—Era como encontrar una aguja en un pajar—, dice Guillermo Sagripanti, el geólogo que, tras décadas de búsqueda infructuosa, logró determinar el sitio exacto donde los militares removieron las fosas comunes en las cuales enterraron a sus víctimas para hacerlas desaparecer por segunda vez. Corría el año 1979 y los militares pretendían borrar la evidencia de sus crímenes ante la inminente visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), advertida de las violaciones a los derechos humanos por los miles de exiliados argentinos.
Cuarenta y siete años después, la luz del sol irrumpe por el ventanal de la oficina de Sagripanti, en el primer piso del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). El viernes 23 de octubre, hace menos de un mes, el secretario de Trata, Género y Derechos Humanos del Juzgado Federal N° 3, Miguel Ceballos, lo presentó ante los periodistas como “el Messi” del equipo de investigadores que logró restituir la identidad de 38 desaparecidos.
Lo primero que hizo Sagripanti fue reducir el perímetro de búsqueda de las 14.000 hectáreas del predio en el que funcionó el mayor campo de exterminio del interior del país, en cuya extensión caben más de 3.000 estadios mundialistas como el Mario Alberto Kempes. En el verano de 2024 se llevó a su casa las fotos que hoy lucen amontonadas sobre su escritorio. “Prefiero trabajar en enero porque estoy más descansado: mirar esas fotos requiere mucho esfuerzo de visión, de buscar los detalles, y se hace difícil con la vista cansada”, explica.
Entre esas fotos había una que le interesó particularmente, porque mostraba el lugar donde, sospechaba, podían estar las fosas comunes. “Desde la edificación del centro de detención hacia el norte hay 15 kilómetros. Son valles cerrados y no se ve el lugar desde ningún lado. No hacía falta recorrer tantos kilómetros para matar a los prisioneros, había que buscar un lugar donde nadie pudiera ver lo que pasaba y, si se escuchaban disparos, que pensaran que eran parte de un ejercicio militar”, dice el geólogo, apelando al sentido común. Su razonamiento reducía el campo de búsqueda, pero no lo suficiente.
En los años '80, el baqueano José Julián Solanille había declarado que en un sector del predio —que identificó como “Loma del Torito”— vio cómo fusilaban y enterraban a decenas de prisioneros y contó que su perra solía llevar a la casa, ubicada en las inmediaciones del lugar, huesos humanos. Acompañó al lugar a los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), pero las excavaciones fueron infructuosas.
En 2004, el militar Bruno Laborda pidió su ascenso a coronel en una carta al jefe del Ejército Roberto Bendini, que ese 24 de marzo había tenido que bajar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla del Colegio Militar por orden del Presidente Néstor Kirchner. La carta se incorporó como prueba a la megacausa La Perla y durante el juicio, realizado en 2012, Laborda ratificó que en 1979 removieron los cuerpos enterrados en el predio. Llevó al lugar de los enterramientos a los integrantes del EAAF, pero las excavaciones fueron, otra vez, infructuosas.
“Cuando recorrí el lugar, que ya habían excavado, me parecía imposible. Laborda habló de enterramientos, remoción y traslado, y mostró el lugar. No me cerraba que fuera ahí, para mí mintió y señaló otro lugar”, reflexiona Sagripanti. Fusilar y enterrar presos en un lugar tan visible era arriesgado aún en el contexto de impunidad que amparaba a los militares del Tercer Cuerpo de Ejército: “Por ahí estaba 'la mezquita', una pista de aterrizaje donde se tiraban los paracaidistas y los colimbas. El sitio que indicó Laborde estaba en la cabecera de esa pista, a 500 metros de la ruta, a la vista de todos. Y, además, el terreno es bien plano. En enero de 2025 descarté ese lugar y me concentré en el que había marcado en 2013, al norte de la edificación, que además coincidía con el testimonio de Solanille”, apunta el geólogo.
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La causa “enterramientos” fue iniciada en 1998 por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la abogada María Elba Martínez, del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), y el periodista Horacio Verbitsky, quienes denunciaron la presunta existencia de enterramientos clandestinos en La Perla.
