La explosión de un caño de media presión y el posterior incendio, registrados en la mañana del viernes 13 de noviembre en Lanús, desataron uno de los peores accidentes-siniestros en la historia de la distribución de gas natural. El episodio que le costó la vida a dos operarios es producto de un encadenamiento de impericia, improvisación y de inseguridad. En resumen, de negligencia.
En principio el incendio con llamas de altura destruyó negocios y viviendas. Y recién fua apagado unas 40 horas después, cerca de la 2 de la mañana del domingo 15. La imputación por la responsabilidad del contratista no tuvo su correlato similar con Metrogas.
El comportamiento de ambas empresas en conjunto dejó al descubierto una falencia estructural de cómo se encara el trabajo en la vía publica en este “cambio de época” que vivimos, que podríamos denominar de ausencia de una cultura de servicios públicos.
Brilló por su ausencia el control de la empresa Metrogas del proceso, desde la programación del trabajo hasta el control y auditoria del mismo y de la emergencia.
El ente regulador (antes Energas, ahora ENReGE, tras la fusión con el Enre) imputó a través de sus responsables a la empresa contratista a informar los detalles del hecho, la causa de la rotura del caño de la red de media presión, las acciones de emergencia tomadas y el historial de la contratista en hechos similares ocurridos durante el último año. No se requirió información similar a Metrogas.
Sobre la base de sus planos de la red, Metrogas indicó dónde realizar el trabajo de perforación del túnel para un nuevo ramal. Está claro que no indicó la existencia del gasoducto existente en la ruta de la perforación. Metrogas es responsable de no cortar a tiempo el flujo de gas que alimentaba el fuego, pues no sabía por dónde pasaba el caño para prensarlo y cortar el suministro. Procedimiento de súper-emergencia, pues lo usual es realizar el corte con las válvulas correspondientes. La tardanza en efectuar estos prensados fue absolutamente anormal. Los funcionarios de Metrogas preguntaban a los vecinos si sabían por dónde pasada el caño existente. No se sabe si los planos de la red existen y si están actualizados. Son fundamentales en el servicio de la distribución.
Aceptar darle el trabajo a una empresa que no poseía personal capacitado ni control técnico adecuado es responsabilidad de Metrogas, que es la empresa responsable de controlar la capacidad y el adecuado entrenamiento para realizar trabajos en la vía pública.
Aquí cabe un panorama de faltas conjuntas. La elección del contratista que abarata precios para conseguir el trabajo, subcontratando operarios sin experiencia, es parte de un sistema donde priman los costos.
Metrogas fue vendida a un grupo inversor que a juzgar por el perfil es más una estructura de carácter financiero que una empresa con antecedentes y tecnología adecuada. El traspaso de YPF, que posee antecedentes en el manejo de la infraestructura de gas, a conglomerados con ánimos de financiera, es una falla grave del gobierno argentino.
No se requirió tecnología y antecedentes, sólo se pidió una inversión anual de 186 millones de dólares como inversión obligatoria por apenas diez años. La concesión es por veinte, hasta 2047.
En los primeros tres trimestres de 2026 (hasta setiembre), Metrogas facturó 1.328.000 millones de pesos (en el último trimestre, más de 500.000 millones). Estima llegar para fin de año a 1.800.000 millones de pesos. A 1.750 pesos por dólar, serían unos 1.028 millones de dólares.
Cabe recordar que el grupo encaramado en Edenor le compro a YPF el 70% de las acciones por unos 780 millones de dólares. Es decir, por toda la empresa y por veinte años, un 80% del ingreso bruto del primer año. Es realmente una operación fantástica, por no decir fantasmagórica para los 2,4 millones de usuarios que la van a ir poniendo mes a mes.
El Estado argentino es responsable de la elección del operador de la red. Por el contexto de montos involucrados en la súper operación del grupo liderado por José Luis Manzano y por la responsabilidad en el siniestro ocurrido en Lanús, esa venta no debería aprobarse. YPF debiera hacerse cargo como empresa de un Estado interventor-emprendedor y custodio-garante de los intereses de la comunidad argentina, con conciencia de brindar un servicio público y con modernos sistemas de control. Quizás sea una utopía peronista, pero es la reserva genuina que posee la Nación en estas circunstancias de depredación y sin un planeamiento estratégico.
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