La patada

El policía que mató a un hombre quedó libre, pero la fuerza está en la mira por irregularidades

 

Jorge Martín Gómez camina por la bicisenda de la calle Carlos Calvo. Dos policías motorizados llegan a cortarle el paso. Uno salta de la moto y se acerca a Gómez, que camina confundido. Le da una orden y levanta los brazos, esperando que lo imite. El hombre lo mira, impávido, como tratando de comprender qué decía. Tiene las manos detrás del cuerpo, tal como cuando dobló en la esquina. El policía le da una patada en el pecho y el hombre –morocho, con pantalones anchos y un buzo rojo– cae desplomado al suelo. Fractura de cráneo, dicen los resultados preliminares de la autopsia. Muerto –minutos después en el hospital Ramos Mejía— por la patada del oficial Esteban Armando Ramírez, de la Policía de la Ciudad.

La escena dura menos de 35 segundos. Sucedió el último lunes, que fue un día no laborable y con poca gente por la calle. El video se difundió un día después, y estremece. El policía quedó libre a los dos días mientras la familia de Martín seguía reclamando a la Justicia que le entregara el cuerpo del hombre de 40 años para velarlo.

 

 

Un nombre y una historia

Segundo Gómez es el tío de Martín. Hace 25 años que trabaja como seguridad privada. Es el trabajo que consiguió cuando llegó de Santiago del Estero con el padre de Martín, buscando una vida mejor. Como tiene once hijos, siempre conservó un empleo en relación de dependencia que lo ayudara con la obra social para todos ellos. A Martín y a sus dos hermanos los siente sus hijos.

El hermano de Segundo murió hace tres años y les heredó a Martín y a sus hermanos un negocio chiquito de relojería de taxis y venta de artículos de celulares, ubicado en la calle Estados Unidos, en el barrio de San Cristóbal. Ahí trabajaba Martín.

El otro lugar donde solían verlo era el restaurant La esquina de Roldán. Era un habitué. Lo esperaban con la comida o con un café con medialunas. Los dueños y los trabajadores lo querían, lo escuchaban hablar del padre, de su muerte que lo había destrozado. Se sentía en casa. Hacía changas ahí: cada dos semanas salía a volantear. Se montaba a una motito que se había comprado porque, aunque el reparto era por el barrio, muchas veces no quería caminar. Si había que limpiar los vidrios o dar una mano, él era materia dispuesta.

 

Martín Gómez.

 

 

Martín era una personalidad estridente. Cantaba cumbias. Se las dedicaba a una mujer que lo había abandonado. Le gustaba salir durante los fines de semana y tomar. Volvía tarde. En general, cerca de las diez de la mañana. Uno de los hermanos, Ariel, contó que solía andar con un Tramontina porque lo habían asaltado en el barrio y que también tenía problemas con las drogas, pero que había hecho todo lo posible para recuperarse.

La familia no sabía nada de él desde el domingo. Esa noche había salido y había tomado. A la madrugada, alrededor de las cuatro, apareció por el restaurant. Estuvo un rato ahí mientras levantaban y ordenaban las mesas para cerrar. Saludó, rechazó un ofrecimiento para que lo alcanzaran hasta la casa y se fue.

En la familia se encendió la alerta cuando pasó la mañana del lunes y no volvía. Fueron a la comisaría del barrio e incluso al Hospital Ramos Mejía, pero no tuvieron suerte. Una de las hijas de Segundo pegó un grito cuando entró a Facebook y vio el video de una persona que caía ante la patada policial. Se fue corriendo hasta la comisaría del barrio con la certeza de que se trataba de Martín. Ahí le dijeron que ya le habían avisado al padre de la persona muerta. Imposible que fuera él entonces: el padre de Martín había fallecido hacía años.

A las horas, de la misma comisaría los llamaron para decirles que habían localizado al “NN” que buscaban. Estaba en la morgue judicial.

 

 

El policía

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad se encargó de difundir una imagen angelical del policía que provocó la muerte de Gómez. Los voceros decían: 42 años, argentino, casado, 20 años de antigüedad, nunca tuvo sanciones y venía de la Policía Federal (PFA).

El policía Esteban Ramírez.

La versión oficial, hasta ahora no contrarrestada por la jueza ni por la fiscal que intervienen en la causa, indica que el lunes 19 a las 7.30 de la mañana una pasajera del colectivo 57 llamó al 911 para decir que había un hombre que no dejaba avanzar al transporte, que tenía supuestamente un arma blanca y que estaba alcoholizado o drogado.

La información agrega que un colectivero le habría avisado a una oficial que estaba patrullando la zona del incidente y ella le habría dado la voz de alto a Gómez, que le habría mostrado un arma blanca. Si las cámaras captaron ese episodio, nada de eso se filtró – como sí sucedió con la patada mortal de Ramírez. Los y las que lo conocen dicen que Martín nunca había sido agresivo.