En 2014, el abogado Miguel Hugo Vaca (n), que había acompañado a Martínez como querellante en el juicio donde se condenó a los fusiladores de 29 presos políticos —entre ellos su padre, Miguel Hugo Vaca Narvaja (h)—, asumió al frente del juzgado federal N°3 de Córdoba, que tenía bajo su órbita la denominada “causa enterramientos”. Al poco tiempo encontró restos humanos en los hornos de cal ubicados en la quinta “La Ochoa”, cerca de La Perla, donde solía descansar el general Luciano Benjamín Menéndez. El EAAF logró identificarlos: Lila Rosa Gómez Granja (20), Alfredo Felipe Sinópoli (22), Ricardo Enrique Saibene (20) y Luis Agustín Santillán Zevi (27), todos estudiantes de la Facultad de Medicina de Córdoba.
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Cuando se incorporó al equipo del juzgado federal N° 3, Sagripanti profundizó su vínculo con los miembros del EAAF: “Al principio al geólogo no se lo tenía muy en cuenta, hasta que se percataron de que podíamos aportar algo desde nuestra área de conocimiento. El primer tiempo el EAAF hacía las excavaciones y después me llamaban para revisar las trincheras, pero la trinchera, una vez abierta, se seca de un día para el otro, se pone dura. Cuando yo iba a ver las trincheras, a los 15 o 20 días, estaban re secas”.
En 2024 recorrió el lugar señalado por Solanille y detectó el rastro de maquinaria pesada. Fue el primer indicio de excavaciones. Le pidió a Ceballos que le consiguiera fotos aéreas del sector. “Yo había hecho un informe, en el que calculé la distancia del centro de detención a la que podían estar los enterramientos y me daba tres o cuatro kilómetros al norte de las instalaciones”, precisa.
—¿Cómo hizo ese cálculo?
—En base a los testimonios de la causa y el tipo de vehículos que utilizaban los militares: Mercedes Benz y Unimog. Calculé la velocidad de desplazamiento de esos camiones en ese tipo de terreno y el tiempo que demoraban en ir y volver. Me dio una distancia de entre tres y cuatro kilómetros. Tracé dos círculos, haciendo eje en el centro de detención: uno me daba tres y el otro cuatro kilómetros. Los primeros restos humanos los encontramos en el límite de los cuatro kilómetros.
—Pero los camiones podrían haber salido hacia cualquier dirección…
—Hacia el norte del centro de detención hay 15 kilómetros. Son valles cerrados, donde no se ve nada desde ningún lado. No hacía falta recorrer tantos kilómetros para fusilar a los detenidos, ahí no los podía ver nadie y si se escuchaban disparos podían atribuirse a prácticas militares.
Las fotos que Ceballos gestionó ante la Municipalidad de Córdoba llegaron al juzgado en diciembre de 2024 y se convirtieron en una obsesión para Sagripanti. Las fue analizando una por una. Pertenecían a la Dirección de Catastro y habían sido tomadas en 1979, el mismo año de la misión de la CIDH. Cada foto abarcaba 150 hectáreas. Sagripanti las amplió para revisar cada hectárea. Su ojo entrenado detectaba sutiles diferencias: sombras, pliegues, tonalidades. Hasta que apareció una pequeña sombra que le llamó la atención:
—Modificaron el paisaje original—, exclamó.
“En una de esas fotos, en blanco y negro, tomada por un avión, al ampliarla hasta el máximo límite posible, empezaron a aparecer unas fosas chiquitas, casi imperceptibles, que se ven como manchitas blancas. También se pueden ver los cortes de las máquinas, los rellenos”, precisa. Exhibe la copia de esa foto, la muestra, la vuelve a mirar y esboza una sonrisa triunfal.
Sagripanti marcó las coordenadas del hallazgo: era muy cerca de donde el EAAF había buscado en 2004 y 2020 y de las primeras excavaciones, en 1984. Pero el terreno que en los '80 se podía transitar casi como un parque había sido invadido por la vegetación. Había que esperar el fin de la temporada de lluvias.
