Reinas, curas y gansos

 

El agua en Mendoza no es cualquier agua. Se habla del agua en los relatos familiares. De la frecuencia de cortes, de diez años de emergencia hídrica, de un oasis que depende del deshielo de las altas cumbres ahora con poca nieve en el mundo recalentado. Hay tomeros, relatos robos de agua. Cuentos. Y todos saben que una vez que el tema se pone sobre la mesa, el agua también pone en discusión la propiedad de la tierra, los modos de producción y la concentración de la riqueza. Por eso no es verdad que todo lo que reluce en Mendoza por estas horas es agua. La discusión por las mineras muestra problemas extremos de caja y endeudamiento, un lobby minero que enfrenta también intereses del lobby del agua, y un movimiento en la calle que sacudió a la lógica de la política con reinas, curas, gansos dispuestos a defender el territorio.

La Ley 9209 sancionada en Mendoza para permitir la minería metalífera fue pensada a medida de un sólo proyecto inmediato. El proyecto San Jorge. La empresa presentó la documentación e inició el proceso de evaluación ambiental. Pero es un proyecto discutido hace tiempo porque la base está en la zona de Uspallata, cerca de la cordillera y en el comienzo de la cuenca del Río Mendoza que abastece toda la zona metropolitana. Si hay explotación minera con cianuro, hay contaminación en uno de las principales cuencas de la provincia. El desarrollo minero necesita miles de litros de agua. Así al tema de la contaminación, activa la sombra de la escasez siempre presente de todos aquellos relatos.

 

 

La Ley se sancionó a la velocidad de la luz. Es cierto que fue un proyecto impulsado por el gobernador radical Rodolfo Suarez. Pero antes de las PASO, el lobby minero nucleado en la Unión Industrial de Mendoza reunió a instancias de Alfredo Cornejo a referentes y pre-candidatos de Cambiemos y el PJ para obtener un acuerdo.

Las versiones del acuerdo son discordantes. Pero explica el apoyo del PJ al proyecto. El apoyo no fue completo. Introdujo modificaciones. Exigió avales de cada departamento y de los departamentos atravesados por las cuencas afectadas para la implementación en cada territorio. El presidente del PJ, Guillermo Carmona, propuso sacar como alternativa un dictamen en minoría. Pero no alcanzó. Dentro del espacio explican que había intereses en los dos lados, los que se oponían y quienes pertenecen al único departamento minero de Mendoza como Malargüe donde en este momento comienza un movimiento inverso a favor de las mineras.

 

 

Nada de las tensiones llegó con claridad a la calle. Hubo ruido. Los legisladores dicen que no pudieron explicar. Que no había forma de salir de las consignas. La calle dice lo que dijo. Pero el buen sentido común recomienda que los debates de una ley tan reñida nunca deben ser con tiempos exprés.

La urgencia por la sanción puede leerse como un problema de caja. Alfredo Cornejo dejó la provincia como Mauricio Macri dejó el país: con las cuentas del Estado al aborde del abismo por un endeudamiento en dólares impagable y más de 40 por ciento de la población bajo de la línea de pobreza. El día de la discusión en la Legislatura comenzaron los primeros cortes de ruta. Un movimiento que no paró hasta voltear a la Ley.

Uno de los primeros lugares movilizados explica lo que sucedió en la calle, y la articulación de un mundo en el que confluyeron la comisión de las reinas de la Vendimia, la Iglesia católica, los gansos del Partido Demócrata con feminismos y ambientalismos.

En esos días corrió el audio de una de las primeras mujeres. Ella salía del departamento de San Carlos. El lugar estuvo conducido hasta diciembre por el intendente Jorge Difonso, uno de los nombres que apareció en estos días como voz de las protestas. Difonso es uno de los luchadores del agua reconocido. Hace veinte años impulsó la sanción de la ahora famosa Ley 7722 que declaraba a Mendoza libre de minería metalífera. Hoy es demócrata. Estuvo con Mauricio Macri. Y es uno de los diputados de Sánchez que votó contra de la ley.

San Carlos está lejos del proyecto San Jorge. En otra cuenca. Pertenece al Valle del Uco, unos 60 kilómetros de tierra ancha en el que confluyen los departamentos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato. El Valle del Uco también depende del agua, en este caso del río Tunuyán y varios arroyos con origen en la montaña.

El Valle el Uco es el lugar de Agua de los Andes, la empresa de agua de los Bemberg. La zona de Uspallata donde está previsto el proyecto minero San Jorge es territorio de Villavicencio del Grupo Danone.

En aquel mensaje, la mujer habla del apoyo del intendente. Tenemos dinero, dijo. El departamento promovía la movilización.

 

 

 

 

Con el correr de las horas, los mensajes de los teléfonos celulares agrupaban a movilizados de todos lados. Y lunes pasado marcharon a la casa de Gobierno. La represión de ese día potenció la protesta, modificó la postura del PJ e inició un movimiento de reacción al interior del mundo de la política.

La calle exhibía una fotografía. La sanción de la Ley no sólo era responsabilidad del gobierno radical sino del PJ. Tras la represión, el PJ comenzó a despegarse. "Las movilizaciones aquí son impresionantes", dijo Guillermo Carmona. "El peronismo tiene que estar del lado del pueblo. Nuestra militancia se opone a la reforma de la ley en las condiciones que se votó. Hay conmoción política en todos los partidos, con intendentes que se manifiestan en contra".

 

 

Anabel Fernández Sagasti dijo que la represión era el límite. Juan Cabandié, desde Nación, salió a decir que la jurisdicción era de la provincia. Y también habló, desde el interior del espacio del Frente de Todos, una de las voces oídas por los asambleístas como la de Pino Solanas. Al interior de Mendoza, la política activó canales distintos ante el fantasma de una movilización que a la luz de las experiencias regionales podía tornarse imparable.

El jueves, el PJ coordinó estrategias. Buscó frenar la aplicación territorial de la Ley. Y responder a la calle. Pidió pronunciamientos a los 6 intendentes propios de los 18 de la provincia, que comenzaran a bloquear la aplicación local de la ley. Los planes cambiaron cuando Suárez anunció la primera conferencia de prensa. Todavía era jueves. El gobernador dijo que iba a suspender la reglamentación. Pero la calle esperaba más. Y respondió sin que nadie saliera a explicar que eso no bastaba.

 

 

 

 

En otra conferencia, el PJ pidió derogar la Ley. Y el viernes, Suárez convocó a referentes sociales, de la Iglesia, y finalmente a los partidos.

La Iglesia en Mendoza está representada por el obispo Marcelo Colombo, aquel que en La Rioja trabajó por la reapertura de la causa Angelleli ahí lidia con la necesidad de recuperar la confianza en un espacio trastocado por el legado de abusos del Instituto Próvolo.

Colombo había hecho pública la posición a favor de la posición de la gente. El viernes a las seis de la tarde, Suarez convocó a los 18 intendentes y autoridades de la oposición. Llegaron los que llegaron. El gobernador preguntó. El PJ sostuvo la derogación y tuvo el apoyo decisivo de tres intendentes de Cambiemos: Las Heras, Godoy Cruz y General Alvear.

General Alvear es un departamento de las más ambientalistas y su jefe comunal Walther Marcolini pedía la derogación porque la situación se le hacía insostenible con vecinos ante quienes perdía credibilidad. La ruptura en Cambiemos abrió la posibilidad final de la noticia que llegó horas más tarde, pero no la definió. Suárez hizo un último movimiento. Pidió a cambio del veto o derogación, un apoyo para votar el presupuesto y aprobar un nuevo endeudamiento. El PJ dijo que no.

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