CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO

Salarios en alza como condición para la salida de la crisis, con urgencia pero sin olvidar lo importante

 

Antes y durante la fase aguda de la crisis económica, el daño que se le ha propinado al ingreso presente y futuro de la sociedad (usualmente aludido como producto bruto) expresa el último y más profundo avatar de otra crisis: la del sistema político argentino; que la preside y hace que la salida se perciba muy esquiva.

Los diversos síntomas previos de la crisis del sistema político ya eran palpables. Desde el espléndido silencio alrededor de la represión y los presos políticos, empezando por el sicalíptico proceso a la señora Milagro Sala y siguiendo con el resto, hasta el alarde con la nueva política, fueron dando cuenta de un sistema político que, deuda externa en crecimiento explosivo mediante, pronto se toparía con lo que está sucediendo.

Y no se trata de que los que advirtieron lo que realmente había en el porvenir no contaban con el peso político necesario para inclinar el fiel de la balanza. Ese peso no es desdeñable. Hubiera alcanzado para conseguir una solución de compromiso que responda de manera equilibrada a los intereses en presencia. Lo impidió la crisis del sistema político que precisamente así se manifiesta. El desmán del poder judicial es su mueca. El empeño de una parte del oficialismo en pactar con el peronismo (dudosamente) racional, mientras otra hace acción psicológica para culparlo del imparable dólar, es uno de los episodios ridículos que toda buena crisis debe cumplimentar mientras pasa a la historia. Los cuadernos, otro.

Se llegó a este estado de cosas porque el gobierno y la porción que lo acompaña del derrumbado sistema político —del cual el gobierno, éste o cualquiera, es la parte principal—, están animados por una visión muy ideológica (falsa conciencia empapada de intereses) de cómo funciona la acumulación a escala nacional y mundial. El resultado concreto va siendo la ruina de la base material e institucional de la sociedad. Ambas operan el desleimiento del poder político. Bajo estas circunstancias viscosas, la primera condición de cese de la crisis es la supresión de la anarquía. Para acá y para afuera hay que poner en claro quién manda. En consecuencia, la restauración del estropeado sistema político está escrita en la orden del día como prioridad.

 

Dos tendencias

Más allá de a quién o a quiénes les caiga el sayo, en la salida de la crisis la atención debe ser puesta sobre el tipo de reconstrucción del sistema político que resulte. En otras palabras, de la dirección que tome el enderezado de la muy torcida que está quedando la base material e institucional de la comunidad argentina. La visión económica que se siga, tosca o refinada, con menor o mayor grado de consistencia, traza en todo momento la dirección de los pasos que se van dando. Sencillamente, es un mito o una coartada política sospechar que lo urgente (frenar la crisis) puede hacer prescindible lo importante (cómo queda equilibrada la lucha de clases), desde el momento en que lo importante marca el ritmo de lo urgente.

Suele ocurrir que, para comprar seriedad y previsibilidad política, siempre tan necesarias en los desbarajustes, arrecia la tentación de hacerse el prudente y mesurado con la demanda efectiva. Si normalmente el funcionamiento del capitalismo realmente existente desaconseja tal proceder, el examen a trazos gruesos de las tendencias que están operando en la economía mundial directamente lo apea. Singularmente, lo que se avizora acontecer con los salarios en el centro. A su vez, relacionado con el sesgo represivo que adquirió el sistema político en su debacle, encarnadas en el decreto 683 de militarización de la seguridad interior y la inopia del funcionamiento de sectores clave del poder judicial.

 

La ley Warren

Algunos síntomas en la coyuntura del capitalismo norteamericano estarían indicando que la disciplina del temor que impuso la crisis desatada en 2007-8 está perdiendo potencia para aplacar las disputas por el ingreso nacional. Uno de ellos es del proyecto de ley de la Senadora Demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, Accountable Capitalism Act [i] (Traducción posible: Ley de Capitalismo Responsable). Según explica Warren el objetivo de la ley es “revertir las tendencias nocivas que en los últimos treinta años han llevado a ganancias récord de las empresas y al aumento de la productividad de los trabajadores, pero al estancamiento de los salarios”.

Warren historia que “a principios de la década de 1980, las empresas más grandes de los Estados Unidos  dedicaron menos de la mitad de sus ganancias a los accionistas y reinvirtieron el resto en la empresa. Pero en la última década, han dedicado el 93% de las ganancias a los accionistas, redirigiendo billones de dólares que podrían haber ido a los trabajadores o a las inversiones a largo plazo”. Para dar vuelta ese comportamiento, propone siguiendo “el enfoque exitoso en Alemania y otras economías desarrolladas” que “una corporación de los Estados Unidos debe asegurar que no menos del 40% de sus directores sean seleccionados por los empleados de la corporación”. Involucra a empresas que facturan más de mil millones de dólares anuales. Esta es una iniciativa similar a la que se exploró hace unos años atrás entre nosotros, para gran disgusto del orden establecido.

