Estado de excepcion

 

La crisis política que eclosionó en San Carlos de Bariloche con la represión masiva a vastos sectores de la ciudad a partir del 17 de junio de 2010 puede haber precipitado un cambio en las estrategias de control social, favoreciendo el traspaso de la responsabilidad operativa de las policías provinciales a las fuerzas federales en el espacio de la Patagonia. Las audiencias del juicio oral y público contra la cúpula de la policía de Río Negro que se desarrollan desde el 8 de octubre y hasta el 2 de noviembre inclusive, confirman que esas burocracias provinciales no tenían capacidad técnica ni operativa para desplegar un dispositivo represivo estatal masivo, como prueba el sangriento y doloroso saldo de esos días.

La clase dirigente jamás reconoció ni discutió públicamente los alcances de la acción policial en situaciones de alcance masivo, despegando la trayectoria corporativa de la policía de la propia de las dirigencias partidarias en diferentes y sucesivos gobiernos. La caracterización de “violencia institucional” resulta insuficiente para describir la profundidad y los alcances de estos dispositivos de cuasi estado de sitio o de estado de excepción, como el que se vivió en Bariloche desde la mañana de ese día en los barrios populares, con rigor los cuatro días posteriores en toda la ciudad y control callejero y de rutas por meses.

Este juicio a la cúpula es la única y demorada respuesta estatal a esa experiencia traumática, con objetivos de penalización que recorta unos pocos hechos (dos muertos, 13 heridos, un solo día). Aun así, es la oportunidad para repensar el mapa local de los conflictos trazado a partir de los '90 en el que confluyen:

1. la reforma estructural del estado para la incorporación de los bienes de la naturaleza al mercado;
2. la creación de cuerpos especiales de policías en las provincias patagónicas;
3. el arribo de capitales transnacionales con características diferentes al terrateniente o latifundista tradicional; y
4. la consolidación del movimiento del pueblo mapuche-tehuelche como actor político, que no sólo resiste sino que avanza en la recuperación efectiva de fracciones del territorio ancestral.

A la vez, podemos revisar la experiencia social en Bariloche de junio de 2010 —en tensión con la matriz económica expoliadora de la naturaleza y el ideario racista y racialista de sus élites—, en dos direcciones:

• en diálogo con estallidos y represiones locales, un caso previo, de 2005, y otro posterior, de 2012; y,
• con la militarización que se fue desarrollando en la cordillera norte, especialmente en Corcovado (Chubut, marzo de 2009) y Villa La Angostura (diciembre 2009/febrero 2010).

Cambio cromático

Al brindar declaración testimonial en el juicio, el ex gobernador Miguel Saiz, su ex ministro de Gobierno Diego Larreguy y el ex intendente municipal de ese período Marcelo Cascón (UCR) coincidieron en la liviandad de sus apreciaciones sobre los alcances dramáticos y peligrosos del dispositivo de represión masiva. Dijeron que evaluaron la opción de que interviniera la Gendarmería Nacional para intentar que “uniforme de otro color” calmara la furia de la población dolida por el crimen de un adolescente. El interlocutor con el gobierno nacional fue el senador por Río Negro Miguel Pichetto (PJ), señalaron Larreguy y Cascón.

 

Ninguno de los tres registró el fracaso político cometido por sus pares en 2005, cuando ante dos homicidios las autoridades de la ciudad la declararon en emergencia en materia de seguridad, solicitando la intervención de fuerzas federales, Gendarmería Nacional y Policía Federal, de la policía provincial y de la fuerza especial BORA. Organizaciones sociales exigieron a los tres poderes del estado cesar con ese dispositivo, porque Bariloche estaba “viviendo un estado de amenaza permanente e intimidatoria (se detiene a los jóvenes en la calle, se les pega, se les impide la libre circulación por la vía pública, se irrumpe en las casas sin órdenes de allanamiento, se golpea a la gente que encuentran en ellas, se destrozan sus pertenencias, se los expone a situaciones de total vejación, se revisa a los alumnos a la entrada de las escuelas, y demás situaciones irregulares), que está focalizada en los sectores más vulnerables, niños, adolescentes y jóvenes en los barrios de El Alto".

