le Pen con su Agrupación Nacional (RN) capitaliza el descontento social instalando un discurso punitivo y xenófobo. El gobierno de Macron, atrapado entre las metas de reducción del déficit y las exigencias de un orden estricto, responde con la declaración de toques de queda y la amenaza de desplegar al ejército [2]. Esto acelera la erosión de las libertades civiles fundamentales en la cuna de los derechos republicanos.
Por su parte, en España, las movilizaciones juveniles se desarrollan bajo el persistente acoso discursivo de VOX y las corrientes ultraconservadoras que impugnan los avances en materia de derechos sociales, ambientales y de género. La retórica antipolítica de estas facciones se monta sobre una realidad asfixiante para les jóvenes: un mercado laboral precarizado y una crisis habitacional que se viene macerando desde hace muchos años. Las extremas derechas culpan a las regulaciones estatales y a los sectores más vulnerables del colapso del sistema de bienestar, mientras justifican de forma implícita la especulación inmobiliaria [3] que margina a toda una generación de la autonomía residencial.
En nuestro país el fenómeno se presenta de manera directa desde la cúspide del Poder Ejecutivo. El gobierno de Javier Milei encarna una ofensiva de corte ultraliberal y fuertemente confrontativa contra las instituciones estatales. El conflicto sociopolítico alcanzó su punto álgido debido al desfinanciamiento sistemático y al veto del presupuesto educativo universitario, desafiando incluso resoluciones judiciales de cumplimiento obligatorio. El discurso oficial estigmatiza la organización estudiantil y la educación pública bajo el rótulo de “adoctrinamiento”, promoviendo un clima inquisitivo que debilita el consenso democrático básico construido en el país tras la última dictadura cívico-militar.
Reacción popular y fortaleza colectiva
Frente a la asfixia económica y la clausura de expectativas de movilidad ascendente, les jóvenes han reactivado herramientas históricas de lucha, adaptándolas a las dinámicas horizontales y de híper conectividad propias de nuestra época. Lejos de la apatía que a menudo se les atribuye, han exhibido una vigorosa musculatura colectiva.
En Francia, el detonante inicial fue el reclamo contra el abandono de la infraestructura escolar, el hacinamiento en las aulas y la escasez de docentes en un colegio secundario, todo en el marco de una redirección del financiamiento hacia rubros como el de defensa. En pocas semanas, la chispa estudiantil derivó en una huelga masiva que aglutinó a los sindicatos de trabajadores públicos, pensionados, sectores afectados por la inflación del combustible y remanentes de los “chalecos amarillos”. Las masivas jornadas nacionales congregaron a cientos de miles de manifestantes y desafiaron bloqueos en todo el territorio. Aunque la atención mediática se concentró en los disturbios, saqueos a comercios y coches incendiados en las grandes metrópolis (París, Lyon, Lille), la verdadera base del movimiento radica en una extendida red de asambleas pacíficas que exigen detener el recorte presupuestario de 54.000 millones de euros.
La juventud en España ha centrado su capacidad de movilización en la crisis de la vivienda. Bajo la premisa de que “vivir no puede ser un lujo”, miles de jóvenes han protagonizado huelgas estudiantiles, masivas marchas y acampadas estables en plazas céntricas para denunciar los alquileres impagables y los desahucios. Esta reacción popular visibiliza cómo el encarecimiento especulativo del suelo anula el derecho constitucional a una vivienda digna, aglutinando la solidaridad de docentes y familias trabajadoras que ven a sus hijos condenados a la precariedad perpetua.
En la Argentina, la respuesta comunitaria adquirió ribetes históricos [4] . Las universidades públicas de todo el país se convirtieron en el epicentro de la resistencia social a través de tomas pacíficas de facultades, clases abiertas en la vía pública y movilizaciones masivas hacia la Plaza del Congreso. La defensa de la educación pública funciona como un catalizador transversal: les estudiantes secundarios y universitarios no solo marchan por su presupuesto, sino que arrastran consigo a científicos, sindicatos, jubilados y amplias capas de la clase media golpeadas por el ajuste tarifario y la desregulación de alquileres plasmada en el intolerable Decreto 70/2023.
Hay una explícita coincidencia y conciencia internacional en estas luchas: estudiantes franceses en nuestro país han manifestado públicamente que “desde Francia hasta la Argentina es la misma lucha” en defensa de los servicios públicos.
Apropiación de sentidos y posibilidad de traducción política
A pesar del innegable vigor y la capacidad de cohesión social que demuestran estas manifestaciones, todas ellas se enfrentan con un desafío similar: la falta de conducción centralizada y la dificultad para traducir el descontento callejero en alternativas políticas institucionales con vocación de poder.
Estas movilizaciones operan bajo lógicas de “superposición de crisis y contestaciones” de carácter inorgánico. La horizontalidad promovida por los algoritmos de las redes sociales facilita una rápida convocatoria y viralización de la indignación, pero encuentra un límite al momento de traducir esta energía colectiva en un programa político a largo plazo que permita construir una agenda progresista con capacidad de concretarse.
En el caso francés, la insurgencia desborda tanto al oficialismo como a los partidos de la izquierda tradicional, como La Francia Insumisa (LFI), aunque este último se nutre de jóvenes en sus filas y votantes. En España, el desencanto con los partidos progresistas tradicionales que forman o apoyaron al gobierno central provoca que las acampadas por la vivienda se autodefinan de manera estrictamente asamblearia y autonomista, rechazando liderazgos partidarios explícitos por temor a la cooptación. En la Argentina, si bien la comunidad universitaria posee una fuerte tradición de articulación estudiantil, las marchas de octubre de 2026 desbordan las estructuras partidarias opositoras clásicas, que se muestran incapaces de aglutinar orgánicamente esa energía en una plataforma de recambio de cara a los futuros horizontes electorales.