Durante la indagatoria, el policía habló de un cuchillo, pero en el video –que coincide con el campo visual de Ramírez–no se percibe ningún arma blanca. De hecho, Gómez avanza con las manos detrás del cuerpo, como un chico que se portó mal y va a recibir un reto. También sostuvo que quiso hacer uso de la fuerza mínima e indispensable, que por eso lo pateó y que no quiso lesionarlo. Tampoco se observa en el video que Gómez haya avanzado ni un milímetro después de la voz de alto.

A Ramírez lo asiste un abogado históricamente vinculado a la policía, Raúl Alcalde.

 

 

Diferencias

Ramírez reporta en la Comisaría 3B, ubicada la calle Catamarca. En realidad, patrulla con una motocicleta el barrio, el mismo en el que Martín era un personaje pintoresco y conocido — incluso para el propio Ramírez.

Entre el 7 y el 11 de enero de este año hizo un curso para perfeccionarse en el Instituto Superior de la Seguridad Pública de Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia, según surge del boletín oficial de la Ciudad.

Un mes antes de la muerte de Martín, el juez Gustavo Rofrano dictó sentencia en un caso con un tinte similar –por la supuesta existencia de un arma blanca– pero de mayor gravedad –por tratarse de un robo– en el que participó Ramírez y su intervención fue distinta. No hubo patadas para hacer uso de la “fuerza mínima e indispensable”.

El 15 de febrero a las 6.50 de la mañana, un hombre le exhibió a otro un cuchillo y le reclamó que le diera la plata y el celular en la intersección de Humberto Primo y Pichincha. El asaltado le avisó a un policía que iba a bordo de una moto, quien persiguió al asaltante. Lo detuvo mientras intentaba descartar el aparato y el cuchillo. El policía no era otro que el inspector Ramírez.

 

 

Irregularidades

Después de estar dos días detenido, la jueza Yamile Bernán le concedió a Ramírez la excarcelación bajo caución juratoria, pese a que la familia de Martín se había opuesto al igual que la fiscal Ana Yacobucci, que apeló la resolución de la magistrada.

Yacobucci fue parte hace años del grupo de fiscales conocido como “Los Centauros”, que bajo el liderazgo de Norberto Quantín intervenía en causas de alto impacto mediático. En este caso, al oponerse a la liberación de Ramírez, listó una serie de irregularidades que se dieron en los albores de la investigación:

- No se labró acta alguna pese a que el accionar policial se inició por una presunta portación de arma blanca en la vía pública;

- Se manipularon indebidamente objetos en poder de la víctima antes de su secuestro;

- Recién horas después y ante la noticia de que la víctima había muerto, se avisó a las autoridades;

- No se preservó la zona.

La jueza, en su resolución, le concedió a Yacobucci que lo que señalaba podía dar pie a responsabilidades judiciales o administrativas, pero optó por excarcelar a Ramírez, que por el momento está imputado por homicidio preterintencional – es decir, cuando el medio empleado para lastimar a una persona no debía razonablemente causar la muerte.

 

 

 

 

Los avales

Según las estadísticas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), durante los primeros seis meses del año la Policía de la Ciudad mató a ocho particulares. Las muertes, como la de Martín, se dieron al calor de discursos celebratorios del accionar policial.

En este caso, el primero en avalar el rol de Ramírez fue el secretario de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, que sobrevivió en el ministerio pese a la renuncia de su jefe Martín Ocampo después del operativo fallido de la superfinal entre River y Boca del año pasado.

Primero sugirió que la muerte se podría haber provocado por la ingesta de sustancias, pero la autopsia preliminar lo desmintió: hubo una fractura de cráneo producto de la patada del policía a sus órdenes. “Se le dio una patada para mantener distancia, para luego reducirlo. Vista así la imagen es muy brutal. Pero también lo es andar por la calle con un cuchillo, donde cualquier madre con una criatura podría haber sido lastimada y la situación habría sido otra”, dijo con tono paternalista.

La ministra de Seguridad del gobierno nacional, Patricia Bullrich, fue más rotunda. "Cuando un policía termina con una amenaza está haciendo lo correcto". La funcionaria, impulsora de toda doctrina que justifique el accionar policial violento, aprovechó para decir que este era un caso en el que se podría haber usado una pistola Taser – cuyo empleo reglamentó en mayo el gobierno nacional.

 

 

Martín Gómez con uno de sus sobrinos.

 

 

 

La justicia

Nadie del gobierno se comunicó ni con el tío ni con la madre de Martín, que viajó desde Santiago del Estero al enterarse de la muerte de su hijo. “No pueden hacer esas declaraciones”, se lamenta Segundo Gómez.

Al tío y a los hermanos, los vecinos les sugieren hacer una marcha para buscar justicia. Ellos no quieren. Temen que se politice. En el restaurant lloran su muerte. En el barrio, protestan contra las versiones que buscan responsabilizar al muchachón de su propia muerte.

Lo mismo hace que la voz del tío se sacuda con más fuerza, que pida disculpas porque no puede seguir hablando. “Están hablando de la muerte de una persona –dice Segundo—. Martín era una buena persona, de un corazón enorme. Ojalá que la Justicia pueda salvar el nombre de mi sobrino”.

 

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