 

 

Al estallido del 17 de junio se llegó con generaciones nacidas y crecidas bajo un estado criminalizador y estigmatizador, lo que esta semana se corroboró en las audiencias cuando una familia entera –víctima y testigo de los crímenes que se juzgan— debió pedir protección judicial para que cesen las amenazas. Con tres muertos confirmados ese 17, dos días después sectores empresarios, sindicales y políticos hicieron una marcha pública en defensa de la policía en el Centro Cívico, haciendo la apología de la limpieza étnica.

 

 

Hubo un período de transición que podemos ubicar entre junio de 2010 y diciembre de 2012, cuando la revuelta popular en los supermercados volvió a mostrar la ineficacia en términos de control real del conflicto y la capacidad de violar toda norma a plena luz del día. Trabajadores desocupados, muchos organizados en cooperativas que changueaban con obras municipales, exigieron un bono y una canasta popular para Navidad, demanda que al ser negada desembocó en la toma directa de esos productos en góndola.

La policía reprimió por horas, atacó a plena luz del día a un adolescente, tiró piedras en forma masiva. Esa crisis mostró que la administración de Alberto Weretilnek no pudo y/o no quiso desmontar el andamiaje de poder y de negocios que desplegó Víctor Cufré, ex secretario de Seguridad, uno de los ocho imputados en este juicio. Las denuncias del presidente de la Legislatura Pedro Pesatti, que anunciaban una posibilidad de crítica profunda, devinieron en nada ante la falta de medidas de fondo.

 

 

La crisis de los supermercados arrastró al ex intendente Omar Goye, tuvo cinco presos políticos provinciales por meses e instaló a las fuerzas federales custodiando los supermercados, postal navideña que se prolongó para pascuas y así. El primer contingente “de emergencia” de 500 gendarmes fue quedándose, renovándose, hasta que este mes último se asentaron 500 policías federales en Bariloche y zona aledaña. Se desconoce el número real de efectivos de fuerzas de seguridad nacionales efectivamente asentados al momento, disponiendo de confirmaciones parciales extraoficiales.

 

Un recorte en la cordillera

La provincia de Chubut creó en 1993 el GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales). Río Negro creó la BORA, que debutó en 1995 durante la crisis de desfinanciamiento del estado provincial de la administración de Horacio Massaccesi. Neuquén hizo lo propio también en 1995; creó el Departamento Unidad Especial de Policía (UESPO) y grupos especiales GEOP, ambos de existencia probada por sus víctimas y negadas oficialmente. Todos fueron acumulando títulos en la prensa por vejaciones y abusos similares a los cometidos por la policía común. El salto cualitativo lo mostraron en algunos procedimientos “especiales”, con objetivos tácticos y políticos que no pueden entenderse con la lógica represiva conocida en la zona hasta ese momento.

En Chubut, con el supuesto objetivo de detener a un muchacho prófugo de la justicia, el grupo GEOP tuvo en virtual estado de sitio a toda la pequeña localidad de Corcovado, a unos 100 kilómetros al sur de Esquel, entre el 8 y el 15 de marzo de 2009. El terror impuesto tuvo a una familia como objetivo (un joven de 19 años muerto, otro de 15 parapléjico, un tercer hermano herido), un poblador rural detenido-desaparecido, docenas de allanamientos y torturas, detenciones ilegales, un policía muerto en fuego cruzado de las propias fuerzas.

Para diciembre de ese mismo año, el grupo de élite de la policía de Neuquén practicó un bloqueo a sectores del territorio de la comunidad mapuche Paisil-Antreao en pleno bosque en Villa La Angostura, en un avance combinado por grupos armados privados y la policía común. La presión y tensión fuerte permanecieron durante tres meses, con heridos leves con munición antitumulto.

Aunque los casos merecen un mayor desarrollo, han sido momentos de la experiencia social que fueron señalando prácticas de los gobiernos y de los organismos estatales respecto al control real del territorio y los obstáculos a ese objetivo de control.

En Río Negro, para la crisis de junio de 2010 estaba como asesor en la provincia, junto a Saiz & Larreguy & Cufré supuestamente haciendo “un mapa del delito”, el ex comisario Carlos Alberto Lorenzati, del Batallón 601, investigado por delitos de lesa humanidad en un juzgado porteño. Ese es el clima ideológico que impregnaba a la Jefatura de policía durante los crímenes del 17 de junio, sobre lo que no se ha dicho una sola palabra en catorce días de juicio oral y público transcurridos.

 

Las fotos del juicio son de José Luis Zamora. Las de la represión de 2010 de Alejandra Bartoliche.

 

 

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