Stanley Black & Decker confirmó la última semana el cierre de su planta industrial en Justo Daract, provincia de San Luis, que implica el despido de 61 trabajadores. La multinacional de origen estadounidense invocó “los cambios en las condiciones del mercado local”, sin más precisiones, para justificar los despidos. La fábrica puntana producía discos abrasivos que se usan en herramientas eléctricas en la industria metalúrgica, la construcción, trabajos de mantenimiento y reparación. La decisión tendrá un fuerte impacto en la economía de la localidad de 12.000 habitantes, donde la fábrica era una de las principales fuentes de empleo formal.
El cierre en la Argentina se produce al mismo tiempo que los dueños de la multinacional, que en su momento socializaron con sus clientes las pérdidas por los aranceles de Donald Trump, se quedan con los reembolsos de aranceles que ordenó la Corte Suprema norteamericana, tal como se explica en la siguiente nota, publicada por el portal ProPublica con la firma de Robert Faturechi y Nick McMillan.

Cuando Stanley Black & Decker, una de las mayores empresas de herramientas del mundo, se vio afectada por los aranceles del presidente Donald Trump el año pasado, la empresa dejó claro que compartiría las pérdidas con sus clientes.
La empresa, con sede en Connecticut, subió los precios una y otra vez, medidas que, según sus ejecutivos, eran necesarias debido a los nuevos aranceles a las importaciones.
Ahora, después de que la Corte Suprema anulara los aranceles más drásticos de Trump a principios de este año, la compañía recibirá un reembolso de al menos 298 millones de dólares. Sin embargo, en lugar de compartir esa suma con sus clientes, la empresa ha elegido a otros beneficiarios: sus propios líderes.
Según un análisis de ProPublica de miles de documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores y de las conferencias telefónicas sobre resultados de empresas que cotizan en bolsa, la compañía es una de al menos nueve que han revelado que están utilizando sus reembolsos no para devolver el dinero a los consumidores con dificultades económicas que, en general, cubrieron gran parte de los costos de los aranceles mediante precios más altos, sino para otorgar bonificaciones.
(…) La administración Trump no ha detallado públicamente qué empresas recibirán los aproximadamente 170.000 millones de dólares en reembolsos ni cuánto han solicitado, y ha denegado las solicitudes de información de ProPublica. Sin embargo, los periodistas descubrieron algunos de estos detalles al revisar las divulgaciones de miles de empresas que cotizan en bolsa.
(…) “Las bonificaciones a los ejecutivos son probablemente la forma menos justa de usar este dinero, porque no fue por nada que hayan hecho los ejecutivos que mereciera una recompensa. Fue un error del gobierno que derivó en un reembolso”, afirmó Gregory Germain, profesor de derecho corporativo en la Universidad de Syracuse. “Esto explica por qué es tan importante que el gobierno, al tomar una medida como esta, la analice detenidamente para asegurarse de que los consumidores no paguen de más y luego no reciban un reembolso”.
(…) Una serie de demandas buscan obligar a las empresas que venden directamente a los consumidores a compartir parte de sus reembolsos. Analistas legales dudan del éxito de estas demandas, aunque algunos expertos en comercio especulan que las empresas que utilizaron los aranceles como pretexto para aumentar los precios más de lo necesario podrían llegar a un acuerdo para evitar revelaciones comprometedoras.
Una de las empresas demandadas es Stanley Black & Decker, el fabricante de herramientas que, según descubrió ProPublica, utilizaba parte de sus reembolsos para otorgar bonificaciones. El demandante principal es un residente de Wisconsin que compró un soplador de mano, una llave de impacto, una máquina para cortar pasto y otras herramientas de la compañía el año pasado, pero la demanda busca representar también a miles de otros clientes.
“A menos que este Tribunal lo impida”, la empresa “podría recuperar los mismos pagos de aranceles dos veces: una de los consumidores a través de precios inflados por los aranceles y otra del gobierno federal a través de reembolsos de aranceles”, destaca la demanda.
En varias ocasiones, la empresa reconoció públicamente que estaba subiendo los precios debido a los aranceles.
El mes anterior a las elecciones de noviembre de 2024, mientras Trump hacía campaña con la promesa de nuevos y drásticos aranceles, el entonces director ejecutivo de la firma, Donald Allan Jr., comunicó a los accionistas que Stanley Black & Decker se estaba preparando para esa posibilidad. “Obviamente, desde el principio, habría aumentos de precios asociados a los aranceles que impusiéramos en el mercado”, declaró durante una conferencia telefónica sobre resultados. Unos meses después de que Trump anunciara sus aranceles, Allan afirmó que su equipo seguía centrado en la ejecución de su sólido plan para mitigar los aranceles, que incluía medidas de precios específicas para mejorar su margen bruto. Ese mismo año, su sucesor como director ejecutivo, Chris Nelson, anunció nuevos aumentos de precios: “Implementaremos un segundo aumento de precios durante el cuarto trimestre para mantener nuestras inversiones en innovación y marca, dadas las presiones derivadas del aumento de costes relacionado con los aranceles”.
En sus comunicados más recientes, la empresa fue imprecisa sobre qué parte del reembolso se destinó a los ejecutivos, limitándose a decir que parte de esa ganancia “se vio parcialmente compensada por los costos directamente atribuibles a la compensación variable por incentivos”. “Compensación por incentivos” es un término que el fabricante de herramientas utiliza para describir las bonificaciones.
La empresa no ha respondido a las acusaciones de la demanda interpuesta por el residente de Wisconsin y no contestó a las preguntas de ProPublica sobre quién recibe las bonificaciones, cuánto valen y si los clientes deberían ser reembolsados.
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