El buitre que bloquea a los mapuche

La prescindencia estatal ante el capital privado deja totalmente vulnerable a esta comunidad

 

El territorio de una comunidad mapuche quedó aislado porque una urbanización del grupo belga BURCO le impide el acceso por el camino más corto sobre la ladera del cerro Otto, en pleno ejido municipal de San Carlos de Bariloche. Arelauquen Golf & Country Club SA no reconoce a la lofche Celestino Quijada el derecho a usar el camino tradicional a su territorio, ni cumple el acuerdo de acceso por la propiedad privada alcanzado el año pasado en una mesa de trabajo dispuesta por la Defensoría del Pueblo de la ciudad.

Mohammad Ladjevardian, bonista de un fondo buitre que litiga contra el Estado argentino, y Pierre Andurand, financista que anticipó el derrumbe de los precios del petróleo en 2008, son algunos de los propietarios de fracciones en la urbanización de Burco Desarrollos S.A. Comprende más de 710 hectáreas a metros de la costa noreste del lago Gutiérrez y sobre la ladera sur del cerro Otto, a 15 kilómetros del centro de Bariloche. El helipuerto y la cancha de polo fueron claves para su inserción privilegiada en los enclaves territoriales del poder político y económico en la región, liga que en la cuenca del lago Nahuel Huapi integran el hotel Llao-llao y los countrys Machete, Muelle de Piedra y Cumelén.

 

 

Arelauquen y Burco Desarrollos son algunas de decenas de firmas con las que opera Belgian Urban Renovation Company (BURCO) en Argentina, acaparando al menos 24.000 hectáreas en la zona rural de Río Negro. El año pasado se desprendió de dos fracciones al traspasar el paquete accionario de una de sus firmas, Río Villegas SA, a capitales qataríes vía el tenista Gastón Gaudio (https://www.elcohetealaluna.com/qatar-hace-cumbre-en-rio-negro/).

La comunidad Quijada sostiene la ocupación tradicional en la ladera sur-este del Otto, donde cría animales de granja y produce frutas y verduras, en tierras que lindan con Arelauquen. El uso tradicional de campo abierto se interrumpió con la consolidación de la urbanización cerrada, hace 12 años. Entonces se vio obligada a ingresar caminando con un metro de nieve en invierno, a caminar más de dos horas y dar un rodeo de varios kilómetros para acceder. Por períodos el directorio del country estuvo más predispuesto a permitir el ingreso por tierras privadas —trasladándolos en las camionetas de la empresa—, gesto de buena voluntad que no resolvió el conflicto de fondo ni reconoció el derecho al uso de los caminos tradicionales en el territorio ancestral.

 

 

El municipio de Bariloche fue declarado por ordenanza Estado intercultural, lo que se sumó a las obligaciones estatales derivadas de la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la ley provincial Integral del Indígena N°2287, entre otras normas vigentes. La falta de intervención estatal firme ante el capital privado deja totalmente vulnerable a esta comunidad.

El nuevo directorio de Arelauquen endureció la posición respecto a Quijada, que denunció públicamente el incumplimiento del acuerdo alcanzado en la Defensoría del Pueblo. Un anciano de 103 años que no puede volver al territorio, una mujer que no pudo recibir la asistencia de una ambulancia, los niños que deben elegir entre vivir en el territorio o asistir a la escuela, la imposibilidad de trasladar bultos pesados, son algunos de los severos daños cotidianos que sufre la comunidad por el bloqueo que le impone la urbanización VIP. Además la empresa avanzó en la apropiación de un sector del territorio con un alambrado que pasa a escasos metros de las rukas, según testimonios recogidos por los cronistas de Walkintun TV, canal mapuche de Bariloche.

El instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció a Quijada, aunque el derecho al territorio no está formalizado por un título de propiedad comunitaria. Tiene sin concluir el relevamiento dispuesto en Río Negro por aplicación de la ley de Emergencia de los Territorios Indígenas. Su espacio es parcialmente reclamado en propiedad por el Ejército Nacional, que además mantiene demandas contra las comunidades vecinas Millalonco-Ranquehue y Tripay Antü, siempre en los faldeos del Otto, y contra Tambo Báez, ladera del Bella Vista.

 

Las caras del country

Cambió el directorio, es la explicación que uno de los directivos dio como excusa para retroceder todos los casilleros. La guardia de seguridad privada impide ingresar por un camino recto de unos 400 metros; se mostró reforzada la última semana.

