Tensiones en cuarentena

 

A causa de la pandemia, los últimos meses en el mundo fue un barajar y dar de nuevo. Por ahora no se sabe en qué etapa de esos cambios estamos. Argentina no es ajena a ese mundo. Los acontecimientos iniciados a mediados de aquel lejano febrero de 2020, hace solo 30 días, se suceden a ritmo sostenido.

Si bien se supone que un político tiene elementos para enfrentar situaciones inesperadas, de estrés, los acontecimientos muestran que nadie estaba preparado para lo que estamos viviendo, en la Argentina y en el mundo. La referencia al “prueba y error” aparece en todas las gestiones ante la emergencia. En nuestro país quedó identificada al 2001/2002. Fuera de esa circunstancia, puede ser un punto de vista para analizar cómo se desarrollan los acontecimientos, si se sobrentiende que no significa que se prueba cualquier cosa, sino que no hay momentos históricos similares para constatar en alguna experiencia fáctica qué efectos tuvo cada medida.

Hasta la semana pasada era admitido que las decisiones se habían tomado en un marco de política de Estado en base a varios consensos. ¿Los sucesos ocurridos a partir del discurso de Fernández del domingo ponen en crisis ese concepto? Creo que no.

Ese discurso anunció la prolongación de las medidas de aislamiento. Fue de un tono calmo, salvo por la dura referencia a Techint. El sector empresario pyme, que tal vez tiene menos diálogo informal fluido con los funcionarios, había cifrado una esperanza de contar con un auxilio económico sustancial para el pago de los sueldos de marzo. El universo pyme es heterogéneo. Va desde los pequeños comercios de proximidad con algunos pocos empleados, casi cuentapropistas, hasta las proveedoras de las grandes empresas, de las que obviamente dependen porque son sus principales clientes, y aun como fuente de crédito mediante las SGR, etc.

El anuncio del crédito bancario al 24 %, una tasa excelente en otras circunstancias, no terminaba de entusiasmar al empresario que esperaba, de máxima, el pago total de la nómina salarial en la proporción a los días hábiles en que tuvo prohibido ejercer la actividad. Pero constituía una herramienta para nada desdeñable, especialmente si era otorgado con rapidez y con algunos meses de gracia para la cancelación, de modo que parcialmente lo licue la inflación. El punto es que casi ningún banco ofrecía esa línea. Los que atendían, pedían el 50 % y con las condiciones de solvencia habituales.

Sobre ese escenario, apareció un sector opositor que estaba aplastado por los consensos que se habían construido en torno del Presidente. Montó una campaña en redes —que hizo acordar mucho a las épocas de gloria del macrismo— con el discurso de la antipolítica, con el metamensaje “no sabés si vas a poder pagar los sueldos, no sabés si tu patrón te va a pagar el sueldo, pero los políticos sí van a cobrarla toda”, convocando al cacerolazo del lunes a la noche. Para algunos fue poco significativo. No creo que haya que medirlo por su masividad. Es relevante en tanto mete una cuña sobre la unidad social, necesaria en la emergencia.

Rápidamente los gestos presidenciales reafirmaron las políticas del consenso. El martes hubo reunión y foto con Larreta (ausente en la imagen del domingo), y se sucedieron los anuncios de apoyo económico a las pymes, con dos decretos de necesidad y urgencia (DNU).

Mediante el DNU 326/2020 del martes 31 de marzo se asignó a un fondo estatal, el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), hasta $ 30.000 M (un poco menos de U$D 500 M) para que, con esos recursos, ese fondo otorgue una garantía a los bancos por los préstamos que estos concedan a las pymes en el marco del programa estatal de asistencia. De ese modo, el riesgo que asumen los bancos es el de impago del Estado: el más bajo posible. A través de voceros informales, los bancos se quejan porque la inflación puede llevar a una tasa negativa. Tal vez, más que buscar adjetivos para los banqueros, sea mejor reflexionar sobre el sistema financiero en la Argentina, como teoría y como realidad. Tarea para la post pandemia.

El DNU 332/2020 del miércoles 1° de abril crea un programa de asistencia directa a las pymes para pago de salarios, etc.

El desafío de la gestión es, ahora, que eso llegue a las cuentas de cada empresa. Tarea nada fácil con un sistema financiero que parece no querer tomar nota de la emergencia.