Desmalezaron la zona y Sagripanti empezó a buscar los cambios detectados en la fotografía: “Es una técnica de geología forense, la inspección visual. Si el valle cambió su perfil, no es natural. Al cotejarlo con la foto, salta”. Recorrió durante horas el perímetro demarcado hasta que detectó un cambio de tonalidad en la tierra. Cavaron una “zanja de referencia” de un metro y medio de profundidad. Entró y analizó la distribución de los sedimentos y los materiales del subsuelo. Parecía un émulo de Indiana Jones en busca del eslabón perdido, de la aguja en el pajar.
Las máquinas cavaban, Sagripanti bajaba a revisar y los antropólogos observaban, expectantes. “Voy controlando la excavación con una herramienta de mano, es un trabajo artesanal. Entro a la trinchera —que suele tener 20 metros de largo— y voy revisando las paredes para ver si encuentro algún resto”, explica.
Una vez abajo, “rectificaba las paredes” (lenguaje geológico) con un instrumento de su propia creación: un cepillo reformado —llamado scraper— que permite cortar la tierra sin dejar rastros en la pared. Así podía constatar si había marcas de intervención de maquinaria que hubiese alterado la fisonomía de la tierra. “Y a veces, cuando uno corta, empiezan a aparecer restos humanos”, cuenta Sagripanti.
Lejos de las modernas imágenes satelitales y la inteligencia artificial, apeló a técnicas geológicas casi milenarias: el análisis visual de viejas fotografías en blanco y negro, una mirada entrenada en el oficio de escarbar bajo tierra y un cepillo adaptado por él mismo.
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En abril de este año, el juzgado federal N° 3 de Córdoba inició una nueva campaña de búsqueda de restos de desaparecidos en La Perla. En la del año pasado se cavaron 470 trincheras, más de diez kilómetros de longitud (10.060 metros), divididas en dos sectores. “Cómo se cavan las trincheras responde a una estrategia: se trata reconstruir cómo trabajaron los militares cuando hicieron la remoción de los restos, de dónde sacaron tierra, qué máquinas usaron. Yo veo el corte y deduzco qué máquina trabajó en cada lugar”, explica Sagripanti.
Una mañana de 2025, el trabajo de tantos años comenzó a cristalizarse: apareció la primera pieza ósea. La máquina cavaba, sacaba tierra de la trinchera y la iba depositando en los coladores que dan a los tachos, donde personal del EAAF, la cooperativa Roby Santucho y estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba controlaban qué caía. Entonces apareció la vértebra de una persona adulta.
—Estábamos juntos con Anahí Ginarte y nos dimos un abrazo inmenso, no tanto por el fruto del trabajo, sino porque sentíamos que habíamos traído a alguien a la luz. Para mí fue eso, yo sentí eso—, evoca Sagripanti.
Allí terminaba su trabajo: ahora todo quedaba en manos de los antropólogos, que ampliarían la fosa y utilizarían sus propias técnicas para preservar las piezas halladas
Sagripanti recorrió las 470 trincheras con la paciencia de un monje tibetano y la convicción de un revolucionario.
—¿Cómo llegaron al lugar exacto de los enterramientos?
—Lo primero que hicimos fue establecer el perímetro. Empezamos a abrir el monte con una topadora, clavando estacas, luego despejamos la parte interior. Son valles abiertos, pero el valle tiene cierta pendiente que, aunque sea suave, indica que ahí se hizo un relleno. Las paredes del valle también tienen pendiente y eso se veía en las fotos: rasgos, bordos o surcos alargados que proyectan sombras. Y se ven los rastros de las máquinas que trabajaron ahí. Esas marcas estaban en la Loma del Torito, no en otro lado.
—¿La tierra habla?
—Sí, claro, para mí habla. Cuando analizás la foto, la superficie de la tierra te está contando cosas. No se ve mucho, pero hay mucha información, está completa, hay que saber sacarla. Y cuando empezás a cortar, a excavar, la tierra te va diciendo qué máquina utilizaron, si se movieron para allá o para acá, a qué profundidad cavaron, qué materiales utilizaron. Los sedimentos expresan qué parte fue modificada por el hombre, cuentan cosas.
- Fotos: Cecilia Grosso
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