Según el Boletín Oficial de Río Negro, el directorio de Arelauquen está integrado por Leonardo Girves (presidente), Catalina Chevallier Boutell (vicepresidenta); Juan Carlos Osorio, Federico Bergter, Carlos Popik, Sergio Marré (directores titulares); Guillermo Macera, Moira O’ Farrell y Cecilia Guglietti (suplentes).

Girves es gerente de la filial Bariloche de OSDE; Chevallier Boutell de la sucursal local del Banco HSBC. Bergter es la conexión local con BURCO, desde que su familia le vendió las tierras para desarrollar el country; integra numerosos directorios de empresas, tiene a su nombre propiedades rurales del grupo y es, desde por lo menos el último año, el nexo operativo con capitales árabes en la zona, según coinciden diferentes fuentes. Popik, un ex directivo de Monsanto en Argentina, judicializó un conflicto por una fracción junto al lago Nahuel Huapi en Villa La Angostura apropiada a una familia de la comunidad mapuche Paisil-Antreao; revendió la hostería La Posada y el conflicto.

En Arelauquen tiene domicilio público Nicolás van Ditmar, operador de Joseph Lewis y sus firmas en la región. El ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay es otro inversor, así como el polista Eduardo Novillo Estrada.

La urbanización se inició en 2000 y salió al mercado con la venta de lotes por etapas. Tiene uno a su nombre Mohammad Ladjevardian, abogado, titular del fondo United Capital Investments de Houston, en Estados Unidos, beneficiario directo de pagos hechos por la administración Macri ante la demanda de los holdouts por bonos comprados en 2002 por acreedores alemanes. También Pierre Andurand, gestor y fundador del fondo Andurand Capital Management, entronizado gurú por sus proyecciones respecto a comportamientos de capitales por la crisis del 2008.

Más doméstica resulta la presencia como propietario de un lote de Alberto Pérez Chada, cuyo estudio de abogados representa al Presidente Macri, Gustavo Arribas, Boca Juniors y grupo Clarín, entre otros clientes. Se alejó del directorio de Puerto Manso S.A., inmobiliaria que formó con el director técnico Héctor Cuper, pero la firma mantiene una propiedad en el country.

 

Alejandro Pérez Chada, el abogado presidencial

Emergente

La imposibilidad de acceder a su territorio por el camino más corto y menos empinado, el de toda la vida, que conecta por la ladera sur del Otto en minutos con el barrio Unión, en la zona sur de la ciudad, expresa una de las tantas formas en que se avasallan los derechos elementales del pueblo mapuche. Cuatrocientos metros hacen la diferencia que asfixia económica, política y simbólicamente a Quijada.

Burco pretendió en 2001 apropiarse de un sector de la costa del lago Gutiérrez, canalizar un arroyo y construir una marina, para lo que obstaculizó durante años el asfaltado de la ruta 82 que conecta la ciudad por el sur, clave especialmente en invierno cuando la helada y la nieve complican el tránsito por la avenida costanera que da al lago Nahuel Huapi. El control de la circulación es parte de su estrategia de control real del territorio más allá de los límites de su propiedad privada.

Beatriz Oñate, defensora del Pueblo de la ciudad, convocó a una mesa de trabajo el año pasado a la que asistieron Arelauquen, el Ejecutivo local, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci) que es autoridad de aplicación de la ley provincial del indígena, el Ejército y la propia comunidad. Consultada para este informe, Doñate reconoció que el acuerdo alcanzado no resolvía el conflicto de fondo aunque insiste en que el Estado municipal debe hacer operativa su condición “intercultural” y que no es conveniente llegar a la instancia de la judicialización. Aseguró tener voluntad de reflotar esa mesa de trabajo, aunque los tiempos de la mediación están muy lejos de las urgencias cotidianas de la comunidad postergadas por años.

La condición de barrio cerrado y la labor en la sociedad local desplegada por la Fundación Arelauquen, entre otras circunstancias, contribuyeron a que sus prácticas hegemónicas no estuvieran en la agenda pública. Costó ver que Arelauquen es Burco y que Burco tuvo y tiene su propia estrategia de acaparamiento de la naturaleza, en total concordancia con la desplegada por Tavistock Group (Lewis) en el mismo período, en el mismo lugar, con muchos actores en común. Por años, la pulseada simbólica la ganaba la caracterización de los countries como espacios de “ricos y famosos”, velo que impidió ver los comportamientos y las materializaciones de los capitales en el territorio en esta etapa neoliberal.

 

 

(Investigación en colaboración con Javier Grosso, quien realizó las cartografías para este informe.)

 

 

 

 

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