Indiscutiblemente la prioridad del Gobierno es y debe ser la atención de los sectores más vulnerables. Además de las carencias económicas del Tesoro, llegar al universo de los habitantes de los conurbanos con asistencia material y aun con dinero presenta dificultares técnicas y operativas formidables. Especialmente si en el comercio comienza a operarse más con el efectivo, no solo porque dificulta el tráfico y significa que se reduce el crédito, sino porque exige un abastecimiento de billetes mayor al habitual. La Argentina tiene desde hace décadas programas de asistencia, y aún así es complejo. Si Brasil y México se vuelcan por el modelo de aislamiento con asistencia estatal tal vez allí se vean con crudeza las dificultades. Dicho en otras palabras, las dificultades no están solo en tener el dinero, sino en hacerlo llegar a cada familia, aún una vez que fue determinado el beneficiario.

No obstante esa prioridad, la atención del universo pyme y sus asalariados es también importante. Y así lo entendió el gobierno. El desafío hoy es que no se corte la cadena de pagos. Las exigencias de efectivo en los comercios y entre comerciantes empieza a ser otra señal de alerta. En este asunto se mezclan posiciones teóricas sobre el alcance de la asistencia estatal a las empresas y el volumen de la emisión, con intereses particulares. Es natural, de eso trata la política. Lo que no debería ser natural son las operaciones y presiones con las necesidades de la gente.

Recapitulando, más allá de las dificultades en la ejecución, la señal del gobierno luego del lunes fue reforzar la idea de la política de Estado, simbolizada en la foto con la principal figura de la oposición en gestión y las medidas hacia el sector pyme.

Esos gestos dejaron en descubierto al sector opositor que, dicen los medios, se identifica con Macri y su operadora Patricia Bullrich, alentando los cacerolazos primero, y, luego, con un incipiente discurso en contra de las medidas sanitarias fundado en los efectos recesivos. La tensión de este grupo no es sólo con el oficialismo, sino también con Larreta.

Avanzada la semana, y reconfigurado el mensaje de la atención de la pandemia en unidad social, surgió otro hecho que parecería ponerla en crisis. Se trató de una supuesta estatización o nacionalización (sic) del sistema privado del servicio salud que integran las empresas de seguro médico (prepagas) y las obras sociales sindicales.

La versión sobre cuál era la decisión técnica de intervención estatal era confusa. ¿Qué significa “nacionalizar”? ¿Expropiar? Un disparate. El mensaje estaba dirigido al mismo sector social. El meta mensaje fue: “El gobierno va a estatizar el sistema de salud y a vos, que pagaste la prepaga, te van a mandar a un hospital público (algunos usaron la palabra “caer”) mientras un pobre va a ser atendido en la clínica de tu prepaga”. La grieta en un escenario de tragedia social.

La medida no era ninguna estatización, ni siquiera una declaración de servicio público. Sino una coordinación en el marco de una declaración de interés público. ¿No es evidente que hay interés público en la salud en un marco de pandemia que puede desbordar el sistema? Más aún si se tiene en cuenta que solo un tercio de las camas son del sector público y dos tercios del privado, incluyendo las obras sociales sindicales (La Nación, 03.04.2020).

Puede haber alguna duda del origen de la operación, lo que es conocido es que los principales empresarios del sector privado hacían cola para despegarse.

Belocopitt, paradigma del empresario de medicina privada, dijo: “Recibimos como una versión muy firme pero ayer hubo una reunión en el Ministerio de Salud y se manifestó una cosa diferente, donde se habló de algo que tiene lógica: trabajar coordinadamente para enfrentar estas dificultades extremas y encarar en conjunto todos los problemas”. Afirmó que la coordinación es “lógica y necesaria” (Infobae 03.04.2020).

Nunca hubo una estatización en ciernes. Tampoco, según los actores, conflicto con los empresarios de la medicina privada. De la cual, una porción relevante depende de los sindicatos, bestias negras para algunos comunicadores.

El dato de que el sistema público de salud solo cuenta con un tercio de las camas, en una sociedad que en conjunto hace un gasto enorme en salud, pone al asunto, junto al del sector financiero, en las tareas para la post pandemia.

Al viernes 3 de abril la semana concluía con el Banco Central ordenando a los bancos la apertura de sus sucursales durante el sábado y el domingo para la atención de los clientes beneficiarios de haberes previsionales, pensiones y planes de ayuda abonados por ANSES.

 

 

 

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