Esta orfandad estratégica genera una paradoja. La calle se incendia pero las urnas permanecen expuestas a ser cooptadas por las mismas fuerzas reaccionarias contra las que se protesta. Para esbozar un panorama de la relación de les jóvenes y las elecciones, un dato puede ser útil: entre les votantes de 18 y 24 años en las últimas elecciones en Francia, si bien apoyaron en mayor medida a opciones progresistas como la de Mélenchon (31%), también decantaron por Macron (20%) y Le Pen (26%). En España, el mismo grupo etario lo hizo tanto por el PSOE como el PP en un 29%, mientras Sumar –de extracción de centro izquierda e izquierda– obtuvo un 16% de votos y Vox –ultraderecha– un 14%. En la Argentina, en el ballotage del 2023 el 52% de les jóvenes entre 16 y 29 se volcaron por la opción de La Libertad Avanza. En síntesis, un dato interesante cuando miramos cómo se distribuye ese voto joven en relación a otras franjas etarias se evidencia en que Mélenchon tiene más arraigo en les jóvenes; el PSOE aumenta su apoyo en función de los grupos de mayor edad; y, en la Argentina, Milei tuvo mayor apoyo en les jóvenes que en les adultos y adultos mayores.
En el mismo sentido, en todos estos casos la polarización extrema de los procesos electorales produce un desanclaje entre lo expresado en la calle y su traducción en votantes de las fuerzas políticas. A partir de ello es que se genera una sorpresa al observar los resultados adversos a las fuerzas de izquierda y progresistas, que a pesar de expresarse en masivas manifestaciones populares no logran romper la paridad que presenta el otro 50% que apoya a las derechas radicales.
A su vez, el gobierno nacional en la Argentina muestra agilidad y velocidad en el manejo perverso de invertir con carga acusatoria de desestabilización a todo tipo de expresión popular de desacuerdo y protesta pública frente a las medidas que atentan contra derechos de las mayorías. La negación gubernamental a recepcionar las demandas populares e imputarles además sentidos golpistas y antidemocráticos, negando todo tipo de derecho a la protesta, es una afrenta contra el ejercicio de la democracia moderna y contemporánea. Las lógicas básicas de los repertorios democráticos reinstalados en la postdictadura como manifestación y simbología de la participación ciudadana reciben estigmatización y represión estatal como respuesta de la política pública del gobierno nacional. Estas prácticas agudizan entonces la necesidad de articular con urgencia las demandas populares con las traducciones programáticas que deben emprender las dirigencias partidarias opositoras a las políticas de la gubernamentalidad de ultraderecha. Para esto, se torna imprescindible actualizar y renovar conducciones capaces de sensibilizarse y ser receptivas a la interpelación de las demandas colectivas (asediadas-reprimidas de modo continuo) en defensa de derechos vulnerados.
Las movilizaciones estudiantiles y juveniles de Francia, España y la Argentina demuestran que la vitalidad de la sociedad civil para resistir los embates del ajuste y el debilitamiento democrático sigue intacta. La juventud ha puesto el cuerpo para trazar un límite ético frente a la crueldad de la desregulación económica, el autoritarismo discursivo y la persecución política. Sin embargo, la historia de los movimientos sociales enseña que la musculatura colectiva en las calles es una condición necesaria, pero no suficiente.
El gran desafío es construir puentes estables entre la disposición horizontal y la organización programática institucional, evitando que el legítimo grito de rebeldía termine diluyéndose en la intrascendencia política o siendo devorado por las narrativas del orden que intenta combatir. La desilusión de muchas/os jóvenes argentinos frente al actual gobierno, dado el impacto regresivo de sus políticas económicas y sociales, sumado a cierto agotamiento frente a una forma de gestionar que socaba acuerdos societales básicos, ¿abrirá la posibilidad de construir nuevas utopías emancipadoras que restituyan el potencial transformador de la democracia? Cuestiones a transitar y analizar en el devenir de la actual coyuntura nacional, inserta en un mundo global en proceso de reacomodo, no sin tensiones y reacciones.
* Walter Bosisio, Juan Montes Cató y Lucas Spinosa son sociólogos, docentes e investigadores en la universidad pública y el sistema científico.
[1] Este proceso observado recientemente en los tres países también se viene replicando en otros desde hace un tiempo, como en Serbia, donde el año pasado los jóvenes junto a otros sectores tomaron las calles y esta semana ganaron las elecciones; o en Brasil, donde las juventudes han tenido un rol protagónico en las elecciones, tal como reconoce el propio Presidente Lula.
[2] El sábado 24 de octubre, en medio de declaraciones y aplicaciones de estados de sitio geolocalizados, el gobierno de Macron desplegó más de 70.000 agentes policiales y de gendarmería en las calles de diferentes ciudades de Francia para controlar-reprimir las preanunciadas manifestaciones callejeras.
[3] Bajo un modelo de extractivismo urbano que prioriza la renta financiera por sobre el derecho de la vivienda digna de la ciudadanía.
[4] El jueves 15 de octubre se realizó la quinta movilización federal masiva en defensa de la Universidad Pública Nacional frente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
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