Warren considera que su proyecto de ley es el paso inexcusable para mejorar la distribución del ingreso “debido a que el 10% más rico de los hogares estadounidenses posee el 84% de todas las acciones estadounidenses, mientras que más del 50% de los hogares estadounidenses no poseen acciones”, lo que redunda en que “la dedicación a "maximizar el valor para los accionistas" significa que el multi-billonario sistema corporativo estadounidense se centra explícitamente en hacer que los estadounidenses más ricos sean aún más ricos”.

El muy Republicano Trump, tal parece que pese a buena parte de los Republicanos, luce tener más de un punto de contacto con esta iniciativa Demócrata en lo referente, al menos por ahora, a las inversiones. Anunció que está explorando la posibilidad de aumentar de los actuales tres meses a seis meses el plazo para la presentación en la bolsa de los balances de las empresas, a fin de que los cuerpos gerenciales se aboquen más a la inversión y no corran tras el imperio de mostrar ganancias trimestrales. Además, si el America First quiere ser consistente tiene que ampliar el mercado interno y terminar con el estancamiento salarial. De una u otra forma eso ya está sucediendo. El Departamento de Comercio publicó esta semana el segundo de sus tres cálculos anuales sobre la evolución del producto interior bruto (PIB) entre abril y junio, donde se constata que, de la mano del consumo y la caída de las importaciones, la economía norteamericana aceleró su ritmo llevando el crecimiento anualizado del producto a 4,2 %, en el segundo trimestre de 2018.

Las reacciones contra estos proyectos no se hicieron esperar. Jesse Fried, profesor en la Harvard Law School, en una columna en el Financial Times (27/08/2018), refuta a Warren y a Trump. Señala que ambos participan de la creencia de que las corporaciones con oferta pública “están demasiado concentradas en el corto plazo, y que la solución es reducir el poder de los inversores”. Con ninguna originalidad, entiende que lo de Warren implica una intromisión en el manejo correcto de los negocios y que al final esta ley le “pondría esteroides al capitalismo de amigos estadounidense”, con el fin de hacer como dice la norma para evadirla. Estima que el alargamiento de los plazos de Trump hará que “a los inversores les resultará más difícil evaluar la gestión y el valor de sus acciones, y aumentarán las oportunidades de uso de información privilegiada”. Fried concluye descorazonado que “con el creciente consenso bipartidista de que el corto plazo corporativo es un problema crítico, existe el riesgo de que estas propuestas de política se adopten, ya sea durante esta administración o la próxima. Esperemos que no suceda.”

El mercado accionario norteamericano totaliza una capitalización de 30 billones de dólares y el de bonos corporativos 41 billones de dólares. Cuatro puntos de referencia para el contexto. Los activos financieros en el mundo suman alrededor de 210 billones de dólares. Los norteamericanos significan alrededor del 5% de la población mundial y un cuarto del producto bruto mundial. En el mismo tipo de dólar el PIB argentino es casi de un billón. Va quedando claro que la iniciativa de Warren, si no naufraga en aguas de borrajas, es una apuesta muy pesada con repercusiones mundiales para lo mejor y para lo peor. En lo que hace al resto de los países desarrollados, están tan entrelazados que funcionan con vasos comunicantes, de manera que si esto se consolida, más temprano que tarde el estancamiento de sus altos salarios va a quedar como un mal recuerdo.

 

Al alza

¿Y cuáles de esas repercusiones impactan de lleno en la reconstrucción del sistema político de un país semi-periférico como la Argentina? En que dada la forma en que funciona el capitalismo como sistema de acumulación mundial, esta no deja el mínimo margen para hacerse el distraído ni con la mejora en la distribución del ingreso de los argentinos ni con el aliento al consumo. Ni siquiera hay espacio para conformarse con rehacer lo perdido a manos del gatomacrismo. Se impone el alza de los salarios como objetivo en sí pero también como condición para encarar con sentido nacional la reestructuración de la deuda externa.

Es que los bajos salarios dan lugar a una transferencia de valor desde los países atrasados a los países avanzados, y esta pérdida reduce, a su vez, el potencial material de una futura mejora en sus salarios. En contraste, esto provee, en los países receptores, con la necesaria potencialidad para que las concesiones de los empleadores amplíen aún más la brecha entre los salarios nacionales. Esta ampliación de la brecha empeora la desigualdad del intercambio comercial, y, eventualmente, el valor resultante transferido. Cuanto más pobre, más explotado se es. Cuánto más explotado se es, más pobre se deviene. Como en las relaciones entre trabajadores y empresarios dentro de una nación, del mismo modo entre los países la pobreza condiciona la explotación y la explotación reproduce a través de sus efectos su propia condición.

Si la reconstrucción del sistema político no toma debida nota de esta dinámica, la crisis tiene el prospecto de convertirse en endémica. Porque aún la fatiga de la endemia necesita un orden político. Será uno maltrecho y vacilante. Uno que dote de manos nuevas al garrote de siempre. No hay ninguna necesidad objetiva para que los acontecimientos tomen esa dirección.

 

 

[i] https://www.warren.senate.gov/newsroom/press-releases/warren-introduces-accountable-capitalism-act

 

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